Antes de iniciar cualquier actividad empresarial sea local o internacional es preciso, si no se quiere navegar sin rumbo, planificar correctamente la






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ESPAÑA

GUÍA DE NEGOCIOS


CREACIÓN DE SOCIEDADES

Aspectos básicos

Madrid, Octubre 2003



I. Introducción.

Antes de iniciar cualquier actividad empresarial – sea local o internacional – es preciso, si no se quiere navegar sin rumbo, planificar correctamente la operación, no sólo en sus aspectos económicos sino también en los jurídicos. Esto implica: la redacción de un plan de negocio y, establecida razonablemente la viabilidad de la empresa, la elección de la forma jurídica más adecuada.
Con esta Guía, tratamos de ofrecer un instrumento informativo básico que pueda ser de utilidad a la empresa extranjera que proyecte inversiones en España.
La legislación española considera como inversiones extranjeras las realizadas por:

- Personas físicas no residentes en España.

- Personas jurídicas privadas con domicilio en el extranjero.

- Sociedades españolas en cuyo capital la participación extranjera exceda del 50% o en cuya gestión tengan influencia decisiva los socios extranjeros.

-Sucursales y establecimientos en España de empresas no residentes cuando constituyen sociedades españolas o efectúan una toma de participación que supone “inversión directa”.
El régimen general de las inversiones extranjeras en España es de libertad debiendo cumplirse, no obstante, ciertos trámites administrativos de información.
II. Forma jurídica.

Su elección debe estudiarse cuidadosamente y pensando no sólo en el momento constitutivo sino en todo el desarrollo de la actividad empresarial. Normalmente, la condición de empresario, en sentido jurídico, recae sobre una sociedad (contrato por el que varias personas se comprometen a colaborar en orden a un fin común) dotada de personalidad jurídica (aunque, por supuesto, es posible también la actuación empresarial de la persona física).
Hay diversas formas o tipos que puede adoptar una sociedad en orden a un objetivo empresarial:




Sociedades civiles





Personas Jurídicas



Sociedades mercantiles


  • Sociedad colectiva

  • Sociedad comanditaria

  • Agrupación de Interés Económico




  • Sociedad Anónima.

  • S. A. laboral

  • Sociedad de Responsabilidad Limitada.

  • S. L. laboral

  • Sociedad de Responsabilidad Limitada NUEVA EMPRESA




Sociedades Cooperativas

Sucursales

Sociedad unipersonal


La sociedad civil – no sometida a los requisitos de forma y publicidad de las sociedades mercantiles – está reservada a las actividades no mercantiles. No puede tener por objeto actividades comerciales o industriales.
Existe también en la práctica la posibilidad de constituirse bajo la forma de “comunidad de bienes”, incluso para desarrollar una actividad mercantil. En aspectos fiscales, laborales, e incluso de otra índole, estas llamadas “comunidades de bienes” tienen algunas ventajas, aunque en una rigurosa consideración jurídico-mercantil han de ser calificadas como sociedades que, si tienen objeto mercantil, son sociedades mercantiles y, al incumplir la exigencia legal de inscripción en el Registro Mercantil, son sociedades mercantiles “irregulares”. Es una fórmula que no debe recomendarse.
La constitución de una sociedad supone la concurrencia de varias personas que se obligan voluntariamente mediante un contrato. En este acuerdo de voluntades, los socios se comprometen a aportar dinero, o unos bienes, o su trabajo, para el ejercicio de una actividad empresarial, con el objetivo de obtener beneficios (sociedades mercantiles) o de proveerse con ahorro de costes de determinadas prestaciones o ventajas (sociedades cooperativas). Para que la sociedad, como persona jurídica, tenga plena independencia de sus socios, es necesario cumplir determinados requisitos.
La elección de la forma jurídica más adecuada debe ser objeto de estudio cuidadoso, para escoger la que mejor se adapte a las características del proyecto.

En general, algunos aspectos que siempre deben tenerse en cuenta, son los siguientes:
-Tipo de actividad.

