Reflexiones acerca de la aplicación o no del apremio corporal en los rubros de gastos de maternidad y embarazo y las pensiones alimentarias retroactivas






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fecha de publicación03.08.2015
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Investigaciones Jurídicas en Materia de Pensión Alimentaria

Autor: Lic. Alberto Jiménez Mata, Juez de Familia de Cartago.



REFLEXIONES ACERCA DE LA APLICACIÓN O NO DEL APREMIO CORPORAL EN LOS RUBROS DE GASTOS DE MATERNIDAD Y EMBARAZO Y LAS PENSIONES ALIMENTARIAS RETROACTIVAS
A.- NATURALEZA JURÍDICA DEL APREMIO CORPORAL APLICABLE A MATERIA ALIMENTARIA.

1.- El instituto del Apremio Corporal y su origen.

Como medio coercitivo para el pago de las obligaciones, el apremio corporal es una institución jurídica antigua incluso anterior al Derecho Romano, es la derivación mas garantista y "humana" de la llamada prenda personal en las obligación del derecho antiguo cuando se permitía que el acreedor de la obligación podía pedir el pago de la misma con el propio cuerpo del deudor, ya no solo en apremio de él con restricción de la libertad, sino incluso en aquellas datas con disposición del propio cuerpo por medio de la exclavitud y hasta de la propia vida; entonces lo que se viene a constituir como apremio corporal es la derivación de restricción de libertad por la deuda tenida, pues se sabe que en Roma existía la responsabilidad personal por las obligaciones, la pérdida del status libertatis era la consecuencia del no pago de esa obligaciones de parte de una persona, llegando a la esclavitud.
En el Derecho Romano podía suceder que si se le debía a tres o cuatro personas y entonces ante la falta de cumplimiento de esas obligaciones hacía que los acreedores, en los antecedentes del derecho concursal, se repartían dividiendo el cuerpo, así en la Ley de las XII Tablas, aunque en otro sentido se daba la repartición del tiempo del deudor con esclavitud para uno u otro en dependencia del monto del crédito.- Entonces nos vino la figura jurídica del apremio corporal desde tiempo inmemoriales, pasando por nuestro antecedente normativo francés, como el Código de Napoleón, en el Título XVI del Libro Tercero (Artículos 2059 a 2070) y llegando a nuestro Código Civil que lo reguló originalmente en el Título IX del Libro Tercero a partir del artículo 1001; pero que fue derogado en gran parte o por lo menos para aplicación a materia civil por las disposiciones del inciso ch) del artículo 113 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y en forma definitiva todo el título por la Ley de Pensiones Alimentarias en el año 1996.
2.- Apremio Corporal: Revisión Constitucional y de Derechos Humanos.

Partimos entonces de que el apremio corporal, como instituto jurídico para el cobro de las obligaciones ha venido teniendo un replanteamiento a partir de la consideraciones convencionales referidas a derechos fundamentales que la consideran como una privación de libertad injustificada cuando se trata de cobros obligaciones de tipo civil y que únicamente en materia alimentaria, por la característica propia de la misma, los principios que cobija y el derecho que tutela, es susceptible de aplicación. Así el punto sétimo del artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanas (Pacto de San José) claramente es signo de esta corriente del apremio corporal y prohíbe expresamente la detención por deudas, sin que el precepto limite los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarios; con lo cual se dejan sentadas las bases de la obligación estatal de la reforma que abolió ese apremio en la materia indicada de tipo civil.
Ahora bien, si se autoriza que por la propia definición, característica y principios del deber alimentario sea posible que se pueda hacer cobro de esas deudas por el medio indicado, es obvio que toda regulación, interpretación, decisión y definición sobre ello deba hacerse desde la óptica meramente restrictiva, pues se está en presencia de la amenaza de un bien supremo del Ser Humano como lo es la libertad, única forma en la cual pueda racionalizarse y converger los derechos en pugna; por un lado el sagrado derecho de la libertad y la restricción de ella solo en caso debidamente autorizados y, por otro lado, el derecho de las personas de recibir sus alimentos de quienes están legalmente obligados a ello.
Así entonces, desde la propia creación de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se a venido hablando de esa restricción en la utilización de la figura del apremio corporal en materia de alimentos, tanto en cuando a las formas de hacerlos, los meses de pensión por cobrar y la naturaleza que deben tener ese alimentos para poder hacer cobro de ellos en esta vía y ya para en el voto 971-1990 se manifestó en cuanto a que:

