Provincia de buenos aires poder judicial uso oficial – jurisdicción administración de justicia causa n° 2656






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PROVINCIA DE BUENOS AIRES



PODER JUDICIAL




USO OFICIAL – JURISDICCIÓN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA


Causa n° 2656

“HERRERA MONZÓN, Emiliano Alejandro y PÉREZ GRAHAM, Oscar Alberto s/ homicidio agravado y otros”.

Tribunal en lo Criminal Nro. 6 Reg./11




///n la Ciudad de San Isidro, a los 29 días del mes de abril del año dos mil once, se reúnen los señores Jueces del Tribunal en lo Criminal n° 6 de este Departamento Judicial, doctores María Angélica Etcheverry, Luis María Rizzi y Federico Xavier Tuya, bajo la presidencia de la nombrada en primer término, y con la asistencia de la señora Secretaria del Tribunal, doctora Yamila Anabela Androsiuk, con el objeto de dictar veredicto, conforme con lo dispuesto por el art. 371 del C.P.P., en esta causa n° 2495, del registro del Tribunal, seguida a EMILIANO ALEJANDRO HERRERA MONZÓN , sin apodos ni sobrenombres, soltero, argentino, nacido el 21 de mayo de 1989 en Belén de Escobar, titular del D.N.I. nº 34.728.455, hijo de Rosa Delia Monzón y de Alejandro Héctor Herrera, con último domicilio en la calle 24 de febrero nro. 3370 de la Localidad de Garín, Belén de Escobar, Pcia. de Bs. As. –actualmente detenido-, y OSCAR ALBERTO PÉREZ GRAHAM, apodado “gordo”, titular del D.N.I. nro. 18.631.701, soltero, desocupado, argentino, nacido el 17 de diciembre de 1967, hijo de Elsa Noemí Graham y de Héctor Luis Pérez, con último domicilio en Ricardo Fernández y Saavedra de Ingeniero Maschwitz, Partido de Escobar, Pcia. de Bs. As. -actualmente detenido- en la que intervinieron como Fiscales de Juicio, los Dres. Cosme Iribarren y Fernando Rodrigo Caro, los Sres. representantes del Particular Damnificado Dres. Alberto Spagnuolo y Eduardo Rigotti, y ejerciendo la defensa de los imputados Emiliano Alejandro Herrera Monzón y Oscar Alberto Pérez Graham, los Dres. Juan Martín Cerolini y Gonzalo Diego Paredes Abba respectivamente.-

Habiéndose efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó designado para hacerlo en primer término el doctor Federico Xavier Tuya, y en segundo y tercer lugar los doctores María Angélica Etcheverry y Luis María Rizzi, respectivamente, procediéndose a tratar y votar las siguientes

C U E S T I O N E S


PREVIA: La relativa al planteo de nulidad efectuado por el Dr. Paredes Abba.

PRIMERA: La existencia de los hechos en su exteriorización material.

SEGUNDA: La participación del procesado en los mismos.

TERCERA: La existencia de eximentes.

CUARTA: La verificación de atenuantes.

QUINTA: La concurrencia de agravantes.
A la cuestión previa, el Dr. Federico Tuya, dijo:

En momentos de realizar su alegato, el Sr. Defensor del imputado Pérez Graham, planteó la nulidad del acta de levantamiento de rastros de fs. 174/179 (incorporada por lectura) y aquellos actos que en consecuencia se dictaran, tales como las declaraciones de los testigos Talarico y Flores.

Señaló el Defensor que no se había cumplido con las formalidades establecidas en el artículo 117 del C.P.P para este tipo de actos, en cuanto no se había contado con la presencia de los necesarios testigos de actuación. Sostuvo que el testigo Enrique Escaurizza al prestar su declaración dijo que nunca había ingresado a la casa de la familia Urbani y que no había presenciado ninguna diligencia en la escena del crimen.

Concluyó que por tales razones y encontrándonos frente a un acto definitivo e irrepetible, lo que se imponía era el dictado de la nulidad propuesta, ello a los fines de no violentar los principios del debido proceso y defensa en juicio.

