Demanda de nulidad por inconstitucionalidad






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Bogotá D.C., Julio 05 de 2012.

Honorables Magistrados (as) CONSEJO DE ESTADO Sección Segunda E. S. D.

Ref: demanda de nulidad por inconstitucionalidad en contra de los artículos 2°, 5º, 6º, 7º y 13° del Decreto 0854 del 2012 proferido por el Gobierno Nacional “Por el cual se fija la escala salarial para los empleos públicos del Congreso de la República y se dictan otras disposiciones en materia salarial”.

Respetados Magistrados:

CAMILO ARAQUE BLANCO, ciudadano colombiano en ejercicio, identificado como aparece el pie de mi firma, con fundamento en el derecho político que me asiste, según lo regulado en los artículos 40 numeral 6 y 237 numeral 2 de la Constitución Política, en el artículo 39 de la Ley 270 de 1996, en el artículo 33 de la Ley 446 de 1998, 184 y 189 del Código Contencioso Administrativo, me dirijo a ustedes para instaurar demanda de nulidad por inconstitucionalidad en contra de los artículos 2°, 5º, 6º, 7º y 13° del Decreto 0854 del 2012 proferido por el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública Por el cual se fija la escala salarial para los empleos públicos del Congreso de la República y se dictan otras disposiciones en materia salarial”.

Para fundamentar la presente acción de inconstitucionalidad, (I) señalaré los hechos que fundan la demanda; (II) transcribiré literalmente las normas demandadas y subrayaré los apartes de las mismas que acuso de inconstitucionalidad; (III) relacionaré las normas constitucionales que considero infringidas por el acto administrativo acusado; (IV) indicaré por qué la demanda es procedente y debe ser admitida; (V) plantearé las razones por las cuales estimo que el Decreto acusado es inconstitucional; (VI) relacionaré las pruebas que pretendo hacer valer junto con una petición especial; (VII) formularé la solicitud de fondo de la demanda, (VIII) e indicaré el lugar en donde puedo ser notificado.

  1. HECHOS



  1. En ejercicio de sus funciones el señor Ministro de Hacienda y Crédito Público y la Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, profirieron el Decreto de orden nacional No. 0854 de 2012 Por el cual se fija la escala salarial para los empleos públicos del Congreso de la República y se dictan otras disposiciones en materia salarial”.



  1. El mencionado acto administrativo fijó los topes salariales y demás prestaciones sociales en favor de los empleados del Congreso de la República, como primas, bonificaciones y auxilios, acorde a sus rangos previamente definidos.




  1. Sin embargo, de manera extraña los artículos 2°, 5°, 6° y 7° del Decreto 0854 de 2012, establecen una serie de prerrogativas asistenciales para los Secretarios Generales del Senado y Cámara de Representantes Grado 14, que se erigen como una desproporcionada asignación pecuniaria con ocasión a su labor, en detrimento de la sostenibilidad fiscal de los recursos públicos y otros principios y valores de rango superior, que se resumen del siguiente modo:


Salario básico: $10.247.298

-Prima de gestión: $1.200.719

-Prima técnica: $5.123.649

-Prima de antigüedad: $5.123.649

A estos se suman otros incentivos anuales:

-Primas de junio y diciembre: $40.989.192

-Bonificación de dirección: $20.494.596

-Bonificación de Navidad: $20.494.596

-Prima de vacaciones: $10.247.298

-Bonificación por servicios: $7.173.108

Para un total de ingresos anuales por: $359.742.570 TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE.

  1. Convirtiéndose -gracias al Decreto 0854 de 2012- los Secretarios Generales del Senado y de Cámara de Representantes Grado 14, como los funcionarios con las prestaciones sociales económicas más altas dentro de todo el Estado colombiano, por encima del Presidente de la República, del Vicepresidente, Magistrados de las Altas Cortes, Ministros, Directores Administrativos, el Fiscal General, el Procurador General, el Contralor General, pese a no contar este puesto con requisitos de idoneidad, ni siquiera el de ser bachiller, tener experiencia o saber leer y escribir, diferente al de ser ciudadano colombiano y ser mayor de 30 y 25 años tal como lo consagra el artículo 172 de la Carta Fundamental. Anulando por completo este acto administrativo, principios y valores medulares como el de un orden justo, la equidad, igualdad, sostenibilidad fiscal al que hace alusión el artículo 334 de la Constitución, o al de “igual trabajo, igual remuneración” contenido implícitamente en la misma Constitución.



