Aula Política






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El cambio de rumbo




Así estábamos en España cuando el Partido Socialista llega al Poder y las cosas cambian.
Dado que vamos a sostener la tesis de que, la nueva ola de corrupción que padece nuestro País, se debe a la política del Psoe en el Gobierno, apresurémonos a puntualizar que no acusamos de corruptos, ni a ese Partido ni a sus miembros, ni creemos que sean de una honestidad inferior a la de los militantes de otras formaciones, sino que les suponemos con la moralidad media del pueblo español. Su política fue el origen de la ola de inmoralidad que nos ha invadido; pero ellos, que sí que han querido muy conscientemente las causas, no han buscado ni deseado sus desgraciados efectos.
Con la salvedad de ese reconocimiento explícito de la buena intención de sus promotores, debemos recordar que, si bien la filosofía socialista pasó una profunda crisis, y tiene aparcados en este momento algunos de sus métodos característicos, dejando en penumbra sus fundamentos doctrinales, mantenía aun en los 80 unos últimos y esenciales rasgos diferenciadores, lo que ellos llamaban sus “señas de identidad”. Que en aras de su deseado “creciente control político” sobre las actividades privadas sociales21, se traducen en un dirigismo por parte de los Órganos políticos sobre las vidas individuales de los ciudadanos, tan intenso como la sensibilidad de la época lo consienta. Por supuesto que con la voluntad de hacer felices a todos los ciudadanos; pero no en los modos, tiempos y formas que cada individuo quiera, sino según la propia concepción de los dirigentes, que ellos consideran más ilustrada o acertada; y que cuando tienen los votos de la mayoría, entienden legítimo imponerla, tanto a sus simpatizantes, como a los indiferentes y a quienes no comparten sus puntos de vista. Y siendo ello así, se explica lógicamente el proceso que pusieron en marcha. Ha sido lamentable, pero no un absurdo.
Fueron conscientes de que los Poderes que heredaron de anteriores Gobiernos, dejaban un ancho campo de libertad e iniciativa a los ciudadanos, mayor del que ellos reputaban compatible con el bien de la sociedad en conjunto; mientras que por el contrario, disciplinaban a las Autoridades con controles y garantías de objetividad en su acción administrativa, de tal modo que sólo podían hacer lo que la Ley les señalaba, y no lo que subjetivamente consideraran mejor en cada momento.
Era un esquema que ofrecía grandes dificultades a sus exigencias doctrinales mínimas. Y se pusieron aplicadamente a cambiarlo. El cambio consistió, por una parte, en intensificar las órdenes, controles y restricciones sobre los ciudadanos, para que no pudieran dejar de hacer aquello que al Gobierno le parecía imprescindible. Y por otra, en suprimir normas de objetividad, de responsabilidad y de fiscalización sobre las Autoridades, a las que paso a paso, cada día más, se les amplían los poderes discrecionales, al amparo de los votos de la mayoría parlamentaria. Es decir: se potenció el Derecho Administrativo para que los ciudadanos tengan que actuar mejor, según los criterios de la fuerza política dominante. Y simultáneamente, se adelgaza ese mismo Derecho Administrativo, en lo que se refiere a limitaciones o controles sobre las autoridades.

Nos dijeron algún tiempo - antes de que salieran a la luz tantos escándalos-, que no es necesario el control jurídico sobre las autoridades. Que basta con el pronunciamiento electoral del pueblo cada cuatro años. Que sobran las técnicas de objetividad que, para los actos del Poder, ha ido creando el Derecho Administrativo en el siglo XX. Que necesitaban las manos libres para ser eficaces 22.
Lo hicieron habilidosamente. Llamando poco la atención. Por fases sucesivas y acumulativas. En una escalada indefinida, que sólo cesó cuando dejaron el Poder. Y consiguieron invertir la situación antes descrita, con la que se encontraron en 1982.

