13758 ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico






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a la libertad de información, cuando éstos pudieran resultar afectados.

En todos los casos en que la Constitución, las normas

reguladoras de los respectivos derechos y libertades o

las que resulten aplicables a las diferentes materias atribuyan competencia a los órganos jurisdiccionales para

intervenir en el ejercicio de actividades o derechos, sólo

la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas en este artículo.

3. Las medidas a que hace referencia este artículo

serán objetivas, proporcionadas y no discriminatorias,

y se adoptarán de forma cautelar o en ejecución de

las resoluciones que se dicten, conforme a los procedimientos administrativos legalmente establecidos o a

los previstos en la legislación procesal que corresponda.

Artículo 12. Deber de retención de datos de tráfico

relativos a las comunicaciones electrónicas.

1. Los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, los proveedores de acceso a

redes de telecomunicaciones y los prestadores de servicios de alojamiento de datos deberán retener los datos

de conexión y tráfico generados por las comunicaciones

establecidas durante la prestación de un servicio de la

sociedad de la información por un período máximo de

doce meses, en los términos establecidos en este artículo

y en su normativa de desarrollo.

2. Los datos que, en cumplimiento de lo dispuesto

en el apartado anterior, deberán conservar los operadores de redes y servicios de comunicaciones electró-

nicas y los proveedores de acceso a redes de telecomunicaciones serán únicamente los necesarios para facilitar la localización del equipo terminal empleado por

el usuario para la transmisión de la información.

Los prestadores de servicios de alojamiento de datos

deberán retener sólo aquéllos imprescindibles para identificar el origen de los datos alojados y el momento en

que se inició la prestación del servicio.

En ningún caso, la obligación de retención de datos

afectará al secreto de las comunicaciones.

Los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas y los prestadores de servicios a que

se refiere este artículo no podrán utilizar los datos retenidos para fines distintos de los indicados en el apartado

siguiente u otros que estén permitidos por la Ley, y deberán adoptar medidas de seguridad apropiadas para evitar

su pérdida o alteración y el acceso no autorizado a los

mismos.

3. Los datos se conservarán para su utilización en

el marco de una investigación criminal o para la salvaguardia de la seguridad pública y la defensa nacional,

poniéndose a disposición de los Jueces o Tribunales o

del Ministerio Fiscal que así los requieran. La comunicación de estos datos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se hará con sujeción a lo dispuesto en la normativa

sobre protección de datos personales.

4. Reglamentariamente, se determinarán las categorías de datos que deberán conservarse según el tipo

de servicio prestado, el plazo durante el que deberán

retenerse en cada supuesto dentro del máximo previsto

en este artículo, las condiciones en que deberán almacenarse, tratarse y custodiarse y la forma en que, enBOE núm. 166 Viernes 12 julio 2002 25393

su caso, deberán entregarse a los órganos autorizados

para su solicitud y destruirse, transcurrido el plazo de

retención que proceda, salvo que fueran necesarios para

estos u otros fines previstos en la Ley.

SECCIÓN 2.

a

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD

Artículo 13. Responsabilidad de los prestadores de los

servicios de la sociedad de la información.

1. Los prestadores de servicios de la sociedad de

la información están sujetos a la responsabilidad civil,

penal y administrativa establecida con carácter general

en el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de lo dispuesto

en esta Ley.

2. Para determinar la responsabilidad de los prestadores de servicios por el ejercicio de actividades de

intermediación, se estará a lo establecido en los artículos

siguientes.

Artículo 14. Responsabilidad de los operadores de

redes y proveedores de acceso.

1. Los operadores de redes de telecomunicaciones

y proveedores de acceso a una red de telecomunicaciones que presten un servicio de intermediación que

consista en transmitir por una red de telecomunicaciones

datos facilitados por el destinatario del servicio o en

facilitar acceso a ésta no serán responsables por la información transmitida, salvo que ellos mismos hayan originado la transmisión, modificado los datos o seleccionado éstos o a los destinatarios de dichos datos.

No se entenderá por modificación la manipulación

estrictamente técnica de los archivos que alberguen los

datos, que tiene lugar durante su transmisión.

2. Las actividades de transmisión y provisión de

acceso a que se refiere el apartado anterior incluyen

el almacenamiento automático, provisional y transitorio

de los datos, siempre que sirva exclusivamente para permitir su transmisión por la red de telecomunicaciones

y su duración no supere el tiempo razonablemente necesario para ello.

Artículo 15. Responsabilidad de los prestadores de

servicios que realizan copia temporal de los datos

solicitados por los usuarios.

Los prestadores de un servicio de intermediación que

transmitan por una red de telecomunicaciones datos facilitados por un destinatario del servicio y, con la única

finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior a

otros destinatarios que los soliciten, los almacenen en

sus sistemas de forma automática, provisional y temporal, no serán responsables por el contenido de esos

datos ni por la reproducción temporal de los mismos, si:

a) No modifican la información.

b) Permiten el acceso a ella sólo a los destinatarios

que cumplan las condiciones impuestas a tal fin, por

el destinatario cuya información se solicita.

c) Respetan las normas generalmente aceptadas y

aplicadas por el sector para la actualización de la información.

d) No interfieren en la utilización lícita de tecnología

generalmente aceptada y empleada por el sector, con

el fin de obtener datos sobre la utilización de la información, y

e) Retiran la información que hayan almacenado o

hacen imposible el acceso a ella, en cuanto tengan conocimiento efectivo de:

1.

o

Que ha sido retirada del lugar de la red en que

se encontraba inicialmente.

2.

o

Que se ha imposibilitado el acceso a ella, o

3.

o

Que un tribunal u órgano administrativo competente ha ordenado retirarla o impedir que se acceda

a ella.

