Diputada Nacional, por derecho propio, dni 11. 566. 048, con domicilio en la calle Riobamba 25 piso 7 oficina 736 de la Ciudad de Buenos Aires, correo






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títuloDiputada Nacional, por derecho propio, dni 11. 566. 048, con domicilio en la calle Riobamba 25 piso 7 oficina 736 de la Ciudad de Buenos Aires, correo
fecha de publicación09.08.2015
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DENUNCIA.

Señor Juez Federal:

Margarita Stolbizer, Diputada Nacional, por derecho propio, DNI 11.566.048, con domicilio en la calle Riobamba 25 piso 7 oficina 736 de la Ciudad de Buenos Aires, correo electrónico: mstolbizer@diputados.gov.ar o margastol@yahoo.com.ar, me presento y respetuosamente digo:

  1. OBJETO.-

Que habiendo tomado conocimiento de hechos públicos que podrían constituir delito, y en ejercicio de mis funciones, vengo a solicitar se investigue la presunta comisión de delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, previstos en los artículos 248 y 249 del Código Penal respectivamente, y/o por el tipo penal que surja de la investigación que se peticiona relacionado con los hechos que se describen en la presente. Ello todo, en cumplimiento de mi deber de denunciar, conforme lo prescribe el art. 177, inc. 1º, C.P.P.N.

Los hechos que se describirán a continuación, y que surgen del cotejo de información oficial y pública, involucran de manera directa a la Sra. Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y al Ministro de Justicia Julio Alak, junto con otros funcionarios de la Inspección General de Justicia (IGJ).

  1. FUNDAMENTOS.-

La Ley N° 26.857, sancionada y promulgada en mayo del 2013, y modificatoria de la Ley N° 25.188 estableció el carácter público de las Declaraciones Juradas Patrimoniales de los Funcionarios Públicos y una serie de requisitos relacionados con la obligatoriedad de su presentación, autoridad de aplicación, contenidos y formas. Sin perjuicio de la crítica opinión de la suscripta con relación a estas reformas introducidas con relación al régimen anterior (ya que reduce los requisitos e información que debe incluirse en las mencionadas declaraciones), todos los funcionarios públicos deben anualmente dar cumplimiento con la puesta en conocimiento público de sus haberes patrimoniales, de tal manera incluso de posibilitar el acceso a la información y el cotejo de su evolución en el tiempo.

La Oficina Anticorrupción es la depositaria de dichos instrumentos y allí mismo es donde se puede consultar sobre los contenidos, atento, reitero, el tenor público que la ley le ha dado a los mismos.

Del análisis de la Declaración Jurada Patrimonial Integral de Carácter Público correspondiente al año 2013 (los mismos datos constan también en presentaciones anteriores) y a la Sra.Presidenta de la Nación Dra. Cristina Fernández de Kirchner, surge como dato por ella misma aportada que, -dentro del extenso listado de bienes declarados-, la misma es titular de acciones (sin que se mencione en qué cantidad o porcentaje de participación) de la Empresa HOTESUR S.A., Cuit.30708595701, Ingreso al patrimonio: 96/11, cuyo Importe es de $ 9.367.528,85.- Y reconoce luego una deuda con la misma sociedad (de la que dijo ser titular de acciones) por la suma de $ 4.683.848,68.- sin que se aclaren conceptos o razones de dicho endeudamiento.

La sociedad Hotesur es la propietaria del hotel Alto Calafate, en Santa Cruz. Existen sospechas en torno a este hotel: si se trata, en realidad, de un alojamiento “fantasma” que usó el matrimonio presidencial para hacer negocios turbios con el empresario más beneficiado con la obra pública, Lázaro Báez, según fuera informado por diferentes medios durante fines del año 2013 y principios del 2014. Surge de todos los manuales y trabajos técnicos y jurídicos que se conocen, tanto de producción nacional como internacional, que el rubro hotelero es uno de los más usados y eficaces para operaciones de blanqueo o lavado de activos; situación que, sin duda, V.S. habrá de considerar en la apreciación que haga de la documentación acompañada sobre la necesidad de abrir diferentes líneas de investigación penal.

Según el informaciones obtenidas, la sociedad HOTESUR SA adeuda la presentación en la Inspección General de la Justicia (IGJ) de balances desde 2011, no se conocen los activos ni los pasivos de la sociedad anónima ni la conformación societaria actual, como tampoco quiénes integran el directorio en la actualidad, ya que también adeuda la inscripción de sus autoridades.

