Corte suprema de justicia – tercera sala de lo penal. Quito, 1 de septiembre del 2008; a las 17H50






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307-2008

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – TERCERA SALA DE LO PENAL.- Quito, 1 de septiembre del 2008; a las 17H50.

VISTOS.- Constituida la Sala en Audiencia Pública de Juzgamiento para conocer y resolver la situación jurídica del doctor Delfín Olmedo Bermeo Idrovo, en contra de quien, el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Armando Bermeo Castillo ha dictado auto de llamamiento a juicio, por considerarlo autor y responsable del delito tipificado y sancionado en los artículos 1 y 2 innumerados, agregados al Art. 296 del Código Penal, por la Ley 6, publicada en el Registro Oficial No. 260-S de 29 de agosto de 1985 y sustituidos por el Art. 18 de la Ley 2001-47, publicada en el Registro Oficial No. 422 de 28 de septiembre de 2001, auto del cual el acusado ha presentado recurso de nulidad y apelación, que una vez tramitados fueran negados por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante auto dictado el día 6 de febrero del 2007, a las 15H00. Siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo esta Tercera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, considera: PRIMERO.- JURISDICCION Y COMPETENCIA.- Esta Tercera Sala Penal tiene jurisdicción y competencia para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo que establece la Primera Disposición General de la ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Judicial, publicada en el Registro Oficial No. 26 del jueves 26 de mayo del 2005, así como en virtud de la designación efectuada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el 21 de noviembre del 2006 y 23 de abril del 2008, y por la efectuada por el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia mediante oficio No. 2471-SP-CSJ a favor del señor Conjuez interviniente. SEGUNDO.- VALIDEZ PROCESAL: La Audiencia Preliminar tiene por objeto que el Fiscal y el abogado de la defensa presenten sus alegatos a fin de determinar y resolver sobre la existencia de requisitos de procedibilidad, admisibilidad, o de cuestiones prejudiciales, competencia y de procedimiento que hayan sido inobservados durante la instrucción fiscal y, que puedan afectar la validez del proceso. Examinado el procedimiento de la presente acción, no se advierte vicio u omisión de solemnidad sustancial que pudiera acarrear su nulidad; por lo que este Tribunal declara la validez de esta causa.- TERCERO.- RELACION PROCESAL Y CARGOS QUE SE FORMULAN EN CONTRA EL ACUSADO: 3.1.- RELACION PROCESAL: Con fecha 11 de julio del 2003, a las 08H00, el doctor Alfredo Alvear Enríquez, en su calidad de Director Nacional de Asesoría (E) Subrogante de la doctora Mariana Yépez, Fiscal General de la Nación dicta auto de instrucción fiscal en contra del doctor Olmedo Bermeo Idrovo, mismo que se inicia por la denuncia reconocida por el ingeniero Mario Touma Bacilio, Diputado de la República, y por los datos de prensa publicados el día 11 de julio de 2003 en el diario El Comercio, sección A, página A7 y que en la parte pertinente dice: “que consta del certificado del señor Registrador de la Propiedad del Cantón Quito, No. 55858 de 31 de marzo del presente año que: los cónyuges Delfín Olmedo Bermeo Idrovo y Eulalia Eugenia Tapia Peña adquirieron los siguientes inmuebles: 1) lote de terreno No. 9 de la manzana T, de la Urbanización Batán 2 La Carolina, Parroquia Chaupicruz; 2) Oficina No. 6 Sur y los estacionamientos Nos. 6 y 13 del edificio Rocafuerte de la Parroquia Santa Prisca; 3) Lote de terreno No. 25 de la Urbanización de la Contraloría, ubicada en la parroquia Cotocollao; 4) Departamento No. 302, parqueadero No. 18 del edificio Shyris Uno en la Parroquia Benalcázar; 5) Departamento y estacionamiento No. 3 del Conjunto El Coruñez en la Parroquia Benalcázar; 6) Inmueble signado con el No. 1 situado en la parroquia Puembo, lo que demostraría el incremento injustificado del patrimonio del acusado, producido con ocasión del desempeño del cargo público de Ministro Juez de la Corte Suprema de Justicia”. Los elementos que sirven de convicción para iniciar la instrucción fiscal, de acuerdo a lo que manifiesta el señor Ministro Fiscal Subrogante son: a) Certificado del Registrador de la Propiedad que fuera adjuntada por el denunciante señor Diputado Mario Touma Bacilio; y, b) Artículo de prensa publicado en el diario El Comercio, edición correspondiente