Ucat derecho colectvo del trabajo y la seguridad social






descargar 339.76 Kb.
títuloUcat derecho colectvo del trabajo y la seguridad social
página3/7
fecha de publicación03.08.2015
tamaño339.76 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Ley > Documentos
1   2   3   4   5   6   7

Convenios de OIT relevantes en la materia,

Existen ocho convenios internacionales considerados fundamentales:

  • Convenio N° 29 sobre el trabajo forzoso, 1930

  • Convenio N° 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948

  • Convenio N° 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949

  • Convenio N° 100 sobre igualdad de remuneración, 1951

  • Convenio N° 105 sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957

  • Convenio N° 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958

  • Convenio N° 138 sobre la edad mínima, 1973

  • Convenio N° 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999

Además, en 1989 se aprobó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales8 que hasta la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas fue el único instrumento internacional que reconocía derechos colectivos a los indígenas. En su 100 Conferencia ha aprobado el Convenio 189 llamado Convenio sobre trabajadores domésticos.

La salud, la seguridad laboral y la seguridad social son asuntos prioritarios regulados por varios Convenios. Sobre la protección de la maternidad fue aprobado en 2000 el Convenio 183. Han sido consideradas situaciones especiales, como la migración laboral (Convenios 21 de 1926, 48 de 1945, 66 de 1939, 97 de 1949 y el Convenio 143 de 1975 sobre los trabajadores emigrantes), así como el trabajo nocturno, y las condiciones de trabajo en las minas, empresas químicas, los puertos, el mar y el sector agropecuario. El Convenio 141 aprobado en 1975 trata sobre las organizaciones de trabajadores rurales y reconoce "que la reforma agraria es, en muchos países en vías de desarrollo, un factor esencial para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida". En 1957 la OIT aprobó el Convenio 107 sobre poblaciones indígenas y tribales, sustituido por el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, aprobado en la 76ª reunión el 7 de junio de 1989, el cual constituye hasta ahora el principal instrumento de derecho internacional para la defensa de los pueblos indígenas del mundo y sus territorios.

Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales de trabajo de 1998.

De gran importancia resulta también la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, realizada en 1998, en vista de los graves problemas acarreados por la globalización sobre los derechos laborales. La Declaración dispuso brindar especial atención a la efectiva aplicación de los derechos fundamentales de los trabajadores, a saber:

  • la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva;

  • la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;

  • la abolición efectiva del trabajo infantil;

  • la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

La misma declara que «todos los Miembros, aun cuando no hayan ratificado los Convenios [fundamentales], tienen un compromiso que se deriva de su mera pertenencia a la Organización de respetar, promover y hacer realidad, de buena fe y de conformidad con la Constitución, los principios relativos a los derechos fundamentales». Entre tales principios figuran la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva

La Declaración precisa que los derechos fundamentales del trabajo son universales y deben ser respetados a todas las personas en todos los países, sin importar el nivel de desarrollo económico de cada uno.

A tal fin la OIT creó un mecanismo de seguimiento de la Declaración mediante un informe anual a la Conferencia en el que se analiza la situación de cada uno de los cuatro grupos de derechos, en forma rotativa.

Otros Tratados Internacionales referidos a la Libertad sindical, Huelga y Negociación Colectiva

Las fuentes internacionales en materia de libertad son numerosas. Cabe señalar que el principio de la libertad sindical goza de un reconocimiento universal. Ha sido incorporado por ejemplo en textos de carácter declaratorio de los cuales el más reconocido es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 cuyo artículo 23, párrafo 4 reconoce el derecho de constituir sindicatos y afiliarse a los mismos.

En cuanto a los otros instrumentos destinados a crear obligaciones jurídicas para los Estados, cabe destacar los dos convenios sobre libertad sindical considerados fundamentales por la OIT. En primer lugar, el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), que a la fecha del 23 de junio de 2009 contaba con 150 ratificaciones y, por otra parte, el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), que a la misma fecha había recibido 160 ratificaciones siendo uno de los convenios de la OIT más ratificado.

Señalamos además la existencia de otros convenios que reglamentan el ejercicio de la libertad sindical respecto de cuestiones específicas o de ciertos sectores en particular y que revisten también gran importancia para los operadores jurídicos. Se trata del Convenio sobre:

  • El derecho de asociación (agricultura), 1921 (núm. 11),

  • Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135),

  • Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 141),

  • Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151), y

  • Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154).

  • El Convenio sobre los trabajadores migrantes 1949 (núm. 97),

  • El Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169)

  • El Convenio sobre las plantaciones, 1958 (núm. 110),

  • El Convenio sobre la marina mercante (normas mínimas), 1976 (núm. 147).


Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87)

  • Ámbito de aplicación del Convenio,

El artículo 2 reconoce a trabajadores y empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Las únicas posibles excepciones previstas por el Convenio son las fuerzas armadas y la policía. Estos conceptos, sin embargo, han sido interpretados por los órganos de control de la OIT de manera estricta. En este sentido, el Comité de Libertad Sindical ha establecido que el personal civil de las fuerzas armadas, los bomberos, el personal de establecimientos penitenciarios y los funcionarios de aduanas deben gozar del derecho de sindicación.
Las disposiciones que prohíben el derecho de sindicación a determinadas categorías de trabajadores, tales como los funcionarios o empleados públicos, el personal directivo, los empleados domésticos, los trabajadores agrícolas, los trabajadores ocupados en zonas francas de exportación, los trabajadores de cooperativas, los trabajadores independientes o la gente de mar, entre otros, son incompatibles con las disposiciones del Convenio
Además, la Comisión de Expertos ha señalado sobre este punto, que el libre ejercicio del derecho sindical implica que los titulares de este derecho no sean objeto de ninguna discriminación en razón de su raza, nacionalidad, sexo, estado civil, edad, pertenencia a grupos políticos y participación en sus actividades, tanto en la legislación como en la práctica. Cabe señalar que los jueces deberían asimismo gozar del derecho de sindicación


  • Derecho sindical, autonomía de las organizaciones y no injerencia de las autoridades

Del contenido del artículo 2 del Convenio núm. 87 antes citado se desprenden, además del ámbito de aplicación, otros dos aspectos específicos a saber: el derecho a constituir organizaciones sin autorización previa y el derecho de los trabajadores y de los empleadores a constituir las organizaciones que estimen convenientes y a afiliarse a las mismas. Estos derechos no implican que la legislación no pueda exigir el cumplimiento de ciertos requisitos formales para la constitución de una organización destinadas a garantizar su publicidad y el respeto del orden público. En este contexto cabe destacar el artículo 7 del Convenio núm. 87 según el cual la adquisición de la personalidad jurídica por las organizaciones de trabajadores y de empleadores, sus federaciones y confederaciones no puede estar sujeta a condiciones cuya naturaleza limite, en particular, el derecho de constituir organizaciones sin autorización previa. Por su parte El derecho de los trabajadores y de los empleadores a constituir las organizaciones que estimen convenientes implica, entre otras cosas, la posibilidad de adoptar libremente las decisiones siguientes: elegir la estructura y la composición de las organizaciones; crear una o varias organizaciones por empresa, profesión o rama de actividad y constituir federaciones y confederaciones



  • El libre funcionamiento de las organizaciones

De conformidad con el artículo 3 del Convenio núm. 87, las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. Este derecho abarca, en particular, el derecho a celebrar reuniones sindicales, el derecho de los dirigentes a tener acceso a los lugares de trabajo, mantener contactos con los miembros de la dirección de la empresa, ejercer ciertas actividades políticas de las organizaciones, como por ejemplo exponer su posición sobre la política económica y social del Gobierno, así como el derecho de huelga y, en términos más generales, toda actividad relativa a la defensa de los derechos de sus miembros.

El derecho de huelga ejercido de manera pacífica debe ser reconocido con carácter general a los sindicatos, las federaciones y las confederaciones tanto del sector público como del sector privado. Sólo se admiten excepciones a este derecho (o restricciones importantes) respecto de los miembros de las fuerzas armadas y de la policía, los funcionarios públicos que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado y los trabajadores de los servicios esenciales en el sentido estricto del término (aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población), o en situaciones de crisis nacional aguda. Cuando la legislación establece ciertas condiciones para la legalidad de la huelga, las mismas deben ser razonables y no constituir una restricción importante a las posibilidades de acción de las organizaciones


  • Disolución y suspensión de las organizaciones

Según el artículo 4 del Convenio núm. 87, las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución ni a suspensión por vía administrativa. Este tipo de medidas constituyen graves violaciones a los principios de la libertad sindical y son formas extremas de intervención de las autoridades en las actividades de las organizaciones frente a las cuales los trabajadores y los empleadores deberían contar con todas las garantías necesarias. Entre estas garantías figura el requisito de un procedimiento judicial ordinario que debería tener efectos suspensivos de la medida de suspensión o de disolución. Sobre el particular el Comité de Libertad Sindical ha sostenido que para una adecuada aplicación del principio según el cual una organización profesional no debe estar sujeta a suspensión o disolución por vía administrativa, no es suficiente que la legislación conceda un derecho de apelación contra dichas decisiones administrativas, sino que los efectos de las mismas no deben comenzar antes de transcurrido el plazo legal sin que se haya interpuesto el recurso de apelación o una vez confirmadas tales decisiones por la autoridad judicial


  • El derecho de las organizaciones de trabajadores y empleadores a constituir federaciones y confederaciones y a afiliarse a organizaciones internacionales de empleadores y de trabajadores

El artículo 5 del Convenio núm. 87 estipula que las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberían tener el derecho a constituir las federaciones y confederaciones que estimen conveniente y éstas a su vez deberían gozar de todos los derechos reconocidos a las organizaciones de base, en particular en lo relativo al libre funcionamiento y a la libertad de organizar sus actividades y sus programas de acción.

