Competencia del tribunal federal de justicia






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S

OMPI/PI/JU/LAC/04/9

ORIGINAL: Español

FECHA: 14 de octubre de 2004







OFICINA EUROPEA
DE PATENTES

OFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCAS

ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TERCER seminario regional sobre propiedad INTELECTUAL para jueces y fiscales de américa latina

organizado conjuntamente por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
la Oficina Europea de Patentes (OEP)
y
la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),

con la colaboración
del Ministerio de Cultura de España,
el Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ),
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)
y
la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)

Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004

TENDENCIA DE LA JURISPRUDENCIA en méxico

Documento preparado por la Sra. María Concepción Martínez Godínez, Magistrada,
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, México D.F.


ÍNDICE GENERAL
I.- INTRODUCCIÓN
II.- LA JURISPRUDENCIA EN MÉXICO
- FORMACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DEL PODER JUDICIAL

- FORMACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA EN EL TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

- CONCEPTO DE JURISPRUDENCIA
III.- TESIS Y JURISPRUDENCIAS RELEVANTES DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN
1).- EN MATERIA DE MARCAS
a).- MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

b).- MARCAS SU DISTINCIÓN Y/O SU SEMEJANZA EN
GRADO DE CONFUSIÓN

c).- EJEMPLO DE MARCAS QUE PUEDEN REGISTRARSE

d).- MARCAS NO REGISTRABLES. MARCAS DESCRIPTIVAS

e).- DERECHOS DERIVADOS DEL REGISTRO MARCARIO

f).- MARCAS, CADUCIDAD

g).- INFRACCIONES EN MATERIA DE MARCAS

h).- ACCIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS
2).- EN MATERIA DE PATENTES
a).- CONVENIO DE PARÍS, PRINCIPIOS DE
TRATO NACIONAL A LOS NACIONALES DE LOS PAÍSES DE
LA UNIÓN
PRINCIPIO DE PRIORIDAD
b).- CADUCIDAD
3).- EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR
4).- JURISPRUDENCIAS FORMADAS A PARTIR DE LA
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA
IV.- TESIS RELEVANTES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA
I. INTRODUCCIÓN
México le ha dado gran importancia al tema de la Propiedad Intelectual, es por ello que en el ámbito legislativo se han emitido leyes tendientes a la regulación de los derechos tanto en el orden de la Propiedad Industrial como de los Derechos de Autor.
Solo como marco de referencia, es de señalarse que desde la Constitución de 1824, se previó entre las facultades del Congreso la de promover los derechos de autor, asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos a los autores de obras, creándose en 1846 el Decreto sobre Propiedad Literaria y asimilando los derechos de autor al derecho de propiedad, para incorporarse posteriormente al Código Civil; la Constitución de 1917 incorporó el Derecho de autor en su artículo 28; en 1956 se expidió la segunda Ley sobre la materia y así hasta llegar a la actual Ley, vigente a partir de 1997, la que además da nacimiento al Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR).
En materia de la Propiedad Industrial se publica en 1942 la primera Ley referida a disposiciones de patentes y marcas, en 1991 se publica la Ley de Fomento y protección de la Propiedad Industrial, estableciendo la creación de una Institución especializada que brindara apoyo técnico a la Secretaría de Economía en el área de propiedad industrial. Esta Institución es el antecedente inmediato del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cuyo nacimiento tuvo lugar el 10 de diciembre de 1993; la ley en cuestión sufre primeras reformas el 2 de agosto de 1994, cambiando su denominación a Ley de Propiedad Industrial que es la actualmente en vigor con algunas reformas en 1907 y 1999.
Como puede verse, al mismo tiempo que evoluciona el marco jurídico legal, se instrumentó también la creación de organismos administrativos como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), y el Instituto Nacional de Derechos de Autor, (INDAUTOR), para administrar en su conjunto la protección de los derechos que tutela la Propiedad Intelectual, a la vez de servir como medios de enlace para promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de la propiedad intelectual en otros países.
En la misma medida que ha ido evolucionando y perfeccionándose el orden jurídico normativo y sus instituciones administrativas, también ha habido cambios en los instrumentos de procuración de justicia, ya que en principio se manejó en el ámbito civil, ahora se encuentra plenamente identificado dentro del ámbito administrativo, para ofrecer a los particulares las más amplias garantías ante los actos de las autoridades administrativas; asegurando con ello la existencia de un orden jurídico necesario y congruente con los Convenios y Tratados Internacionales suscritos, y los Órganos de Administración de Justicia, para dar certeza a los individuos de que sus derechos serán respetados; y para ello se encuentran instrumentados los procedimientos de impugnación de las resoluciones en la vía de recursos en la fase administrativa; así como el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y, en su caso, los medios de defensa instrumentados ante el Poder Judicial.
Es en el marco de la seguridad jurídica, que el papel del Órgano de Administración de Justicia, es de gran importancia pues se erige en el garante de que las disposiciones legales han de ser respetadas por los destinatarios de las normas.


