Casación sistema acusatorio N° 32. 129






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Casación sistema acusatorio N° 32.129

FLAVIO ENRIQUE SUÁREZ HERNÁNDEZ
Corte Suprema de Justicia



Proceso No 32129


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente:

Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

Aprobado Acta N° 331.
Bogotá, D.C., veintiuno de octubre de dos mil nueve.
V I S T O S

Con el fin de establecer si se satisfacen las exigencias señaladas en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004, la Corte verifica la admisibilidad de las demandas de casación presentadas respectivamente por sendos representantes de las víctimas Nancy Amaya Medina y su hija Mikella Infante Amaya; y por otro lado, de la niña Luisa Fernanda Infante Lombana y su progenitora Johana Lombana Lozano, contra la sentencia de segunda instancia proferida el diecinueve (19) de marzo de 2009 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, por medio de la cual se revocó el fallo condenatorio proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Cáqueza, el 23 de octubre de 2008, y en su lugar absolvió al procesado FLAVIO ENRIQUE SUÁREZ HERNÁNDEZ, de los cargos que por el delito de homicidio culposo le hizo la Fiscalía General de la Nación.

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE

En la sentencia demandada se narraron los hechos de la siguiente manera:

El 27 de enero de 2007, aproximadamente a las 6:30 A.M., en la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio, a la altura del puente ‘Quente’, ubicado en jurisdicción territorial del municipio de Chipaque, se desplazaban el tractocamión de placas SKL 638, adscrito a la empresa ALPINA S.A.., conducido por FLAVIO ENRIQUE SUAREZ HERNÁNDEZ, y la motocicleta de placas AYA 29, piloteada por JACKSON ALBERTO INFANTE PARRA, quien llevaba como pasajera a su compañera permanente, NANCY AMAYA MEDINA. Al arribar los rodantes a la curva que antecede el inicio del puente, el motociclista, que ya avanzaba por la berma, tras advertir de súbito un andén, frenó en seco, pero no pudo evitar chocar con éste, por lo cual cayó sobre la calzada y fue arrollado por las ruedas traseras derechas del tractocamión. En tal suceso, perdió la vida el conductor del velocípedo –sic- y sufrió lesiones su acompañante.”

En audiencia que tuvo lugar el 31 de agosto de 2007, la Fiscal Seccional de Cáqueza –Cundinamarca- formuló imputación a FLAVIO ENRIQUE SUÁREZ HERNÁNDEZ, arrostrándole ser autor del delito de homicidio culposo; y advertido el imputado de la posibilidad de allanarse a cargos, éste no aceptó.

El 28 de septiembre de 2007, la Fiscal a cargo de la investigación presentó escrito de acusación en contra de SUÁREZ HERNÁNDEZ, por el delito señalado y, en consecuencia, el 23 de octubre siguiente se realizó la audiencia de formulación de acusación ante el Juzgado Penal del Circuito de Cáqueza, al cual le correspondió el conocimiento del asunto por la naturaleza del mismo y el factor territorial. En dicha audiencia se reconoció personería para actuar, en calidad de víctimas, a la compañera permanente Nancy Amaya y a su hija Mikella Infante Amaya, representadas por un abogado.

El 21 de noviembre de 2007 se inició a la audiencia preparatoria en la que el representante de la defensa realizó el respectivo descubrimiento probatorio, solicitando la práctica de prueba pericial, presentando al efecto informe técnico de reconstrucción de accidentes de tránsito elaborado por ingenieros del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi Colombia); pedido que dio lugar a interposición de recurso por parte de la fiscal, al considerar que dicho informe carecía de protocolo y debía excluirse; recurso que fue luego desistido por la impugnante, aceptándolo el Tribunal por orden del 15 de enero de 2008.

