“Cataluña y el País Vasco, El país Vasco y Cataluña, son dos cánceres en el cuerpo de la nación. El Fascismo, remedio de España, viene a exterminarlos, cortando en la carne viva y sana como un frío bisturí”






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título“Cataluña y el País Vasco, El país Vasco y Cataluña, son dos cánceres en el cuerpo de la nación. El Fascismo, remedio de España, viene a exterminarlos, cortando en la carne viva y sana como un frío bisturí”
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¿Cuantas protestas ha habido por estas distinciones a personalidades franquistas responsables de los crímenes contra la humanidad? ¿Cómo debemos de interpretar la igualdad que proclaman, los que quieren asimilar a las víctimas de uno y otro lado?
Un punto y a parte merecen los dos últimos Defensores del Pueblo, que en reiteradas ocasiones se han negado a colaborar con los familiares de los republicanos, a recurrir la descafeinada Ley de la Memoria Histórica, a pesar de las reiteradas quejas formales que les hemos formulado por escrito, por ser discriminatoria y admitir las sentencias como injustas por ilegítimas y no nulas de pleno derecho por ilegales, quedando las mismas automáticamente reconocidas como legales.
Nos han demostrado que de Defensores del Pueblo no tienen nada, sino todo lo contrario, que son los Defensores de las injusticias del Gobierno socialista. Su conducta hacia los familiares de las víctimas del franquismo ha sido vergonzosa e indignante, por el hecho de ostentar el cargo de Defensor del Pueblo e inhibirse de las responsabilidades y obligaciones de su cargo.
Cuando todavía no se había aprobado la mal nombrada Ley de la Memoria Histórica 52/2007 de 26 de diciembre, una representación de las asociaciones memorialistas que formamos la Mesa de Catalunya, visitamos a los diferentes grupos parlamentarios catalanes, menos el popular, para que desde el Parlamento de Catalunya, se instara al Gobierno español, para que fueran anulados todos los juicios sumarísimos militares, dictados por aquellos tribunales militares ilegales, unos nos contestaron de que ya nos darían la respuesta, pero nunca la tuvimos y otros que no querían hacer el ridículo. La triste realidad fue la de que solamente encontramos indiferencia y ninguna colaboración.
Después de varios años, concretamente el 2 de octubre de 2008, el pleno del Parlamento de Catalunya adoptó la resolución de reivindicar al Presidente Lluís Companys i Jover, instando al Gobierno de la Generaitat, para que hiciese lo que fuere necesario jurídicamente y políticamente para conseguir reparar su honor y la anulación de su juicio ilegal, teniendo en cuenta la ilegitimidad de los tribunales militares que lo juzgaron, tal como los declara la cobarde y vergonzante Ley de la Memoria Histórica, pero casualmente se olvidaron de incluir en la resolución al resto de los ciudadanos que también fueron represaliados y asesinados como el mismo Presidente.
¿Fue por olvido o deliberadamente?
El Gobierno de la Generalitat no tuvo ninguna prisa en cumplir el mandato del Parlamento y no reaccionó hasta transcurrido un año en poner en marcha la resolución, concretamente en la sesión del gobierno celebrada el día 15 de octubre de 2009, acordó instar al Fiscal General del Estado, mediante la intervención de la Fiscalía Superior de Catalunya, de plantear de oficio delante del Tribunal Supremo, un recurso de revisión para conseguir la anulación de la sentencia dictada por el Tribunal de Responsabilidades Políticas en Barcelona el día 14 de octubre de 1940, que condenaba a la pena de muerte al Presidente Lluís Companys i Jover y ejecutada el día 15 de octubre de 1940 en el Fosar de Santa Eulalia del Castillo de Montjuïc de Barcelona.
El Fiscal General del Estado el día 5 de abril de 2010, en respuesta al recurso presentado por la Genealitat de Catalunya, en el que se solicitaba la anulación del Consejo de Guerra que condenó a la pena de muerte al President Lluís Companys i Jover, resuelve no admitirlo a trámite, basándose en la Ley de la Memoria Histórica, interpretando que las sentencias son inexistentes y nulas de pleno derecho, al haber estado expulsadas del ordenamiento jurídico, resultando legalmente improcedente por falta de objeto la interposición del recurso ante el Tribunal Supremo, pero la sentencia continúa estando vigente, igual que las de los demás republicanos asesinados.
