V. el contrato de alimentos concepto. Sujetos. Contrato de alimentos a favor de tercero. Contenido. Modificación de las circunstancias. Incumplimiento contractual. Garantías contractuales






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V. EL CONTRATO DE ALIMENTOS

1. Concepto. 2. Sujetos. 3. Contrato de alimentos a favor de tercero. 4. Contenido. Modificación de las circunstancias. 5. Incumplimiento contractual. 6. Garantías contractuales.



1. Concepto

El legislador aprovecha la LPPD para tipificar el contrato de alimentos, introduciendo un nuevo capítulo en el Código Civil, que comprende los artículos 1791-17971, en los cuales se configura su régimen jurídico. El contrato de alimentos, de larga tradición histórica sobre todo en determinadas zonas geográficas de nuestro país, permite a aquellas personas, que por distintas razones (edad, enfermedad, discapacidad...) requieran de algún tipo de colaboración en su vida diaria, asegurarse la asistencia de un tercero que queda obligado a cubrir sus necesidades vitales, en la forma prevista en el contrato, cediendo a cambio la titularidad de un capital.

La utilización de este contrato, pese a aparecer en la Ley de protección patrimonial de los discapacitados, no queda restringida a éstos, ni tampoco debe identificarse con el mundo rural en el cual tuvo su origen. En este sentido, debe concebirse el contrato de alimentos como un instrumento idóneo para satisfacer las necesidades no sólo económicas o materiales sino también afectivas de aquellas personas que como hemos visto requieren de la colaboración de un tercero en su vida diaria2. Por lo tanto, para ser beneficiario de la obligación convencional de alimentos no es necesario estar incapacitado judicialmente, sino que cualquier persona con algún tipo de discapacidad o dependencia le podrá resultar útil su conclusión. En este sentido, tal y como se desprende de su concepto legal en virtud del contrato de alimentos el alimentante «se obliga a proporcionar vivienda, manutención y asistencia de todo tipo», en definitiva, se obliga a cubrir las necesidades vitales del alimentista en la cuantía y con la calidad que se haya pactado en el contrato o, en caso de no haberse previsto nada, con el alcance que determine el juez. El alimentista, por su parte, se obliga a transmitir un capital, en cualquier clase de bienes y derechos, de los cuales cede la propiedad o titularidad del derecho de que se trate; en virtud de esta transmisión queda obligado a responder por evicción y saneamiento de los mismos.

Con la entrada en vigor de la LPPD el contrato de alimentos junto con la constitución de un patrimonio protegido aparecen como mecanismos para asegurar o garantizar la protección patrimonial de los discapacitados – aunque el primero de ellos, como hemos dicho, no específico de este colectivo-. Sin embargo, la principal ventaja del contrato de alimentos respecto a la figura del patrimonio protegido reside en que ésta deja de lado completamente la asistencia o protección personal del beneficiario3, lo que no ocurre en el vitalicio por cuanto su finalidad no se limita a satisfacer las necesidades materiales del alimentista sino que tiene una carga asistencial primordial, al perseguir las partes, esencialmente el alimentista, establecer una relación de convivencia en la que surja una relación de afectividad entre ellos.

Por el contrario, la desventaja que presenta el contrato de alimentos frente al patrimonio protegido reside en que carece de los controles externos a que se somete la administración de aquél dirigidos a que la protección del discapacitado sea efectiva y los fines de la constitución del patrimonio se vean cumplidos (artículo 1 LPPD). Mientras que el cumplimiento del vitalicio, al quedar en el ámbito de las relaciones privadas, únicamente corresponde su control y correspondiente denuncia en caso de incumplimiento a las partes, lo que en muchos casos, va a plantear numerosos problemas prácticos, derivados de las dificultades que puede encontrar el alimentista para denunciar y probar dicha circunstancia.

2. Sujetos

  1. Alimentante: es la persona obligada a prestar los alimentos, pueden ser una o varias personas, que en todo caso tienen que tener plena capacidad de obrar. Podría ser alimentante una persona jurídica, sin embargo, como vamos a tener ocasión de comprobar, atendiendo a la función del contrato o a su esencia, según la cual lo pretendido con el contrato es la obtención de una serie de cuidados y servivios llegando a alcanzar mediante la convivencia de las partes una relación de afectividad, no será habitual que el contrato se celebre con una persona jurídica.