El 8 de abril de 2008, se llevó a cabo el juicio oral en el que, luego de evacuar las pruebas y escuchar las teorías del caso de las partes, se emitió sentido condenatorio del fallo. Acto seguido se efectuó la audiencia para individualización de la pena, atendiendo lo previsto en el artículo 447 del C. de P.P. (Ley 906 de 2004); y, previa solicitud del vocero de las víctimas, se inició el incidente de reparación integral de perjuicios. En consecuencia, se ordenó citar en condición de terceros civilmente responsables, al representante legal de la empresa dueña del rodante (Compañía de Financiamiento Comercial Leasing de Occidente S.A.) y a los representantes de las empresas a las que se encontraba afiliado – ALPINA S.A. y Rápido Humadea.

La orden de vincular a Leasing de Occidente fue apelada, pero el 12 de agosto de 2008, el Tribunal se abstuvo de pronunciarse de fondo, al considerar que se trataba de una orden judicial de carácter meramente operativo, que todavía no resolvía controversia alguna.

El 23 de octubre de 2008, el Juzgado Penal del Circuito de Cáqueza dictó la sentencia de primera instancia condenando a SUÁREZ HERNÁNDEZ a la pena de 32 meses de prisión y multa de 26.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena privativa de la libertad. Así mismo se condenó al procesado y a la empresa Alpina- Productos Alimenticios S.A.- como tercero civilmente responsable, al pago solidario de una indemnización por valor de $63’777.752, en distintas proporciones para cada una de las víctimas, a favor de los deudos del fallecido Jakson Alberto Infante Parra. Cabe anotar que el fallo de primera instancia excluyó en su calidad de conciliador a Seguros Bolívar, y como terceros civilmente responsables a Leasing de Occidente y Rápido Humadea.

La anterior determinación fue impugnada por la defensa, dando lugar al fallo del 19 de marzo de 2009, mediante el cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca revocó la sentencia condenatoria proferida contra SUÁREZ HERNÁNDEZ y, en su lugar, lo absolvió por duda probatoria.

LA DECISIÓN OBJETO DE CENSURA

Cabe relevar que a juicio del Tribunal, el hecho de que Nancy Amaya Medina también resultara damnificada con lesiones menores ocasionadas en el siniestro, y el que adujera ser compañera permanente del hoy occiso, constituían circunstancias que analizadas en conjunto podían restarle objetividad a su testimonio, por su “afectación emocional”.

De otro lado, tampoco le otorgó “mayor objetividad” a la versión del conductor del camión, quien dijo ser ajeno a las causas que originaron la colisión, percatándose de su ocurrencia cuando sintió el impacto de la motocicleta contra el camión, pues le atribuyó el natural interés de ser exonerado de culpa.

Comparó ambas versiones con los dictámenes periciales que coinciden en que uno de los dos rodantes trató de adelantar al otro, discrepando en la hipótesis sobre quién efectuó tal maniobra; y concluyó que ninguno excluye tajantemente esas versiones, es decir, que cualquiera de los dos conductores pudo haber realizado la maniobra imprudente; lo cual conlleva una duda razonable imposible de eliminar, que por principio de in dubio pro reo debía abonársele al acusado, absolviéndolo de cargos.

LAS DEMANDAS

1. Demanda presentada por el apoderado de la señora Nancy Amaya Medina y su hija Mikella Infante Amaya, compañera sentimental e hija del fallecido Jackson Alberto Infante Parra.

Primer cargo.

Al amparo de la causal primera del artículo 181 del Código Procesal Penal -Ley 906 de 2004- denuncia la “falta de aplicación, interpretación errónea o aplicación indebida de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal, llamada a regular el caso”, pues al revocar la condena, el Tribunal tomó como eje la duda frente a la posible velocidad que desarrollaban en el sitio de la colisión los conductores del tractocamión y la motocicleta impactados, haciendo de lado la participación que el procesado FLAVIO ENRIQUE SUÁREZ HERNÁNDEZ tuvo en el suceso que cobró la vida del motociclista, al efectuar una maniobra prohibida de adelantar en curva.

