Síntesis Del Voto 11490-10






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fecha de publicación03.08.2015
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Investigaciones Jurídicas en Materia de Pensión Alimentaria



Síntesis Del Voto 11490-10

1. Limitación de la Libertad personal en materia alimentaria

2. Impedimento de Salida del País En Materia Alimentaria.

3. Extinción de la Obligación Alimentaria.

4. Deberes alimentarios para los hijos mayores de edad y su tramitación Procesal.

5. Levantamiento del Impedimento de Salida del País

6. Reapertura del proceso Alimentario Contra Tutelado.
7. Interpretación Del Voto en la Cotidianidad del proceso alimentario
Lic.Ramón Meza Marín.

Investigación Jurídica
Exp: 10-008140-0007-CO Res. Nº 2010011490, SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas y cuarenta y siete minutos del treinta de junio del dos mil diez.

1. Sobre la Limitación de la Libertad Personal en Materia Alimentaria. La normativa de origen internacional define la viabilidad y procedencia del apremio corporal u otras medidas cuando de cubrir las obligaciones alimentarias se trate. Principios y valores superiores representados en el interés superior del niño y la protección de la familia, han motivado a la comunidad internacional al reconocimiento de esta posibilidad como uno de los últimos resabios por los cuales es factible la comúnmente denominada «prisión por deudas». Así, el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que:

"Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarios."

En el ámbito interno, la integración de los artículos 38, 39, 51, 52 y 53 de la Constitución Política, versan –entre otros- en el mismo sentido del reconocimiento del principio de protección y del derecho a la prestación de alimentos, logrando así de manera expresa que la definición de origen internacional de cita sea receptada en los citados artículos 38 y 39 de esta manera:

ARTÍCULO 38.- Ninguna persona puede ser reducida a prisión por deuda.

ARTÍCULO 39.- A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad.

No constituyen violación a este artículo o a los dos anteriores, el apremio corporal en materia civil o de trabajo o las detenciones que pudieren decretarse en las insolvencias, quiebras o concursos de acreedores.”

De tal forma, es claro que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, desde el más alto nivel normativo se reconoce la posibilidad de proceder mediante mecanismos que incluso pueden ser restrictivos de otros derechos o libertades –en este caso la libertad personal-, razón por la cual, en estas circunstancias deberá estarse a las previsiones que al respecto se hayan previamente establecido.

2. Sobre el impedimento de salida del país en materia alimentaria. En lo que respecta a la limitación a la libertad de tránsito con motivo de la imposición de un impedimento de salida del país en materia alimentaria, la jurisprudencia de la Sala es conteste en definir que el levantamiento de esta medida debe acordarse cuando se extinga la obligación alimentaria, para lo cual se entiende que el levantamiento puede acordarse bien de oficio cuando se acredite la inexistencia de la obligación, bien a gestión de parte cuando ya se haya tenido por extinto el deber alimentario. Así, mediante sentencia número 2008-18, de las catorce horas cuarenta y siete minutos del 8 de enero de 2008 –reiterada por sentencia número 2010-2576, de las trece horas treinta y un minuto del 5 de febrero de 2010-, señaló la Sala que:

“Es en la propia Ley de Pensiones Alimentarias donde ex profeso se advierte que la suspensión de los procedimientos no implica dejar sin efecto el impedimento de salida del país que pesa sobre todo obligado alimentario (artículo 48). Los únicos supuestos de levantamiento de esta medida son la solicitud expresa en ese sentido por parte del beneficiario o el depósito equivalente a, por lo menos, doce meses de pensión y el aguinaldo (artículo 14 ídem). Evidentemente, también operaría en caso de extinguirse la obligación de alimentos. No obstante, en este caso no se está ante ninguno de esos supuestos, por lo que al mantenerse el impedimento dicho no se ha conculcado la libertad del actor, siendo lo procedente desestimar el recurso.”