Así lo ratifica el Tribunal Militar Territorial Tercero de Barcelona, en su razonamiento jurídico de tres de noviembre de 2010, confirmando que son sentencias firmes, ya que la Ley de la Memoria Histórica, ni ningún Tribunal han dictado la nulidad de pleno derecho.
En el contexto de la resolución dictada por el Fiscal General del Estado, tiene la osadía de hacer un estudio de derecho comparado con otros países de nuestro entorno, como Alemania y Austria, que por ley aprobada por sus respectivos Parlamentos, anuló en bloque todas las sentencias dictadas durante la época nacionalsocialista, sin necesidad de un examen o revisión de cada caso concreto y la Fiscalía era el órgano de expedir la correspondiente certificación de nulidad, la cual cosa no sucede en España con la Ley de la Memoria Histórica, que no anula de pleno derecho los juicios sumarísimos militares dictados por aquellos criminales tribunales ilegales, solamente los declara injustos por ilegítimos y no nulos de pleno derecho por ilegales, y el Fiscal General del Estado no queda facultado para expedir ninguna certificación de anulación de pleno derecho, que tan irresponsablemente él asegura en su resolución.

La resolución dictada por el Fiscal General del Estado, es totalmente contraria a derecho, atreviéndose a compararla con otros países, la cual cosa se puede considerar como una verdadera falacia, una burla y un escarnio más para las personas que fueron represaliadas durante el franquismo, es vergonzoso que después de más de treinta y cinco años de la muerte del dictador y criminal de guerra el general Franco y treinta y tres de la instauración de la supuesta democracia se nos continúe negando la rehabilitación jurídica de nuestros familiares.
Por parte del Ministerio de Justicia, se le ha solicitado la certificación acreditativa de que las sentencias son nulas de pleno derecho, de acuerdo con la resolución del Fiscal General del Estado y pero por respuesta hemos tenido el silencio administrativo. Este es el trato indigno que nos dan a los familiares de los represaliados, cuando nos dirigimos a una institución pública reclamando nuestros derechos.
Después de la vergonzosa resolución dictada por el Fiscal General del Estado, negándose a admitir el recurso de revisión del Presidente Lluís Companys i Jover, nos dirigimos al Presidente de la Generalitat don José Montilla, preguntándole que medidas jurídicas y políticas se habían tomado o que se tomarían para reactivar el proceso de anulación del ilegal juicio, no se ha tenido tampoco ninguna respuesta, silencio total, por lo que parece el Gobierno Catalán estaba conforme con la decisión tomada por el Fiscal.
Esta es la deuda que tiene pendiente la actual y supuesta democracia con los represaliados del franquismo, siendo totalmente responsables todos los Gobiernos estatales que hemos tenido desde el año 1977, así como también los diferentes Gobiernos de la Generalitat de Catalunya, por su tolerancia y falta de sensibilidad demócrata y probada en el transcurso de todos estos años, constatando que no han tenido la voluntad política firme y ni ganas en querer resolver el problema.
Todos los políticos, salvo alguna pequeña excepción, desde el inicio de la nueva democracia han mostrado tener la voluntad expresa de querer pasar de aquella nefasta página de la historia española. Los familiares nos sentimos gravemente ofendidos, por estas ganas de querer ocultar y olvidar aquella represión, siendo injusto su proceder negativo hacia todas aquellas personas que padecieron aquella cruel represión, no quieren darse cuenta de que la supuesta paz y bienestar que disfrutamos es totalmente ficticia.
La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo recientemente ha notificado la sentencia que reconoce que la condena a muerte del poeta Miguel Hernández se produjo por motivos “políticos e ideológicos”, fue radicalmente injusta y carece en la actualidad de vigencia jurídica de acuerdo con la Ley de la Memoria Histórica. El fallo no establece la nulidad de la sentencia y a la vez no acepta la interposición del recurso de revisión, que es lo pretendían sus familiares. Un solo miembro del Tribunal ha formulado un voto particular en el que sostiene que se debió autorizar la interposición del recurso de revisión a la familia del poeta, ya que la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, no permite la nulidad de la sentencia del consejo de guerra.