En tal sentido, dice, el principio de in dubio pro reo se desbordó de su ámbito del bloque de constitucionalidad, de la constitución y la ley, bajo el entendido de que la duda se predica del autor y no de su responsabilidad.

Esgrime que la velocidad relacionada en la sentencia, goza del aval del experto de Medicina Legal, cuando señaló rangos superiores en el tracto camión y menores en la motocicleta en el momento en que efectuaban el descenso sobre el puente donde se dio el percance, lo cual significa que “hubo una aplicación indebida de la normatividad, una interpretación errónea de la norma”.

A renglón seguido, esgrime el censor que el Tribunal incurrió en error de hecho y de derecho al señalar que cuando el camión empezó a transitar por el citado puente, ya el motociclista transitaba por la berma, pues en realidad fue el pitar insistente, pidiendo vía, lo que obligó al motorista a orillarse.

En tales circunstancias, no podía afirmar el Tribunal que exista un insoluble equilibrio entre los dichos de la acompañante y los del conductor del camión, pues conforme a las reglas de la sana crítica, mayor credibilidad debía otorgársele a la primera, cuyo testimonio está respaldado con el informe físico de reconstrucción analítica del Instituto de Medicina Legal.

Segundo cargo.

Acusa al Tribunal de un “manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia”, al acoger para su decisión una regla totalmente ajena a las imperantes para el caso, pues, de un lado, ignoró la forma como fueron decretadas y practicadas las pruebas soporte de la decisión apelada, y, por otro lado, dio una interpretación inusual para su aplicación.

Dice que achacar la causa de la colisión al motociclista resulta “desproporcionado y huérfano de las pruebas que estando en tarifa legal, fueron desconocidas por el Honorable Tribunal”.

Insiste en que antes de tomar el puente, el motociclista no se había desplazado hacia la berma, como se precisó en el fallo del Tribunal. Al respecto pide que se mire la versión de la testigo Nancy Amaya Medina, respaldada en el concepto del físico forense Guillermo Rodríguez Contreras, especialmente en cuanto a los rangos de velocidad del camión antes de frenar, esto es, de 30 a 55 kilómetros por hora, superior a los de la motocicleta, que iba de 30 a 35 kilómetros por hora, de acuerdo con la huella de frenada.

Sostiene que con la decisión impugnada, el Tribunal vulneró normas del bloque de constitucionalidad, entre ellas, el Pacto de San José de Costa Rica, normas de la Carta Política, del Código Penal –artículos 1 al 13 y 109- y del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) –artículo 11 y concordantes-.

Por tales razones, solicita casar la sentencia impugnada, para que en su lugar se dicte un fallo condenatorio.

2. Demanda presentada por el apoderado de la señora Johana Lombana Lozano, quien actúa en representación de la menor Luisa Fernanda Infante Lombana, hija del fallecido Jackson Alberto Infante Parra.

Cargo único:

Acusa la sentencia de ser violatoria, por vía indirecta, del artículo 109 del Código Penal, que tipifica el homicidio culposo, por error de hecho en la valoración de la prueba, derivado de un falso raciocinio, al desconocer reglas de la sana crítica en la valoración del testimonio de Nancy Amaya Medina, que llevó a aplicar indebidamente el principio de in dubio pro reo.

Señala que la versión de la señora Amaya Medina compagina con el informe físico de reconstrucción analítica del Instituto de Medicina Legal, cuyo experto dedujo, de las huellas de frenada, que el camión llevaba más velocidad que la motocicleta, y ello permite concluir que el primero intentó adelantársele y el segundo en acción evasiva se desplazó a la berma, chocando con el andén del puente, cayendo al suelo, siendo arrollado por el tren trasero del tracto camión.