De igual manera, ha definido la Sala que cuando se acuerde el levantamiento del impedimento de salida del país, es deber del órgano judicial comunicarlo de inmediato a las autoridades migratorias, pues una omisión en este sentido genera una violación directa a la libertad de tránsito de la persona afectada. Así, mediante sentencia número 2010-3729, de las quince horas veinticinco minutos del 23 de febrero de 2010, dispuso la Sala que:

“No se encuentra una justificación razonable para que, más de 3 años después de que se levantara el impedimento de salida impuesto al tutelado, no se hubiera enviado la comunicación respectiva a la Dirección General de Migración y Extranjería. Así, reiteradamente, la Sala ha sostenido que no es obligación ni existe una razón válida para que los administrados deban soportar los errores de la Administración. Desde esa perspectiva, la Sala tiene como demostrado que el error del Juzgado de Pensiones Alimentarias del Segundo Circuito Judicial de San José de no comunicar, a tiempo, el levantamiento del impedimento de salida del país que existía en contra del recurrente le imposibilitó viajar, el 9 de febrero de 2010, según lo tenía planificado, lo cual, sin duda, vulneró la libertad de tránsito del tutelado.”

3. Sobre la extinción de la obligación alimentaria. Definir cuándo una obligación alimentaria se debe tener por extinta, es un asunto de legalidad ordinaria que debe acordarse por el órgano judicial competente luego de la realización de un proceso contradictorio donde se estudie y valore de manera puntual el material probatorio que en cada caso se aporte. Sin embargo, bajo supuestos específicos el momento en que se extingue una obligación alimentaria puede ser de trascendencia constitucional en lo que a la libertad de tránsito se refiere, por ejemplo cuando de levantar o mantener un impedimento de salida del país se trate. En el caso bajo estudio esta definición es importante, por cuanto en el cuadro fáctico se tiene un posible beneficiario alimentario a quien se previno mostrar su interés en mantener o no la obligación alimentaria, toda vez que se trata de una persona que se encuentra en el rango etáreo de entre los 18 y los 25 años de edad, por lo que podría llegar a beneficiarse de lo dispuesto en el artículo 173.5 del Código de Familia. Sobre esa situación en particular, la jurisprudencia ordinaria y la jurisprudencia constitucional han reconocido que la adquisición de la mayoría de edad se entiende como una preclusión de la obligación alimentaria original –de la que se disfruta siendo menor de edad-, por lo que debe tramitarse una nueva acción alimentaria si la persona que cumple los dieciocho años de edad considera mantener su condición de beneficiario alimentario. Así, en sentencia número 2009-15209, de las once horas ocho minutos del 25 de setiembre de 2009 –criterio ratificado por sentencia número 2010-3278, de las quince horas cincuenta y seis minutos del 12 de febrero de 2010-, señaló la Sala que:

4. Sobre el deber alimentario para con los hijos mayores de edad y su tramitación procesal. El inciso 5) del artículo 173 del Código de Familia, señala que la obligación alimentaria de los padres hacia sus hijos se mantiene aún y cuando estos adquieran la mayoría de edad, únicamente en la medida que los beneficiarios alimentarios no hayan terminado los estudios necesarios para adquirir una profesión u oficio, no sobrepasen los veinticinco años de edad, y obtengan buenos rendimientos con una carga académica razonable, aspectos todos que deben probarse al interponer la demanda y que necesariamente deben ser valorados dentro de la jurisdicción especializada. Para ello, el sistema procesal está dispuesto en forma tal, que al cumplir la mayoría de edad el acreedor alimentario que se considere mantiene su derecho a recibir alimentos, debe interponer la acción correspondiente ante el juzgado especializado de la materia, de forma tal que sea en dicha sede que se acredite si el interesado mantiene ese derecho y el obligado continúa con el deber de otorgar los alimentos, los cuales necesariamente deberán ser apreciados y definidos de acuerdo a las particulares necesidades de la persona que ha adquirido la mayoría de edad. Esto es así por cuanto al adquirir la mayoría de edad, se adquiere una serie de necesidades distintas a las previamente establecidas para el beneficiario alimentario mientras fue menor de edad, situación que en la práctica implica la preclusión del primer beneficio reconocido, para en su lugar y a través de una nueva acción judicial, determinar el nuevo beneficio que en derecho corresponda. De tal manera, si dentro de la primera causa judicial persisten beneficiarios alimentarios, y quien ha adquirido la mayoría de edad interpone una nueva acción, el obligado alimentario deberá actuar lo que corresponda dentro del primer proceso judicial para lograr su adecuación a las nuevas condiciones, pero tal como se ha indicado, ello es un asunto de competencia propia del interesado y que por ser un aspecto de legalidad ordinaria es ajeno al ámbito de competencias de esta jurisdicción.” (énfasis añadido)

