A la sra. Presidenta del instituto murciano de accion social (imas)






descargar 27.19 Kb.
títuloA la sra. Presidenta del instituto murciano de accion social (imas)
fecha de publicación01.06.2015
tamaño27.19 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Ley > Documentos
Nº Expediente: …

Solicitante: …

D.N.I.: …

A LA SRA. PRESIDENTA DEL INSTITUTO MURCIANO DE ACCION SOCIAL (IMAS)
D./Dña. …, mayor de edad, titular del DNI nº…, con domicilio a efectos de notificaciones en ..., y número de teléfono/móvil … y email …, actuando en representación de D./Dña. …, en calidad de …, cuyos datos personales obran en el referido expediente, ante este órgano administrativo comparezco y como mejor proceda en Derecho,
EXPONGO:
Que por medio de este escrito interpongo, dentro del plazo de 1 mes desde la notificación de la resolución dictada por el Sr. Director General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión, de fecha …, notificada el …, RECURSO DE ALZADA frente a la misma al amparo de lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, Ley 30/92), por la que se acuerda la terminación y archivo del procedimiento de reconocimiento del derecho a las prestaciones del Sistema de Atención a la Dependencia objeto de este expediente, ante la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, al haber fallecido el/la solicitante.
Que se impugna la descrita resolución por no encontrarla ajustada a Derecho, siendo de aplicación los siguientes antecedentes y fundamentos jurídicos:
ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO.- Que con fecha … se dicta Resolución por la Oficina para la Dependencia por la que se acusa recibo de la solicitud de reconocimiento de grado de dependencia y de reconocimiento del derecho a las prestaciones del Sistema Murciano de Atención a la Dependencia objeto de este expediente.
SEGUNDO.- Que el equipo de valoración giró visita al/la solicitante el … en su lugar de residencia habitual.
TERCERO.- Que con fecha … el Director de la Oficina para la Dependencia dictó Resolución de Reconocimiento de la Situación de Dependencia, reconociendo la situación de dependencia del/la solicitante D./Dña. … grado …, nivel …, al haber obtenido … puntos de acuerdo con la normativa vigente, determinando a su vez los servicios y/o prestaciones que podrían corresponderle según el grado y nivel de dependencia reconocido.
CUARTO.- Que en fecha … venció el plazo máximo de 6 meses fijado por la normativa reguladora del procedimiento para reconocer la situación de dependencia del/la solicitante y aprobar y notificar el correspondiente servicio y/o prestación.
QUINTO.- Que, tal como obra en el expediente, el/la solicitante falleció el día …, sin que hasta ese momento hubiese recaído resolución aprobando su Programa Individual de Atención (en adelante, PIA).
SEXTO.- Que el … el Sr. Director General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión dictó la resolución objeto de impugnación acordando la terminación y archivo del procedimiento de reconocimiento del derecho a las prestaciones del sistema de Atención a la Dependencia por causa sobrevenida, al amparo del artículo 87.2 de la Ley 30/92, al haber fallecido el/la solicitante.
SEPTIMO.- Que, el apartado 3 del artículo 19 del Decreto 74/2011, de 20 de mayo, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se establece el régimen de infracciones y sanciones (en adelante, Decreto 74/11), en su redacción dada por el artículo 11 de la Ley 6/2012, de 29 de junio, de medidas tributarias, económicas, sociales y administrativas de la Región de Murcia (en adelante, Ley 6/12), dispone que No procederá el abono de cantidad alguna en el caso de que se produzca el fallecimiento de la persona dependiente, cuando transcurrido el plazo máximo de seis meses desde su solicitud no haya recaído resolución de reconocimiento de su derecho de acceso a los servicios y prestaciones económicas del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia).
Por cuanto antecede, considero que no es ajustada a Derecho la terminación del procedimiento por la causa sobrevenida expuesta, en virtud a los siguientes,
FUNDAMENTOS JURIDICOS:
I.- El apartado 10 del artículo 15 del Decreto 74/11 establece el plazo máximo de 6 meses, computados desde la fecha de recepción de la solicitud del reconocimiento de grado de dependencia y del derecho a las prestaciones del SAAD, para que la Administración competente resuelva y notifique la resolución de reconocimiento del derecho a los servicios y prestaciones del SAAD por el que se aprueba el PIA.
II.- El apartado 2 del artículo 87 de la Ley 30/92 prevé la terminación del procedimiento por la imposibilidad de terminarlo por causas sobrevenidas.
III.- El apartado 3 del artículo 19 del Decreto 74/2011, tras su modificación por el artículo 11 de la Ley 6/12, que entró en vigor el 30 de junio de 2012, dispone que No procederá el abono de cantidad alguna en el caso de que se produzca el fallecimiento de la persona dependiente, cuando transcurrido el plazo máximo de seis meses desde su solicitud no haya recaído resolución de reconocimiento de su derecho de acceso a los servicios y prestaciones económicas del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia).
La versión original de dicho apartado establecía que En el caso de que se produzca el fallecimiento de la persona dependiente, sin que en el plazo máximo de seis meses desde su solicitud haya recaído resolución de reconocimiento de su derecho a los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la comunidad hereditaria del causante podrá solicitar el abono de las prestaciones económicas causadas y no percibidas por su titular hasta la fecha de su fallecimiento.
IV.- La disposición transitoria primera de la Ley 6/12, relativa al ámbito subjetivo de aplicación de las disposiciones contenidas en el título II de esa ley, concreta la aplicación de los preceptos de este título a todas las personas que tengan reconocido un grado y nivel protegible en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
V.- Corresponde a la Administración competente realizar de oficio todas las actuaciones que sean oportunas para elaborar y aprobar el PIA en plazo, tal como se desprende de la regulación contenida en los artículos 14 y 15 del Decreto 74/11.
VI.- La terminación del procedimiento por la causa sobrevenida constituida por el fallecimiento del/la solicitante y la aplicación del apartado 3 del artículo 19 del Decreto 74/11, en la versión dada por el artículo 11 de la Ley 6/12, son contrarios al ordenamiento jurídico por los siguientes motivos:
a) ninguna norma dispone que el procedimiento deba concluir, sin entrar en el fondo del asunto, por muerte del/la solicitante, ni que esta circunstancia conlleve la desaparición de su objeto (prestación/servicio para la atención a la dependencia) ni la imposibilidad material del continuarlo.