Si bien en el Estatuto se determinó que cada tres años se renovaría el directorio, Hotesur SA lo modificó una vez al año. La dinámica se cambió después del fallecimiento del ex mandatario nacional y a la fecha no se conocen las últimas autoridades de la sociedad anónima. En 2009, según se publicó en el Boletín Oficial, en el directorio de Hotesur se nombraron a Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner, como directora titular; a Roberto Saldivia, abogado de Lázaro Báez, como suplente; y a Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner, como presidente. Fue la última información de la empresa.

El último capital inscripto de la empresa es de $510.000 mediante acta del 3 de febrero de 2006, según consta publicado en el Boletín Oficial del 3 de diciembre de 2007. La última sede inscripta se ubica en la calle Lavalle 975 piso 4 depto A de la Ciudad de Buenos Aires, según acta del 21 de septiembre de 2005.

El último directorio inscripto: HOTESUR SA Cesación y Designación de Administradores. De conformidad con las disposiciones del artículo 60 de la Ley Nº 19.550 se comunica por el término de ley que: a) la asamblea general ordinaria de fecha 7 de Noviembre de 2008 aprobó las renuncias presentadas por el Sr. JOSÉ CARLOS AMIL LOPEZ (DNI 12588430 ), Sr. JORGE NORBERTO MARCOS (DNI 10119645 ), Sr. JORGE ANTONIO GIOVANAKIS (DNI 10328243 ), Sr. MARTIN ALEJANDRO AMIL (DNI 31763645 ), Sra. SUSANA ROSARIO RODRÍGUEZ DE MARCOS (DNI 6497864 ) y Sra. MARIA VALENTINA ROIZ (DNI 13807114 ) a los cargos de presidente, vicepresidente, director titular y directores suplentes respectivamente; b) la asamblea general ordinaria de fecha 7 de Noviembre de 2008 designo en representación de los Accionistas Clase A como director titular al Sr. OSVALDO JOSE SANFELICE (DNI 5404611 ) y como suplente al Sr. ADRIAN ESTEBAN BERNI (DNI 13335731 ), en representación de los Accionistas Clase B designo como director titular a la Sra. ROMINA DE LOS ÁNGELES MERCADO (DNI 24336413) y como suplente al Sr. ALEJANDRO FERMIN RUIZ (DNI 22420437), y en representación de los Accionistas Clase C designo como director titular al Sr. PATRICIO PEREYRA ARANDIA (DNI 24425435) y como suplente al Sr. ROBERTO MARCELO SALDIVIA (DNI 21737720); y c) que la reunión de directorio de fecha 7 de Noviembre de 2008 designó al Sr. Osvaldo José Sanfelice (DNI 5.404.611), Sra. Romina de los Ángeles Mercado (DNI 24.336.413) y al Sr. Patricio Pereyra Arandía (DNI 24.425.435) para ejercer los cargos de presidente, vicepresidente, y director titular respectivamente, con mandato hasta la Asamblea que trate el ejercicio económico que cerrará el 31 de Octubre de 2009. Todos los miembros citados en esta publicación fijan domicilio especial en la calle Lavalle 975, P 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (C1047AAR) EL DIRECTORIO. OSVALDO JOSE SANFELICE, Presidente. Las facultades del Sr. Presidente surgen del acta de asamblea general ordinaria de fecha 7 de Noviembre de 2008 transcripta en folios 19 del libro de actas de asambleas Nº 1 y del acta de directorio de fecha 7 de Noviembre de 2008 transcripta a folio 69 del libro actas de directorio Nº 1, de la sociedad.

Algunos datos de Hotesur SA:

CUIT 30-70859570-1

Fecha contrato social: 19/11/2003 (10 años)

Fecha inscripción AFIP: 12/12/2003 (10 años)

Actividad principal: 701090 - Servicios Inmobiliarios Realizados por Cuenta Propia, con Bienes Propios o Arrendados

Actividad secundaria: 681098 - Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados

Domicilio fiscal: Av Pdte. Nestor C. Kirchner 496. Rio Gallegos - Santa Cruz

Domicilios alternativos: Lavalle 975 Piso 4 Capital Federal Tel: (11) 4326-2097 / (11) 4326-3833 / (11) 4326-0868 / (11) 4326-2722