Ante dicho planteo la Fiscalía señaló que debía rechazarse por entender que no se había probado el perjuicio ocasionado, y que las manifestaciones del testigo Escaurizza debían analizarse en su verdadero contexto, es decir, como el testimonio de una persona de 74 años de edad, a quien no se le podía exigir un mayor esfuerzo al evocar sus recuerdos.

Por su parte el Particular Damnificado dijo que adhería a lo dicho por la Fiscalía, y agregó que el planteo resultaba extemporáneo. Que al no haber realizado su planteo en el momento oportuno y haber consentido la incorporación por lectura del acta en cuestión, el vicio denunciado se encontraba subsanado.
Ahora bien, aún cuando por vía de hipótesis se admita la irregularidad señalada, la nulidad planteada por la defensa del imputado Pérez Graham no puede prosperar. Señalo en primer lugar, que la moderna doctrina ha dejado de lado el antiguo sistema formalista que exigía la estricta observancia de las formas, asimilando nulidad con irregularidad, cualquiera fuera el grado de esta última. Era evidente que esta tesitura contradecía los fines asignados al proceso dejando de lado los intereses por él custodiados, no sólo favoreciendo indebidas e injustificadas prolongaciones del procedimiento (conf. Jorge A. Clariá Olmedo, “Tratado de Derecho Procesal Penal”, Tomo IV, pág. 192, Edit. Ediar, Buenos Aires, 1964;), sino también otorgando indirectamente a las partes, una herramienta supresora de prueba.

Actualmente, se atiende a la consideración del concreto destino de la actividad reglada por la ley procesal, a los fines del proceso, distinguiéndose entre formas sustanciales y no sustanciales; entre requisitos esenciales o meramente accidentales en la conformación de los actos, y por este camino se arribó a la conclusión de que sólo cuando se está frente a exigencias sustanciales en miras a la defensa de los intereses tutelados por el proceso y a los fines específicos y genéricos de cada acto podían funcionar las sanciones procesales, principalmente la nulidad, para impedir, eliminar o reducir la eficacia de la actividad irregularmente cumplida.”(conf. Op.cit. p.147/8).

Esta función de las sanciones procesales, no debe hacer perder de vista que su ultrafinalidad es, en términos generales, impedir la indefensión del imputado; por lo que, consecuentemente, si a pesar de la irregularidad del acto o del trámite en general, dicha indefensión no se produce, ninguna razón práctica tendría la declaración de nulidad. Ya proclamó Manzini, que el proceso penal no es un ejercicio académico, y las formalidades procesales no son un fin en sí mismas. (conf. op. cit. pág. 226 y 227).

La declaración de nulidad y de lo actuado en consecuencia, tal como lo pretende la defensa de Pérez Graham, necesariamente significaría una decisión de extrema gravedad procesal que indefectiblemente requiere la formal apoyatura en circunstancias igualmente graves y la demostración concreta y precisa de cómo estas circunstancias operaron en perjuicio y desmedro del derecho de defensa, aspectos sobre los que la parte quejosa no logró congregar razones convincentes.

Si sobre la base de una confusa declaración testimonial, prestada por quien en la audiencia de debate al ser interrogado sobre las condiciones de su participación en el acto que se quiere impugnar, visiblemente turbado se desdijo y vaciló en sus respuestas repetidas veces, el Tribunal consintiera en aplicar el drástico remedio de la nulidad, estaría incurriendo en una arbitrariedad manifiesta, que atentaría directamente contra el proceso con inadmisibles consecuencias de dispendio jurisdiccional que podrían resultar perjudiciales incluso para el propio imputado peticionante; máxime si tenemos en cuenta que se trató de una persona de 74 años de edad, que en definitiva aunque algo dubitativo, reconoció su firma en el acta así como también su participación en dicha actuación.