Por la deducción anterior no comparte el criterio del Tribunal acerca de que al resultar con lesiones la testigo Nancy Amaya y ser la compañera permanente del occiso, pudo comprometer su objetividad por “afectación emocional”; deducción que a su modo de ver es conjetural, pues no tiene en cuenta el informe técnico del perito adscrito al Instituto de Medicina Legal, como sí lo tuvo la Juez de primera instancia al hallar certeza sobre la responsabilidad penal de FLAVIO ENRIQUE SUÁREZ HERNÁNDEZ.

Estima que de haberse analizado correctamente dicho testimonio, confrontándolo in íntegrum con las otras pruebas, le habría otorgado crédito, arribando así a otra conclusión libre de prejuicios, pues nada da a entender que Nancy Amaya Medina se hubiera dejado arrobar por los sentimientos, al resultar ella lesionada y perder a su compañero. Además, ni la defensa impugnó su credibilidad, ni un dictamen médico descalificó su capacidad mental como testigo.

Para el efecto citó jurisprudencia de esta Sala1, según la cual el testimonio de un pariente no puede ser rechazado de plano por el solo hecho del vínculo de consanguinidad, sino que debe ser examinado en armonía con todo el caudal probatorio y apreciado en su justo valor. También rememoró más reciente posición jurisprudencial de esta Corporación2, acerca de las limitaciones para el Juez al valorar las pruebas, por la información objetiva que ellas suministren, por la sujeción a las reglas de la sana crítica, por el valor que a determinados medios probatorios otorga la ley, y por la ponderación de si en su práctica o aducción se tuvieron en cuenta las exigencias legales.

Anotó que al descartar el Tribunal los testimonios opuestos de la señora Amaya y el procesado SUÁREZ HERNÁNDEZ, al deducir que ninguno evidenciaba mayor grado de objetividad, le precisaba analizar las pruebas periciales, tanto el dictamen de Medicina Legal que se procuró la Fiscalía, como el informe técnico elaborado para la defensa por experto de Cesvi Colombia; pues aunque difieren respecto a cuál de los conductores efectuó la maniobra de adelantamiento, al compararlos, puede colegirse que sus discrepancias científicas tienen origen en la velocidad que cada conductor imprimía a sus vehículos, sin que sean excluyentes sus conclusiones que se limitan a trazar rangos posibles de velocidad.

Agrega que sumado a la falta de objetividad que vio en los dos testimonios enfrentados –el del conductor y el de la acompañante del motorista muerto-, el Tribunal no se inclinó por ninguna de las pericias que acompañan la prueba testimonial, y dedujo que cualesquiera de los dos vehículos pudo haber desarrollado más velocidad que el otro, ateniéndose a rangos posibles de velocidad que trazaron los peritos de una y otra parte3, pero sin escudriñar a fondo en tales pericias para hallar que la del técnico del Instituto de Medicina Legal corroboró el dicho de la testigo, deduciendo que cualquiera de los conductores pudo ser el imprudente y que por ello no había forma de eliminar la duda, abonándola a favor del procesado.

De dichas adveraciones extrajo el impugnante que se constatan los yerros en el análisis de las pruebas, que llevaron al Tribunal a desconocer el valor probatorio de la prueba testimonial de Nancy Amaya Medina, por lo que solicitó revocar el fallo absolutorio y casar la sentencia impugnada.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

En el nuevo régimen procesal, la casación se concibe como un medio de control constitucional y legal que procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados por delitos cuando afectan derechos o garantías procesales. Esta nueva consagración, que concibe el recurso como un control constitucional, es consecuencia natural de la función que ejerce la Corte Suprema de Justicia como Tribunal de Casación (artículo 235 Superior), guardiana de los fines primordiales señalados en el artículo 180 de la Ley 906 de 2004, a saber:

...la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a estos, y la unificación de la jurisprudencia”

