La competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa está regulada de tres maneras






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S

OMPI-OEPM-OEP/PI/JU/CTG/06/7

ORIGINAL: Español

DATE: 23 de noviembre de 2006









ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

OFICINA EUROPEA
DE PATENTES

OFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCAS

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL

QUINTO seminario regional sobre propiedad INTELECTUAL para jueces y fiscales de américa latina

organizado conjuntamente por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),

la Oficina Europea de Patentes (OEP)

la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),

y
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)

con la colaboración
del Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ)

Cartagena de Indias (Colombia), 20 a 24 de noviembre de 2006

TENDENCIAS MÁS RECIENTES SOBRE LA JURISPRUDENCIA EN MATERIA
DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN MÉXICO, DICTADAS POR EL
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Documento preparado por la Sra. Juana Griselda Dávila Ojeda, Magistrada, Sala Regional Peninsular, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Mérida, Yucatán

1. LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) es un órgano jurisdiccional, que como su nombre lo indica, es un tribunal administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, con las facultades y atribuciones que su Ley Orgánica establece.1
Nació con la Ley de Justicia Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DO) de 27 de agosto de 1936, bajo la denominación de Tribunal Fiscal de la Federación y con una competencia fiscal exclusivamente. Sin embargo, poco a poco se le fue otorgando mayor competencia, ampliando la misma de la materia fiscal a también la administrativa.
La competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa está regulada de tres maneras:


  1. Por su Ley Orgánica;

  2. Por leyes especiales; y

c) Por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que al interpretar diversas disposiciones administrativas, y que por afinidad, ha considerado que el TFJFA es competente para conocer de esas materias.
En este caso, nos ocuparemos de los dos primeros aspectos; y en particular de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, como ley especial que le otorgó facultades para conocer de las resoluciones en las que se aplicaba dicha Ley o en contra de las resoluciones recaídas al recurso de revisión prevista en el artículo 83 de la Ley referida.


    1. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la ampliación de la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa


La Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA) fue publicada en el DO de 24 de agosto de 1994, y entró en vigor el 1º de julio de 1995. Con este ordenamiento, según su Exposición de Motivos, se pretendió “...una actuación unitaria, congruente, sistemática de la administración pública federal...”, para lo cual se instituyó “... un solo procedimiento que regule la actuación de la administración pública...”, con principios rectores aplicables a todos los órganos que la integran, en un marco de un procedimiento general tipo.
En el artículo 1º se estableció que la LFPA se aplicaría a todos los actos de la Administración Pública Federal Centralizada2, e indicó expresamente que ese ordenamiento no sería aplicable “... a las materias de carácter fiscal, financiero, responsabilidades de los servidores públicos, electoral, competencia económica, justicias agraria y laboral, así como al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales”
En este ordenamiento se estableció el recurso de revisión, derogando todos los recursos administrativos de las materias reguladas por la Ley que se opusieran al mismo. El recurso se encuentra previsto en el artículo 83, procede en contra la todas las resoluciones que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, y es de carácter optativo. Dicho artículo disponía:
Artículo 83. Los interesados afectados por los actos o resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer recurso de revisión o interponer las vías judiciales.”
Ahora bien, la Ley Orgánica del TFJFA, al entrar en vigor el 1º de enero de 1996, incluyó dentro de su competencia la posibilidad de conocer de las resoluciones recaídas al recurso de revisión mencionado, lo que implicó la ampliación de la competencia del Tribunal sobre diversas materias no previstas de manera expresa en el artículo 11 de su Ley Orgánica.
No obstante lo anterior, y aparentemente el texto del artículo 83 de la LFPA no era lo suficientemente explícito y claro, respecto a qué debía entenderse sobre “... interponer las vías judiciales...”; así que la Segunda Sala de la SCJN, en la jurisprudencia 2ª/J.139/993, interpretó el dispositivo legal referido, y consideró que por “vías judiciales”, debía entenderse la interposición del juicio de nulidad ante el entonces Tribunal Fiscal de la Federación. Tal jurisprudencia dice:
REVISIÓN EN SEDE ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESTABLECE LA OPCIÓN DE IMPUGNAR LOS ACTOS QUE SE RIGEN POR TAL ORDENAMIENTO A TRAVÉS DE ESE RECURSO O MEDIANTE JUICIO SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. De la interpretación literal y sistemática de lo dispuesto en los artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 11, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, asì como de los antecedentes históricos que informan a este último numeral, se colige que al hacerse referencia en el primero de los preceptos mencionados a las “vías judiciales correspondientes” como instancia para impugnar los actos emitidos por las respectivas autoridades administrativas, el legislador tuvo la intención de aludir a un procedimiento seguido ante un órgano jurisdiccional, con independencia de que éste sea de naturaleza judicial, y cuyo objeto tenga afinidad con el recurso de revisión en sede administrativa, el cual se traduce en verificar que los actos de tales autoridades se apeguen a las diversas disposiciones aplicables; por otra parte, de lo establecido en el citado precepto de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, se deduce que a través de él se incluyó dentro del ámbito de competencial del referido Tribunal el conocimiento de las controversias que surjan entre los gobernados y las autoridades administrativas cuya actuación se rige por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sin que se condicionara la procedencia del juicio contencioso administrativo al agotamiento del citado recurso, máxime que la interposición de éste es optativa. En ese contexto, se impone concluir que los afectados por los actos o resoluciones de las autoridades administrativas que se rijan por ese ordenamiento, que pongan fin a un procedimiento, a una instancia o resuelvan un expediente, tienen la opción de impugnarlos a través del recurso de revisión en sede administrativa o mediante el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Fiscal de la Federación; destacando que dentro de las vías judiciales correspondientes a que hizo referencia el legislador en el mencionado artículo 83 no se encuentra el juicio de garantías dado que, en abono a lo anterior, constituye un principio derivado del diverso de supremacía constitucional de los actos de autoridad, únicamente pueden regularse en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en la ley reglamentaria que para desarrollar y pormenorizar esos medios emita el legislador ordinario.
Contradicción de tesis 85/98. entre las sustentadas por el Primer y el Séptimo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Primer Circuito. 19 de noviembre de 1999. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.
Tesis 139/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en sesión plenaria de tres de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.
Esta jurisprudencia confirmó la ampliación de la competencia del TFJFA en casi toda las materias reguladas por el Derecho Administrativo.