b) relacionado con el apartado anterior, es de destacar que existe un interés en esta parte en que finalice el procedimiento con pronunciamiento sobre el fondo, pese al fallecimiento del/la solicitante, al amparo de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 30/92, que no solo reconoce ese interés a quienes promueven el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos, sino también a los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte, como es mi caso en el presente expediente como miembro de la comunidad hereditaria del/la solicitante y/o como cuidador/a personal que prestó atención y asistencia a éste/a hasta su fallecimiento, debiendo percibir por ello una prestación económica con carácter retroactivo hasta la fecha del óbito.
c) no procede la aplicación retroactiva al caso de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 19 del Decreto 74/11 por infracción del artículo 9.3 de la Constitución Española (en adelante, CE), que prohíbe la retroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales, como es el derivado del reconocimiento de la situación de dependencia y, en su caso, el de herencia de sus causahabientes, que proclama el artículo 33 de la CE.
En el presente supuesto la modificación legislativa se aplica indebidamente a una situación, la de reconocimiento de la situación dependencia del/la solicitante en la que ha transcurrido con anterioridad a su entrada en vigor el plazo de 6 meses para la resolución de aprobación del PIA por la Administración competente sin que haya recaído ésta, por lo que este derecho individual fue creado bajo la vigencia de la normativa anterior, que sin duda era más beneficiosa para la comunidad hereditaria del/la solicitante, al reconocerle la facultad de solicitar el abono de las prestaciones económicas causadas y no percibidas por el titular hasta la fecha de su fallecimiento, y que es suprimida por la versión actual.
d) con la aplicación de lo dispuesto en el vigente apartado 3 del artículo 19 del Decreto 74/11, esto es, que en caso de fallecimiento no se abona cantidad alguna cuando transcurrido el plazo máximo de 6 meses desde la solicitud no haya recaído resolución aprobando el PIA, se está premiando a la parte del expediente que ha obrado de forma negligente, la Administración, al no resolver en plazo.
Una máxima de nuestro ordenamiento jurídico afirma que nadie, incluida la Administración, puede beneficiarse de las irregularidades que él mismo ha cometido, pues lo contrario sería premiar su torpeza y negligencia, sentando la jurisprudencia constitucional (SSTC 158/2000 y 179/2003, entre otras) el principio de que una interpretación que prime los defectos en la actuación de la Administración, colocándola en mejor o igual situación que si hubiera cumplido su deber ha de calificarse de irrazonable, y la STC 220/2003 recuerda que “Hemos declarado, en reiteradas ocasiones, que la Administración no puede verse beneficiada por el incumplimiento de su obligación de resolver expresamente en plazo solicitudes de los ciudadanos, pues este deber entronca con la cláusula del Estado de Derecho ( art. 1.1 CE), así como con los valores que proclaman los arts. 24.1, 103.1 y 106.1 CE (por todas, SSTC 6/1986, de 21 de enero, FJ 3; 204/1987, de 21 de diciembre, FJ 4; 180/1991, de 23 de septiembre, FJ 1; 86/1998, de 21 de abril, FFJJ 5 y 6; 71/2001, de 26 de marzo, FJ 4; y 188/2003, de 27 de octubre, FJ 6)”.
En esta línea marcada por el Tribunal Constitucional, y en un supuesto similar al presente, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Sevilla, en sentencia de 23 de noviembre de 2011, concluyo que:
En el presente caso, la morosidad de la Administración a la hora de resolver el expediente no le puede suponer el beneficio de ahorrarse una ayuda a todas luces procedente si se hubiera resuelto en plazo. No se entiende nada bien la tardanza en resolver el asunto, cuando, como señala el informe del Defensor del Pueblo Andaluz (folios 23-24 del expte.): «La obligación de resolver en plazo, en estos específicos procedimientos, resulta triplemente reforzada como consecuencia de las características del mismo, en primer lugar porque trae causa de un procedimiento anterior en el que se ha reconocido la condición de gran dependiente y con derecho a alguna/s de las prestaciones o servicios incluidos en la cartera del SAAD en Andalucía, que se han de concretar en el procedimiento relativo al PIA; en segundo lugar porque, si bien la eficacia del derecho/s a la prestación o servicio/s se supedita a la aprobación del PIA, los efectos se retrotraen a la fecha de solicitud del reconocimiento de la situación de dependencia y, en último lugar, porque buena parte de las personas declaradas en esta situación y como consecuencia de ella (por causa de la edad o patologías discapacitantes) tienen una menor esperanza de vida, circunstancias todas ellas a tener en cuenta y que, sin duda, imponen un riguroso cumplimiento de la obligación de resolver en plazo, cuyo incumplimiento en modo alguno puede ser en perjuicio del afectado.»
Si amparásemos la actuación administrativa impugnada, estaríamos alentando las dilaciones en la resolución de este tipo de asuntos. No nos planteamos una deliberada política de retrasar expedientes para, así, ahorrarse ayudas (de haberse producido tal cosa estaríamos probablemente en la órbita del Derecho penal), pero sí está claro, a nuestro juicio, que la resolución tardía de estos expedientes produce a la Administración un enriquecimiento injusto (por un lado puede hacer propaganda de su política social y, por otro, no abona las ayudas a las que los ciudadanos tienen derecho por resolución tardía del expediente)”.
VII.- Correlativo a este improcedente premio de la Administración es el perjuicio sufrido por el/la solicitante y, ahora, por sus causahabientes y/o persona cuidadora, reservándose esta parte el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial, prevista en el artículo 106 de la CE y en el 139 de la Ley 30/92, frente al ente público por su negligente actuación administrativa al concurrir en el caso un retraso culpable en la tramitación del procedimiento, que adquiere la condición de daño antijurídico que el interesado no tiene el deber jurídico de soportar, sin que la Administración haya alegado por su parte, ante este importantísimo retraso, que reviste las notas de esencial y significativo, causa alguna que le haya impedido la observancia del plazo o haya hecho uso de la prerrogativa prevista en el artículo 42 de la Ley 30/92 de suspenderlo o prorrogarlo, lo que ha desembocado en un funcionamiento anormal de la Administración, incompatible con los estándares de razonabilidad, determinante (relación de causa/efecto) de que el/la solicitante no pudiera disfrutar de la ayuda concreta en vida ni, posteriormente, su comunidad hereditaria.
VIII.- La resolución impugnada no pone fin a la vía administrativa conforme a lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 30/1992, siendo impugnable de acuerdo con lo previsto en el artículo 107.1 del mismo texto legal.