Artículo 16. Responsabilidad de los prestadores de

servicios de alojamiento o almacenamiento de datos.

1. Los prestadores de un servicio de intermediación

consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio no serán responsables por la

información almacenada a petición del destinatario,

siempre que:

a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que

lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles

de indemnización, o

b) Si lo tienen, actúen con diligencia para retirar

los datos o hacer imposible el acceso a ellos.

Se entenderá que el prestador de servicios tiene el

conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de

los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite

el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos

de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de

otros medios de conocimiento efectivo que pudieran

establecerse.

2. La exención de responsabilidad establecida en

el apartado 1 no operará en el supuesto de que el destinatario del servicio actúe bajo la dirección, autoridad

o control de su prestador.

Artículo 17. Responsabilidad de los prestadores de

servicios que faciliten enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda.

1. Los prestadores de servicios de la sociedad de

la información que faciliten enlaces a otros contenidos

o incluyan en los suyos directorios o instrumentos de

búsqueda de contenidos no serán responsables por la

información a la que dirijan a los destinatarios de sus

servicios, siempre que:

a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remiten o recomiendan

es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero

susceptibles de indemnización, o

b) Si lo tienen, actúen con diligencia para suprimir

o inutilizar el enlace correspondiente.

Se entenderá que el prestador de servicios tiene el

conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de

los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite

el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos

de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de

otros medios de conocimiento efectivo que pudieran

establecerse.

2. La exención de responsabilidad establecida en

el apartado 1 no operará en el supuesto de que el destinatario del servicio actúe bajo la dirección, autoridad

o control del prestador que facilite la localización de

esos contenidos.25394 Viernes 12 julio 2002 BOE núm. 166

CAPÍTULO III

Códigos de conducta

Artículo 18. Códigos de conducta.

1. Las Administraciones públicas impulsarán, a través de la coordinación y el asesoramiento, la elaboración

y aplicación de códigos de conducta voluntarios, por

parte de las corporaciones, asociaciones u organizaciones comerciales, profesionales y de consumidores, en

las materias reguladas en esta Ley. La Administración

General del Estado fomentará, en especial, la elaboración

de códigos de conducta de ámbito comunitario o internacional.

Los códigos de conducta podrán tratar, en particular,

sobre los procedimientos para la detección y retirada

de contenidos ilícitos y la protección de los destinatarios

frente al envío por vía electrónica de comunicaciones

comerciales no solicitadas, así como sobre los procedimientos extrajudiciales para la resolución de los conflictos que surjan por la prestación de los servicios de

la sociedad de la información.

2. En la elaboración de dichos códigos, habrá de

garantizarse la participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y la de las organizaciones representativas de personas con discapacidades físicas o psí-

quicas, cuando afecten a sus respectivos intereses.

Cuando su contenido pueda afectarles, los códigos

de conducta tendrán especialmente en cuenta la protección de los menores y de la dignidad humana, pudiendo elaborarse, en caso necesario, códigos específicos

sobre estas materias.

Los poderes públicos estimularán, en particular, el

establecimiento de criterios comunes acordados por la

industria para la clasificación y etiquetado de contenidos

y la adhesión de los prestadores a los mismos.

3. Los códigos de conducta a los que hacen referencia los apartados precedentes deberán ser accesibles

por vía electrónica. Se fomentará su traducción a otras

lenguas oficiales en la Comunidad Europea, con objeto

de darles mayor difusión.

TÍTULO III

Comunicaciones comerciales por vía electrónica

Artículo 19. Régimen jurídico.

1. Las comunicaciones comerciales y las ofertas promocionales se regirán, además de por la presente Ley,

por su normativa propia y la vigente en materia comercial

y de publicidad.

2. En todo caso, será de aplicación la Ley Orgánica

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos

de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, en

especial, en lo que se refiere a la obtención de datos

personales, la información a los interesados y la creación

y mantenimiento de ficheros de datos personales.

Artículo 20. Información exigida sobre las comunicaciones comerciales, ofertas promocionales y concursos.

1. Las comunicaciones comerciales realizadas por

vía electrónica deberán ser claramente identificables

como tales y deberán indicar la persona física o jurídica

en nombre de la cual se realizan.

En el caso en el que tengan lugar a través de correo

electrónico u otro medio de comunicación electrónica

equivalente incluirán al comienzo del mensaje la palabra

«publicidad».

2. En los supuestos de ofertas promocionales, como

las que incluyan descuentos, premios y regalos, y de

concursos o juegos promocionales, previa la correspondiente autorización, se deberá asegurar, además del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado

anterior y en las normas de ordenación del comercio,

que queden claramente identificados como tales y que

las condiciones de acceso y, en su caso, de participación

se expresen de forma clara e inequívoca.

Artículo 21. Prohibición de comunicaciones comerciales no solicitadas realizadas a través de correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes.

Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro

medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente

autorizadas por los destinatarios de las mismas.

Artículo 22. Derechos de los destinatarios de comunicaciones comerciales.

1. Si el destinatario de servicios debiera facilitar su

dirección de correo electrónico durante el proceso de

contratación o de suscripción a algún servicio y el prestador pretendiera utilizarla posteriormente para el envío

de comunicaciones comerciales, deberá poner en conocimiento de su cliente esa intención y solicitar su consentimiento para la recepción de dichas comunicaciones,

antes de finalizar el procedimiento de contratación.

2. El destinatario podrá revocar en cualquier

momento el consentimiento prestado a la recepción de

comunicaciones comerciales con la simple notificación

de su voluntad al remitente.

A tal efecto, los prestadores de servicios deberán habilitar procedimientos sencillos y gratuitos para que los

destinatarios de servicios puedan revocar el consentimiento que hubieran prestado.
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