2.) Por lo expuesto denuncio formalmente a gustavo arnaldo pulti (dni 14. 784. 569), marcelo jorge artime (dni 16. 729. 254) y pablo fernandez (dni 18. 368. 262)






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título2.) Por lo expuesto denuncio formalmente a gustavo arnaldo pulti (dni 14. 784. 569), marcelo jorge artime (dni 16. 729. 254) y pablo fernandez (dni 18. 368. 262)
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DENUNCIA PENAL POR DESALOJO EN TORREON DEL MONJE

Señor Fiscal General:


            ANDRES BARBIERI, abogado, inscripto al tomo V folio 130 del Colegio de Abogados de Mar del Plata, legajo previsional 42355-9, CUIT e IB 20-13601432-4, inscripto al monotributo, constituyendo domicilio legal en la calle Santiago del Estero nro. 2927 de esta ciudad, me presento y digo:
1.-) Que como lo acredito con la copia simple del poder general para asuntos judiciales, soy apoderado de TORREMONT SA., declaro bajo juramento que el instrumento acompañado se encuentra vigente en todos sus términos.

En tal carácter vengo a formular la presente denuncia penal y a solicitar que se me confiera el carácter de particular damnificado, con las facultades instituidas en el artículo 79 del CPP.

Adelanto, que conforme los postulados de la Ley 13943, sostendré el ejercicio de la acción penal en todas las instancias procesales, procuraré llevar a juicio oral y público a todos los funcionarios públicos municipales  responsables de los delitos denunciados, a quienes solicitaré se les imponga la pena máxima y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, puesto que los hechos que motivan la presente denuncia no pueden ser admitidos estando en plena vigencia institucional un proceso democrático, debido a que se ha violado manifiestamente los postulados de la ley 9533 aplicable en este caso, se han soslayado todas las garantías constitucionales en el procedimiento administrativo que dispuso el desalojo, se realizaron actos materiales que constituyen un despojo de los bienes de la empresa Torremont SA, en definitiva, se llevó adelante un procedimiento policiaco-municipal con ribetes característicos a un accionar de tipo arbitrario, arrollador y despótico, imposible tolerar en un sistema republicano de gobierno, conllevando, además, un gravísimo perjuicio patrimonial a los intereses de mi mandante.
2.-) Por lo expuesto denuncio formalmente a GUSTAVO ARNALDO PULTI (DNI 14.784.569), MARCELO JORGE ARTIME (DNI 16.729.254) y PABLO FERNANDEZ (DNI 18.368.262), como autor/res de los delitos deABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE DOMICILIO, ROBO Y HURTOS AGRAVADOS, RETENCION INDEBIDA (arts. 248, 150, 162, 164, 173 inc. 2do del Código Penal) los cuales  concurren en concurso ideal,  (Carlos J. Rubianes “El código Penal y su Interpretación Jurisprudencial”,Ediciones Depalma Buenos Aires, 1975, página 864).- .

Dejo abierta la presente instancia penal para establecer las responsabilidades de los que ejecutaron y actuaron como partícipes necesarios del saqueo y de los actos de vandalismo, perpetrados en el procedimiento de desalojo, en perjuicio de los bienes de la empresa  TORREMONT SA.

En relación a estos últimos actos, me refiero, concretamente al salvajismo y a la brutalidad del ilegal desalojo, denuncio como autores a laArquitecta Mónica Rabano, Adrián Alviolite, Eduardo Bruzetta, quienes se identificaron como las autoridades responsables del procedimiento.
3.-) LA MATERIALIDAD DELICTIVA – LOS HECHOS .

El día 2 de marzo de 2012, siendo aproximadamente las 07.00 horas, los funcionarios municipales Mónica Rábano, Adrián Alviolite, Eduardo Bruzetta, conjuntamente con aproximadamente 20 policías de la Provinciade Buenos Aires, un importante número de agentes municipales, un cerrajero, personal de servicios generales del corralón municipal portando amoladoras para abrir violentamente las puertas del establecimiento, dos camiones de mudanza contratados a una empresa particular, junto a directivos de la firma ARIEL DADA SA, irrumpieron a través de distintas puertas de  acceso al edificio histórico del denominado “Castillo del Torreón del Monje”.