No obstante, el contrato de alimentos pactado con una persona jurídica podrá resultar una opción adecuada sobre todo en aquellos supuestos en los que el alimentista sea un discapacitado que requiera una asistencia especializada y que, precisamente, ésta sea prestada por una determinada institución, cuyos fines sean el acogimiento y la atención a discapacitados, por lo que resultará del todo acertado la conclusión del contrato estudiado con aquélla. De esta forma se logra que el alimentista veá satisfechas no sólo sus necesidades vitales en los términos del artículo 1791 CC sino que, además, reciba otro tipo de asistencia adaptada a su situación. En cualquier caso, el contrato de alimentos celebrado con una persona jurídica exigirá comprobar que, efectivamente, concurren los elementos de éste –cesión de un capital a cambio de manutención y asistencia de todo tipo, que irá cambiando según cambien las circunstancias del beneficiario, de carácter vitalicio y por tanto aleatorio- y no nos encontramos ante un arrendamiento de servicios.

Aunque en la práctica resulta habitual que el contrato de alimentos se concluya con familiares más o menos cercanos, dicha circunstancia no es esencial para la celebración del contrato, siendo, posible que el alimentante sea una persona ajena al núcleo familiar del alimentista. Precisamente, cuando el contrato se concluya con alguno de los parientes que según el artículo 143 CC se encuentra obligado legalmente a prestar alimentos, podrán plantearse problemas en aras a determinar la solución a la posible concurrencia de la obligación de alimentos surgida del vínculo contractual y la posible obligación legal de alimentos que pueda existir entre alimentante y alimentista.

2. Cedente: es quien transmite los bienes o capital de que se trate a cambio de recibir bien personalmente o bien un tercero las prestaciones que se derivan del contrato de alimentos, por cuanto este contrato puede configurarse como contrato a favor de tercero (artículo 1257 CC). Tiene que tener capacidad plena, por lo que si estuviera incapacitado el negocio requerirá para su validez la intervención del tutor o curador, requiriendo, en cualquier caso para esta actuación la autorización judicial en los términos previstos en el artículo 271 CC4.

En este supuesto, el tutor o en su caso los padres (patria potestad prorrogada o rehabilitada) intervendrán en el contrato en calidad de representante legal del incapaz, siendo éste parte en el contrato; precisamente, en calidad de tal representante y como consecuencia de la incapacidad del alimentista le corresponderá controlar y denunciar los posibles incumplimientos cometidos por el alimentante.

3. Alimentista: es el beneficiario del contrato, puede coincidir o no con la persona del cedente, de no ser así no será necesario que tenga capacidad de obrar, por cuanto no es parte en el mismo; por lo que resulta posible que el alimentista beneficiario sea un incapaz, cuando el contrato se celebre a favor de tercero. En los contratos de alimentos en los que el alimentista es un discapacitado frecuentemente el contrato se celebrará entre los familiares del discapacitado y la persona que va a prestar los alimentos a favor de aquél, quien dependiendo de si tiene capacidad suficiente para ello podrá aceptarlo por sí mismo, o, a través de su representante legal.

Finalmente, señalar que la vida del alimentista sirve de módulo para determinar la duración del contrato, que coincidirá plenamente con aquélla, por encontrarnos ante un contrato vitalicio; además, la incertidumbre del momento en que se producirá la muerte de aquél determina el carácter aleatorio del contrato de alimentos carácter aleatorio que se ve reforzado por el hecho de que el contenido de la prestación sea variable a lo largo de la duración del contrato. Si fueran varios los alimentistas el contrato, no concluirá hasta el fallecimiento del último de ellos.

3. Contrato de alimentos a favor de tercero

Precisamente la Exposición de Motivos de la LPPD destaca la utilidad del contrato de alimentos celebrado a favor de terceros cuando sean lo padres –nosotros añadimos cualquier otro familiar- de un discapacitado quienes cedan el capital a cambio de que el alimentante cubra las necesidades vitales de aquél en los términos expresados en el artículo 1791 CC, para cuando ellos falten o cuando ya no puedan ocuparse de aquél por distintas razones (avanzada edad, efermedad, necesidad por parte del discapacitado de atenciones especiales...). En este caso, nos hallamos ante un contrato a favor de tercero en el que las partes acuerdan que las prestaciones que debe cumplir el alimentante surgirán a favor del discapacitado, quien se convierte en acreedor de las mismas, a pesar de no haber sido parte en el contrato5.