Esta afirmación tiene sustento en la labor diaria que ejercen los Jueces, Magistrados y Ministros, a quienes se les encomienda directamente el ejercicio de la función, es decir, el estudio de los casos específicos frente a la legalidad de los actos administrativos y aplicación de las normas, para lo cual con frecuencia es menester realizar interpretaciones acerca del texto legal para desentrañar su sentido, ya que no es suficiente su examen gramatical; los métodos utilizados además del: 1) literal o gramatical, de acuerdo con el criterio jurisprudencial del Poder Judicial, son: 2) el sistemático o de interpretación armónica, es decir determinar cuál es el sentido y el alcance de un precepto relacionándolo con otros de la propia Ley; 3) el de la lógica, que obliga a interpretar la ley conforme a la recta razón; 4) de interpretación auténtica, mediante el descubrimiento de lo que el legislador quiso decir al momento de redactar la norma, para lo cual es menester remitirnos a las exposición de motivos de la ley e incluso al diario de debates de los legisladores; 5) causal-teleológico, consiste en considerar las posibles causas y los fines que se tuvieron en cuenta para la creación de la ley; 6) progresivo, es decir recurrir al estudio comparativo de las condiciones jurídicas que prevalecían al expedirse la ley anterior con la actual [1].
La interpretación de las normas realizada por el Juez, en el ejercicio de su digna tarea de administrar justicia, da como resultado la formación de tesis, precedentes y jurisprudencias, cuya formación se analizará brevemente en el capítulo relativo.
En cuanto a la competencia para conocer de juicios de nulidad en materia de Propiedad Intelectual en México, cabe resaltar que ésta fue recientemente otorgada al Tribunal Federal de Justicia fiscal y Administrativa.
Esto ocurrió a partir de abril de 2000, con la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la que agrupó dentro del ámbito de aplicación de dicho orden legal a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal y, siendo que tanto el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), como el Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR), son organismos con tales características, que actúan como autoridades administrativas. Los actos o resoluciones que emiten dichos Institutos en los procedimientos relativos a los medios de defensa en el ámbito de la Propiedad Industrial, y Derechos de autor (tales como: registro de marcas, avisos comerciales y publicación de nombres comerciales; autorizar el uso de denominaciones de origen y proteger los secretos industriales; caducidad y nulidad del registro marcario; otorgamiento de patentes; declaratoria de abandono de patente, aplicación de sanciones en materia de competencia desleal, uso indebido de marcas, etc.,) quedaron sujetos a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; tal situación conlleva directamente al ámbito de la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que conoce entre otras, de las resoluciones dictadas por autoridad administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Como nota estadística, es de señalarse que por el período comprendido del 1° de agosto de 2003 al 31 de agosto de 2004, se han resuelto por sentencia 445 juicios en materia de Propiedad Intelectual, los que comparados con el total de juicios resueltos por sentencia en el mismo período de 73,731, representan el 1 %, del global; así mismo, los juicios que han dado baja por otros motivos (sobreseimientos, desechamientos, etc.), son durante el mismo período por la suma de 190, mientras que el global es por la suma de 34,676, por tanto igualmente representan el 1% del global de asuntos resueltos.[2]
Por esta razón, la elaboración de tesis y criterios en materia de Propiedad Intelectual, dentro del Tribunal Federal de Justicia fiscal y Administrativa, no es tan prolífica aún; sin embargo, se han producido en algunos aspectos que se analizarán en el cuerpo del presente documento, juntamente con las tesis y jurisprudencias de los Tribunales Colegiados de Circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrantes del Poder Judicial de la Federación en México, donde su formación es considerable ya que siempre ha tenido la competencia para resolver este tipo de litigios, (en vía civil, penal y administrativa); siendo actualmente el cambio en el ámbito administrativo, pues anteriormente se veían en primera instancia vía Juicio de Amparo, a través de los Juzgados de Distrito en materia Administrativa y en revisión ante los Tribunales Colegiados de Circuito. Ahora se ventilan primero ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y sus sentencias pueden ser recurridas vía juicio de amparo ante los Tribunales Colegiado de Circuito.

II. LA JURISPRUDENCIA EN MÉXICO
Siendo el tema central de éste trabajo la jurisprudencia en materia de Propiedad Intelectual, y para acotar un concepto general de jurisprudencia, es menester primero, señalar la forma en ésta se establece en México.
1.- FORMACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DEL PODER JUDICIAL
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en sus artículos 94, párrafo octavo y 107, fracción XIII:
“Art. 94.- Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.
La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación…”
Art.107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:
XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el Procurador General de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieren sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.

La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción; …”
De acuerdo con los preceptos invocados, tenemos que el tema de la jurisprudencia se encuentra contemplado dentro del marco legal Constitucional, el cual por principio remite a la ley en cuanto a que ésta fijará los términos en que será obligatoria, y establece la forma en que se fijará la jurisprudencia por contradicción de tesis.
La Ley a que se refiere el texto Constitucional en el caso del Poder Judicial, es la Ley del Amparo, la cual establece en su Título IV, Capítulo Único, denominado “De la Jurisprudencia de la Suprema Corte y de los Tribunales Colegiados de Circuito”, esencialmente las siguientes reglas de aplicación contenidas en sus artículos 192 a 197-B:
1.- Que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los Tribunales Militares y Judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y Tribunales Administrativos y del Trabajo, Locales o Federales.
Es decir, se establece la obligatoriedad de acuerdo a la jerarquía del órgano jurisdiccional. (Dentro del enunciado de Tribunales Administrativos, se encuentra el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa)
2.- Que las resoluciones del Pleno o de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustenten en cinco sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo menos por ocho ministros si se tratara de jurisprudencia del pleno, o por cuatro ministros, en los casos de jurisprudencia de las salas.[3]
También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de salas y de tribunales colegiados.
3.- En cuanto a la jurisprudencia que forman los Tribunales Colegiados de Circuito se establece la misma regla para su constitución, es decir que el criterio que se sustente se establezca igualmente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, sin embargo aquí hay una importante diferencia en el sentido de que las tesis que la conforman hayan sido aprobadas por unanimidad de votos de los magistrados que integran cada Tribunal Colegiado.
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