El Fiscal General del estado y los Tribunales Superiores de Justicia, actualmente se basan en la teoría de la Ley de la Memoria Histórica, para rechazar los recursos de revisión de los juicios militares dictados por aquellos tribunales militares ilegales, pero cabe tener presente que con anterioridad a esta Ley, también rechazaban la interposición de recursos de revisión, tengamos presentes los casos Joan Peiró i Belis, Salvador Puig i Antic y otros. Así funciona la justicia en este País, se adapta en cada momento o circunstancia, según convenga y nadie quiere tomar las medidas políticas necesarias para resolverlo.
Los republicanos que fueron asesinados por orden de aquellos tribunales militares ilegales, por defender la legalidad constitucional de la República, han estado juzgados y condenados dos veces. La primera, durante la sangrienta dictadura católica - fascista; i la segunda, por la olvidadiza actual democracia. Esta segunda es mucho más dura y dolorosa para los familiares que teníamos la esperanza de conseguir la rehabilitación jurídica, con la llegada de la nueva democracia, de sus padres, abuelos, hermanos o amigos.
Una vez acabada la Guerra Civil, el Caudillo de España Francisco Franco por la gracia de Dios, ordenó sin ningún escrúpulo, la anulación de todas las sentencias que fueron dictadas por los tribunales legales de la República, contra las personas que habían sido juzgadas por rebelión militar. En cambio los actuales políticos, los fiscales del estado, magistrados y jueces, supuestamente democráticos, niegan la anulación de los juicios dictados por aquellos tribunales militares ilegales.
Es sorprendente e irracional a nivel político y judicial, que el Tribunal Supremo haya admito a trámite la querella por prevaricación contra el juez Baltasar Garzón, presentada por Falange Española y Manos Limpias, por iniciar la investigación contra el franquismo.

¿Cómo puede existir en una democracia como la española, partidos o fundaciones de ideología fascista, que colaboraron directamente con los crímenes del franquismo y que no han condenado aquel régimen? ¿No deberían de ser ilegalizados, siguiendo el mismo procedimiento que se ha utilizado con Herri Batasuna, por no condenar los crímenes de ETA? ¿Es que las leyes solamente son aplicables para determinados casos y según de que ideología se trate?
Nuestras madres, las más olvidadas y sacrificadas, que fueron las que padecieron directamente la tiranía y la represión de aquel criminal de guerra y de todos sus colaboradores, muy en particular por la soberbia y la falta de caridad de las vengativas jerarquías de la Iglesia Católica, no han podido ver la rehabilitación jurídica de sus seres queridos.
Es una vergüenza política encontrarnos en esta situación de indiferencia, en un país que se autocalifica de demócrata y que condena las represiones que están padeciendo los pueblos de otros países, muy en particular los que están situados en el norte de África y Oriente Medio, consideramos de que es la burla y el escarnio más grave que se ha podido cometer en plena democracia, hacia todos aquellos españoles que se les arrebató la vida por defender las libertades democráticas y los derechos sociales, valores que hoy hipócritamente dicen que defienden la mayoría de los políticos españoles.
Reclamamos la rehabilitación jurídica de las personas que fueron ilegalmente juzgadas y asesinadas, pero los tribunales y los políticos supuestamente demócratas nos lo niegan.

LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA

Desde el mismo seno del aparato franquista se decidió diseñar un proceso de “Transición sin ruptura”. Se inició una reforma que garantizase el mantenimiento de los pilares básicos del régimen franquista encarnados con la impuesta Corona. Se evita así el advenimiento de una ruptura y la consiguiente apertura de un proceso constituyente para decidir la forma del Estado, de gobierno y de representación mediante la participación supuestamente democrática.