  1. Es menester indicar que los mencionados trabajadores solo laboran de manera comprobada 8 meses del año (de Marzo 16 a Junio 20 y de Julio 20 a 16 de Diciembre), y de esos 8 meses al año, solo se hacen presentes en las plenarias respectivas 2 días a la semana -salvo cuando existen sesiones extraordinarias-, poco más de 6 horas cada vez que se lleva a cabo la plenaria en cada cámara respectiva.



  1. Como si no fuera suficiente el artículo 13º del Decreto 0854 de 2012, establece una excepción al control jurisdiccional que tiene todo acto administrativo, al contemplar una cláusula que impide que cualquier autoridad, incluidos por demás los jueces de la República, para que cuestionen los lineamientos salariales contenidos en el decreto mencionado so pena de tenerse como inexistentes, soslayándose con esto de manera incontrovertible el principio de legalidad en sentido forma y teleológico, y transgrediéndose de forma comprobada los postulados propios de un Estado Social de Derecho democráticamente constituido.



  1. Habrá quienes sostienen que el Gobierno Nacional goza de una amplia facultad discrecional, para fijar los diferentes topes salariales de los funcionarios del Congreso de la República con base en su presupuesto. No obstante, como bien es sabido que esta competencia no se exhibe de manera absoluta, pues debe estar acorde a criterios ponderadores como la razonabilidad, proporcionalidad y objetividad que se desprenden de la simple lectura de la Constitución.

II. TEXTO DE LAS NORMAS ACUSADAS

A continuación se transcribe el decreto, cuyos apartes subrayados y en negrilla son los demandados:
ARTÍCULO 2°. A partir del 1° de enero de 2012, los Secretarios Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes grado 14 devengarán como asignación básica mensual total la suma equivalente a Diez millones doscientos cuarenta y siete mil doscientos noventa y ocho pesos ($ 10.247.298) m/cte.
ARTÍCULO 5°. A partir del 10 de enero de 2012, los Secretarios Generales de ambas Corporaciones tendrán derecho a percibir una prima mensual de gestión, equivalente a Un millón doscientos mil setecientos diecinueve pesos ($1.200.719) m/cte.
ARTÍCULO 6°. El Secretario General del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, los Subsecretarios Generales, los Directores Administrativos, los Secretarios Generales y Subsecretarios de las Comisiones Constitucionales y Legales Permanentes del Congreso de la República, Coordinadores de Unidad, Subsecretarios Auxiliares, Jefes de División, Jefes de Oficina, Jefes de Sección, Secretarios Privados, Subcoordinadores de Unidad, Subsecretarios de Comisión, Jefes de Unidad y Coordinadores de Comisión, tendrán derecho a la prima técnica de que tratan los Decretos 1661 y 2164 de 1991 y demás normas que los modifiquen o adicionen.
ARTÍCULO 7°. Los Secretarios Generales del Senado de la República y Cámara de Representantes grado 14, Subsecretarios Generales grado 12, Secretarios de las Comisiones Constitucionales y legales Permanentes grado 12, Subsecretarios de las Comisiones Constitucionales y Legales Permanentes y Subsecretarios Auxiliares de ambas Corporaciones tendrán derecho a percibir, en las mismas condiciones, la bonificación de dirección a que se refiere el Decreto 3150 de 2005, liquidada sobre la asignación básica mensual que les corresponda a los funcionarios de que trata el presente artículo.

Los funcionarios señalados en el inciso anterior tendrán derecho a percibir, además de esta bonificación, los beneficios a que se refiere el artículo 8° de este Decreto.
ARTÍCULO 13°. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del presente Decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4a de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos”.
III.- NORMAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS
Los apartes subrayados y en negrilla del decreto acusado, violan lo dispuesto en el preámbulo1 y en los artículos 1, 2, 13, 40, 209, 237 y 334 de la Carta Política, referente a la forma de Estado adoptada por el constituyente primario como principio fundamental, al proclamarse la existencia del llamado Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, donde prevalece el interés general de la colectividad, y los derechos, principios, valores como la de un orden justo, igualitario y equitativo, y fines como el marco fiscal sostenible, y los que se entretejen de este.