al día 11 de julio del 2003, página A7, en la cual constan los siguientes datos: “Documentos oficiales de una Notaría, del Registro de la Propiedad de Quito, del Sistema Financiero Nacional, de la Policía, del Congreso y del Municipio de Quito, a los que este Diario tuvo acceso, ponen en evidencia que el Ministro presuntamente cometió delitos de perjurio y enriquecimiento ilícito, al no declarar todos los bienes y cuentas que posee. El Magistrado, que es parte de la Suprema desde hace ocho años, hizo su declaración juramentada de bienes ante el notario tercero, Roberto Salgado, el 12 de julio del 2002. Ese día Bermeo juró poseer una casa ubicada en la calle Portete – donde reside junto a su esposa- al norte de Quito. También, una vivienda, localizada en la calle Chimborazo, en Sangolquí; un departamento en las Torres del Mar, en Same, Esmeraldas; una oficina ubicada al norte de Quito y un terreno en Carcelén al norte. En ese documento, que es obligatorio para todos los funcionarios públicos, incluyó las cuentas corrientes de los bancos: Internacional, Pichincha, Pacífico y Citibank. Y admitió tener solo trescientos dólares en sus cuentas. Pero, según confirmó este diario de fuentes oficiales Bermeo ha depositado en los Bancos del Sistema Financiero al menos, cuatrocientos cuarenta mil dólares entre abril del 2000 y marzo del 2003. Paradójicamente hasta el día cuando hizo la declaración juramentada sus depósitos llegaron a trescientos mil dólares. En los archivos del sistema financiero Bermeo consta como titular de cuentas en otros tres bancos, con calificaciones A y B, un saldo por vencer de cerca de cuatro mil dólares. Por último, una tarjeta de crédito Diners Club a la que adeuda trece mil dólares, en la que está calificado como cliente A. El Magistrado Bermeo solo declaró una cuenta corriente en el Banco del Pichincha, pero ahí tiene dos cuentas más. En total, el magistrado no reportó cinco cuentas bancarias y dos tarjetas de crédito. Según consta en un certificado del Registro de la Propiedad de Quito, Bermeo también posee una casa, otro apartamento, dos terrenos y una oficina valorados en más de trescientos mil dólares que están a nombre de sus hijos solteros y una menor de edad. Bermeo Idrovo dice tener solo dos autos, uno de ellos “le cedí a mi hijo y nada más”, pero en la declaración se evidencia su afición por los autos costosos: dos jeeps Nissan Pathfinder del 92 y del 2001, un Mercedes Benz modelo 1997 y un vehículo de marca Mitsubishi. Estos automotores tienen en el mercado nacional un precio aproximado de sesenta mil dólares. El 28 de marzo de este año (2003) realizó su último viaje: salió con rumbo a Venezuela y regresó el 13 de abril, en vuelos de “Aeropostal”. Días antes de partir, a inicios de marzo, el Ministro de la Segunda Sala de lo Civil depositó en una de sus cuentas bancarias 75.000. Luego de evacuadas las correspondientes diligencias dentro de la etapa de instrucción fiscal, el doctor Armando Bermeo Castillo, en su calidad de Presidente de la Excma. Corte Suprema de Justicia, con fecha 10 de diciembre del 2003, a las 17H05 ha dictado auto de llamamiento a juicio en contra del acusado por el delito de enriquecimiento ilícito tipificado y sancionado en los artículos 1 y 2 innumerados, agregados al Art. 296 del Código Penal, por la Ley 6, publicada en el Registro Oficial No. 260-S de 29 de Agosto de 1985 y sustituidos por el Art. 18 de la Ley 2001-47, publicada en el Registro Oficial No. 422 de 28 de septiembre del 2001. El doctor Delfín Olmedo Bermeo Idrovo interpone los recursos de nulidad y apelación del mencionado auto de llamamiento a juicio fundamentado en las causales 1, 2 y 3 del Artículo 330 del Código de Procedimiento Penal. Luego del correspondiente sorteo de ley, le ha correspondido conocer a la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia dichos recursos. Con fecha 6 de febrero del 2007, la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los doctores Luís Cañar Lojano, Luís Abarca Galeas y Oswaldo Castro Muñoz, confirman en todas sus partes el auto de llamamiento a juicio dictado por el entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia doctor Armando Bermeo Castillo. 