Los dirigentes de la izquierda, básicamente el PSOE y muy en especial los líderes del Partido Comunista, debido a su enorme influencia dentro de los movimientos de base, jugaron un papel desastroso. En lugar de impulsar la oposición al nuevo régimen que se impuso en 1976, decidieron entrar en una dinámica de pactos secretos entre los herederos del régimen anterior para diseñar la Transición, al margen de la población, aceptando concesiones como la monarquía o la impunidad para los franquitas e impulsando un importante proceso de desmovilización social. Una clase política débil, sin experiencia ni escrúpulos y cobarde que entró en el reformismo suarista, fue la traición de los líderes de la oposición, que nunca quisieron derrotar al franquismo, nunca se propuso investigar la represión, más que transición fue continuismo, muchos conflictos y problemas actuales se encuentran anclados en la transición carente de justicia y esencia democrática. El marco constitucional actual supone un blindaje ante cuestiones que deberían someterse a la voluntad popular, tales como la propia monarquía o el modelo de Estado.
Los herederos del franquismo permanecen como una piña en lo esencial, con su inquebrantable adhesión al dictador y sus crímenes. Lo cierto es que se ha consolidado un régimen de ciertas libertades formales y que persiste el debate de si vivimos en una democracia plena o no. Lo que si parece incuestionable es que hemos llegado a donde nos querían llevar los que propusieron la transición y en este sentido estaría finalizado el proyecto. Cuestión distinta es si el nuevo régimen, llamado Monarquía Parlamentaria, cumple con los requisitos necesarios para ser considerado una democracia formal.
Entre algunos de los más graves hechos que se registraron, se encuentran la incalificable decisión política, avalada o cuando menos no cuestionada por el PSOE y el PCE, de mantener a los partidos republicaos en la clandestinidad y en la ilegalidad hasta después de celebradas las primeras elecciones el 15 de junio de 1977, a las que si pudieron concurrir los partidos fascistas españoles.
La transición española es el período histórico en el que se da el proceso por el que España deja atrás el cruel régimen dictatorial del criminal de guerra el general Franco, pasando a regirse por una Constitución que consagra una monarquía supuestamente parlamentaria por la voluntad expresa e impuesta por el propio dictador.
Con la muerte del dictador el general Franco el 20 de noviembre de 1975, el Consejo de Regencia asumió, de forma transitoria, las funciones de la Jefatura del Estado hasta la proclamación ante las Cortes y el Consejo del Reino a Juan Carlos I de Borbón como rey de España el 22 de noviembre de 1975.
Juan Carlos I inició su reinado sin salirse de los cauces de la legalidad franquista. Así, juró fidelidad a los Principios del Movimiento, tomó la posesión de la corona ante las Cortes franquistas y respetó la Ley Orgánica del Estado de 1966, para el nombramiento de su primer Jefe de Gobierno.
El rey confirmó a Carlos Arias Navarro en el puesto de Presidente del Gobierno del régimen franquista, entrando a formar parte del nuevo gobierno como ministros: Manuel Fraga Iribarne, José María de Areilza, Antonio Garrigues, Alfonso Osorio, Rodolfo Marín Villa y Adolfo Suárez, su nombramiento ofrecía un panorama claramente continuista y no auguraba grandes transformaciones políticas, Arias Navarro persistía en preservar el legado del dictador, pero finalmente propició su forzosa dimisión el 1 de julio de 1976.
Todo ello obviando los sucesos de VITORIA GASTEIZ del 3 de marzo de 1976, que costó la vida a cinco personas y más de cien heridos, algunos de extrema gravedad, como consecuencia de las balas disparadas contra una masa indefensa que se disponía a celebrar una pacífica asamblea en la Iglesia de San Francisco, que huía medio asfixiada por los gases lacrimógenos lanzados en su interior por las fuerzas que se decían de Orden Público y Seguridad del Estado, fue una verdadera masacre, además de muchísimas detenciones de sindicalistas. Los responsables de “La Transición” no han tenido ningún rubor en ocultar aquellos criminales acontecimientos, ni perseguir a los responsables, pero indudablemente tuvo una importancia decisiva en la caída del gobierno de Arias Navarro, el principal responsable, además de sus ministros Adolfo Martín Villa, Adolfo Suárez y Manuel Fraga Iribarne, que dieron la orden a la policía nacional de disparar sus armas contra los manifestantes.