IV. PROCEDENCIA Y ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA
A. Competencia del Consejo de Estado y trámite a seguir
El Consejo de Estado es competente para conocer esta demanda de inconstitucionalidad contra un acto administrativo de carácter general, proferido por el Nacional, según los artículos 40 numeral 6 y 237 numeral 2 de la Constitución Política, el artículo 39 de la Ley 270 de 1996, el artículo 33 de la Ley 446 de 1998, y 184 y 189 del Código Contencioso Administrativo.
La competencia del Consejo de Estado de guardar la supremacía e integridad de la Carta, debe entenderse a partir de la ruptura promovida por el Constituyente de 1991 a la tesis de la soberanía nacional (que le otorgaba poderes omnímodos al órgano legislativo), con la adopción de la soberanía popular en el artículo 3 en donde se reconoce al pueblo como titular indiscutible de la soberanía quien la ejerce “en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la constitución establece” y que es una expresión de la democracia participativa, incluida literalmente en la séptima papeleta, soberanía popular que coexiste con el vínculo indisoluble del Estado Colombiano a los tratados y convenios internacionales que reconocen derechos humanos previsto en los artículos 93 y 214, éste último que prohíbe la suspensión de los mismos en los estados de excepción y que prohíbe la suspensión de los derechos políticos como la acción pública de inconstitucionalidad (artículo 40-1); prohibición que es reforzada con la garantía de reconocimiento a “los derechos y garantías inherentes a la persona humana” contenida en los artículos 94 y 5 de la Carta; de tal suerte que el Consejo de Estado no puede ignorar la finalidad principal del constituyente de 1991 de proteger los derechos de la persona humana al incorporar como fin esencial del Estado la efectividad y garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (artículo 2), norma fundamental cuya “supremacía e integridad” debe ser garantizada en virtud del artículo 237 de la Constitución, competencia atribuida a este máximo órgano de cierre o límite de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por el constituyente de 1991.

El Consejo de Estado es el encargado de juzgar con arreglo a criterios y razones jurídicas sobre controversias jurídicamente formuladas por la vía de la acción pública para decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra decretos de orden nacional, que no comporten función administrativa. Es claro, sin embargo, que estas controversias hacen referencia siempre, de una u otra manera, a las limitaciones constitucionalmente establecidas al poder, al ámbito de acción libre de los distintos órganos que integran el Estado, y que son, en consecuencia, controversias políticas en cuanto que la disputa sobre el ejercicio, la distribución y el uso del poder constituye el núcleo de la política y del derecho constitucional.

El presente asunto se debe surtir conforme a lo establecido en el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, en la Sección correspondiente según las competencias asignadas por el Acuerdo 055 de 2003. Al tratarse de un acto administrativo de carácter general, proferido por Gobierno Nacional, y que no es propio de una función administrativa atribuida, conforme a los lineamientos jurisprudenciales sobre el particular.

B. Ausencia de cosa juzgada constitucional
En el presente asunto, hasta la fecha el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo, no ha proferido sentencia alguna o ha realizado algún control de constitucionalidad sobre la materia referida en la demanda.
Por ende, es posible concluir que el fenómeno de cosa juzgada constitucional no opera respecto de ninguna de esas disposiciones acusadas ni a los reparos de inconstitucionalidad exhibidos.

C. Planteamientos de inconstitucionalidad de las disposiciones del Decreto acusado, se reputan claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes
Ahora bien, en relación a los cargos de inconstitucionalidad planteados en la presente demanda respecto de los artículos, fácil es concluir que se tratan de afirmaciones jurídicas “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”.
Esto significa que son acusaciones comprensibles y claras, que recaen verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada y en ese orden son ciertas, revelan de manera irrefutable cómo las disposiciones señaladas vulneran la Carta, utilizando para tales efectos argumentos pertinentes, esto es, de naturaleza constitucional y no legal o doctrinaria ni referidos a situaciones puramente individuales o hipotéticas.
Por último, la argumentación que se ventilará a continuación es suficiente, en el sentido que tiene la virtualidad de suscitar una mínima duda sobre la constitucionalidad del acto impugnado, tal como de manera reiterada lo ha establecido la Honorable Corte Constitucional como órgano limite o de cierre jurisdiccional a través de sus ratio decidendi2, en congruencia del principio pro actione conforme al cual el examen de los requisitos adjetivos de la demanda no debe ser sometido a un riguroso escrutinio y se debe preferir una decisión de fondo antes que una inhibitoria, de manera que se privilegie la efectividad de los derechos de participación ciudadana y de acceso al recurso judicial efectivo ante este alto tribunal3.
D. Caducidad de la acción
Teniendo presente que la acción por inconstitucionalidad no es objeto del fenómeno de caducidad, es plausible que en el caso sub-examine se satisface de manera suficiente el requisito de oportunidad procesal de la acción pública de constitucionalidad, según los precisos términos consagrados en el Código Contencioso Administrativo.