El mismo Código especificó el ámbito normativo respecto del cual se ejerce el control de las sentencias de los jueces, incluyendo no sólo las infracciones a la ley, sino también a la Carta y a las normas del llamado “bloque de constitucionalidad”. En este punto, como lo advirtió la Corte Constitucional en el fallo C-590 de 2005, si bien no puede afirmarse que ese parámetro de control no se observara en los anteriores regímenes de la casación, es claro que la expresa configuración legal de ese ámbito normativo, evidencia el propósito que ha tenido el legislador de adecuar el instituto, de manera más directa a referentes constitucionales, lo cual resulta comprensible en la dinámica de las democracias constitucionales.
Y es evidente que para el cumplimiento de esos fines constitucionales, el nuevo régimen procesal dotó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de una serie de facultades realmente especiales, como lo hizo con aquella consagrada en el artículo 184, a saber, la potestad de “superar los defectos de la demanda para decidir de fondo” en las condiciones indicadas en él, esto es, atendiendo a los fines de la casación, fundamentación de los mismos, posición del impugnante dentro del proceso e índole de la controversia planteada; y la referida en el artículo 191, para emitir un fallo anticipado en aquellos eventos en que la Sala mayoritaria lo estime necesario por razones de interés general, anticipando los turnos para convocar a la audiencia de sustentación y decisión.
Dentro de ese nuevo contexto normativo, ha de aceptarse que la inadmisión de una demanda de casación por parte de la Corte debe basarse en tres aspectos esenciales: en principio, cuando el demandante no tenga interés para acceder al recurso; en segundo lugar, cuando se trate de una demanda infundada, es decir que su fundamentación no evidencia una eventual violación de garantías fundamentales; y, por último, cuando de su inicial estudio se descarte la posibilidad de desarrollar en la sentencia alguno de los fines de la casación.

En efecto, el artículo 184, inciso 2º, de la Ley 906 de 2004, autoriza a la Corte para no seleccionar, en auto debidamente motivado, aquellas demandas de casación que se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos:

si el demandante carece de interés, prescinde de señalar la causal, no desarrolla los cargos de sustentación o cuando de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir algunas de las finalidades del recurso”

De allí que bajo la óptica del sistema procesal que rige este caso, el libelo impugnatorio tampoco puede ser un escrito de libre elaboración, en cuanto mediante su postulación el recurrente concita a la Corte a la revisión del fallo de segunda instancia para verificar si fue proferido o no conforme a la constitución y a la ley.

Por lo tanto, sin perjuicio de la facultad oficiosa de la Corte para prescindir de los defectos formales de una demanda cuando advierta la posible violación de garantías de los sujetos procesales o de los intervinientes, de manera general, frente a las condiciones mínimas de admisibilidad, se pueden deducir las siguientes:

1. Acreditación del agravio a los derechos o garantías fundamentales producido con la sentencia demandada;

2. Señalamiento de la causal de casación, a través de la cual se deja evidente tal afectación, con la consiguiente observancia de los parámetros lógicos, argumentales y de postulación propios del motivo casacional postulado;

3. Determinación de la necesariedad del fallo de casación para alcanzar alguna de las finalidades señaladas para el recurso en el ya citado artículo 180 de la Ley 906 de 2004.

Bajo las anteriores premisas generales, entra entonces la Sala a estudiar el aspecto formal de las demandas que ocupan su atención.

1. Demanda presentada por el apoderado de la señora Nancy Amaya Medina y su hija Mikella Infante Amaya, compañera sentimental e hija del fallecido Jackson Alberto Infante Parra.

Valga significar de una vez que la demanda presentada por éste sujeto procesal no reúne los requisitos mínimos para su admisibilidad, puesto que en su presentación farragosa ni siquiera se precisa con exactitud la causal de casación que pretende hacer valer en esta instancia extraordinaria.

Es así como en el primer cargo empieza a criticar, sin ningún rigor argumentativo, el juicio que llevó al Tribunal a reconocer la existencia de una duda a favor del procesado, alegando, al mismo tiempo, que ello se concretó en la “falta de aplicación, interpretación errónea o aplicación indebida” de la norma llamada a regular el caso, que tampoco precisa.