Los cambios operados



El Psoe, con el espíritu y objetivos descritos, año a año desde su llegada al Gobierno, al mismo tiempo que aumentaba la intervención administrativa y económica sobre los ciudadanos, fue eliminando, sucesiva e ininterrumpidamente, muchos de los controles y garantías de objetividad para los actos de los Poderes Públicos.
Vamos a citar hechos del período parlamentario 89-93, porque tenemos datos recopilados23.
En la Ley de Presupuestos correspondiente a 1990, pudieron denunciarse 44 medidas o artículos, que aumentaron los poderes del Gobierno y redujeron los controles y la objetividad en la acción administrativa. Y en la siguiente de 1991, otros 26 artículos, de igual carácter. No sólo aumentaban los poderes discrecionales de las Autoridades, por encima de los que tuvieron otros gobiernos democráticos, sino que en materia de contratación, de Presupuestos y de administración de patrimonios, los llevaban bastante más lejos que donde estuvieron durante todo el siglo, incluidos los períodos de las dos Dictaduras que tuvimos. En los debates parlamentarios ante estas denuncias hubo interrupciones con expresiones de pretensión hiriente, pero en los Turnos de contestación no se pudieron negar que las cosas eran así, y en general, el Partido gobernante argumentaba necesitar más libertad de acción para ser eficaces 24.
Veamos algunos ejemplos:

La Ley General Presupuestaria:



La Ley General Presupuestaria que aprobó la derecha democrática en 1977, desarrollando y mejorando los Principios establecidos por la Ley Canalejas de 1911, es una Ley Marco a la que deben ajustarse las sucesivas Leyes de Presupuestos y su aplicación. Así lo dice el sentido común, pero también el propio Parlamento cuando la aprobó. Contiene unos principios permanentes de la gestión financiera, con la finalidad de encauzar los sucesivos Presupuestos anuales. Naturalmente que no es inmutable y puede modificarse, habiéndose practicado diversos retoques en la legislatura socialista. Pero en 1987, el Parlamento autorizó al Gobierno para dictar un Texto Refundido que regularizara, actualizara y armonizara toda la normativa; autorización que fue usada, incluso con abuso25, por el Gobierno, lo que le obligó a pedir otra autorización más amplia al Parlamento; de modo que el 23 de Septiembre de 1988, el Gobierno, por Decreto, pudo hacer una nueva Ley General Presupuestaria, de acuerdo con sus propios criterios y su ya larga experiencia de Poder.
Pues bien: ya en la Ley de Presupuestos para 1989, que el Gobierno envió al Congreso a la semana siguiente de aprobar por Decreto la nueva Ley General Presupuestaria, se contenían inaplicaciones de la misma. Y a continuación, absolutamente todos los años, machaconamente una y otra vez en todas las sucesivas Leyes de Presupuestos, han ido suspendiendo la eficacia de artículos de la Ley General Presupuestaria para el ejercicio correspondiente. Fijémonos que no decimos derogando, sino suspendiendo. Porque la derogación podría ser admisible, si se creyera que hubo algún error en la cautela prevista por la Ley General Presupuestaria. Pero si se suspende, es que se sigue considerando necesaria para el futuro la cautela o limitación, pero no se quiere que opere en el año siguiente. Y así uno y otro año, eliminando esa disciplina presupuestaria general, que se sigue considerando buena para el futuro, y que el mismo Gobierno había juzgado imprescindible al aprobar la nueva redacción de 1988.

La Intervención:



Los Interventores de Hacienda, fueron incluso suprimidos como Cuerpo autónomo, pasando a integrarse en un colectivo más amplio de “Inspección Financiera”, lo cual, naturalmente, devaluaba la imagen de su función específica.
Pero la devaluación fue bastante más allá de la imagen, para trascender a la realidad, pues considerando enojosa la intervención previa de legalidad de los actos administrativos productores de Gasto, fue en buena medida suprimida, gracias a la autorización otorgada por la Disposición Adicional 15, apartado 2, de la Ley 44/1983 de Presupuestos para 1984.
La Ley 1/1986 llevó, más allá de los gastos de material no inventariable y de carácter periódico, la exención de la Intervención previa; se permitió al Gobierno ir declarando bloques de actividad exentos de esa fiscalización previa, sustituyendo esa fiscalización previa por otra a posteriori por muestreo26; el Gobierno hizo un uso intenso de esa facultad, ya desde el primer día27; el muestreo sustitutivo, según se reconoció en el Parlamento, afecta a veces al 1% de los actos generadores de Gasto.
El Gobierno de Felipe González, en sus postrimerías, aun insistió en regular esa exención28.