V.- CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN
Para plantear de manera clara e inequívoca el concepto de violación, a continuación expondré y demostraré cada uno de los cargos de la demanda en relación a las disposiciones acusadas, del siguiente modo:
4.1 El presente Decreto es ajeno a principios y valores constitucionales vinculantes como el orden justo, el interés general, la equidad, la igualdad, sostenibilidad fiscal, y los relacionados en materia laboral.

Notorio es, que Colombia es un Estado Social de Derecho, inspirado en principios, valores y reglas de indeclinable observancia, entre estos el de un orden justo, la equidad, la igualdad, el interés general, los inherentes a las relacionales laborales, que se repudan como irrenunciables por su relevancia constitucional, y recientemente el de sostenibilidad fiscal elevado al rango superior con el Acto Legislativo No. 03 de 2011 que modificó el artículo 334 de la Carta Fundamental.

Sin el ánimo de ser exhaustivo, no me detendré en la definición y el alcance de los principios, valores y derechos, como el interés general (preámbulo y artículo 1 C.N) o la igualdad (artículo 13 C.N), perfectamente definidos por las diferentes fuentes jurídicas, como si lo haré con los demás soportes de la presente demanda por violación constitucional directa.

La Honorable Corte Constitucional, ejerciendo el control constitucional en abstracto, en sentencias de constitucionalidad, ha decantado de manera diafana el concepto del orden justo (artículo 2 C.N) como uno de los soportes axiólogicos de nuestro ordenamiento jurídico, tal como se lee:

El orden justo plasmado por el Constituyente se traduce en la vigencia de los preceptos constitucionales, en el imperativo para el legislador y para las autoridades de actuar dentro de esos parámetros superiores; de expedir normas y actos que no contraríen la Carta Política, y en la exigencia para que los jueces, en el ejercicio de su función de administrar justicia, profieran sus decisiones con plena observancia de esos cánones constitucionales. Así mismo, dentro de un orden justo, se reclama el compromiso que deben asumir todas las personas de respetar los derechos de los demás, de no abusar de los propios y de cumplir con sus deberes y obligaciones constitucionales y legales4”.

De igual forma ha sucedido, con la equidad (artículo 2 C.N) como vector obligatorio que debe tener cabida imperativa en toda actuación que involucra a la Administración, máxime en temas que involucran una facultad discrecional o que no se encuentra reglada en detalle, similar al tema sometido a consideración, del siguiente modo:

Lugar y función de la equidad en el derecho. Las anteriores consideraciones de la Corte Constitucional abordan la cuestión del lugar y la función de la equidad dentro del derecho. Básicamente, el lugar de la equidad está en los espacios dejados por el legislador y su función es la de evitar una injusticia como resultado de la aplicación de la ley a un caso concreto. La injusticia puede surgir, primero, de la aplicación de la ley a un caso cuyas particularidades fácticas no fueron previstas por el legislador, dado que éste se funda para legislar en los casos usuales, no en los especiales y excepcionales. La omisión legislativa consiste en no haber contemplado un caso especial en el cual aplicar la regla general produce un efecto injusto. Segundo, la injusticia puede surgir de la ausencia de un remedio legal, es decir, ante la existencia de un vacío. En esta segunda hipótesis, la equidad exige decidir como hubiera obrado el legislador. En la primera hipótesis la equidad corrige la ley, en la segunda integra sus vacíos. Así entendida, la equidad brinda justicia cuando de la aplicación de la ley resultaría una injusticia.

 

Estos elementos generales bastan para ilustrar la complejidad del tema. En las máximas latinas usualmente citadas está presente esta idea de la función de la equidad. Por ejemplo, el proverbio  en el sentido de que el derecho aplicado al extremo puede conducir a una gran injusticia (summum ius, summa iniuria) refleja la necesidad de mitigar el rigor de la ley en ciertos casos, es decir, no guiarse estrictamente por el criterio dura lex, sed lex. La máxima según la cual la equidad aconseja cuando carezcamos de derecho (aequitas suggerit, ubi iure deficiamur) indica la función integradora de la equidad. Sin embargo, la distancia entre el derecho y la equidad no debería ser tan grande, al tenor de otra conocida máxima: en derecho hay que buscar siempre la equidad, pues de otro modo no sería derecho (ius semper quaerendum est eaquabile, neque enim aliter ius esset)5”.