Si lo que pretendía era denunciar una violación directa de la ley sustancial, la jurisprudencia de la Corte tiene dicho que en tales eventos el actor está obligado a respetar los fundamentos fácticos y probatorios del fallo impugnado para concentrar su atención exclusivamente en el error de juicio que sin mediación alguna recae sobre la norma sustancial, pues si pretende ventilar discusiones alrededor de la apreciación de la prueba o de los supuestos fácticos, para ello debe acudir a la violación indirecta de la ley sustancial, causal que por su naturaleza está destinada a ese propósito.

No obstante, en este caso, el censor pretende, a través de la censura por violación directa de la ley sustancial, acreditar que el fallador incurrió en un yerro al reconocer la duda respecto de la responsabilidad del procesado, bajo el entendido de que el instituto sólo puede predicarse del autor y no de su responsabilidad, aspecto frente al cual cabe señalar, en primer lugar, que ninguna norma impone tal limitación frente al instituto de la duda.

Así, frente a una hipótesis de delito imprudente, cometido en accidente de tránsito, procede hacer gala del fundamental principio de in dubio pro reo tanto cuando no alcanza a desvelarse a plenitud quién fue el que produjo la consecuencia nociva (caso de quien atropella y huye sin poder ser identificado), como cuando sabiéndose quién estuvo involucrado en el hecho, no se puede concluir con certeza que el mismo le sea atribuible (caso de discutirse la relación de determinación entre el resultado muerte y una posible acción imprudente del procesado).

Además, es evidente que al ocuparse de la demostración de la censura, el censor no renunció al debate fáctico y probatorio que le estaba vedado si quería acreditar la violación de la ley sustancial por la vía directa, pues en una argumentación que sólo causa perplejidad, acusa al Tribunal de incurrir, al mismo tiempo, en errores de hecho y de derecho, vías de la violación indirecta, argumentación frente a la cual no hace esfuerzo alguno por discernir entre uno y otro yerro, limitándose a manifestar, con simples generalidades, que el Tribunal no podía concluir, atendiendo las reglas de la sana crítica, que fueran equiparables en su falta de objetividad los dichos del camionero y los de la acompañante del malogrado motociclista, cuando ésta obtuvo respaldo en pericia elaborada por experto adscrito al Instituto Nacional de Medicina Legal.
Tal reproche frente al juicio del Tribunal, exigía al casacionista concretar para el caso del error de derecho, cuáles normas ordenadoras de los medios de prueba fueron infringidas, probando en consecuencia el yerro. Y si lo que se dio fue un error de hecho por dimensionar las circunstancias fácticas de manera equivocada, aplicando con inexactitud criterios de la sana crítica, ha debido explicitar a cuáles especies de tal forma de equivocación se refería –si a la violación de las reglas de la lógica, de la ciencia o de la experiencia-. Pero como se advierte, la intención no va más allá de confrontar sus argumentos con los del Tribunal, lo que es dable frente a las instancias, más no frente al especial recurso de casación.
Finalmente, en el tercer cargo, el impugnante, al señalar que no podían medirse con el mismo rasero los dichos del camionero y los de la compañera del occiso que sobrevivió al accidente, puesto que a su juicio las reglas de la sana crítica llevan a otorgarle mayor credibilidad a ésta, también debió indicar cuál postulado de la lógica, ley de la ciencia o máxima de la experiencia fue desconocida por el Tribunal, al sopesar una y otra atestación; y así mismo acreditar la incidencia del desacierto en la apreciación correcta de las pruebas que cuestiona, y por qué el fallo debió ser distinto; exigencias que omitió.