Manuel Fraga Iribarne, uno de los máximos responsables e inductores de la brutal matanza, se expresó públicamente el carácter ejemplarizante de la actuación policial y de las trágicas consecuencias que pudieron derivarse de la alteración del orden impuesto y establecido por aquel régimen dictatorial, y que volverían a actuar con la misma brutalidad si se repetían aquellos hechos.
Cabe recordar la declaración histórica anticatalana pronunciada por el gran demócrata Manuel Fraga Iribarne en el año 1968: “Catalunya fue ocupada por Felipe IV, fue ocupada por Felipe V, que la venció, fue bombardeada por el general Espartero, que era un general revolucionario, y la ocupamos en 1939 y estamos dispuestos a coger de nuevo el fusil. Por consiguiente, ya saben ustedes a que atenerse, y aquí tengo el mosquete para volverlo a utilizar”.
Torcuato Fernández Miranda como presidente del Consejo del Reino, fue quién logró que se nombrara presidente del nuevo gobierno a Adolfo Suárez González, a él le correspondería realizar una operación política de evidente dificultad: Convencer a los políticos del sistema franquista instalados en las Cortes para que se desmantelara el sistema. Se encargaría de entablar conversaciones con los principales líderes de los diferentes partidos políticos y fuerzas sociales, más o menos legales o toleradas, de cara a instaurar un régimen supuestamente democrático en España. De esta manera se respetaba formalmente la legalidad franquista y en lo posible, el peligro de una intervención del ejército en el proceso de transición.
Del nuevo gobierno Suárez, se autoexcluyeron Fraga y Areilza, por no coincidir políticamente con las ideas democratizadoras del país.
El camino utilizado fue la elaboración de una Ley Fundamental, la Ley para la Reforma Política, no sin tenciones, que fue finalmente aprobada por las Cortes y sometida a referéndum el 15 de diciembre de 1976. Como consecuencia de su aprobación por el pueblo español se promulgó el día 4 de enero de 1977. Esta norma contenía supuestamente la derogación tácita del sistema político franquista en sólo cinco artículos y una convocatoria de elecciones.
Fueron legalizados los partidos siguientes:
Falange Española, Fuerza Nueva, CEDADE, considerados de extrema derecha. Alianza Popular considerada de derechas o conservador, que agrupaba parta de la derecha post-franquista. Unión de Centro Democrático, considerado de centro, pero con descendencia franquista. Partido Nacionalista Vasco y Convergencia Democrática de Catalunya, considerados como centristas – nacionalistas. Partido Socialista Obrero Español, considerado de izquierda progresista. Partido Comunista de España y Partit Socialista Unificat de Catalunya, después de que Santiago Carrillo renunciara a la República y aceptara la monarquía y más tarde el comunismo. La incalificable decisión política, avalada o aceptada o cuando menos no cuestionada por el PSOE, el PCE y el PSUC, de mantener a los partidos republicanos en la clandestinidad y en la ilegalidad hasta después de celebradas las primeras elecciones, y así continua funcionando España con este tipo de indecisiones políticas.
Las elecciones se celebraron finalmente el día 15 de junio de 1977, eran las primeras elecciones democráticas desde la guerra civil.
Unión de Centro Democrático fue el partido más votado por los españoles, aunque no alcanzó la mayoría absoluta, siendo responsable de formar el primer gobierno supuestamente democrático, a partir de este momento comienza el proceso de construcción de la nueva democracia, pero siempre manteniendo y respetando los derechos adquiridos durante la dictadura.
El Presidente Suárez conocía muy bien el llamado “bunker”, que estaba formado entre otros por José Antonio Girón y Blas Piñar, que tenían muy buenos contactos con los oficiales del ejército y que podían constituir un obstáculo y un peligro. Intentó apoyarse con militares del círculo del general Diez-Alegría y el general Manuel Gutiérrez Mellado, que luego fue nombrado Ministro de Defensa en sustitución del general inmovilista Fernando de Santiago.
El general Gutiérrez Mellado actuó con habilidad para promocionar a los oficiales partidarios de la reforma y para ir sustituyendo a los mandos de las fuerzas armadas de seguridad más partidarios de conservar el régimen.
El 6 de diciembre de 1978 se aprobó en referéndum la nueva Constitución Española, entrando en vigor el 29 de diciembre del mismo año.