Quiere decir lo anterior que a pesar del contenido gaseoso o etéreo del Decreto 0854 de 2012, este no puede imponer ni generar efectos, que resulten ajenos a la Constitución, gracias a la fijación de unas prerrogativas asistenciales a favor de altos funcionarios del Congreso como lo es el Secretario General del Senado y el Secretario General de la Cámara de Representantes, aún cuando el mencionado acto administrativo, se inspire “aparentemente” en una disposición legal como lo es la Ley 4 de 1992. Basta con demostrar que la manifestación unilateral de la Administración atenta o contravienen con algún tipo de intensidad la Constitución, para que deba ser sacado del ordenamiento jurídico.

Nótese que los mencionados funcionarios beneficiados con el decreto acusado, son quizás, los servidores con mayores prebendas económicas en la estructura pública, generándose un trato desproporcionado e irrazonable frente a otros funcionarios, que van desde salarios, primas de variada naturaleza y diferentes bonificaciones, que al ser sumadas, los convierten en los trabajadores con el ingreso más alto de todo el Estado Colombiano, sin que medien argumentos serios, comprobados y suficientes, que así lo ameriten.

Huelga indicar, que los referidos funcionarios públicos, no requieren títulos de idoneidad impuestos por el ordenamiento jurídico, ni siquiera el de ser bachiller o saber leer y escribir; teniendo en cuenta que los únicos requisitos para aspirar al cargo son los mismos que para ser Congresistas, estos es: ser ciudadano y tener más de 25 años en el caso del Secretario General de la Cámara de Representantes y 30 años en el Senado de la República, para que sean los funcionarios mejores pagos en todo el Estado Colombiano, lo que a todas luces resulta reprochable en sede constitucional.

Y que no se venga a decir que si a los Congresistas no se les exige requisitos de titulación o de idoneidad, no habría razón de hacerlo frente a los Secretarios Generales de cada Cámara, pues estos funcionarios son elegidos por el pueblo, son sus máximos representantes y materializan la democracia participativa dentro de un Estado de Derecho, quienes dicho sea de paso, tienen una devengación prestacional menor a la de los Secretarios Generales en comento.

El artículo 47 de la Ley 5 de 1992, consagró los deberes de los Secretarios Generales del Congreso, así:

DEBERES. Son deberes del Secretario General de cada Cámara:


  1. Asistir a todas las sesiones.


2. Llevar y firmar las actas debidamente.
3. Dar lectura a los proyectos, proposiciones y demás documentos y mensajes que deban ser leídos en sesión plenaria.
4. Informar sobre los resultados de toda clase de votación que se cumpla en la corporación.
5. Elaborar las comunicaciones oficiales que deban ser enviadas por el Presidente.
6. Informar regularmente al Presidente de todos los mensajes y documentos dirigidos a la corporación, y acusar oportunamente su recibo.
7. Mantener organizado y actualizado un registro de entrega y devolución de los documentos y mensajes enviados a las respectivas comisiones.
8. Coordinar la grabación de las sesiones plenarias y vigilar la seguridad de las cintas magnetofónicas y las actas.
9. Entregar a su sucesor, por riguroso inventario, todos los documentos, enseres y demás elementos a su cargo.
10. Dirigir la formación del archivo legislativo de cada legislatura y entregarlo a la oficina de archivo del Congreso, acompañado de un inventario general y un índice de las diversas materias que lo componen.
11. Disponer la publicidad de la Gaceta del Congreso.
12. Expedir las certificaciones e informes -si no fueren reservados- que soliciten las autoridades o los particulares.
13. Mantener debidamente vigilados y custodiados los expedientes sobre investigaciones que se adelanten en la corporación a los altos funcionarios del Gobierno, y darles el trámite debido. Así mismo, las actas y documentos que de ella emanen.
14. Disponer, de acuerdo con la Presidencia, de las instalaciones locativas de la corporación cuando se lo requiera.
15. Los demás deberes que señale la corporación, la Mesa Directiva, y los inherentes a la misma naturaleza del cargo”.