3.2. CARGOS CONTRA EL ACUSADO: El doctor Armando Bermeo Castillo, en su calidad de Presidente de la Corte Suprema de Justicia, al resolver la etapa intermedia ha llamado a juicio al acusado doctor DELFIN OLMEDO BERMEO IDROVO, por considerar que de las diligencias actuadas en la etapa de instrucción fiscal se ha determinado que tiene participación directa como autor del delito de enriquecimiento ilícito, mismo que se encuentra tipificado y sancionado en los artículos 1 y 2 innumerados, agregados al Art. 296 del Código Penal, por la Ley 6, publicada en el Registro Oficial No. 260-S de 29 de Agosto de 1985 y sustituidos por el Art. 18 de la Ley 2001-47, publicada en el Registro Oficial No. 422 de 28 de septiembre del 2001. CUARTO.- FUNDAMENTOS DE DERECHO DEL JUICIO PENAL: Tomando en cuenta los presupuestos y garantías constitucionales establecidas en la Carta Magna vigente, así como en las leyes de la República y los principios universales del derecho como son la presunción de inocencia, formulación oficial de cargos, intimación de los mismos y de no autoinculpación; la finalidad de la etapa del juicio, conforme lo disponen los Arts. 250 y 85 del Código de Procedimiento Penal, consiste en practicar los actos procesales necesarios para comprobar, conforme a derecho, la existencia de la infracción y la responsabilidad del acusado, para según corresponda, condenarlo o absolverlo; siendo por consiguiente en esta etapa en la que se decide su situación procesal y donde deben practicarse todos los actos de prueba necesarios para la debida justificación de la existencia de la infracción y responsabilidad penal del acusado. Por lo mismo, en esta etapa tiene lugar el juicio de desvalor de la presunción de inocencia y de culpabilidad del acusado para atribuirle o no la comisión de la infracción y, de ser el caso, determinar su responsabilidad y consiguiente culpabilidad. Al efecto, la Constitución Política en su Art. 194 establece que: “La sustanciación de los procesos, que incluye la presentación y contradicción de las pruebas, se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios: dispositivo, de concentración e inmediación”. En aplicación de ello y con fundamento en las normas establecidas en el Art. 85 del Código de Procedimiento Penal que determina que la prueba debe establecer tanto la existencia de la infracción como la responsabilidad del acusado; y el Art. 252 ibidem que prevé: “certeza de la existencia del delito y de la culpabilidad del acusado se obtendrá de las pruebas de cargo y descargo que aporten los sujetos procesales en esta etapa, sin perjuicio de los anticipos jurisdiccionales de prueba que se hubieren practicado en la etapa de la instrucción fiscal”. Estos principios rectores del juicio guardan armonía con los principios generales de la prueba, puntualizados en el Art. 69 del mismo código que dispone: “Las pruebas deben ser producidas en la etapa del juicio, ante los tribunales penales correspondientes … con la presencia ininterrumpida de los jueces y las partes”, al tenor de lo que dispone el Art. 253 ibidem (concentración e inmediación), con la peculiaridad de que las investigaciones y las pericias practicadas durante la instrucción fiscal alcanzarán el valor de pruebas una vez que sean presentadas y valoradas en la etapa del juicio, acción que se considera como la “judialización” como mecanismo de acción de las actuaciones realizadas o cumplidas en la etapa de la instrucción fiscal, para alcanzar el valor de pruebas. Estas directrices devienen de las instituciones puntualizadas en los artículos antes señalados y en cumplimiento de los principios de legalidad, oralidad, inmediación, oficialidad de cargos en la sustanciación del proceso; dispositivo y de contradicción en la presentación de las pruebas, y otros puntualizados en las leyes y la Constitución Política. En materia penal la prueba es material, testimonial y documental. La prueba material según lo establecido en el Art. 91 del Código de Procedimiento Penal, consiste en los resultados de la infracción, en sus vestigios, en los instrumentos con los que se la ha cometido, todo lo cual debe ser recogido y conservado, con la debida cadena de custodia, para ser presentado en la etapa del juicio, mediante los correspondientes reconocimientos periciales y ser valorados por los tribunales penales. La prueba testimonial, consiste en las declaraciones que hacen terceras personas no relacionadas con el juicio, entre las que no pueden estar el ofendido, el acusado ni el coacusado; luego, las declaraciones del ofendido y del acusado bajo condiciones específicas, pues la declaración del ofendido por si mismo no constituye prueba, mientras que la del acusado, constituyéndose en medio de prueba y defensa a su favor, para que surta tales efectos debe