"toda vez que el apremio para los alimentos debe entenderse como un medio de protección o necesidades mas o menos actuales de aquellos beneficiarios. Dado entonces ese justificativo de razonabilidad, extenderlo a plazos mayores no parece conveniente"

de lo que extrae ya una doctrina que mira hacia una restricción de uso para aquellas situaciones perentorios, necesarias y urgentes de proteger; como los alimentos recientes, motivo por el cual cuando estaba vigente la llamada Ley de Pensiones Alimenticias de 1953, se hablaba de que únicamente se podía cobrar alimentos hasta por los dos meses anteriores y el presente, criterio modificado ahora vía legal con al entrada a regir de la Ley de Pensiones Alimentarias con los seis meses posibles de apremio; pero siempre porque se considera que son los alimentos urgentes y necesarios de ser garantizados mediante esa vía tan excepcional. Así el voto 4726-1994 de la misma Sala cuando indica que esa vía:

"se ha reservado para el cobro de las cuotas inmediatas - dos pasadas y la que corre actual -, como una forma de proteger las necesidades inmediatas del alimentario. Extender esa garantía a los doce meses por los que los alimentos son perseguibles, es extender irrazonablemente la previsión del artículo 152 y convertir lo excepcional, que es la prisión por deudas, en lo normal"

y ya relacionado con la nueva norma del artículo 25 de la Ley de Pensiones Alimentarias, es viable entonces únicamente por los cinco meses anteriores y el presente y la Sala lo ha ratificado de esa forma en el voto 9675-2001 cuando siendo cuestionado entonces que si ya se había hablado que era suficiente la procedencia del apremio por tres meses, resultaría contraria al Derecho de la Constitución (derecho fundamental sagrado y de primer orden que tienen los ciudadanos); a lo que la Sala dijo que:

"al valorar la norma impugnada, la Sala considera que no es inconstitucional. Nótese que esta norma tiene como fin asegurar el cumplimiento efectivo de la obligación alimentaria y de velar porque los beneficiarios de esta prestación puedan solventar sus necesidades elementales. Ciertamente, si bien la norma impugnada amplía la protección de los beneficiarios de la pensión alimentaria, tal proceder es razonable y se justifica por el carácter privilegiado de esta obligación. En este sentido, se debe agregar que lo dispuesto por la norma impugnada no impide la utilización de otras medidas cautelares para forzar el pago de los alimentos, ni coloca al obligado en una situación tal que torna imposible su oportunidad de realizar la prestación alimenticia. Por ende, la Sala estima que la norma impugnada no viola el Derecho de la Constitución, por lo que debe rechazarse por el fondo la acción en lo que a este extremo corresponde. IV.- Por otra parte, en cuanto al artículo 25 párrafo final de la Ley de Pensiones Alimentarias, sostienen los accionantes que viola el principio de razonabilidad y proporcionalidad, ya que estipula que durante el término que perdure la detención del obligado se suspenderá la obligación alimentaria, sin embargo, ello no supone la condonación de esta prestación. Además, alegan que dicha norma obliga al deudor de alimentos a realizar un imposible, sea el pago de la obligación alimentaria una vez que recobra su libertad, a pesar de que puede encontrarse sin ingresos ni bienes. Se estima que el reclamo formulado por los actores es improcedente, por cuanto lo dispuesto en el artículo 25 párrafo final de la Ley de Pensiones Alimentarias, lejos de considerarse irrazonable o desproporcionado, se adecua al Derecho de la Constitución. Nótese que el artículo 31 de la Ley #7654 faculta al deudor de alimentos para solicitar –en caso de que se encuentre imposibilitado de obtener los recursos necesarios para suplir las necesidades alimenticias de los beneficiarios– una autorización con el fin de que se le conceda un plazo prudencial para que obtenga una ocupación remunerada. Asimismo, el artículo 32 ídem le permite gestionar ante la autoridad competente el pago en tractos de las cuotas alimentarias atrasadas".
Entonces, es claro que desde la óptica del fundamento constitucional, base esencial actual en la resolución del conflicto jurídico, se ha permitido aquel apremio corporal en cuanto y cuando se este en presencia de una restricción interpretativa y eso se ha dado únicamente con aquellas cuotas recientes de cinco anteriores mas la actual, aunque ya se han dado pasos importantes para aquellos casos de las llamadas cuotas de gastos extraordinarias que siguen teniendo vigencia en cuanto se trata de situaciones actuales y perentorias.
2.- LOS RUBROS DE GASTOS DE MATERNIDAD y EMBARAZO Y DE PENSIONES RETROACTIVAS.-
1. Los gastos de embarazo y maternidad