Ganancias Sociedades 01/12/2003

Iva 01/12/2003

Sicore Impto A Las Ganancias 94 01/03/2004

Ganancia Minima Presunta 01/10/2004

Sicore Impto A Las Ganancias 116 01/02/2006

Régimen de Información 01/01/2007

Bp Acciones o Participaciones 01/01/2010

El Alto Calafate es gerenciado por Hotesur S.A., empresa creada en noviembre de 2003. A través de otra firma vinculada al empresario santacruceño Lazaro Baez, Hotesur SA recibió en concepto de “alquiler” $10,1 millones ($6,3 millones en 2010, $3,7 millones en 2011). Mientras conseguía contratos millonarios para realizar obras financiadas por la Nación, Báez les alquilaba cientos de habitaciones en hoteles a los Kirchner, plazas que casi nunca eran ocupadas.

Una firma de Báez, Valle Mitre SA, se hizo cargo de la administración de los hoteles de los Kirchner, y allí alquiló más de 1100 habitaciones por mes, durante años, en el Alto Calafate. Curiosamente, esos cuartos no siempre fueron ocupados, pese al costo millonario que representó para la empresa de Báez, traducido en ganancias para los Kirchner.

Ahora bien, la Sra. Cristina Fernández de Kirchner declaró en el 2013 un patrimonio de $55.304.793, de manera tal que, con respecto al año anterior, sus activos registraron un incremento del 15%, según se informa en su última declaración jurada de bienes. La Jefa de Estado había declarado tener en 2012 bienes, depósitos y dinero por 48.213.189.

Informó en su última declaración jurada una suba del 10% del valor de sus acciones en Hotesur SA y declaró una suba de sus deudas: de $4,789.265, pasó a $5.023.563. El incremento se produjo por una suba en la deuda con la sociedad Hotesur SA. La deuda figura por tercer año consecutivo en la declaración jurada de Cristina. La Presidenta en consecuencia, declara pasivos "contra sí misma”, pues la sociedad le pertenece, junto a su familia. Se acompaña copia de las últimas declaraciones juradas de la Sra. Cristina Fernandez de Kirchner.

Cabe destacar que con el nuevo sistema de Declaraciones Juradas ya no se puede conocer el movimiento real de dinero, ni cómo se contrajo una deuda, en carácter de qué ni cómo se fue generando la misma ni mucho menos cómo se incrementó un patrimonio.

Ahora bien, la Presidenta declara que su participación en HOTESUR SA vale al 2013 $ 9.367.528,85. Esto es imposible de chequear, ya que no presenta balances en la IGJ desde el año 2010. Tampoco se puede comprobar el aumento del valor de las acciones en la empresa, del mismo modo que tampoco se puede saber detalles de la deuda que declara tener con su empresa. O sea, es imposible saber si el Importe declarado constituye un 10, un 50 o un 100% de la Sociedad que integra la declarante.

Hotesur adeuda la presentación de los balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ) correspondiente a los ejercicios 2011, 2012, 2013. La ley impone que las sociedades deben presentar sus balances en IGJ para que los terceros puedan conocer la realidad de la empresa (Si tiene deudas, cuanto tiene de deudas, cuanto tiene de activos, que negocios hicieron durante el ejercicio, que piensan hacer el ejercicio que viene, que pagaron, etc.) En este caso, los balances son cruciales para que los terceros, los periodistas, los diputados y hasta los jueces que deberían investigar el tema de Lázaro Báez, sus negocios, sus cuentas, etc., puedan acceder a esa información. Así se podría determinar cuánto vale en realidad el hotel, cuánto vale la participación de cada socio, quienes son sus acreedores y deudores, quienes son los accionistas del hotel (hoy no sabemos quiénes son los socios de la presidenta en ese emprendimiento).

La red de protección dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ, dependiente del Ministerio de Justicia) llegó hasta la cúspide misma del poder. Hotesur adeuda balances, no informa quiénes integran su directorio desde hace años y adeuda el pago de tasas. Los incumplimientos de la firma controlante del Alto Calafate no terminan allí. Presentó su declaración jurada obligatoria de actualización de datos meses después de vencido el plazo. A diferencia de lo que ocurrió con otras empresas, ni por ese incumplimiento ni por los otros fue sancionada con las multas previstas por la normativa vigente y aun continua en proceso de análisis, después de casi dos años de haber sido presentada.