A todo lo dicho debe agregarse una circunstancia que resulta verdaderamente importante, y que se relaciona con la ya mencionada ausencia de perjuicio por parte de los imputados. Nótese que en el acta impugnada se dejó constancia de los "rastros" levantados por los peritos en el lugar de los hechos. Entre ellos fueron destacados por el Ministerio Público las huellas digitales encontradas en el rodado renault 18, y en un alhajero propiedad de las víctimas. Estos rastros (huellas) revelaron la identidad del imputado Herrera, quien al prestar declaración ya había reconocido su participación en los eventos.

Estos "rastros" en nada implican al imputado Pérez Graham cuya defensa ha sido la autora de la impugnación aquí tratada, a lo que se agrega que de dicho acto, ninguna consecuencia afectó directamente a Pérez Graham, y que el otro encartado y su defensa, no manifestaron haber sufrido ningún perjuicio derivado del mismo.

En sustento de lo que se viene apuntando, también la jurisprudencia es coincidente. Así ha dicho la Corte Nacional, que en materia de nulidades procesales prima un criterio de interpretación restrictiva y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable, sin admitirlas cuando no existe una finalidad práctica, que es razón ineludible de su procedencia, pues se exige, como presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o se traduzca en la restricción de algún otro derecho. De otro modo, la sanción de nulidad aparecería respondiendo a un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas, en lo que también está interesado el orden público. (“Bianchi, Guillermo Oscar s/ defraudación, 27/06/2002, Fallos 325:1404)

Lúcidamente se señala en el mismo fallo que no debe confundirse el respeto a los recaudos que tienden a asegurar la protección del ejercicio de una garantía constitucional con la incolumnidad de la propia garantía, pues suponer que una hipotética omisión formal pudiera causar la nulidad del acto, implicaría convertir a los medios tendientes a proteger el ejercicio de aquella garantía en una garantía en sí misma, con olvido del carácter meramente instrumental que tales medios revisten.

También nuestra ley procesal, con la última reforma del art. 117 se ha hecho eco de este sano criterio.

En otro orden de ideas, en consonancia con la doctrina de “Rayford, R.” (Fallos 408:733) es preciso apuntar que no ha existido en el proceso un solo cauce de investigación, sino varios, todos ellos coincidentes, por lo que aún si el acto procesal señalado como impugnable lo fuera, consta en forma expresa la existencia de actividad independiente que habría llevado inevitablemente al mismo resultado.

Salvo casos expresamente previstos como violaciones sancionables, queda a criterio del juez determinar si la inobservancia de las normas procesales, al cumplirse la actividad, es esencial o accidental, pero siempre resguardando el criterio restrictivo que rige la materia, pues la idea de justicia impone que el derecho de la sociedad a defenderse contra el delito sea conjugado con el del individuo sometido a proceso, de forma que ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro, y tan delicado equilibrio se malogra cuando se abusa de la facultad de anular actos procesales en casos en que resulta innecesaria tal anulación para preservar la garantía de la defensa en juicio o debido proceso, lo que puede tornar, en la práctica, estéril la persecución penal del delito (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio y Gustavo A. Bossert en Fallos, 317:1985).

Por todo lo expuesto, entiendo que la nulidad introducida debe ser rechazada (Art. 201 C.P.P. y concordantes).

A la cuestión previa la Dra. Etcheverry, dijo:

Adherir al rechazo de la nulidad planteada por el Sr. Defensor, ello conforme los argumentos señalados por el Dr. Tuya. (Arts. 201 y concord. Del CPP)
A la cuestión previa el Dr. Rizzi, dijo:

Adherir al rechazo de la nulidad planteada por el Sr. Defensor, ello conforme las mismas razones y fundamentos señalados por el Dr. Tuya. (Arts. 201 y concord. Del CPP)



A la primera cuestión, el doctor Federico Tuya, dijo:

Concluida la audiencia de debate, oídas las partes y formalizada la deliberación en sesión secreta por este Tribunal, comenzaré por señalar que la Fiscalía imputó los siguientes hechos:

Hecho nº 1:

Con fecha 10 de octubre de 2009, siendo alrededor de las 03.30 horas, en circunstancias en que quienes fueran identificados como Darío Cristian Villafañe –menor de edad-, Jonathan Julián Aguirre –menor de edad-, Oscar Alberto Pérez Graham y Emiliano Alejandro Herrera, se hicieron presentes a bordo del rodado marca Renault 18, dominio colocado WJM-315, de color rojo en las inmediaciones de la finca sita en Avenida Liniers nº 1988 de la Ciudad y Partido de Tigre, siendo conducido el rodado por Pérez Graham, quedándose estacionados en la playa de estacionamiento contigua a la vivienda mencionada. Acto seguido, y luego que arribara al lugar Santiago Urbani en su vehículo marca Chevrolet Corsa Azul, dominio colocado GSW-997 y lo estacionara en el interior del parque de la vivienda de una vecina identificada como María Rosa Escauriza, los imputados antes mencionados procedieron a su interceptación cuando se disponía a cerrar el portón de ingreso, y lo obligaron a desplazarse junto con el rodado Chevrolet antes mencionado hacia la vivienda sita en la Avenida Liniers Nº 1988, estacionando el vehículo en cuestión frente al garaje de dicha finca. Teniendo reducido al mentado Urbani con armas de fuego descriptas como revólver cromado, armas de puño, y una escopeta de dos caños con un solo martillo percutor recortada en su culata y cañón, ingresaron a la vivienda dirigiéndose a la habitación de Florencia Urbani, a quien también redujeron al tiempo que tenían reducido en el suelo a su hermano Santiago; ello mientras Oscar Alberto Pérez Graham se encontraba parado junto al rodado Chevrolet Corsa con el motor en marcha a la espera de sus consortes. Que una vez dentro de la vivienda revisaron dicho sitio en búsqueda de dinero y elementos de valor, en tanto uno de los imputados trasladó a Florencia Urbani a la habitación de Julia Mónica Rapazzini –progenitora de Florencia y Santiago Urbani- donde procedieron, siempre bajo intimidación de armas de fuego, a la sustracción de distintos elementos. En esos momentos, el imputado Darío Cristian Villafañe, quien se había quedado junto a Santiago en la habitación, con el objeto de facilitar y consumar la consumación del delito de robo que venían cometiendo y a fin de procurar su impunidad y la de sus consortes, le disparó a Santiago Urbani con la escopeta de caño recortado del calibre 20 que portaba, impactando dicho disparo en el cráneo del mencionado Urbani, causándole la muerte de inmediato, para luego continuar con la sustracción de diversos elementos obrantes en el domicilio. Luego de ello, los encausados se dieron a la fuga del lugar en poder de, entre otros elementos, dos mil pesos ($ 2000) aproximadamente, alhajas entre las que había anillos y cadenas varias, siendo que una de ellas poseía el calendario maya en plata y oro, una laptop marca Exo, una filmadora Panasonic, una máquina de fotos digital Panasonic, dos PC completas, medicamentos clonagin (clonazepan), tres celulares nros. 1560414029, 1530035148 y 1553884816, dos guitarras eléctricas marca Jackson, una pedalera, una maquina de afeita Philips, una depiladora personal y llaves de un rodado Clio, como así también sustrajeron el rodado marca Chevrolet Corsa azul petróleo, dominio GSW-997 propiedad de Santiago Urbani, en el que cargaron los elementos antes descriptos y se fugaron del lugar tomando por Avenida Liniers, luego por la Ruta 197 hasta la calle España, de allí a la colectora este de la Autopista Panamericana, para luego subir a la mencionada Autopista -en la intersección de la colectora y Avenida Henry Ford- con dirección a la Localidad de Garín habiendo sido hallado el rodado totalmente quemado. Los encartados se encargaron de incinerar al rodado de mención en la intersección de las calles Lamberti esquina Olivetti, de la Localidad de Garín, Partido de Escobar, ello luego de que dejaran los elementos sustraídos -o alguno de ellos- en la finca de uno de los imputados –Villafañe- sita en la calle Sulling nro. 2218 de Garín, Partido de Escobar"
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