Ya el Código de Familia contenía, antes de la promulgación de la Ley de Paternidad Responsable vigente desde el 27 de abril de 2001, la posibilidad de que en el proceso de filiación (antes proceso abreviado según el Código Procesal Civil) era posible el cobro contra el padre del menor de edad cuya paternidad se declaraba, de los llamados para entonces "gastos de maternidad y los alimentos del hijo durante los tres primeros meses que han seguido al nacimiento", pero que con la normativa citada antes, se reformuló ese derecho y se dice que es posible el cobro "de los gastos de embarazo y maternidad de la hija o el hijo durante los doce meses posteriores al nacimiento", cobro que tiene como titular o legitimado mas que al menor de edad a la madre de éste quién presumiblemente, ante la ausencia del padre, debió correr con todos los gastos derivados de la maternidad; razón de la cual se ha dicho que los mismos deben ser cobrados dentro del mismo proceso, teniendo como legitimada para el cobro a la madre del menor de edad. Se trata de una obligación de cobro de gastos verificados, en algunas casos muchos meses o años antes y que se conviertan en deudas que tendrá el padre para con la madre; pero que en ningún momento tienen la condición o naturaleza jurídica de los alimentos en sentido estricto como se definen en la normativa jurídico familiar, de lo que ya la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha hecho claridad en los votos 574-2004 y 837-2004, en cuanto a la distinción de uno y otro y sobre el tema el primero de los votos mencionados se externó asï:

"El primer numeral (Artículo 96 del Código de familia) refiere una situación de reembolso de gastos de un progenitor respecto del otro. La segunda norma (Artículo 172 mismo Código) establece una relación entre alimentario y alimentante. La primera, que es la que en realidad al caso interesa, no excluye la posibilidad de exigir responsabilidad, un cónyuge al otro, con base en la aplicación plena del ordenamiento jurídico y la redacción de la norma lo que pretende es facilitar dicho cobro, por lo menos por el período ahí señalado, pero nunca excluir la posibilidad de plantear el reclamo, por otra vía procesal, cuando éste encuentra amparo en el orden legal, tal y como más adelante se explicará. Véase que, en esta materia, la tendencia del legislador ha sido la de proveer mayor tutela al necesitado. Así, por ejemplo, aunque se trata de la relación entre alimentante y alimentario, la reforma introducida al numeral 167 del Código de Familia muestra esa evolución en el pensamiento del legislador y también de la doctrina (...) Se desprende, entonces, la intención de proveer al ejercicio de estas acciones, normas más garantistas y no limitadoras del ejercicio del derecho. Así, la Sala estima procedente la aplicación de los artículos 1.043 y 1.044 del Código Civil, que conforman el Capítulo V, “De los cuasicontratos”, del Título I (Contratos y Cuasicontratos), del Libro IV de dicho cuerpo normativo (...) Como se ve, esta última norma no excluye la aplicación de otras figuras jurídicas, consideradas como cuasicontratos. La doctrina, por su parte, incluye dentro de este ámbito al enriquecimiento sin causa. (...) En el caso concreto, está claro que la actora se vio compelida a asumir totalmente la obligación que derivó de la concepción y posterior nacimiento de su hijo. Consecuentemente, y dejando de lado lo que al campo de la formación integral se refiere, ella tuvo que asumir, por sus propios medios, la manutención del niño. El accionado, quien por ley debió compartir dicha obligación, no lo hizo sino hasta cuando judicialmente fue declarada su paternidad y se le fijó luego el deber de cancelar una cuota alimentaria. Con base en lo expuesto, se concluye que la actora está legitimada para demandar del accionado la indemnización de los gastos que a él le correspondían en forma proporcional y que ella debió asumir en su totalidad; pues, sin duda, el accionado se vio beneficiado y el patrimonio de la actora empobrecido, sin causa alguna que justificara tal situación".
Con este queda claro que los gastos de maternidad y embarazo no son estrictamente alimentos, lo que nos lleva a pensar y considerar que por esa calidad no pueden ser cobrados vía apremio corporal, ya que la necesaria interpretación restrictiva de este instituto jurídico lo impide, por lo que siendo una ejecución dineraria por establecer, habiendo título ejecutorio (la sentencia), es posible pedir el embargo de bienes del demandado en cantidad suficiente, según las normas de embargo que rijan en el derecho procesal. En resumen, podemos considerar que en tratándose de gastos de maternidad y embarazo, la limitación constitucional de la aplicación de la figura del apremio corporal en materia de alimentos se impone y no permite su uso en aquellos, restando entonces las otras figuras coercitivas de cobro, como el apremio patrimonial (embargo de bienes o de salarios) para el cobro del mismo.-

2. Las Pensiones Alimentarias retroactivas.

Respecto a los llamadas pensiones alimentarias retroactivas, la Ley de Paternidad Responsable ya citada introdujo la posibilidad de que cuando se acoge una paternidad sea posible el cobro de alimentos retroactivos a la presentación de la demanda de filiación y hasta que se inicie el cobro de la pensión ordinaria en la sede respectiva; lo que procesalmente se hace en esa sede, siendo que cuando se dicta sentencia del proceso plenario de alimentos, se establecen los meses debidos entre esas dos fechas y se multiplica por el monto mensual que se determinó en la sentencia. Por supuesto que a diferencia de los gastos de maternidad y embarazo, estos si constituyen alimentos porque su tratamiento procesal así los determina; pero en referencia a la posibilidad de cobro es consideración nuestra que deben concurrir los mismos principios y parámetros dados en el anterior en cuanto a que no se habla acá de perentoriedad, ni urgencia ni necesidad inmediata; sino que son cuotas de alimentos muy atrasadas y que deben ser cobradas por los otros medios; de hecho el artículo 96 párrafo final del Código de Familia establece la posibilidad, como medida cautelar típica en esta materia, de poder decretar el embargo de bienes por parte del juez, siendo que como está redactada la norma parece ser de carácter imperativa u oficiosa, ello en un monto prudencial que cubra los derechos; previsión que sin duda responde a la consideración del juzgador, en su decisión intelectiva, de que ante el hecho de que no se pueda cobrar por medio del apremio corporal, establece de una vez la posibilidad de otras alternativas de cobro.- Entonces tampoco es posible el uso del apremio corporal en tratándose del cobro de las cuotas de alimentos retroactivas provenientes de la declaración de paternidad.





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