guardar armonía con el resto de la prueba o simplemente ser la única actuada. Dentro de las declaraciones de las terceras personas hay quienes pueden declarar sobre los hechos materia del enjuiciamiento penal por haberles constado personalmente los hechos o parte de ellos constitutivos del inter criminis; otros, quienes en virtud de su calidad de expertos, acreditados como peritos, nombrados legalmente para realizar una pericia sobre determinadas evidencias, sustentarán en forma oral los hallazgos y conclusiones científicas a las que hayan arribado luego de haber analizado las evidencias puestas a su pericia, según requerimiento legal, de acuerdo a la especialidad de su ciencia del conocimiento; y aquellos que en ejercicio del principio de contradicción consagrado en la Constitución, que sustente la posibilidad de exclusión de esa prueba o del establecimiento de un hecho distinto al inferido por el perito, pueden ser actuados como experticias periciales, sobre la base del fundamento de no poder “ser y no ser” al mismo tiempo, esto es, sobre las inferencias de orden científico, técnico o conclusiones a las que el declarante arribó luego de la correspondiente pericia y sobre lo que este experto puede aportar con nuevas luces para determinar la certeza del conocimiento científico al momento actual, que puede también, por demás, simplemente ilustrar de manera más amplia y detallada la misma inferencia técnico científica a la que haya arribado el perito. La prueba documental consiste en los documentos públicos y privados, según prescripción constante en el Art. 145 del Código de Procedimiento Penal. La manera de incorporarlos a juicio y la calidad y eficacia probatoria de ellos, en el sistema oral y en un modelo de garantías, dependerá de la calidad del documento, así, hará fe en juicio penal y no requerirá de la comparecencia del otorgante, cuando se trate de documentos públicos sobre los que la Ley establece fe pública por la calidad del funcionario otorgante, salvo en los casos en los que se alegue falsedad o falsificación de tal instrumento, en cuyo caso habrá de estarse a las normas de prejudicialidad y pesquisa directa, según sea el caso, ya de falsedad ideológica, ya de falsedad evidente o falsificación, contrahechura, etc. En todos los demás documentos deberá comparecer el otorgante para establecer la veracidad del contenido de ellos a través del interrogatorio y contra interrogatorio conocido también como examen y contra examen. En virtud del principio de libertad de la prueba, pueden presentarse otros medios de prueba que pueden aportar al conocimiento de los hechos con rigor científico en la estructura de ese conocimiento y que, de igual forma, serán valorados por el tribunal de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Para que exista juicio es necesario que exista acusación fiscal, es decir proposición positiva de cargos en contra del acusado y sobre lo cual, éste, debe responder, según lo prescribe el Art. 251 del Código de Procedimiento Penal. Es preciso establecer que la proposición de cargos obedece a un acto o un conjunto de actos que dan lugar a la hipótesis de adecuación típica de la conducta incriminada y que, sobre ella pueden haber diversos puntos de vista, por lo que la referencia de la prueba se circunscribe a los hechos, pudiendo diferir los criterios de adecuación típica penal de la conducta incriminada. Por esta razón y por cuanto en la instrucción fiscal tan solo hay elementos de convicción para la formulación de una hipótesis de adecuación típica, no probada aún, el Art. 238 del Código de Procedimiento Penal establece que las declaraciones contenidas en el auto de llamamiento a juicio sobre la existencia del delito y sobre la responsabilidad del procesado, no surtirán efectos irrevocables en la etapa del juicio, porque en ella tiene lugar la prueba sobre la existencia de la infracción y el juicio de desvalor de la inocencia, presupuesto de su calidad al comparecer a juicio, y de la culpabilidad del acusado, para atribuirle o no el juicio de reproche y consiguientemente la comisión de la infracción y determinar, con certeza, según mandamiento del Art. 304-A del Código de Procedimiento Penal, tanto la existencia de la infracción como la responsabilidad penal y culpabilidad del acusado. Para el caso que nos ocupa durante la audiencia de juicio debía justificarse fehacientemente, esto es, sin lugar a duda alguna la existencia del delito de
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