-Número de promotores.

-Responsabilidad de los socios.

-Necesidades económicas del proyecto.

-Aspectos fiscales.

En España, la constitución de cualquier tipo de sociedad mercantil debe formalizarse en escritura pública firmada ante Notario, y debe inscribirse en el Registro Mercantil. (En otro caso, si bien en puridad el contrato de sociedad puede ser válido y la sociedad así constituida puede tener personalidad jurídica, será una “sociedad irregular”, lo que plantea graves problemas, que como regla deben evitarse).
No cabe duda de que las formas más idóneas para el ejercicio de actividades empresariales son las que responden al concepto de las sociedades de capitales con responsabilidad limitada de los socios: las Sociedades Anónimas (S.A.) y las de Responsabilidad Limitada (S.R.L.).
Ambas formas sociales requieren la suscripción y el desembolso de unos capitales mínimos:
CAPITAL DESEMBOLSO MÍNIMO

S.A. 60.102 EUROS 25%

S.R.L. 3.006 EUROS 100%
La cifra de capital social determina el límite por debajo del cual no debe reducirse el valor del patrimonio de la sociedad de manera permanente: cuando las pérdidas rebajan el haber social en más de 2/3 del capital y ha transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio, es obligatorio efectuar una reducción del capital social.
En las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, así como en las cooperativas, todos los socios han de hacer alguna aportación patrimonial al capital social: en ellas no puede haber “socios industriales” (aportantes sólo de su trabajo). Sí cabe que el trabajo o actividad de un socio se comprometa en concepto de “prestaciones accesorias”, que pueden consistir, en particular, en trabajos o servicios o también en asistencia técnica y que en ningún caso se consideran aportaciones ni integran el capital social.
Como medida de garantía en interés de terceros, en las sociedades anónimas, para el otorgamiento de la escritura de constitución (o de aumento de capital), las aportaciones no dinerarias han de ser objeto de una valoración pericial, que ha de realizarse precisamente por los expertos independientes (uno o más) que designe el Registrador Mercantil competente. En las sociedades de responsabilidad limitada, esta cautela no es obligatoria. Si no se cumple, los socios simplemente quedan responsables no sólo de la realidad de las aportaciones sino también del valor que se les haya atribuido en la escritura de constitución. Esta responsabilidad es solidaria, puede exigirse por terceros o por la misma sociedad, y prescribe a los cinco años.
El régimen de los órganos de administración es muy semejante. Las leyes prevén diversas formas de organización: 1) administrador único, 2) coadministradores solidarios, 3) coadministradores mancomunados, 4) Consejo de Administración con un mínimo de tres miembros. En la S.R.L., se pueden adoptar varios de esos sistemas de administración en los estatutos, con la facultad de la junta general de elegir entre ellos sin tener que modificar los estatutos. Las personas jurídicas pueden ser administradores mediante la designación de una persona física para el ejercicio del cargo.
Los extranjeros, cualquiera que sea su nacionalidad, pueden ser administradores de sociedades españolas, sin que se les exija para ello ningún requisito de residencia legal en España.
Históricamente las sociedades anónimas han sido constituidas para proyectos empresariales de mayor envergadura. Sin embargo, en los últimos tiempos muchas grandes multinacionales han constituido sus filiales en España como sociedades limitadas, cuyo funcionamiento es más ágil.
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En las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, existe la modalidad de la sociedad laboral, que es simplemente un régimen especial de protección y promoción del “autoempleo” con un conjunto de beneficios. No es necesario que todos los socios sean trabajadores, pero sí que al menos los socios trabajadores (vinculados con la sociedad por una relación laboral de duración indefinida) tengan la mayoría del capital social. El socio trabajador de las sociedades laborales no es un socio industrial, sino un socio capitalista que se vincula con la sociedad mediante un contrato de trabajo (por tiempo indefinido) y por tanto se obliga a trabajar para ella.
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SOCIEDAD UNIPERSONAL. En la legislación española, se admite actualmente esta figura. El socio único puede ser una persona física o una persona jurídica, nacional o extranjera, sin ningún tipo de limitación. De esta manera, puede el empresario limitar su responsabilidad, sin tener que pactar una sociedad con otras personas.