La primera pre-autonomía concedida fue la de Catalunya, restableciendo la Generalitat de Catalunya, pero sin el estatuto del año 1932, siendo nombrado Presidente Josep Tarradellas el día 23 de octubre de 1977, no por elección, si no a dedo por el Presidente español Adolfo Suárez.
Adolfo Suárez dimitió como Presidente el 29 de enero de 1981, debido a su distanciamiento con el rey y por la creciente debilidad en el seno de su partido y las presiones internas, que propiciaron la presentación de su dimisión, la mayoría de militantes eran descendientes del franquismo.
En este enrarecido escenario, el día 18 de febrero de 1981, se celebró en el Congreso de los Diputados, la votación para elegir su sucesor el candidato Leopoldo Calvo-Sotelo, elegido por su partido en el congreso de Mallorca como candidato a Presidente, pero en la votación del día 20 no se obtuvo la mayoría necesaria para la investidura, por lo que se produjo una nueva votación el día 23, día que los militares golpistas también lo elegirían para una tentativa de golpe duro de estado, dirigido por los militares el teniente coronel Antonio Tejero, el general Alfonso Armada que en aquel momento era el hombre de confianza del Rey y por el capitán general de Valencia Jaime Milans del Bosch, entre otros.
En el asalto al Congreso de los Diputados del día 23 de febrero de 1981, coinciden las distintas tramas golpistas que estaban operando desde el inicio de la Transición. A las 18,22 horas se inicia la operación con el nombre “Duque de Ahumada”, en referencia al fundador de la Guardia Civil. De acuerdo con el plan trazado, un grupo de guardias civiles, subfusil en mano, irrumpen en el hemiciclo del Congreso, encabezados por el teniente coronel Antonio Tejado, que desde la misma tribuna gritó “Quieto todo el mundo” y dio la orden de que todos se tirasen al suelo. El teniente general Gutiérrez Mellado en aquellos momentos ministro de Defensa, se levantó y dirigiéndose al teniente coronel Tejero, increpó a los asaltantes, pidiendo explicaciones y ordenándoles que depusieran las armas, como respuesta de Tejero, éste efectuó un disparo que fue seguido por unas ráfagas de metralleta. Todos los diputados inmediatamente obedecieron las órdenes, excepto: el diputado Carrillo, el Presidente Suárez y el teniente general Gutiérrez.
Poco después y siguiendo el plan previsto, se sublevó en Valencia el Capitán General de la III Región Militar, Jaime Milans del Bosch, quién sacó carros de combate y el ejército a la calle, declarando el estado excepción.
A la una y catorce minutos de la madrugada del día 24 de febrero, el Rey intervino en televisión vestido con uniforme de Capitán General de los Ejércitos, para situarse contra los golpistas, defender la Constitución española, llamar al orden a las Fuerzas Armadas en su calidad de Comandante en Jefe y desautorizar a Milans del Bosch. A partir de aquel momento el golpe se da por fracasado.
Nada más producirse el asalto al Congreso, el golpe de estado fue condenado con toda dureza por los países de la Comunidad Económica Europea, con quienes España estaba negociando su adhesión. Estados Unidos se mantuvo oficialmente neutral en cuanto al proceso. Sin embargo, durante el juicio, Tejero afirmó que “tanto el gobierno de EE.UU. como el Vaticano habían sido sondeados por el general Armada y sabían lo que iba a pasar”.
Las consecuencias más destacadas fueron el inicio de un proceso de involución autonómica con la aprobación de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA).
Fueron juzgados y condenados treinta militares golpistas, ante el Consejo Supremo de Justicia Militar, siendo condenados a 30 años de reclusión, como principales responsables del golpe de estado, Milans del Bosch, Alfonso Armada y Antonio Tejero Molina. La mayoría de ellos no cumplieron la totalidad de la condena, por haber sido indultados La trama civil nunca fue investigada de modo riguroso, siendo el único civil condenado a dos años de prisión, el ex dirigente de los Sindicatos Verticales durante la dictadura franquista Juan García Carrés.
Han quedado muchas cosas por aclarar, por ejemplo, la intervención del Centro Nacional de Inteligencia (CESID) y la identidad del Elefante Blanco.