La solidaridad internacional de los trabajadores y los empleadores exige igualmente que sus federaciones y confederaciones puedan organizarse y actuar libremente en el plano internacional


Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949

(núm. 98)

Elaborado con la finalidad de complementar en distintos aspectos el Convenio núm. 87, consagra la protección contra actos de discriminación y actos de injerencia y establece para los Estados que lo ratifiquen la obligación de promover la negociación colectiva


  • Ámbito de aplicación del Convenio

Mientras que el Convenio núm. 87 se aplica de manera general a todos los trabajadores y empleadores sin distinción alguna, con la sola excepción posible de las fuerzas armadas y la policía, el Convenio núm. 98, además de reiterar esta excepción, establece en su artículo 6 que el mismo no trata de la situación de los funcionarios públicos en la administración del Estado. La Comisión de Expertos ha adoptado un criterio restrictivo en lo concerniente a esta última excepción y ha distinguido por un lado, los funcionarios que cumplen actividades propias de la administración del Estado (por ejemplo en algunos países, funcionarios de los ministerios y demás organismos gubernamentales comparables, así como sus auxiliares), quienes pueden quedar excluidos del campo de aplicación del Convenio, y, por otro lado, todas las demás personas empleadas por el gobierno, las empresas públicas o las instituciones públicas autónomas, quienes deberían gozar de las garantías previstas en el Convenio


  • La protección contra la discriminación antisindical

La protección que se brinda a trabajadores y dirigentes sindicales contra actos de discriminación antisindical es un elemento esencial del derecho sindical dado que tales actos pueden dar lugar, en la práctica, a la negación de las garantías previstas en el Convenio núm. 87. Al respecto, el artículo 1 del Convenio núm. 98 estipula que esta protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto: someter el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato; despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo. En consecuencia, debe garantizarse a los trabajadores una protección adecuada tanto en el momento de ser contratados como en el curso del empleo, e incluso al momento de la cesación de la relación laboral, frente a todas las medidas de carácter discriminatorio vinculadas a la afiliación sindical o a la realización de actividades sindicales legítimas. La protección del Convenio es particularmente importante para los dirigentes y delegados sindicales quienes deben tener garantías de que no sufrirán perjuicios como consecuencia de su mandato sindical. La existencia de disposiciones legislativas generales que prohíben los actos de discriminación antisindical es insuficiente si éstas no van acompañadas de procedimientos rápidos, eficaces y poco costosos que garanticen su aplicación en la práctica así como de sanciones suficientemente disuasivas. Esta protección puede garantizarse por diversos medios, adaptados a la legislación y a la práctica nacional, a condición de que logren prevenir o reparar eficazmente los actos de discriminación antisindical. Obviamente, el reintegro del trabajador despedido con el pago de indemnizaciones retroactivas constituye el medio más apropiado de remediar los actos de discriminación antisindical.

En cuanto al alcance de la reparación, la Comisión de Expertos ha señalado que una legislación que permita, en la práctica, que el empleador ponga término al empleo de un trabajador a condición de pagar la indemnización prevista por la ley para todos los casos de despido injustificado, cuando el motivo real es su afiliación o sus actividades sindicales, es insuficiente habida cuenta del artículo 1 del Convenio núm. 98


  • La protección contra actos de injerencia

Según el artículo 2 del Convenio núm. 98, las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros, en su constitución, funcionamiento o administración. Se consideran actos de injerencia, principalmente, las medidas que tiendan a fomentar la constitución de las organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores, o a sostener económicamente, o en otra forma, organizaciones de trabajadores, con objeto de colocar estar organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores. La legislación debería establecer de manera explícita recursos rápidos y sanciones eficaces y suficientemente disuasivas para proteger a las organizaciones de trabajadores y de empleadores contra este tipo de actos