Los contratos patrimoniales:



Dentro de los contratos en que interviene la Administración, hay que distinguir dos grandes grupos. Los “Administrativos”, que comprenden fundamentalmente obras, servicios y suministros. Y los Patrimoniales que, para entendernos y simplificadamente, son los que se utilizan en la compraventa de edificios o terrenos o acciones de sociedades. A los “Administrativos”, por su singular trascendencia en el tema, les dedicamos un Epígrafe singular, y ahora nos referimos a los Patrimoniales, regulados en la denominada Ley del Patrimonio del Estado.
En varias Leyes de Presupuestos, se fue rebajando el nivel de competencias, y por tanto de garantías, para disponer de bienes patrimoniales; lo que antes estaba reservado al Consejo de Ministros, se atribuye al Ministro, y lo que era del Ministro se pasa al Director General. Pero además, si observamos el art. 85 de la Ley de Presupuestos de 1990, veremos que los bienes que se desafecten del servicio público, que antes podían ser enajenados por el Gobierno a través de concurso público, a partir de entonces pueden serlo por el Ministro, en adjudicación directa y sin concurso.
La enajenación de inmuebles en forma directa y sin concurso público, desde 1964 la podían hacer los Ministros hasta una cuantía de 5 millones de pesetas; en 1987, esa posibilidad de venta sin concurso se elevó hasta 1.000 millones, aunque en la forma que reglamentariamente se estableciera; y en 1990, se volvió a elevar de 1.000 a 2.000 millones, pero suprimiendo además la exigencia de someterse a lo que digan los Reglamentos.
En la Ley franquista de 1964, artículo 62, párrafo segundo, la enajenación de bienes inmuebles de valor superior a veinte millones de pesetas, tenía que estar autorizada por Ley. - 20 millones de 1964 pueden equivaler más o menos a 300 en 1990- . En la Reforma socialista de 1987, se actualizaron las cifras; en la Ley de 1990 volvieron a triplicar las cuantías de ciertas competencias tan recientemente actualizadas. Pero, ya en la Ley de Presupuestos siguiente, la de 1991, se suprimió la necesidad de contar con autorización parlamentaria para la venta de bienes de cualquier tipo y cuantía. Y ya sabemos que tanto unas Cortes de Régimen autoritario, como otras democráticas con mayorías gubernamentales suficientes, son una garantía relativa. Pero, pese a ello, es evidente que bastantes reprivatizaciones de Rumasa, o compras para el AVE, o las famosas operaciones inmobiliarias de Renfe..., difícilmente se habrían consumado como se hicieron, si hubiesen estado sometidas el enjuiciamiento y voto de 350 Diputados.


La función pública:



Como consecuencia de aquella tendencia a la profesionalización de la función pública que se consolidara desde los tiempos de Maura, que consiguió la existencia de un funcionariado de calidad que dependía de la ley, sin cambiar con los Gobiernos ni obrar al dictado de los Partidos en el Poder, en 1982, muy pocos puestos más que los de nivel 30 - los de Subdirector General- eran legalmente29 de “libre designación”; los demás, es decir aproximadamente un 98%, eran proveídos por concurso de méritos, entre los que tenía un peso importante el tiempo de servicios como funcionario de carrera, de máxima objetividad y poco favorecedor del nepotismo.
Sin embargo, a partir de la Reforma de 1984, puedo hablar de funcionarios con nivel 23, que tenían antes su plaza en propiedad, y hubieron de volver a solicitarla en régimen de libre designación. Es un cambio que no sólo hace más poderosos a los políticos, sino que tiende a hacer a los funcionarios más dóciles respecto de los deseos e indicaciones de las autoridades.
En los Reglamentos de la Ley de Régimen Local, concretamente en el de Funcionarios aprobado por Decreto de 30 de Mayo de 1952, tratando de los procedimientos de acceso a la condición de funcionario, en su artículo 25 se podía leer:

No podrán establecerse en las Convocatorias otros motivos de preferencia o reserva que los previstos por las Leyes y Reglamentos Generales, ni constituirá mérito preferente el desempeño interino de las vacantes anunciadas”.
Era una norma de sentido común, si se quería respetar el principio de igualdad de los ciudadanos para entrar en la Administración, ya que en otro caso la burla sería demasiado fácil: se designaba interinamente en el puesto al candidato preferido durante un par de años, y luego se sacaba a Concurso u Oposición la plaza, en cuya prueba se valoraba la experiencia en la función, de modo que, salvo que el favorecido por la preferencia de las autoridades fuera un inepto absoluto, ganaba el concurso-oposición, gracias a los puntos que podía esgrimir por aquella previa selección “a dedo”, normalmente efectuada de propósito con esa intención. Y, a pesar de que entonces vivíamos en régimen político de Dictadura, los Tribunales, con base en dicho precepto, anularon adjudicaciones de plazas, hechas en favor de personas que las habían conseguido por ese procedimiento.
Pues bien: esa norma fue derogada en la segunda mitad de los años 80, sin ser sustituida por ninguna otra equivalente, de suerte que, mediante las designaciones previas digitales, y las posteriores convocatorias de pruebas de concurso oposición para otorgar “en propiedad” las plazas, se ha encontrado hoy un medio, para que los Poderes políticos de turno, puedan libremente introducir en la Administración a quienes les plazca, volviéndose a la situación que describió Galdós en sus Episodios Nacionales.
La práctica es tan sangrante, que los Tribunales, sin norma expresa que invocar, acudiendo al principio constitucional de igualdad en el acceso a la función pública, han anulado aquellas bases de concursos-oposiciones, en las que se establecía demasiado groseramente y como mérito casi único, el previo desempeño interino de la función; pero como no hay norma que haya sustituido a aquella otra de 1952, han tenido que admitir que siga practicándose normalmente el sistema de primero introducir libremente un funcionario -o grupo de ellos-, y luego convocar sus plazas a concurso, en cuyo concurso el funcionario favorecido por la selección previa, sólo con tener una mínima preparación, gana la plaza a quien tenga unas cualidades muy superiores para desempeñarlo.


La responsabilidad de las autoridades:



La Ley de Sociedades Anónimas de 1951, estableció el principio de que los Administradores eran responsables ante la sociedad, ante los accionistas y ante terceros, por aquellos actos suyos que causaran daños, siempre que existiera “culpa grave”, responsabilidad que podía exigirse dentro de los cuatro años siguientes al cese del Administrador. Y poco después, la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957, dispuso en forma paralela, que también las Autoridades y funcionarios serían responsables de los daños que causaran a los particulares, igualmente cuanto interviniera “culpa grave”, aunque limitando el ejercicio de esa acción sólo dentro del año siguiente a la producción del resultado dañoso. Aunque con plazos más breves y favorables para autoridades y funcionarios, se les extendía el mismo régimen de responsabilidad que se había juzgado oportuno imponer a los Administradores del sector privado.
Por otra parte, aquella Ley de Sociedades de 1951, afrontó con realismo la responsabilidad de los Administradores por daños a la sociedad administrada. Se fue consciente de que los Administradores son designados por la mayoría, y que la acción de responsabilidad por daños a la sociedad, ha de aprobarse en Junta por la misma mayoría de accionistas que ha designado a los Administradores presuntamente responsables; de modo que no es previsible que, la mayoría de accionistas que designaron a un Administrador, decida acudir a los Tribunales contra ese Administrador que nombró; mientras que tampoco lo puede hacer la minoría, precisamente porque es minoría y carece de votos suficientes para imponer el acuerdo en la Junta. Razón por la cual, aquella Ley en su artículo 80, dispuso que no sólo la Sociedad por acuerdo mayoritario de su Junta General, sino también los accionistas minoritarios, estaban legitimados para ejercitar la acción social de responsabilidad contra los Administradores culpables.