    1. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y su competencia en materia de Propiedad Intelectual (artículo 11, fracciones XIII y XV, de su Ley Orgánica)


Sin embargo, en materia de Propiedad Intelectual, las reformas a la LFPA publicada en el DO de 30 de mayo de 2000. La reforma antes mencionada tuvo su origen en la jurisprudencia 2/J.139/99 citada en el punto que antecede, y en ella se reformó, entre otros, el artículo 83 de esa Ley, en los siguientes términos:
Artículo 83. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda.

En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente.
Esta reforma fue el parteaguas en materia de la competencia del entonces Tribunal Fiscal de la Federación en materia de Propiedad Intelectual, pues hasta antes de la reforma referida, los órganos jurisdiccionales que conocían de la materia de Propiedad Intelectual, eran los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal, ante quienes los interesados que veían perjudicada su esfera jurídica en materia de Propiedad Intelectual, interponían el juicio de amparo indirecto.
En efecto, conforme al artículo 1º del Estatuto del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual vigente en 2000, dicho Instituto era un organismo público descentralizado, de manera que le era aplicable la LFPA y su recurso de revisión.
Por otro lado, la Ley Orgánica del TFJFA se reformó según Decreto publicado en el DO de 31 de diciembre de 20004, para regular en las fracciones XIV y XV del artículo 11, la competencia que se le había otorgado en la ley especial (LFPA).
Lo anterior quedó plasmado en la tesis V-TASS-695 del Pleno de la Sala Superior del TFJFA, cuyo contenido es el siguiente:
RESOLUCIONES DEFINITIVAS EMITIDAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.- EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA TIENE COMPETENCIA PARA CONOCER DE SU IMPUGNACIÓN. Tratándose de resoluciones definitivas emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, resulta procedente el recurso de revisión, o bien, el juicio contencioso administrativo por disposición expresa del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al prever que: "Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente". De ahí que, si la "vía jurisdiccional" optativa al recurso de revisión, es el juicio contencioso administrativo del cual conoce el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme a lo previsto por el artículo 11, fracciones XIV y XV de su Ley Orgánica, cuenta con plena competencia para conocer de los actos y resoluciones emitidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Juicio No. 14234/01-17-05-8/335/02-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 4 de diciembre de 2002, por mayoría de 5 votos a favor, 1 con los puntos resolutivos y 4 en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.

(Tesis aprobada en sesión de 4 de diciembre de 2002)
También el mismo Pleno de la Sala Superior del TFJFA, emitió la tesis V-TASS-1126, que dice:
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA TIENE COMPETENCIA PARA CONOCER SOBRE LA MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme a lo dispuesto por el artículo 11, fracciones XIII y XV de su Ley Orgánica, tiene plena competencia para conocer de la impugnación en contra de actos definitivos, dictados por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo así como en contra de los actos definitivos que se señalen en las demás leyes como competencia del Tribunal; luego entonces, si de conformidad con lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, pueden interponer el recurso de revisión, o cuando proceda intentar la vía jurisdiccional que corresponda, es incuestionable que a los actos emitidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cuya naturaleza jurídica es de un organismo descentralizado por disposición expresa de los artículos 6°, primer párrafo y 7° de la Ley de la Propiedad Industrial, le son plenamente aplicables las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al no quedar excluida la materia de propiedad industrial, a la aplicación de la Ley en último término citada, según lo previsto en el artículo 1º de ésta misma, de ahí que si en materia de la propiedad industrial es aplicable la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, quien al establecer la opción de los particulares de interponer el recurso de revisión, o bien, intentar la vía jurisdiccional, otorga competencia a este Órgano jurisdiccional para que los actos administrativos emitidos por el supracitado Instituto, puedan ser impugnados en la vía contenciosa administrativa, resulta incuestionable que este Tribunal es plenamente competente para conocer de las controversias en materia de la propiedad industrial.
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