SUCURSALES
Una sociedad filial (o “subsidiaria”) supone la existencia de una sociedad independiente, una persona jurídica distinta de la sociedad matriz. Las leyes españolas no requieren, para la toma de participación en sociedades nacionales, la previa inscripción de las sociedades no residentes en el Registro Mercantil español.
La Sucursal no es una persona distinta, sino una prolongación de la personalidad jurídica de la sociedad. Se formaliza y registra en España como tal Sucursal. Es un Establecimiento secundario, dotado de una representación permanente y de cierta autonomía de gestión, que desarrolla, total o parcialmente, las actividades de la sociedad extranjera. Como no tiene personalidad jurídica independiente, no existe limitación de responsabilidad: la sociedad extranjera es responsable de las deudas que contraiga, o en que incurra, su sucursal española.
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En la práctica internacional, se manejan ciertas figuras de colaboración empresarial. En el Ordenamiento español no existe ninguna regulación específica de las llamadas joint-ventures. Al configurar un contrato de esta naturaleza, hay que referirse a los tipos sociales existentes.
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La figura de la Unión Temporal de Empresas (UTE) se ha regulado, por razones principalmente fiscales, como una forma de colaboración entre empresarios por cierto tiempo, determinado o indeterminado, para el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro concreto. Actúa bajo un nombre común, carece de personalidad jurídica independiente y los asociados responden de las deudas de la UTE ilimitadamente.

La Agrupación de Interés Económico (AIE) es un tipo social cuya finalidad es facilitar el desarrollo o mejorar los resultados de la actividad de sus socios, potenciar sus actividades y ayudarles a obtener mejores resultados, sin realizar las actividades propias de los miembros de la Agrupación y sin tener ánimo de lucro para sí misma. Los empresarios agrupados responden ilimitadamente de las deudas sociales de la AIE.
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Recientemente el legislador ha diseñado una nueva fórmula empresarial: la Sociedad de Responsabilidad Limitada - Nueva Empresa, cuyos rasgos esenciales destacamos:
La LEY 7/2003, de 1 de abril, de la sociedad limitada Nueva Empresa crea una subespecie de S.L. con la que se pretende, siguiendo recomendaciones comunitarias europeas, agilizar la constitución y el funcionamiento de las nuevas PYME. Aunque se mantienen, lógicamente, las exigencias generales de escritura pública e inscripción, se intenta facilitar una rápida gestión telemática mediante el “Documento Único Electrónico”, apoyado en la “firma electrónica avanzada” notarial. En todo caso, el Registrador Mercantil deberá decidir sobre la inscripción en el plazo de 24 horas, desde la presentación, siempre que se utilice en el otorgamiento el modelo de estatutos aprobado por orden ministerial.
La denominación social se formará con el nombre de uno de los socios y un código alfanumérico, cuya asignación también habrá de regularse por orden ministerial. El objeto social podrá formularse genéricamente.
El número de socios no podrá pasar de cinco, todos personas naturales. Se admite la Nueva Empresa de un solo socio.
El capital social no podrá ser inferior a 3.012 € ni superior a 120.202 €. Las aportaciones habrán de ser dinerarias, necesariamente.
No será preciso llevar libro registro de socios. Las juntas generales podrán convocarse por correo certificado y aun por correo electrónico con acreditación fehaciente, y sin necesidad de anuncios en el BORME. La administración no podrá conferirse a un consejo.
Se disolverá, en especial, por reducción del patrimonio contable a menos de la mitad del capital social, siempre que esta situación se mantenga por seis meses y por incurrir en los supuestos del régimen fiscal de las sociedades patrimoniales. Podrá, sin transformación, continuar sus operaciones en forma de sociedad de responsabilidad limitada.
A partir de las “ventanillas únicas” existentes, se pretende crear una red de “puntos de asesoramiento e inicio de tramitación” (PAIT), en los que se inicie la tramitación del DUE con la solicitud de la reserva de denominación social, y que puedan prestar asesoramiento durante los primeros años de actividad.
Se simplifican las obligaciones contables y se establecen ciertos beneficios fiscales en Operaciones Societarias –aplazamiento por un año– e Impuesto de Sociedades –aplazamientos de los dos primeros ejercicios-.