La consecuencia de este incumplimiento por parte de la sociedad de la Presidenta de la Nación y la complicidad de la IGJ, resulta crucial: si la Justicia le requiriere datos sobre Hotesur, la IGJ no posee los balances y el directorio -al menos en su registro formal- sería el de 2008, adeudándose nómina de Directorio 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. La sociedad de la Presidenta no fue sancionada por la IGJ (como si ocurre con otras sociedades); ni siquiera se dió inicio a la ejecución de las tasas adeudadas.

El caudal de ingresos millonarios y garantizados por Lázaro Báez, sin embargo, no llevaron a Hotesur a mantener ordenado su legajo en la IGJ, el organismo que depende del Ministerio de Justicia y que se encuentra a cargo de supervisar las sociedades comerciales domiciliadas en la Ciudad de Buenos Aires. La sociedad debió presentar a los 15 días de aprobado cada estado contable, una copia a la IGJ. No lo hizo.

CALIFICACIÓN:

Los funcionarios denunciados incurren en abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes que les corresponden por el cargo que ocupan, delitos previstos por el art. 248 del Código Penal que reprime con prisión e inhabilitación especial, al funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.

El elemento central es el abuso funcional, es decir el empleo de la autoridad para violar la Constitución o las leyes. El autor hace un mal empleo de la autoridad pública que legalmente posee. Cada funcionario debe ajustar su accionar a las exigencias del orden jurídico preestablecido y el apartamiento de ese orden implica ejercicio arbitrario de la función pública.

La conducta de no aplicar las normas, no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento incumbe al funcionario, resulta más que evidente en este caso. El tipificado por el artículo 248 del Código Penal es un delito doloso que exige la conciencia de la ilegitimidad o arbitrariedad del acto y la voluntad de llevarlo a cabo.

Asimismo, su conducta podría configurar los ilícitos previstos por los arts. 249 (violación de los deberes de funcionario público). La acción consiste en omitir, rehusar hacer, o retardar algún acto propio de las funciones. Se trata de un delito de pura omisión. La consumación tiene lugar con el acto omisivo, sin necesidad de que se produzca consecuencia alguna. El artículo 249 determina que las acciones típicas consisten en omitir, rehusar hacer o retardar algún acto de su oficio. El elemento normativo esencial es la ilegitimidad de esas conductas.

La conducta típica es omitir, rehusar o retardar por parte del funcionario público un acto propio de sus funciones. El funcionario omite un acto de su oficio si desatendiendo el deber que se le impone, no lo hace en la oportunidad legal. Se presupone una abstención por parte del funcionario de ejecutar el acto en el tiempo oportuno.

Sin embargo, y sin perjuicio de la gravedad de los hechos descriptos y la posible comisión de delitos, será del criterio y evaluación de V.S. la consideración respecto a la necesidad de abrir otras investigaciones si se entendiera que existen elementos suficientes acerca de la existencia de conductas configurativas de otros ilícitos sancionados por nuestra normativa penal.

III. SE SUGIEREN MEDIDAS DE PRUEBA:

  1. Se libre oficio a la IGJ a fin de que acompañe copia íntegra certificada de todo el expte de la sociedad HOTESUR SA (estatuto, modificaciones, designaciones de comisión directiva) aprobados o pendientes de aprobación con todas las vistas cursadas y sus respuestas, como así también copia íntegra de la presentación de la Declaración Jurada de Actualización de Datos Res IGJ 1/10 con sus vistas y contestaciones. Se requiera que la IGJ informe intimaciones efectuadas y sanciones aplicadas.

  2. Se libre oficio a la AFIP a fin de que acompañe copia íntegra de todas las presentaciones de la sociedad HOTESUR SA, desde su constitución a la fecha, agregándose intimaciones y sanciones.

  3. Se libre oficio a la Oficina Anticorrupción para que remita las Declaraciones Juradas Patrimoniales presentadas por la Sra. Cristina Fernández de Kirchner y toda la documentación relacionada con su contenido que obre en su poder.

IV. PETITORIO

Por todas las razones expuestas solicitamos a V.S.:

1. Tenga por formulada la presente denuncia penal.

2. Se corra traslado al Ministerio Público Fiscal para que inste la acción, poniendo también en conocimiento de la presente a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas

3. Se investiguen los hechos denunciados, determinando sus modalidades y responsables.

Proveer de conformidad,

SERA JUSTICIA.-

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