Dentro del lugar, -(explotado comercialmente TORREMONT SA, conforme los términos del contrato de cesión parcial autorizado por el Municipio –Resolución de la Dirección de Recursos Fiscales nro. 38 de fecha 29 de enero de 2003- que acompaño), se encontraban el sereno, personal de seguridad, algunos pocos empleados, el Sr. Carmelo Impari (presidente de Torremont SA) y la Dra. María Eugenia Lemoine (abogada de Pancha Cafetería Exótica empresa inquilina de un sector del complejo), a quienes se les impidió salir de las instalaciones del local por parte de un grupo de “patovicas” que luego nos enteramos fueron especialmente contratados para el procedimiento, desde ya, merced a la presente investigación procuraremos su identificación.

La Dra. Lemoine le advierte a los funcionarios municipales la ilegalidad que supone el procedimiento y la necesidad de contar con una orden judicial, oponiéndose, sin éxito, al acabóse decretado por los agentes municipales.

 Cabe aclarar, que nunca notificaron a TORREMONT SA, del acto que autorizaba el procedimiento.

Los funcionarios municipales actuantes solamente aludieron verbalmente que estaban dando cumplimiento al decreto municipal nro. 2862, de fecha 14 de diciembre de 2011, firmado por el Intendente Pulti, el Secretario de Gobierno Artime y el Presidente del Ente Municipal de Turismo Sr. Fernández.

Vale señalar que el mencionado decreto 2862 había sido oportunamente recurrido (se adjunta copia del recurso), por lo que no estaba firme la medida, dejando constancia que  aún a la fecha de esta presentación no se ha dictado resolución definitiva.

Por otra parte, cuando se interpuso el recurso se solicitó expresamente la suspensión de la ejecutoriedad del acto administrativo hasta que se dicte una resolución en relación al complejo recursivo impetrado.

Todas las normas de procedimiento administrativo (me refiero a las normas imperativas fijadas por la Ley 7647 en cuanto a los recaudos del acto admnistrativo) fueron pasadas por alto por parte de la administración municipal.

Volviendo al procedimiento de desalojo. Una vez que los funcionarios municipales tomaron pleno dominio de las instalaciones del local comercial,  comenzaron a desmantelar la terraza, cargaron sillas, mesas, sombrillas, impidieron el ingreso de otros empleados y ordenaron alzarse con toda la mercadería arrasando con lo que tenían ante su vista.

Lo insólito del caso fue que los notarios Carlos Martín Pagni y Raúl Félix Martínez, tomaron nota de las oposiciones al procedimiento y de los actos materiales de despojo llevados adelante por este grupo de forajidos.

Siendo las 08,00 horas al ser avisado por los directivos de TORREMONT SA de lo que ocurría me presenté inmediatamente en el complejo del “Torreón del Monje”.

Pude comprobar con asombro y cierto desconcierto todas las circunstancias fácticas que vengo relatando.

Cuando pregunté por la orden judicial, me dijeron que no era necesaria, cuando intenté oponerme al secuestro de los bienes, me indicaron que la mercadería sería decomisada,  y en relación al mobiliario,  me informaron que sería secuestrado siendo devuelto una vez que la empresa acredite su propiedad.

En cuanto al decomiso de la mercadería, me permití aclararle a los agentes municipales, sin éxito por cierto, que resulta improcedente la medida porque no se trataba de un procedimiento relacionado a cuestiones de orden bromatológico,  sino de un desalojo, por lo tanto, era absolutamente improcedente disponer y entregarla, como lo hicieron, (sin inventario alguno), a un hogar de hermanas religiosas.

Un verdadero disparate, una locura, un grado importante de soberbia y de insensatez  que nadie podía impedir.

En cuanto al secuestro de los bienes muebles, les hice saber, en vano,  que las previsiones del art 2412 del Código Civil resultan claras al respecto, "la posesión de buena fe de una cosa mueble, crea a favor del poseedor la presunción de tener la propiedad de ella, y el poder de repeler cualquier acción de reivindicación, si la cosa no hubiese sido robada o perdida."

No tuve forma alguna de lograr suspender esta barbarie disfrazada de aparente legalidad,  que incluso llegó hasta ser sostenida por parte de los funcionarios municipales en declaraciones públicas ante los medios de comunicación. (solicito que se requiera los audios y filmaciones a los canales y radios locales).