III. Aspectos Tributarios.

Todo sujeto tributario ha de registrarse como tal en el Ministerio de Economía y Hacienda, Delegación de Hacienda de su domicilio fiscal, mediante la llamada Declaración de Alta Censal, y obtener así un Código de Identificación Fiscal (CIF). Simultáneamente se presenta una declaración a efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas, impuesto de carácter municipal y de devengo anual cuya cuota se determina en función de la actividad empresarial; actualmente sólo resulta de aplicación para las grandes empresas.
Las obligaciones fiscales ordinarias atañen a los siguientes impuestos: Impuesto sobre Sociedades (IS), que grava el beneficio de la actividad; Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA); Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Es obligado hacer una serie de declaraciones periódicas (Pagos Fraccionados en el Impuesto sobre Sociedades, Autoliquidaciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido, Pagos a Cuenta y Retenciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) y una declaración final anual (Declaración en el Impuesto sobre Sociedades y Resumen Anual en el Impuesto al Valor Añadido y en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).
La periodicidad es, en general, trimestral. Las grandes empresas, con facturación superior a los seis millones de Euros, tienen la obligación de presentar determinadas declaraciones con carácter mensual.

IV. Aspectos laborales.

Toda empresa debe inscribirse en el Registro de Empresarios de la Tesorería General de la Seguridad Social. La inscripción implica la asignación de un Código de Cuenta de Cotización principal.
Debe declarar la apertura de cada centro de trabajo, así como la reanudación de la actividad después de efectuar alteraciones, ampliaciones o modificaciones de importancia. Esta comunicación debe hacerse cualquiera que sea la actividad de la empresa, y con independencia de que tenga o no trabajadores a su servicio.
Los contratos de trabajo deben formalizarse por escrito y registrarse en la Oficina de Empleo correspondiente al domicilio.
El calendario laboral se regula cada año por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y por las Comunidades Autónomas, estableciendo los días festivos, retribuidos y no recuperables.
Los trabajadores extranjeros, para poder ser contratados por una empresa española necesitan obtener un permiso de trabajo y residencia adecuado al puesto que desempeñarán. Igual obligación concurre en el supuesto del empresario individual y en el del socio capitalista de una sociedad (aunque en este supuesto es necesario tan sólo el permiso de residencia, si desea mantener una presencia estable en España).

V. Trámites.

Para la constitución y puesta en funcionamiento tanto de Sociedades Anónimas (S.A.) como de Sociedades de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), los trámites esenciales que hay que cumplir son los siguientes:

  • Otorgamiento de poderes.

  • Reserva de la denominación o razón social.

  • Redacción de los estatutos.

  • Depósito del capital social en una cuenta bancaria a nombre de la sociedad misma “en constitución”.

  • Otorgamiento ante notario de la escritura pública de constitución.

  • Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad de “operaciones societarias”, por el concepto de “constitución de sociedad”.

  • Obtención del Código de Identificación Fiscal (CIF) provisional.

  • Presentación de la escritura de constitución en el Registro Mercantil del domicilio social, para su calificación registral e inscripción.

  • Obtención del CIF definitivo.

  • Legalización de libros oficiales obligatorios.

  • Alta en el Censo de Entidades del Ministerio de Hacienda y declaración de inicio de la actividad, así como el inicio de la obligación de formular declaraciones periódicas de los respectivos impuestos.


Para completar estos trámites se precisan normalmente unos sesenta días, aunque en el caso de las S.R.L – Nueva Empresa, los plazos se reducen, aproximadamente, por debajo de las dos semanas.


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