El principal problema que plantea este supuesto, que es el que presenta en general la figura del contrato a favor de tercero, es determinar cuál es la posición jurídica de las partes en la relación, sobre todo, en el caso de incumplimiento de las obligaciones que surgen de aquél; o lo que es lo mismo a quién corresponde el ejercicio de las acciones derivadas de la falta de cumplimiento o cumplimiento defectuoso. Por eso hubiera resultado plausible que el legislador al tipificar el vitalicio hubiera aprovechado para dar una respuesta expresa a esta cuestión, aunque fuera limitada a este supuesto. En este sentido, no existen inconvenientes en admitir que el tercero en cuanto titular del derecho de crédito goza de todas las facultades inherentes a dicha condición, por lo que podrá reclamar el cumplimiento forzoso de la prestación así como el cumplimiento por equivalencia y en su caso la indemnización en caso de incumplimiento, junto con la ejecución de las garantías pactadas en el contrato6. Por el contrario, mayoritariamente se rechaza que el tercero beneficiario del contrato pueda ejercitar la acción resolutoria que únicamente correspondería a las partes contratantes, en este caso el cedente de los bienes.

Según este planteamiento, si el contrato de alimentos se celebrara a favor del discapacitado, éste en caso de incumplimiento grave por parte del alimentante no podrá ejercitar la acción de resolución sino que su ejercicio corresponderá al cedente de los bienes. Lo que en determinadas situaciones en las que el cedente por la razón que sea no pueda ejercitar o, lo que es más probable, no tenga conocimiento de la circunstancia del incumplimiento, podría perjudicar seriamente al discapacitado que quedaría desasistido.

Precisamente, a propósito del contrato de alimentos, encontramos alguna opinión discrepante de la solución mayoritaria que defiende que cuando aquél se celebre a favor de tercero será a éste a quien corresponda el solicitar la resolución del contrato7. Actualmente, la admisión de esta posibilidad pasa por una interpretación literal del artículo 1795 CC, regulador de la resolución del contrato de alimentos en caso de incumplimiento, según el cual la resolución del contrato constituye un derecho del alimentista. Esta interpretación se vería reforzada por el siguiente precepto (artículo 1796 CC) 8, que recoge un efecto típico de la resolución de este contrato, y que, igualmente, se refiere al alimentista; según el contenido de este artículo podemos afirmar que resuelto el contrato el alimentista beneficiario se convierte en perceptor de los bienes inicialmente aportados por el cedente, lo que vendría a confirmar que con la constitución del contrato a favor de tercero el estipulante transmite todos los derechos y acciones que deriven del mismo, y con ellos el ejercicio de la acción de resolución.

Si, además, interpretamos estos preceptos dentro del nuevo régimen legal del vitalicio, en el que se admite la posibilidad de que este contrato se celebre a favor de tercero y del que se deriva una evidente -y en algunos casos desproporcionada, por cuanto el beneficiario no siempre es la parte débil en la relación- protección del alimentista, podríamos concluir que en caso de incumplimiento corresponderá solicitar la resolución al alimentista haya sido o no parte en el contrato9 y en el supuesto de que el alimentista estuviera incapacitado será su representante legal quien deba instar la resolución. En cualquier caso, ante las dudas que se plantean la mejor formar de solventar las mismas será previendo expresamente en el contrato que la acción de resolución corresponde al alimentista (artículo 1255 CC).

4. Contenido. Modificación de las circunstancias

Tal y como establece el artículo 1791 CC la prestación del alimentista consiste en proporcionar vivienda, manutención y asistencia, lo que aparece como contenido mínimo del contrato, debiendo determinarse las obligaciones concretas asumidas por aquél según lo acordado en el contrato, que, en cualquier caso, deberá ser suficiente para cubrir las necesidades vitales del alimentista10. En este sentido, la extensión y calidad de la prestación será la fijada en el contrato, tal y como dispone el artículo 1793 CC, y en el supuesto de no haberse previsto nada, no podrá hacerse depender aquélla ni del caudal ni de las necesidades del obligado, a diferencia de como sucede en la obligación legal de alimentos (artículo 142 CC), lo que resulta lógico por cuanto el origen y fundamento de ambas obligaciones es distinto11. Por lo que corresponderá al juez en caso de incumplimiento determinar en cada caso cuál sea el contenido necesario del contrato para satisfacer las necesidades del alimentista (artículo 1796 CC), para lo que habrá de tener en cuenta los principios generales en materia de obligaciones (artículo 1167 CC, artículo 1258 CC, ...).