Los primeros síntomas de malestar en el ejército tienen lugar en mes de Abril de 1977, con motivo de la legalización del Partido Comunista, el día 9 del mismo mes dimite el almirante Pita de Veiga ministro de Marina, y del Consejo Superior del Ejército, emite una nota en la que manifiesta su disconformidad con dicha legalización.
En noviembre de 1978, tiene lugar la desarticulación de la Operación Galaxia, una intentona golpista contra el nuevo sistema político, siendo su principal responsable el teniente coronel Antonio Tejero, que sería condenado únicamente a siete meses de prisión, que posiblemente nunca cumplió. Si el Gobierno hubiese actuado con contundencia, como era su obligación, lo más seguro es que se hubieran ahorrado otros intentos d golpe de estado.
El amante del orden público, Manuel Fraga Iribarne, en este intento de golpe de estado, no exigió que salieran a la calle las fuerzas armadas de la policía nacional, para repeler la intolerable actitud antidemocrática de unos cuantos militares, silencio absoluto.
En el conjunto del ejército y de la extrema derecha va creciendo la voluntad golpista, no solamente por culpa de la profunda crisis económica, que durante el año 1980 se vuelve cada vez más insostenible, si no también por la inestabilidad del propio gobierno, la dimisión de Manuel Clavero como ministro de Cultura, la moción de censura presentada contra el presidente Suárez por parte del PSOE, la dimisión del vicepresidente Fernando Abril Martorell y la elección de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón como portavoz del grupo parlamentario de UCD.
Las tensiones internas debidas a las actitudes democráticas que iba desarrollando la Unión de Centro Democrático, provocarían su desintegración a lo largo de los años 1981 y 1982, la mayoría de sus militantes de ideología franquista terminarían integrándose en el Partido Popular de Manuel Fraga Iribarne, y el resto, que era una minoría y más cercanos a la socialdemocracia se unirían a las filas del PSOE.
En las elecciones generales de octubre de 1982, el PSOE resultó ganador, iniciando así la segunda legislatura de España, por primera vez desde las elecciones generales de 1936, un partido considerado supuestamente de izquierdas o progresista iba a formar el nuevo gobierno.
Su secretario general Felipe González, después del XXVIII Congreso del Partido Socialista celebrado en el mes de mayo de 1979, no quiso asumir las tendencias revolucionarias socialistas que parecían dominantes en el partido, por lo que presentó su dimisión. Pero inmediatamente después se convocó un nuevo congreso extraordinario que le permitió reconducir el partido hacia una línea más moderada y asumir de nuevo el cargo.
La cómoda mayoría política de la que gozó durante tres legislaturas, permitió al país un largo respiro de tranquilidad y estabilidad política al no tocar para nada a los franquistas, tras los intensos años de la transición.
Felipe González ocupo la Presidencia del Gobierno durante su mandato, junto con el Vicepresidente Alfonso Guerra, hasta que éste dimitió por una implicación en un caso de corrupción política de su hermano como principal acusado, pero no tuvo la valentía de retirarse de la política activa.
Una vez asegurada la supuesta democracia, los principales países europeos realmente democráticos aceptaron a España a integrarse en la CEE, después de más de 20 años de la primera petición.
El PSOE paralizó el ingreso a la OTAN, sin embargo, en el transcurso del tiempo, cambió su posición radical al darse cuenta de que se equivocaba, de que era imprescindible la incorporación para una plena integración de España al bloque occidental y europeo, celebrándose un referéndum con un resultado favorable a la adhesión.
Durante la última legislatura padeció un enorme desgaste tanto él personalmente como su partido, salieron a la luz varios casos de corrupción de cargos públicos adscritos al PSOE, que contribuyeron a aventurar el desgaste de la imagen pública del partido. Entre ellos cabe destacar los llamados “Caso Filesa, Caso Roldan y el GAL”.
En las elecciones generales de 1996, el principal partido de la oposición

liderado por José M. Aznar, consigue la mayoría simple.
“LA REALIDAD POLÍTICA ES LA DE QUE NI ESPAÑA NI SU JUSTICIA HAN HECHO UNA TRANSICIÓN REAL Y DEMOCRÁTICA”

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