Y asimismo la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957, aunque no con un paralelo perfecto, volvió a tener en cuenta aquel criterio que se utilizó para evitar la impunidad de los Administradores de empresas privadas. Se pensó que, en caso de conducta culpable y dañosa de una autoridad o funcionario, no era bastante con habilitar una acción del ciudadano perjudicado contra el Estado, aunque se permitiera luego que el Estado demandara a su vez a la autoridad o funcionario responsable; ya que al menos en el caso de las Autoridades, es muy poco probable que el Estado -cuyas decisiones son tomadas precisamente por las Autoridades- quiera demandar a “los suyos”. Y por éso en el artículo 43 de aquella Ley, se dio a los particulares perjudicados la opción de demandar, bien al Estado, o también a la autoridad o funcionario responsable del daño sufrido. Era otra forma de aplicar a los gestores del sector público, los mismos o análogos rigores que aquellos que se creía oportuno establecer para los del sector privado 30.
Pues bien: a partir de 1983, el régimen legal de responsabilidades de los Administradores de las empresas privadas, se ha disparado cuantitativa y cualitativamente, a través de las reformas de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989, de la Ley General Tributaria de 1985, de la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito de 1988 -aplicable a muchos otros tipos de sociedades-, del Código Penal de 1995... Y concretamente en cuanto a la responsabilidad civil patrimonial, los Administradores ya no responden sólo por los actos realizados con “culpa grave”, sino por cualquier otro tipo de culpa, aunque sea leve.
Sin que ninguno de estos importantes agravamientos de la responsabilidad de los Administradores Privados, haya sido extendido a los gestores del sector público. No solo los Tribunales, sino también la Administración y Organismos reguladores, en aplicación de esta doctrina ha llegado a posturas disparatadas, so pretexto de que los Consejeros de Administración son los Administradores de la Sociedad y tienen el deber de conocer todo lo que ocurre en ella, por lo que incluso en sociedades con miles de empleados, Consejeros que no tienen ni despacho en la Compañía, responden de lo que hagan los trabajadores de la empresa, sin que les valga alegar ignorancia.
Pero no es sólo éso. Recuerden que la ley franquista de 1957, para evitar la impunidad de autoridades y funcionarios, permitió a los ciudadanos accionar directamente contra ellos, si así lo preferían. Y esa posibilidad que contra las autoridades figuraba en el art. 43 de la LRJAE, se ha hecho desaparecer en la Ley 30/1992 31 de 27 de Noviembre; mientras que la posible acción –solo del Estado- contra sus autoridades y funcionarios, se sigue insistiendo en que exige “dolo o culpa grave”32. De modo que, no sólo no se extienden a los gestores del sector público aquellas responsabilidades adicionales que se juzgan imprescindibles para los del privado, sino que se les disminuyen.
No se trata de errores o despistes, sino de algo muy meditado. El Gobierno del Psoe, junto con el Proyecto de Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que dio lugar a la Ley 30/92, preparó simultáneamente otra, llamada Ley del Gobierno ( que no llegó a ser aprobada dentro de los mandatos Psoe). Léase la Exposición de Motivos de la Ley 30/92, Punto 2, y en ella se verá la tesis gubernamental según la cual, hay que distinguir entre Gobierno y Administración, entre Autoridades y funcionarios; una tesis teóricamente discutible, si no fuera porque en la otra Ley se contemplaba la consecuencia que se buscaba extraer de la misma, a saber, que los actos del Gobierno no serían fiscalizables por los Tribunales. Por éso, cuando el Grupo Popular en 1992, presentó una Proposición de Ley tratando de equiparar las responsabilidades de los gestores del sector público con las reguladas para el privado, la mayoría parlamentaria de entonces, no admitió a trámite la propuesta 33. Y cuando últimamente el actual Partido en el Poder, tramitó en el Parlamento la vigente Ley del Gobierno, en la cual no se excluyen de revisión jurisdiccional los actos de las autoridades, el grupo socialista se opuso.