No obstante, este contenido podrá y deberá alterarse según cambien las necesidades del alimentista, de manera que en cada etapa de su vida queden satisfechas en todo caso y con el alcance que corresponda sus necesidades vitales de acuerdo con su situación actual. Precisamente, la variación del contenido de la prestación durante la vida del contrato no es más que consecuencia de su condición como contrato de tracto sucesivo y de su función o finalidad, debido a que si con la celebración de del contrato de alimentos el alimentista pretende ver satisfechas durante toda su vida (contrato vitalicio) sus necesidades vitales, resulta innegable que éstas a lo largo de la vida de una persona van variando y en consecuencia se alterarán las prestaciones que deba cumplir el alimentante para cubrir en cada momento dichas necesidades.


Por tanto, aunque las partes pueden pactar libremente el contenido del contrato, es decir, cómo deba prestarse la referida vivienda, manutención y asistencia, lo habitual será que el alimentante no se limite a entregar los bienes y facilitar los servicios acordados sino que sus actuaciones vayan más allá, por cuanto la finalidad del vitalicio, por parte del alimentante, se concreta en «procurarse un hogar aún a costa de integrarse en una familia extraña» (SAP Córdoba 8/2/1994 (RJ 223/1994). Por eso, tal y como aparece en otra decisión judicial, «la prestación alimenticia abarcará el sustento, la habitación, la vestimenta y la asistencia médica del alimentista, así como las ayudas y los cuidados, incluso los afectivos, acomodados a las circunstancias de las partes» (SAP Lugo 13/10/1995).

Se comprueba, de este modo, que a pesar de la libertad con que cuentan las partes para delimitar el contenido contractual, lo habitual o la esencia del contrato no es que el alimentante se limite a asegurar un techo al alimentista (vivienda), ni a entregar los alimentos que requiera para subsistir (manutención)..., sino que la esencia del contrato será que ya sea en la vivienda del alimentante a la que aquél se traslade o viceversa, se logre entre ellos una auténtica convivencia. Todo ello junto con la prestación de aquellas atenciones (asistencia) que teniendo en cuenta sus circunstancias personales el alimentista pueda requerir como asistencia en las actividades básicas, así el aseo, cuidados médicos, tramitación de gestiones con terceros (STSJ Galicia 17/1/2002 (RJ 2/2002)12. Sin excluir la posibilidad de que junto con todas estas prestaciones, entre las que adquieren una mayor relevancia en consonancia con la función que desarrolla el vitalicio aquéllas de carácter personal o moral por encima de las puramente patrimoniales13, el alimentante quede obligado a la entrega periódica de una cantidad de dinero al alimentista.

Precisamente, aún resultando complicado a priori enumerar las prestaciones básicas del alimentante, podemos afirmar que consistirán en un conjunto de actividades, que comprenderá tanto obligaciones de hacer como de dar, y que deberá ejecutar de forma continua durante la vigencia del contrato14, periodo durante el cual es posible que varíe el contenido de las mismas. Precisamente, encontramos en este aspecto la principal diferencia de esta relación con el contrato de renta vitalicia, cuya prestación principal es únicamente el pago de una pensión periódica; contrato respecto al cual como ha destacado la Jurisprudencia, con anterioridad a su tipificación, no constituye una modalidad sino que el contrato de alimentos constituye un contrato autónomo, distinto de aquél (STS 28/5/1965 (RJ 3172/1965), STS 2/7/1992 (RJ 6502/1992), STS 1/7/2003 (RJ 4054/2003).
- Modificación de las circunstancias
El legislador ha querido tipificar una cláusula o circunstancia que venía siendo habitual pactarla en la práctica o aplicarla por los Tribunales a instancia de parte15, según la cual la prestación del alimentista que, como hemos dicho, consiste en proporcionar vivienda, manutención y asistencia, podrá ser reemplazada por el pago de una pensión periódica en caso de muerte del alimentante o en caso de producirse una alteración grave de las circunstancias que impida la pacífica convivencia de las partes (artículo 1792 CC). No obstante, conviene destacar que aunque el legislador se refiere a «las alteraciones graves que impidan la pacífica convivencia» debemos interpretar esta expresión en sentido amplio entendiendo que las consecuencias previstas en el artículo 1792 CC serán de aplicación en cualquier supuesto que imposibilite al alimentante cumplir sus obligaciones16. Excluyendo, en cualquier caso, aquellas circunstancias que impidan el cumplimiento y que sean imputables al deudor, y la circunstancia de haberse arruinado el alimentante, ya que como señala el artículo 1793 CC, en el contrato de alimentos, a diferencia de la obligación legal, la extensión y calidad de la pensión no depende de las vicisitudes del caudal del obligado.