Por ello, en virtud de cuanto antecede, y de conformidad con lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92,

A LA SRA. PRESIDENTA DEL IMAS SOLICITO que se tenga por interpuesto, en plazo y forma, el presente Recurso de Alzada frente a la resolución de fecha …, que acuerda la terminación y archivo sobrevenido del procedimiento por fallecimiento del/la solicitante, y se proceda a decretar la anulación de la citada resolución en los términos de este escrito, y, en mérito, que se acuerde continuar el procedimiento administrativo por sus trámites, a fin de que por el órgano competente se proceda al cálculo de la prestación correspondiente y de la liquidación de lo devengado con efectos retroactivos hasta la fecha del fallecimiento del/la solicitante, y su entrega a esta parte, con intereses legales en su caso.
Por ser todo ello procedente y de Justicia que solicito en Murcia a ... (fecha)

Fdo. D./Dña. …



Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

A la sra. Presidenta del instituto murciano de accion social (imas) iconSra. Elena Viyella de Paliza, Presidenta del conep

A la sra. Presidenta del instituto murciano de accion social (imas) iconSra presidenta de la nacion dra. Cristina fernandez de kirchner s / D

A la sra. Presidenta del instituto murciano de accion social (imas) iconResumen: El juez hizo lugar a la acción de amparo promovida por los...

A la sra. Presidenta del instituto murciano de accion social (imas) iconResolución de 3 de agosto de 2006, del Instituto Nacional de la Seguridad...

A la sra. Presidenta del instituto murciano de accion social (imas) iconLa sociología es la ciencia social que se dedica al estudio de la...

A la sra. Presidenta del instituto murciano de accion social (imas) iconGeográficas dialectos (andaluz, murciano, extremeño, canario…) y...

A la sra. Presidenta del instituto murciano de accion social (imas) iconInstituto mexicano del seguro social

A la sra. Presidenta del instituto murciano de accion social (imas) iconInstituto mexicano del seguro social

A la sra. Presidenta del instituto murciano de accion social (imas) iconInstituto mexicano del seguro social

A la sra. Presidenta del instituto murciano de accion social (imas) iconQue reforma el artículo 31 de la ley del instituto de seguridad social...






© 2015
contactos
ley.exam-10.com