En estas condiciones, la Sala no puede precisar las pretensiones del recurrente porque las genéricas e inmotivadas apreciaciones formuladas en contra de la sentencia no auspician un juicio de contraste válido entre lo que ésta dijo y lo que de ella censura aquél.
Forzado resulta, en consecuencia, para Sala, que ante los protuberantes desaciertos advertidos, se tenga que inadmitir la demanda presentada a favor de la señora Nancy Amaya Medina y Mikella Infante Amaya.

2. Demanda presentada por el apoderado de la señora Johana Lombana Lozano, quien actúa en representación de la menor Luisa Fernanda Infante Lombana, hija del fallecido Jackson Alberto Infante Parra.

Frente al único cargo que acusa al fallador de haber incurrido en un error de hecho por falso raciocinio, al desconocer reglas de la sana crítica en la valoración del testimonio de Nancy Amaya Medina, lo que condujo a aplicar indebidamente el principio de in dubio pro reo, es preciso significarle al actor, que a más de calificar como conjetural o meramente especulativa la deducción respecto a la “afectación emocional” de la víctima sobreviviente, que a juicio del Tribunal enervó su credibilidad, y lo llevó a declarar el estado de perplejidad o duda, debió demostrarle a la Corte cuáles reglas de la experiencia, principios lógicos o dictados de la ciencia, se quebrantaron en el análisis que critica.

Si lo que pretende el casacionista, es que se tome una decisión contraria a la sentencia del Tribunal, rescatando la validez de la condena impuesta por la Juez de primera instancia, ha debido derruir todos los fundamentos probatorios en que se cimentó el fallo absolutorio; porque no basta con señalar el yerro sino probarlo en su totalidad y en sus efectos jurídicos. Lo único que advierte el discurso del censor es un claro interés de confrontar sus criterios con los del Tribunal, sin tangibles demostraciones de los yerros que señala.

Ahora, en lo que constituye punto focal de la crítica realizada por el recurrente, es necesario precisar que la argumentación utilizada por el Tribunal para sustentar el estado de perplejidad que obligó acudir al principio de presunción de inocencia y su correlato In Dubio Pro Reo, no se enmarca dentro de los presupuestos de invalidez que predica la demanda.
Desde luego, si se mira de manera descontextualizada la sustentación a la que acudió el Ad quem, podría concluirse, como lo hace el impugnante, que de entrada, sin mayores valoraciones, se determinó sobre el testimonio de la víctima, por el sólo hecho de serlo, una especie de capitis diminutio.
Sucede, sin embargo, que lo argumentado por el Tribunal comporta una valoración algo más compleja, que parte por advertir cómo, en principio, lo dicho por la víctima se contrapone a lo expresado por el conductor del camión, a la vez procesado, significando el fallador cómo ambas atestaciones aparecen contrapuestas.
En principio, el Tribunal estableció que ambos atestantes –el acusado y la víctima-, tienen razones para ofrecer una versión interesada de lo ocurrido. Pero, a diferencia de lo expuesto por el recurrente, no se realizó una descalificación apriorística de uno u otro testimonios, en tanto, a renglón seguido, como el demandante lo cita, se buscan elementos de juicio que corroboren una u otra declaración y para el efecto se acude a la prueba de respaldo, que en el asunto analizado remite a los dos dictámenes, allegado el uno por la fiscalía y el otro por la defensa.
Sin embargo, para el Tribunal no fue suficiente ello para decantar en uno u otro sentido la prueba, dado que, igual a como ocurre con las atestaciones de los únicos testigos del hecho –víctima y procesado-, los dictámenes ofrecen también conclusiones distintas.
En ese estado de perplejidad, entonces, el Tribunal hizo valer el principio de presunción de inocencia, evidente como se hacía que los elementos probatorios recaudados no permitían descartar o aceptar como única tesis posible alguna de las dos presentadas por la afectada y el conductor del camión.
Es ella una valoración probatoria que de ninguna manera atenta contra la sana crítica ni mucho menso comporta descalificaciones anticipadas.
Y, si el casacionista pretende significar que necesariamente el dictamen presentado por la Fiscalía avala la declaración de la víctima, ello constituye apenas su opinión como parte interesada, pues, en contrario, el Tribunal claramente señaló que ese dictamen había sido controvertido por la experticia que allegó la defensa, donde se explica incluso que la diferencia en el concepto pudo radicar en que el examen del ente investigador no tuvo en cuenta un factor trascendente, cual se trata de hallarse los vehículos en descenso.
Así las cosas, lejos de demostrar el censor que el Tribunal incurrió en algún tipo de vicio trascendente, apenas busca anteponer su criterio de que la verdad se halla del lado de lo dicho por la víctima y lo ratificado por el experto de la Fiscalía, al más autorizado del Ad quem, que advierte cómo esas pruebas son confutadas por otras de similar estirpe y no halla posibilidad de hacer un tamizaje suficiente para llegar al estado de certeza necesario para condenar.
En consecuencia, la demanda debe ser inadmitida.
Cuestión final.
Habida cuenta que contra la decisión de inadmitir la demanda de casación procede el mecanismo de insistencia de conformidad con lo establecido en el artículo 186 de la Ley 906 de 2004, impera precisar que como dicha legislación no regula el trámite a seguir para que se aplique el referido instituto procesal, la Sala ha definido las reglas que habrán de seguirse para su aplicación4, como sigue:
a) La insistencia es un mecanismo especial que sólo puede ser promovido por el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la providencia por cuyo medio la Sala decida no seleccionar la demanda de casación, con el fin de provocar que ésta reconsidere lo decido. También podrá ser provocado oficiosamente por alguno de los Delegados del Ministerio Público para la Casación Penal –siempre que el recurso de casación no hubiera sido interpuesto por un Procurador Judicial-, el Magistrado disidente o el Magistrado que no haya participado en los debates y suscrito la providencia inadmisoria.
b) La solicitud de insistencia puede elevarse ante el Ministerio Público a través de sus Delegados para la Casación Penal, o ante uno de los Magistrados que haya salvado voto en cuanto a la decisión mayoritaria de inadmitir la demanda o ante uno de los Magistrados que no haya intervenido en la discusión.