En este sentido, es claro que la adquisición de la mayoría de edad obliga a la persona interesada en el beneficio alimentario a interponer una nueva acción, toda vez que las necesidades que se adquieren con la mayoridad merecen ser apreciadas dentro de un nuevo proceso. En la práctica, esta definición implica la extinción o preclusión de la obligación alimentaria original, pues depende del presunto beneficiario la determinación de una nueva obligación alimentaria mientras se encuentre en el rango de edad de entre los 18 y los 25 años.

5. El caso concreto. Sobre el levantamiento del impedimento de salida del país. Del estudio de los autos y de los informes rendidos bajo fe de juramento, la Sala tiene por acreditado que contra el amparado se tramitó desde 1989 un proceso alimentario dentro del cual se dictó un impedimento de salida del país, medida que fue anotada por la Dirección General de Migración y Extranjería por mandato expreso de la entonces Alcaldía Civil y de Trabajo de San Ramón. Consta, asimismo, que la causa alimentaria seguida contra el tutelado fue archivada en la remesa número 15363, sin que tal impedimento fuera oportunamente levantado por el órgano judicial, lo cual determinó que se mantuviese vigente una limitación a la libertad de tránsito pese al archivo del expediente, pues ni el órgano judicial ni el propio interesado gestionaron su levantamiento, sea de oficio o a gestión de parte. Tal como se indica en el III considerando de esta sentencia, el levantamiento del impedimento procede de oficio cuando se acredite la inexistencia de la obligación, o a gestión de parte cuando se extinga la obligación alimentaria. En el caso bajo estudio el órgano judicial dispuso el archivo del expediente, actuación procesal para la cual debe tenerse por inexistente o extinta la obligación alimentaria. Sin embargo, el Juzgado omitió pronunciarse al respecto, dando como resultado la perpetuación de la referida limitación a la libertad de tránsito. La Sala no soslaya que el propio tutelado pudo gestionar el levantamiento de la medida impuesta, mas no debe pasar por alto tampoco que cuando existan medidas tan gravosas, debe el órgano judicial extremar los cuidados para evitar la injustificada permanencia de limitaciones a los derechos fundamentales. En este sentido, el recurso debe ser declarado con lugar en cuanto a este extremo, con el dimensionamiento que se indica en el siguiente considerando.

6. Sobre la reapertura del proceso alimentario contra el tutelado. Advierte la Sala que con motivo de este recurso de hábeas corpus, el Juzgado recurrido valoró las actuaciones dadas dentro del proceso alimentario que había sido archivado, razón por la cual previno al último de los beneficiarios que adquirió la mayoría de edad, manifestar su interés en mantener o no el proceso seguido contra el tutelado a efectos de proseguir con la obligación alimentaria. En otras palabras, al percatarse de los hechos aducidos por el tutelado, el Juzgado recurrido optó por reabrir el expediente, sin pronunciarse de modo alguno sobre el impedimento de salida del país que aún se mantenía vigente a pesar del archivo que se había ordenado. Sobre el particular, debe hacerse notar a la autoridad judicial recurrida lo ya señalado en el IV considerando de esta sentencia en cuanto a la situación de los beneficiarios alimentarios que se encuentren en el rango de los 18 a los 25 años de edad y pretendan mantenerse en esa condición de beneficiarios, bajo el entendido que en esta situación lo que corresponde es la interposición de una nueva acción judicial y no la actualización de la causa alimentaria original. De tal forma, este señalamiento deberá ser tenido en consideración por la autoridad judicial al momento de resolver lo que corresponda dentro del proceso judicial seguido contra el tutelado, de manera que al resolver la prevención hecha al posible beneficiario con respecto a la continuidad del proceso, se pronuncie y resuelva igualmente el levantamiento del impedimento de salida del país, si otra causa no lo impide.