  • La promoción de la negociación colectiva

De conformidad con el artículo 4 del Convenio núm. 98, deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo. Este artículo se refiere en particular a la obligación de promover la negociación colectiva y al carácter libre y voluntario de la misma. Son igualmente pertinentes en este tema algunas disposiciones del Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151), el Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154) y de la Recomendación sobre los contractos colectivos, 1951 (núm. 91).
La negociación colectiva se concibe en los instrumentos de la OIT como el proceso encaminado a la conclusión de un contrato colectivo. Este es definido en la Recomendación núm. 91, párrafo 2, como «todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y de empleo, celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores o una o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y, por otra, una o varias organizaciones representativas de trabajadores o, en ausencia de tales organizaciones, por los representantes de los trabajadores interesados, debidamente elegidos y autorizados por estos últimos, de acuerdo con la legislación nacional». El texto añade que todo convenio colectivo ha de obligar tanto a sus firmantes como a las personas en cuyo nombre se celebre y que las disposiciones de los contratos de trabajo individuales contrarias a aquél deberían considerarse nulas y ser sustituidas automáticamente por las cláusulas correspondientes del mismo. Al mismo tiempo, deberían respetarse las disposiciones de los contratos individuales más favorables para los trabajadores que las previstas por el convenio colectivo. La Recomendación núm. 91 sentó pues, en 1951, el principio del carácter vinculante del contrato colectivo y el de su primacía sobre el contrato de trabajo individual, con la única salvedad de garantizar las disposiciones de éste más beneficiosas para los trabajadores cubiertos por el convenio colectivo. El Convenio núm. 154 explicita aún más el concepto de la negociación colectiva al establecer en su artículo 2 que esta expresión «comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de: a) fijar las condiciones de trabajo y empleo, o b) regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o c) regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores»
La titularidad del derecho de negociación colectiva corresponde a los empleadores y sus organizaciones por una parte y a las organizaciones de trabajadores por otra (sindicatos de base, federaciones y confederaciones) y sólo es posible que representantes de los trabajadores interesados celebren negociaciones colectivas en ausencia de tales organizaciones. A este respecto, el Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135), establece en su artículo 5 que deberán tomarse medidas apropiadas para garantizar que «la existencia de representantes electos no se utilice en menoscabo de la posición de los sindicatos interesados o de sus representantes». Para que los sindicatos puedan cumplir su objeto de «fomentar y defender los intereses de los trabajadores» a través de la negociación colectiva, deben ser independientes y tener la facultad de organizar sus actividades sin intervenciones de las autoridades públicas que limiten o entorpezcan el ejercicio legal de este derecho. Además, no deben estar bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores.
El Comité de Libertad Sindical ha indicado que es importante que tanto los empleadores como los sindicatos participen en las negociaciones de buena fe, haciendo todo lo posible por llegar a un acuerdo. Asimismo, la celebración de negociaciones verdaderas y constructivas es necesaria para establecer y mantener una relación de confianza entre las partes.
La conciliación y la mediación impuestas por la legislación en el marco del proceso de negociación colectiva son admisibles siempre que se establezcan plazos razonables. En cambio, el arbitraje obligatorio cuando las partes no llegan a un acuerdo es, de manera general, contrario al principio de la negociación colectiva voluntaria. Sólo es admisible: 1) en los servicios esenciales en el sentido estricto del término; 2) respecto de los funcionarios en la administración del Estado; 3) cuando tras negociaciones prolongadas e infructuosas es obvio que el bloqueo de las negociaciones no será superado sin una iniciativa de las autoridades, y 4) en caso de crisis nacional aguda. El arbitraje aceptado por ambas partes (voluntario) siempre es legítimo.

TEMA 3. ORIGEN DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES
Etapas del Sindicalismo Mundial. Primera etapa: Fines del siglo XVIII a mediados del Siglo XIX. Segunda Etapa segunda mitad del siglo XIX. Tercera Etapa 1890 y 1914. Cuarta Etapa a partir de 1914. Centrales sindicales de América. Centrales Sindicales del mundo.

1   2   3   4   5   6   7

similar:

Ucat derecho colectvo del trabajo y la seguridad social iconUcat derecho colectvo del trabajo y la seguridad social

Ucat derecho colectvo del trabajo y la seguridad social iconUcat derecho colectvo del trabajo y la seguridad social

Ucat derecho colectvo del trabajo y la seguridad social iconUcat derecho colectvo del trabajo y la seguridad social
«El contrato colectivo es una norma general estatuida, mediante negociación, por quienes tienen competencia privada para integrar...

Ucat derecho colectvo del trabajo y la seguridad social iconDerecho del trabajo y de la seguridad social I facultad de Derecho Universidad de la República

Ucat derecho colectvo del trabajo y la seguridad social iconDerecho del trabajo y de la seguridad social I facultad de Derecho Universidad de la República

Ucat derecho colectvo del trabajo y la seguridad social iconDerecho del trabajo y seguridad social

Ucat derecho colectvo del trabajo y la seguridad social iconDerecho del trabajo y de la seguridad social

Ucat derecho colectvo del trabajo y la seguridad social iconDerecho del trabajo y de la seguridad social

Ucat derecho colectvo del trabajo y la seguridad social iconSección Jóvenes de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Ucat derecho colectvo del trabajo y la seguridad social iconDerecho del trabajo y de la seguridad social 1/2010 Profesores: Cristian...






© 2015
contactos
ley.exam-10.com