La cuestión no termina acá.

Han pasado 7 días del procedimiento y no pude obtener una copia del inventario de los bienes secuestrados, ni fui informado a disposición de qué autoridad se encuentran, porqué causa o motivo se incautaron y donde se encuentran depositados.

Tampoco al día de hoy pude acceder al complejo del “Torreón del Monje” a retirar pertenencias personales, libros empresariales, registros contables, muebles, útiles y artefactos de cocina de la empresa TORREMONT SA  que se encuentran  en el lugar, conforme lo acredito con  las fotografías acompañadas.

Tampoco pude comprobar cuáles son los elementos faltantes, los que le fueron sustraídos a la empresa en el procedimiento, porque no pude controlar el inventario.

Me comprometo a ampliar la presente denuncia cuando pueda verificar los bienes que han sido incautados por el municipio y determinar el faltante resultante, los cuales, aclaro, pueden haber sido sustraídos al momento del secuestro, cuando se llevó a cabo el traslado o en el depósito donde actualmente se encuentran .

No pude verificar, finalmente, en qué estado quedaron todas las instalaciones.

Ante lo expuesto, el día 9 de Marzo del corriente, intimé al Intendente Municipal y al Presidente del Ente de Turismo exigiéndoles la restitución de los bienes muebles secuestrados.

No obtuve ninguna respuesta.

Aclaro que fue necesario hacerlo a través de un requerimiento notarial porque cuando me presenté en la Dirección de Recursos Turísticos Fiscales de la Municipalidad reclamando la entrega de los bienes, no se me dio ninguna explicación.

Acompaño la actuación notarial llevada a cabo por el escribano Andrés Norberto Crotti.

Hasta aquí el relato de los hechos,  pueden dar fe de lo expuesto las personas ofrecidas como testigos.

No cabe duda que los agentes municipales han actuado abusando de las funciones que la ley le confiere y en flagrante violación a las disposiciones  impuestas por la ley 9533 y normas constitucionales (art, 14, 16, 17, 18 de la Constitución Nacional).

            Me atrevo a calificar el procedimiento realizado en el complejo del “Torreón del Monje”, como bestial, grosero e irracional, (propio al que llevaban a cabo los dictadores de facto en el condenable periodo del golpe de estado contra los inmuebles de las personas, que luego, ellos mismos, se encargaban de hacer desaparecer), puesto que los agentes municipales desmantelaron todas las instalaciones ejerciendo actos de violencia material y física respecto de las personas y los bienes de Torremont SA
4.-) LA ADECUACION TIPICA DE LOS DELITOS IMPUTADOS.

            El artículo 150 del Código Penal establece que “ Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, si no resultare otro delito más severamente penado, el que entrare en morada o casa de negocio ajena, en sus dependencias o en el recinto habitado por otro, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo.

            El artículo 162 del Código Penal señala que “Será reprimido con prisión de un mes a dos años, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena.”.

            El  artículo 164 del Código Penal impone que “Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas o con violencia física en las personas, sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad”.

            El artículo 248 del Código Penal fija que “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempoel funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.”

            Finalmente, el artículo 173 inc. 2do del Código Penal, reprime al “que con perjuicio de otro se negare a restituir o no restituyere a su debido tiempo, dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en depósito, comisión, administración u otro título que produzca obligación de entregar o devolver..”

La doctrina y la jurisprudencia han afirmado que "...en el marco que brinda la Constitución Nacional debemos hallar la solución de la cuestión controvertida. Así, los arts. 14  y 17  Carta Magna garantizan la inviolabilidad de la propiedad y concordantemente el art. 21  inc. 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos  reafirma tal postulado esencial al expresar que `Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa...

"En tal orden de ideas es pertinente recordar que el máximo tribunal federal desde antiguo se ha pronunciado acerca del alcance del patrimonio cuya inviolabilidad -repito- garantiza la Carta Magna, expresando que `El término "propiedad", cuando se emplea en los arts. 14  y 17  CN. o en otras disposiciones de ese estatuto, comprende, como lo ha dicho esta Corte, todos los intereses apreciables que un hombre pueda poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad. Todo derecho que tenga un valor reconocido como tal por ley, sea que se origine en las relaciones de derecho privado, sea que nazca de actos administrativos (derechos subjetivos privados o públicos), a condición de que su titular disponga de una acción contra cualquiera que intente interrumpirlo en su goce, así sea el Estado mismo, integra el concepto constitucional de propiedad' (Fallos 145:307; 184:137 ; 195:66 ; 294:152 ; 300:142 ; 305:1045 , entre otros).

La Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en el artículo 24 señala, que “El domicilio de una persona no podrá ser allanado sino por orden escrita de juez o de las autoridades municipales encargadas de vigilar la ejecución de los reglamentos de salubridad pública y a este solo objeto”.

De manera coherente con lo establecido por la constitución, la Ley Orgánica de las Municipalidades, en el artículo  26 establece, que “ las ordenanzas y reglamentaciones podrán prever medidas, entre otros secuestros, allanamientos de acuerdo a lo establecido en el presente artículo”, es decir que “per se” no puede de ninguna manera un Intendente Municipal “manu militari” disponer de dichas medidas, sino que deberán solicitársela a un juez, salvo cuando se trate de cuestiones exclusivas de salubridad pública.

Como abuso de autoridad deben entenderse los actos del funcionario que violan la Constitución o las leyes de manera dolosa, verificándose cuando el funcionario, si bien se apoya en una facultad concedida por la ley, en el caso concreto, se la ejerce arbitrariamente, por no darse los supuestos de hecho requeridos por su ejercicio. El abuso típico es el mal empleo de la autoridad que la función que ejerce le otorga al funcionario (Creus, Derecho Penal, tomo II, pag. 249 y ss., Editorial Astrea, Buenos Aires, 1999).

En igual sentido, Donna Edgardo, en Derecho Penal, Parte Especial, tomo III, pág. 161 y ss., Editorial Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2000, señala que el abuso debe entenderse como actos u omisiones del funcionario que violan la Constitución o las leyes de una manera dolosa.

Con cita en Nuñez, el citado autor afirma que el abuso de autoridad es un mal uso de la autoridad dentro de la propia función, se trata del funcionario público que utiliza su cargo a los efectos de actuar ilegalmente.

Reafirmando lo sostenido por Creus, señala que cuando la actividad del funcionario se apoya en una facultad concedida por la Ley, pero ejercida arbitrariamente, se trata de un abuso.

En cuanto al término resoluciones, Creus indica que las resoluciones a las que hace referencia el artículo 248 del Código Penal, son todas aquellas disposiciones dictadas por la autoridad que crean, extinguen o modifican derechos o facultades, obligaciones o cargas de tercero o del mismo Estado, sea con carácter general o particular, y que tienen por finalidad crear una situación jurídica.

Se trata de un delito de dolo directo, donde los autores tienen conocimiento de la ilegalidad de su accionar y sin embargo actúan con un plus subjetivo.

En tal sentido, cabe señalar, que la norma particularmente violada, es la Ley 9533, que establece el régimen aplicable a los bienes de dominio público provincial y municipal.

A ese respecto el art. 35 de la ley 9533 señala que  Extinguida la concesión por cualquiera de los supuestos del artículo 32 o cuando se trate de intrusos de un inmueble del dominio privando, podrá demandarse la restitución del bien. La acción se sustanciará por el procedimiento establecido en el Código Procesal Civil y Comercial para el juicio sumarísimo. El juez podrá ordenar, a título de medida cautelar, la inmediata restitución del bien o la cesación de toda explotación, siempre que el derecho invocado fuese verosímil y pudieran derivarse perjuicios de la demora. Los procesos en trámite en los que no hubiere recaído sentencia firme, serán reconducidos de oficio por el juez aplicando las normas precedentes..”

En tanto el artículo 32 de la Ley 9533  La concesión se extingue en los siguientes supuestos: a) Cumplimiento del plazo, b) Muerte del concesionario, c) Imposibilidad de cumplimiento del objeto,d) Revocación, e) Caducidad por causas imputables al concesionario, tales como: falta de pago, cambio de destino, cesión, pérdida material de la tenencia por la acción de intrusos, abandono, daño deliberado en el bien por acción u omisión del beneficiario, y hechos que en forma potencial o efectiva tiendan a disminuir su valor .”
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