Con este artículo se confirma que el contrato de alimentos no termina con la muerte del alimentista sino que producida ésta se producirá la transmisión mortis causa del contrato a sus herederos, quienes deberán cumplir las obligaciones derivadas del mismo. En este sentido, parece lógico entender que si éstos existiendo una razón suficientemente justificada que les impida prestar personalmente los alimentos o no puedan prestarlos en los términos convenidos y que satisfagan al alimentista, así como cuando éste justificadamente no quiera que así sea, la prestación originaria deba reemplazarse por el pago de la pensión correspondiente para que aquél pueda cubrir sus necesidades vitales, como era el fin del contrato. Igualmente, si entre las partes la convivencia resultase imposible, más acertado que poner fin al contrato, puede resultar la modificación del objeto de la prestación.

No obstante, para ello será preciso que cualquiera de las partes lo solicite, correspondiendo al juez ordenar el pago de la pensión, que se corresponderá con lo fijado en el contrato y de no haberse previsto nada con lo acordado por aquél, y que deberá pagarse por plazos anticipados. En cualquier caso, la cantidad fijada por el juez deberá ser suficiente para cubrir las necesidades vitales del alimentista en las partidas que aparecen en el artículo 1791 CC, es decir, vivienda, manutención y asistencia y en la cuantía que requiera el alimentista en cada momento, por cuanto como ya hemos dicho, lo peculiar de este contrato, incluso en este supuesto de alteración de las circunstancias, es el carácter variable del contenido de la obligación del alimentante. La pensión deberá abonarse por adelantado para que aquél pueda hacer frente a sus gastos de sustento.

En cualquier caso, en el supuesto de convivencia imposible junto con la posibilidad de solicitar la sustitución de la prestación, sería posible que atendiendo a las circunstancias que se hayan producido se solicite la resolución del contrato, en los términos del artículo 1795 CC.

5. Incumplimiento contractual



Para regular las consecuencias del incumplimiento del contrato de alimentos habrá que estar al contenido del artículo 1795 CC, junto con el régimen general previsto para el incumplimiento contractual. En este sentido, constatado el cumplimiento imputable a una de las partes, la parte cumplidora podrá optar entre:

  1. Exigir el cumplimiento de la prestación.

  2. Exigir la resolución del contrato.

  3. En cualquier caso, solicitar la correspondiente indemnización por daños y perjuicios.

Aunque el artículo 1795 CC se refiere exclusivamente al supuesto de incumplimiento del alimentante, en el caso de que sea el cedente de los bienes quien incumpla las consecuencias serán las mismas. En este sentido, si fuera éste quien incumpliera sus obligaciones, es decir, si no procediera a la transmisión del capital a que viene obligado, podrá el alimentante exigir el cumplimiento forzoso del contrato o, por el contrario, su resolución, no viniendo obligado al cumplimiento de su prestación hasta que aquél no entregue los bienes, a menos que para esta entrega se hubiere señalado un momento posterior, en cuyo caso, no será exigible hasta este momento.

En cuanto al supuesto tipificado en el artículo 1795 CC, es decir, en caso de incumplimiento del alimentante, podrá el alimentista exigir el cumplimiento del contrato, junto con la reclamación del pago de los gastos devengados y no abonados17. En cualquier caso, será preciso determinar, en primer lugar y efectivamente, que se ha producido el incumplimiento, lo que puede resultar complicado si en el contrato no se han pactado claramente las prestaciones asumidas por el alimentante y teniendo en cuenta que la ejecución del contrato se desarrollará dentro del ámbito privado que marca la convivencia resultará complicado probar el mismo. De no resultar así, el juez para decretar el incumplimiento deberá tener presente si las necesidades vitales del alimentista se han visto satisfechas en la cuantía y calidad que precise en cada momento, teniendo presente lo dispuesto en los artículos 1167 CC y artículo 1258 CC. En los casos, en los que resulte difícil determinar el incumplimiento o su gravedad no sea bastante para resolver el contrato, si la convivencia entre las partes se hubiese visto afectada se podrá aplicar el artículo 1792 CC, y reemplazar la prestación pactada inicialmente por el abono de la pensión correspondiente.

