Aula Política






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CAUSAS ESTRUCTURALES




Sin duda ninguna, en este florecimiento de la corrupción, tiene mucho que ver la crisis de los Valores a la que ha llegado la sociedad española, porque los ciudadanos se enfrentan a las incitaciones que reciben para las prácticas indebidas, tan sólo con el bagaje de su conciencia y convicciones personales, sin que la sociedad le apoye con exigencias morales, antes al contrario, colabora a sus “rendiciones” con un ambiente de cierta indiferencia.
Pero no podemos quedarnos en esa constatación; es preciso buscar las causas estructurales, porque tiene que haberlas para que se haya ocasionado esa prodigiosa multiplicación del fenómeno, en tan corto espacio de tiempo.
Y en esa línea de investigación, una buena técnica será examinar los antecedentes, porque en la evolución del fenómeno podremos detectar fácilmente esas causas que buscamos; búsqueda que no sólo persigue hacer un conveniente ejercicio intelectual, sino asimismo el adecuado enfoque para unas soluciones correctas y eficaces.


La gran diferencia entre siglo XIX y XX




El siglo XIX, lamentable en este punto



El siglo XIX español es una centuria de gran corrupción, que se produce bajo todo tipo de gobiernos: reaccionarios, moderados, conservadores, progresistas, monárquicos y republicanos. Y lo reflejan todos los que han escrito seriamente sobre la época. En su tiempo, Don Benito Pérez Galdós en cuyos Episodios Nacionales17 se va dibujando la miseria ambiente, pero muy singularmente la política, reflejando entre otras cosas cómo se dan y se quitan los puestos de la función pública.
En Vicente Palacio Atard18, leemos que “los estamentos profesionales... cuyos modos de vida y carreras dependían en gran medida del favoritismo y el padrinazgo del Gobierno...”; y también que “la vinculación de los gobernantes con el mundo de los negocios está clara: además de las Compañías ferroviarias, los grandes Bancos y las sociedades de crédito, las compañías mineras y muchas otras cortejaban a los políticos, grandes y pequeños, para que les presidieran o se sentaran en sus Consejos de Administración”. Destacando cómo también la Ley del Jurado de 20 de Mayo de 1888, teóricamente democratizadora, supuso poner la Justicia en manos de Caciques, que manipulaban las Listas de vecinos capacitados para el Jurado.
Más llamativo y descarnado, es el relato que de la corrupción de ese siglo, se nos hace en la trilogía de Historia novelada que publicó De la Cierva19 sobre el reinado de Isabel II, donde no sólo se lee cómo se manejan políticamente las debilidades personales de alguna egregia personalidad, sino también cómo el Palacio de las Rejas, ocupado por personas de altísimo rango, constituye uno de los centros destacados del tráfico de influencias.
Fueron paradigmáticas en la vida española de esa centuria las corrupciones en torno a las concesiones y construcciones de los ferrocarriles, incluso a la elección del ancho de vía, justificado con pretendidas razones militares que encubrían acuerdos con la industria británica de exportación. O la compra –acaso decidida en un muy alto lecho- de la escuadra rusa fondeada en Lisboa, sin aceptar la necesidad de examinarla antes y que no llegó a poderse hacer a la mar.

A esa inmoralidad tan extendida en el XIX, seguro que coadyuvaron múltiples causas. Como el arranque de la centuria bajo el mando, casi siempre absoluto, de un Monarca innoble y desleal; la destrucción del aparato del Estado provocado por la invasión napoleónica; la manipulación grosera de los instintos de una Reina niña, que no pudo contar siquiera con el apoyo de su Madre, etc.
Pero al lado de esas causas, que son de carácter subjetivo o coyunturales, podemos encontrar otras, que están en la orientación de las cosas, y que producen inmoralidad, aunque las personas y los acontecimientos sean favorables al buen hacer.
Y es que el siglo XIX presencia la explosión de la acción administrativa del Estado, como consecuencia de fenómenos como la industrialización, el maquinismo, la construcción de los ferrocarriles...
Mientras que el Derecho Público, lo era casi en exclusiva el Político o Constitucional. No existía prácticamente el Derecho Administrativo 20. Las Leyes que se fueron dictando para regular ese nuevo Campo, eran todavía rudimentarias, y ello hacía que casi no tuviéramos normas reguladoras de ese importante volumen de acción administrativa, que comenzaba a tener el Poder político. Los políticos se encontraban así, con la frecuente posibilidad de adoptar decisiones de gran trascendencia económica, apenas sin reglas, con un margen enorme de libertad; las tentaciones de prevaricar eran enormes, y los resultados producidos fueron entonces los naturales en tal estado de cosas.

El siglo XX y la regeneración



El siglo XX español comienza con ansias de regeneración, dentro de un espíritu que ya se había despertado antes, pero que se intensificó a partir del “Desastre” de 1898, que fue un espléndido revulsivo de la vida nacional. Y los políticos, que ya conocen las aportaciones doctrinales del Derecho Administrativo Continental y Español, para proteger tanto la moralidad como la eficacia, no dudaron en autolimitar sus poderes, sometiéndolos a controles y a garantías de objetividad, en todos los ámbitos de la acción administrativa.
Lo fueron haciendo todo tipo de Gobiernos. En otro epígrafe nos referiremos a las normas de contratación administrativa. Aquí citaremos con carácter más amplio y general a la Ley de Maura de 1907, que intentó limpiar el sistema electoral; la de Canalejas de 1911, estableciendo el sometimiento del Gobierno al principio y disciplina presupuestaria; las normas nuevamente de Maura en 1918, que consolidan esfuerzos anteriores para racionalizar la provisión de puestos de trabajo en la función pública, dotándolos de estabilidad, y evitando así que fueran el botín de los Partidos ganadores; el Decreto de Primo de Rivera de 1923, declarando las incompatibilidades de los Altos Cargos...
Y aunque a algunos les moleste, poniendo con ello en evidencia su escasa convicción democrática, hay que reconocer que el franquismo, especialmente entre 1955 y 1965, en evidente contraste con su autoritarismo político, dio un gran impulso a las técnicas de control y garantías ciudadanas de nuestro régimen jurídico-administrativo. La Ley de la Jurisdicción Contencioso administrativa en 1956, la de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957, la de Procedimiento Administrativo de 1958, la General Tributaria de 1963, la del Patrimonio de 1964, la de la Función Pública de 1964... fueron grandes instrumentos de modernización, de defensa de los administrados, y de encauzamiento de la acción de los políticos.
Y en la Transición, la derecha democrática continúa con esa tónica, promulgando por ejemplo la Ley General Presupuestaria de 1977.
La corrupción siguió existiendo, pero ya no generalizada, sino esporádica y anormal, como lo prueba la enorme reacción que suscitó el mínimo cohecho en el asunto del “straperlo” en 1935. Y esa diferencia entre el siglo XX y el XIX, no se debió a que los políticos de esta centuria fueran personalmente mejores que los del XIX, sino sencillamente a que su capacidad para adoptar decisiones arbitrarias y descontroladas, se redujo sustancialmente, como consecuencia de la incorporación a nuestras leyes de los avances del Derecho Administrativo, promovida por los políticos de todas las tendencias.

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