c) Es potestativo del Magistrado disidente, del que no intervino en los debates o del Delegado del Ministerio Público ante quien se formula la insistencia, optar por someter el asunto a consideración de la Sala o no presentarlo para su revisión, evento último en que informará de ello al peticionario en un plazo de quince (15) días.
d) El auto a través del cual no se selecciona la demanda de casación trae como consecuencia la firmeza de la sentencia de segunda instancia contra la cual se formuló el recurso de casación, salvo que la insistencia prospere y conlleve a la admisión de la demanda.
En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,

RESUELVE

1. INADMITIR las demandas de casación presentadas respectivamente por los apoderados de las víctimas Nancy Amaya Medina y Mikella Infante Amaya, de un lado, y Luisa Fernanda Infante Lombana, de otro, por las razones esbozadas en la parte motiva de ésta decisión.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004, es facultad de los demandantes elevar petición de insistencia.

Cópiese, notifíquese, devuélvase al Tribunal de origen y cúmplase.


JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

ALFREDO GÓMEZ QUINTERO MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE L.

AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMÁN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS

YESID RAMÍREZ BASTIDAS JAVIER DE JESÚS ZAPATA ORTIZ

TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria

1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 9 de marzo de 1992, Radicado 7199.

2 Ibidem, Casación N° 28.432, decisión del 5 de diciembre de 2007.

3 El de la Fiscalía calculó que el camión pudo desplazarse entre 30 y 55 Km/h y la moto entre 30 y 35 Km/h; y el de la Defensa calculó que el rango de velocidad del camión era entre 27.2 y 28.8 km/h, mientras que el de la moto era de 27.9 a 35.1 km/h.

4 Providencia del 12 de diciembre de 2005. Rad. 24322.

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