7. Intepretación del Voto en la Cotidianidad del proceso alimentario (Lic. Ramón Meza Marín)


La Sala Constitucional emite diariamente criterios con respecto a su función, que es la de velar por la constitucionalidad y que esta no se violente a los ciudadadanos dentro de ello es interpretación y emitir criterios respecto de algunas normas que se encuentran con una situación no muy clara por lo cual a la luz de la Constitución la Sala Constitucional debe resolver y aclarar los nublados, y muchas veces declarar una norma inconstitucional por lo cual debe ser excluida del ordenamiento.

El Voto 11490-10 desde el punto de vista literal pareciera emite un cambio de paradigma respecto del procedimiento en que debe tratarse los procesos alimentarios cuando una persona menor adquiere la mayoría de edad, sin embargo para este consultor resulta inconveniente y para que decir alejarse del principio de economía procesal la interpretación que se hace, al interpretarse que las personas beneficiarias que se encuentran en esta condición deben presentar un nuevo proceso y por ende se fije una provisional, cuando ya existe un proceso en donde se le ha declarado un derecho, resulta menos gravoso en este sentido tanto para el sistema judicial como para las partes el hecho de que se continúe con el proceso únicamente separando las cuotas y previniendo al o la joven apersone al proceso los requisitos que enumera el artículo 173 inciso 5) del Código de Familia. Y de esta manera continuar sin más perjuicio aplicando los principios del derecho alimentario enumerados en el artículo 2 LPA, el principio de Justicia pronta y cumplida, el principio de economía procesal, que el Poder Judicial ha venido impulsando.

La división de la cuota alimentaria entre los beneficiarios ya se establece en el artículo 17 de la LPA, por lo cual el Despacho debe desde el inicio hacer la separación de los montos que se deben aplicar para cada beneficiario sea o no mayor de edad.

Los juzgados han desarrollado la práctica de prevenir al o la joven que alcanza la mayoría de edad de que cuando este hace una solicitud o bien su guardadora hace una gestión que le aplica de que se apersone al proceso y aporte los requisitos del 173 inciso 5) del CF, lo que para este consultor es muy importante para no declarar un derecho a quien no tiene el poder de solicitarlo.

Debemos tener claro que la Ley de pensiones alimentarias no establece de oficio la exoneración sino cuando se cumple los 25 años de edad, edad en que bien lo dice la norma ya deja de ser garante de derecho de recibir asistencia de sus progenitores o alimentantes, por lo cual no debe por el simple hecho de que una persona menor que adquiere los 18 años de edad y no cumple la prevención declarar de oficio la exoneración lo cual es una interpretación fuera de la ley y en perjucio lo que resulta violatorio a los derecho ya adquiridos por cuanto la ley no lo contempla, la Ley de Pensiones Alimentarias establece que en este caso únicamente mediante un proceso de exoneración ó exclusión que presente el Demandado, es que se puede excluir a un beneficiario, esto por cuanto se debe seguir con un debido proceso, que va a determinar si aquella persona realmente cumple con los requisitos para seguir recibiendo la pensión alimentaria, o bien tiene una situación de salud que le habilite ese derecho vitalicio según lo enumerado por la LPA.

A manera de ilustración pueder revisar el el Voto 15209-2009. Este voto tiene una contraposición con el voto que nos ocupa.


Comentario:

El Investigador: Espera con lo anterior haber dejado claro el tema con este análisis. En dado caso y si tienes aclaraciones, sugerencias y comentarios, me gustaría conocerlos para actualizar este compendio, déjamelos a la siguiente dirección “rmeza@poder-judicial.go.cr”, Te lo agradeceré mucho.

Lic. Ramón Meza Marín

Asistente Judicial

Juzgado Pensiones Alimentarias de Heredia






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