Podrá, igualmente, el alimentista optar por la resolución del contrato, en cuyo caso las partes deberán restituirse las prestaciones recibidas hasta volver a la situación anterior a la conclusión del contrato como si éste nunca hubiera existido. En este sentido, deberá el alimentante restituir la titularidad de los bienes y derechos integrantes del capital recibido (artículo 1795 CC) y, en caso de no ser ésta posible, deberá restituir el equivalente pecuniario, salvo en el supuesto de que se hubiera inscrito la condición resolutoria expresa, tal y como aparece en el artículo 1797 CC, en cuyo caso las sucesivas transmisiones de los bienes quedarán sin efecto. En cuanto a lo recibido por el alimentista, éste no podrá proceder a la restitución in natura sino que deberá abonar el equivalente pecuniario de las prestaciones recibidas, pudiendo suspenderse la restitución tal y como prevé el artículo 1795 CC por el tiempo y con las garantías que se determinen; lo que entendemos resultará incluso necesario cuando el alimentista no tenga liquidez para afrontar la restitución. Igualmente podrá el juez determinar que se compensen los daños y perjuicios sufridos por el alimentista con la cantidad que deba restituir al alimentante. En cualquier caso, resuelto el contrato el alimentista habrá de quedar con una cantidad suficiente como para poder constituir un nuevo contrato de alimentos (artículo 1796 CC) y, además, tendrá derecho al abono de los daños y perjuicios sufridos, durante el tiempo que no haya percibido los alimentos pactados.

Sin embargo, las partes pueden acordar, y así es frecuente que aparezca en la práctica, un pacto de retención de las prestaciones recibidas para el caso de incumplimiento del alimentante, de manera que de producirse ésta el alimentista tendrá derecho a retener las prestaciones recibidas. De este modo, por una parte, se agravarían las consecuencias del incumplimiento para el alimentante con lo que se intentaría disuadirle del mismo, así como asegurar, de otra parte, al alimentista en caso de incumplimiento no deberá asumir el abono del equivalente a las prestaciones recibidas con la dificultad que ello puede entrañar, debido a que en la mayoría de los supuestos habrá cedido todos sus bienes.

Todas estas medidas protectoras del alimentista que introduce el legislador sólo se justificarían en cuanto intentan favorecer a la parte contractual que inicialmente cumple sus obligaciones y que queda sometido durante la vigencia del contrato a la eventualidad de que la otra parte cumpla o no y como medio para evitar que el alimentista en caso de incumplimiento del deudor se sienta forzado a continuar en el contrato ante la inseguridad o incertidumbre de cuál pueda ser su destino para el caso de resolución. De esta forma, se le trata de garantizar que, en cualquier caso, su situación patrimonial será bastante para constituir un nuevo contrato de vitalicio, con el que cubrir sus necesidades vitales y que si tuviera que restituir las prestaciones recibidas como consecuencia de la resolución ésta podrá suspenderse si fuera necesario para garantizar primeramente su subsistencia.

6. Garantías contractuales



Cuando los bienes o derechos que haya transmitido el alimentista sean registrables podrá inscribirse el pacto de condición resolutoria para el caso de incumplimiento, con el fin de garantizar frente a terceros sus derechos (artículo 1797 CC).

Además, podrá el alimentista hacer uso de la hipoteca en garantía de prestaciones periódicas prevista en el artículo 157 LH, según la cual acreedor de este tipo de rentas podrá ejecutar dicha hipoteca mediante el procedimiento sumario del artículo 129 LH; el adquirente de los bienes los adquirirá con dicha hipoteca y con la obligación de pago de la prestación periódica hasta su vencimiento. Sin descartar, obviamente, que las partes puedan incluir en el contrato aquellas otras garantías que crean convenientes.

1 Sin contenido desde la aprobación de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, reguladora del contrato de seguros, que derogó los preceptos del Código Civil que se ocupaban de dicho contrato.