La huida del Derecho Administrativo:



En el período que estoy considerando, no sólo se ha ido degradando el Derecho Administrativo en cuanto a la existencia de controles de objetividad en la actuación del Poder, sino que además, aun se ha tratado de reducir la aplicación de ese Derecho Administrativo así degradado. Se ha tratado y se ha conseguido.
En nuestro sector público, existía tradicionalmente junto a la Administración, los llamados Organismos Autónomos - Administrativos o Comerciales-; y también las Empresas Públicas, que se constituían para realizar actividades del mismo tipo de las que pueden desarrollar los particulares, actuando en régimen de Derecho Privado, y normalmente con el ropaje de las Sociedades Anónimas.
Y si bien es verdad que ya en 1964 se promulgó un Estatuto para Renfe, que contemplaba a este Organismo como “Entidad de Derecho Público que actúa en régimen de Derecho Privado”, esquema que se extendió durante la Transición al Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios 34, a partir de 1983, se produjo algo así como un “Big Bang” de la Administración, que la hace estallar y fragmentarse en numerosísimas porciones, pero siempre con el resultado de que esas porciones, van saliendo del régimen administrativo general, algunas para integrarse en aquel grupo de Sociedades o Entes estatales en régimen de Derecho Privado 35, pero otras, cada vez más, que obligan a crear una nueva categoría, innominada y atípica, que se introdujo en el art. 6.5 de la anterior Ley General Presupuestaria, de Entes Públicos cuya nota clasificatoria es, que se rigen únicamente por lo que diga su ley especial de creación, casi siempre muy poco, y no por las generales de la Administración. Ahí entraron sectores tan destacados o amplios como los Puertos, los Aeropuertos y Navegación Aérea, la Sepi ( antiguo INI), la Agencia Estatal Tributaria, el Ente Público RTVE, la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, la Liquidadora de Entidades de Seguros, la Nacional del Mercado de Valores, el Consorcio de la Zona Especial Canaria , el Instituto Cervantes, la Agencia de Protección de Datos...
El establecimiento de estos Entes, obedece al deseo de eximirlos de las reglas normales del Derecho Administrativo, especialmente en cuanto a Presupuestos, selección de personal, provisión de plazas, y contratación con terceros, como por ejemplo se puede comprobar con la lectura del régimen de la Agencia Tributaria en el art. 101 de la Ley de Presupuestos para 1991 36; o con la de los artículos 9 y 11 del Real Decreto Ley 5/1995, de 16 de Junio, por el que se crea la SEPI - antiguo INI-, en cuya virtud las privatizaciones a llevar a cabo por dicho Organismo quedan sometidas al Derecho Privado, sin más requisitos que una autorización del Gobierno, y sin más normas peculiares, que las internas que el propio Consejo de la Sepi quiera establecer para autoregularse.
De tal suerte que, en esos importantísimos y muy amplios campos de actividad administrativa gestionados por estos nuevos Organismos, las Autoridades no tienen ni siquiera los controles, ya reducidos, que rigen hoy para la actividad administrativa normal.
Sin que podamos admitir el argumento justificativo, de que esa libertad de acción es la típica de las empresas privadas, y ha de trasladarse al sector público, si queremos que sea tan eficiente como el privado; se trata de una falacia, como universalmente se reconoce, ya que en la empresa privada, o bien la gestión la tiene el capitalista que arriesga su propio dinero, con un interés que es el más eficaz de los controles; o en otros casos, la propiedad está muy próxima y vigilante sobre unos gestores que, han de dar cuenta de sus actos a los dueños, y periódicamente en Juntas y Consejos; mientras que en el sector público, el “propietario” es el pueblo, demasiado grande y amorfo para ser vigilante.

Las deslegalizaciones:



En el punto que ahora tratamos, no tenemos estudios sobre el alcance del problema, pero no debe ser corto, por los casos que tenemos anotados.
Uno de ellos el de la Ley de 1992 37 de Recursos Propios de las Entidades Financieras, cuyo Proyecto se presentó como de pura adaptación de la legislación española a la de las Comunidades Europeas. En esa Ley, reguladora de instituciones que canalizan recursos equivalentes a muy altos porcentajes del PIB de la nación española, contamos 50 autorizaciones del Parlamento al Ejecutivo para la normativa reglamentaria. Todo el texto de la Ley, desde su artículo primero hasta sus Disposiciones Finales, es una pura delegación en el Gobierno, en el Ministro o en Órganos inferiores. Con el agravante añadido de que la Ley, al hacer esa delegación, no fija las líneas generales dentro de las cuales ha de moverse el Ejecutivo para hacer uso de las autorizaciones, ni los tipos de los coeficientes de solvencia, ni las partidas que integran su cálculo, ni los porcentajes de ponderación, ni los recargos sancionadores, ni bandas de máximos y mínimos, sino que todas esas fijaciones se atribuyen en la Disposición Final Segunda al Gobierno, al cual a su vez le autorizan a subdelegar en el Ministro, el Banco de España o la CNMV. Esa traslación de facultades normativas desde el Parlamento hacia las Autoridades, es una forma de someter a la ciudadanía a los criterios desconocidos, cambiantes y en todo caso subjetivos de las Autoridades, las cuales con estas disposiciones, adquieren un Poder personal acrecentado, del que pueden hacer uso sin más normas que las que ellas mismas quieran dictar.
Otro tanto podemos decir respecto de la nueva Ley de Inversiones Extranjeras de 1992, que también se dictó so pretexto de europeización, y cuyo contenido se limita a derogar la normativa anterior, y a decir que la regulación futura la señalará el Gobierno, a quien se autoriza para hacerlo 38.
Con la particularidad de que, hasta ahora, la potestad reglamentaria la tenía el Gobierno como dice el art. 97 de la Constitución, y ya ampliatoriamente los Ministros, según interpretó la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Hoy, esa competencia se ha extendido considerablemente, y cada vez hay más de esos Entes Públicos atípicos a los que antes hicimos referencia, que redactan normas y las promulgan, con base legal más o menos suficiente. Es el caso del Banco de España, el ICAC, la CNMV..., cuyos responsables por si y ante si, deciden cómo deben comportarse ciertas categorías de ciudadanos, como si fueran Sub-parlamentos 39.

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