2 En este sentido, el Tribunal Supremo ha afirmado con relación al atípico, en ese momento, contrato de alimentos que en este tipo de relación contractual “por encima de lo establecido, de ámbito económico o patrimonial, incide el necesario ajuste de dos o más personas, de caracteres, costumbres y aficiones para lograr la convivencia, es decir en lo que se dice congeniar” (STS 1/7/2003 (RJ 646/2003).

3 Aspecto que quedará resuelto si el beneficiario del patrimonio es un discapacitado incapacitado, al corresponder al guardador legal, designado en la sentencia de incapacitación, la asistencia personal de aquél.

4 Esta autorización podrá hacerse depender de si la constitución del contrato pueda representar un incumplimiento por parte del tutor de sus funciones respecto al incapacitado o por el contrario constituya una ventaja para el mismo.

5 López Richart, J.: Los contratos a favor de tercero. Dykinson, Madrid, 2001. p. 275.


6 López Richart, J.: ob. cit. p. 276-ss.

7 F. Rodríguez López: «La cesión de bienes a cambio de alimentos: El contrato de vitalicio» en Libro Homenaje a Vallet de Goytisolo, t. III. pp. 737-738. «El cedente al constituir a favor de un tercero el derecho a la prestación le transfiere definitiva y eficazmente todo lo que aquél lleve ínsito, sus elementos de desarrollo, sus garantías legales o convencionales, etc.»

8 Artículo 1796 CC: «De las consecuencias de la resolución del contrato, habrá de resultar para el alimentista, cuando menos, un superávit suficiente para constituir, de nuevo, una pensión análoga por el tiempo que le quede de vida».

9 La defensa de la idea según la cual el tercero beneficiario del contrato de alimentos puede solicitar la resolución del contrato debe acompañarse de la afirmación de que también le corresponde el ejercicio de la acción reconocida en el artículo 1792 CC, aunque en este caso la norma no se refiere expresamente al alimentista sino a las partes del contrato.

10 Por su parte el artículo 95.2 Ley de Derecho Civil de Galicia delimita el contenido del contrato de alimentos en los siguientes términos: En todo caso la prestación alimenticia comprenderá el sustento, la habitación, el vestido y la asistencia médica del alimentista, así como las ayudas, y cuidado, incluso los afectivos, adecuados a las circunstancias de las partes.

11 Aunque la extensión de la prestación a que se encuentra obligado el alimentante no dependa de los presupuestos que determinan su cuantía en el caso de la obligación legal de alimentos, ello no excluye que las partes en la práctica puedan determinar el contenido de la obligación legal de alimentos remitiéndose al artículo 142 CC o que el juez al fijar judicialmente la misma tenga en cuenta dicho precepto, pero en ambos casos sólo a los efectos de precisar las partidas integrantes de la obligación de alimentos y no su cuantía.

12 STSJ Galicia 17/1/2002 (RJ 2/2002): “Nótese, por último, que los cuidados y ayudas de tipo afectivo, conforman junto a los alimentos un contenido típico del contrato, pudiendo ser incluso elemento determinante del otorgamiento de aquél, como parece ocurrir en el caso que nos ocupa, por lo que la prestación de alimentos puede ser incluso secundaria, aunque necesaria, como causa del contrato, por lo que en la configuración del mismo como contrato típico la necesidad de alimentos por parte del alimentista no aparece como determinante de su esencia”.

13 Núñez Zorrilla, M.C.: El contrato de alimentos vitalicio: configuración y régimen jurídico, Marcial Pons, Madrid 2003. p. 80.

14 S. Chillón peñalver: El contrato de vitalicio: caracteres y contenido. Edersa, Madrid, 2000. p. 92.

15 STS 6/5/1980 (RJ 1785/1980), STS 13/7/1985 (RJ 4321/1985), STS 9/7/2002 (RJ 5904/2002), 1/7/2003 (RJ 4054/2003)...

16M.C. Gómez Laplaza: “Consideraciones sobre la nueva regulación del contrato de alimentos” en Revista de Derecho Privado, marzo-abril 2004. p.

17 Aunque el artículo 1795 CC señala que es el alimentista quien puede ejercitar la resolución, lo que vendría a solucionar los problemas que se surgen cuando el contrato se celebra a favor de tercero en cuanto a quien corresponde el ejercicio de dicha acción, nos remitimos a lo dicho al hablar del contrato de alimentos a favor de tercero.


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