Lo antes visto, nos permite concluir lejos de equívoco alguno, aplicando los métodos hermenéuticos como el exegético, sistemático, histórico y fenomenológico, que las funciones que actualmente deben desempeñar los Secretarios Generales del Congreso, no demandan conocimientos especiales, técnicos, complejos, diferentes a los de hacer la veces de un tercero colaborador que da fe a distintos actos realizados en el seno del órgano legislativo, que justifique gozar como lo vienen haciendo, de prerrogativas que se tornan injustas, desfasadas e irracionales, como la prima técnica, creada solo para cargos profesionales con un alto grado de conocimientos especiales en la labor desplegada.

Resultando contrario entonces al orden normativo superior, los niveles salariales y prestacionales de dichos funcionarios, fijados en el Decreto 0854 de 2012 hoy demandado.

Permitir que una disposición como esta, siga produciendo efectos en el mundo jurídico, pone en desventaja a otros funcionarios pertenecientes a las diferentes Entidades que realizan labores similares, y que están lejos de recibir suma parecida, discriminación (artículo 13 C.N) que se exhibe como contraria a la Carta Fundamental, que no resiste de ninguna manera la aplicación de métodos como el juicio de proporcionalidad o el test de igualdad en sus diferentes intensidades leve, intermedio y estricto6.

Volviendo el acto acusado en una verdadera quimera principios en materia laboral como el que pregona “igual trabajo, igual remuneración”, que la Corte Constitucional lo ha entendido:

En reiterada jurisprudencia de ésta Corporación, se ha señalado que el derecho a la igualdad, no plantea una igualdad matemática, sino una igualdad real, que busca un trato igual a las personas que se encuentran bajo unas mismas condiciones, y que justifica un trato diferente sólo cuando se encuentran bajo distintas condiciones. Con base en éste derecho fundamental contenido en la Carta Política es que se ha dado desarrollo al principio de "a trabajo igual, salario igual". No se puede dar un trato discriminatorio entre trabajadores, que cumpliendo una misma labor con las mismas responsabilidades, sean objeto de una remuneración diferente. Al respecto cabe señalar que no se puede dejar en manos del mismo empleador, la posibilidad de que éste desarrolle criterios, subjetivos, amañados y caprichosos que pretendan justificar un trato discriminatorio entre trabajadores que desarrollan la misma actividad7”.

Finalmente para delimitar este cargo pluriofensivo del orden constitucional, es prudente referirnos al Acto Legislativo No. 03 de 2011, que elevó a rango constitucional el principio de sostenibilidad fiscal, que implica, que toda autoridad debe actuar de tal forma que no atente o sacrifique los lineamientos fiscales necesarios para encontrar viable al Estado y sus obligaciones exigibles.

El artículo 334 reformado, consagra textualmente:
La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto público social será prioritario.

El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones.

La sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público, dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica….”. (Negrillas fuera del texto original).

La pregunta entonces es la siguiente: se apiada del principio de sostenibilidad fiscal que un funcionario, a quien no se le exige experiencia, ni ser bachiller o saber leer, devengue anualmente cerca de 360 millones de pesos?

¿Es posible que el contexto de un Estado Social de Derecho, un funcionario gane esta exorbitante suma de dinero, mientras miles de colombianos se encuentran desempleados y otros en estado de miseria?

Para evitar argumentos futuros impropios, desde ya es menester aclarar que la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-359 de 1999 declaró inexequible el artículo 46 de la Ley 5 de 1992, que exigía requisitos adicionales para acceder al cargo de Secretario General de Senado de la República y de la Cámara de Representantes, por un exceso en la facultad del legislador, que añadió otros requisitos no contemplados en la Carta Política diferentes a los de ser Congresista.

Sin que lo anterior implique que los Secretarios Generales deban percibir los mismos salarios de los parlamentarios, y mucho menos superarlos en los precisos términos del Decreto 0854 de 2012.

4.2 El Decreto demandado permite gracias a la existencia del artículo 13, que ninguna autoridad pueda cuestionar este acto administrativo so pena de tenerse como no valido, creando un blindaje ilegitimo sobre una decisión de un poder público.
Tal como se desprende del contenido literal y sentido obvio del artículo 13 del Decreto 0854 de 2012, ninguna autoridad puede cuestionar la legalidad o el contenido del mencionado acto administrativo so pena de tenerse como ineficaz, lo que indica ni más ni menos que existen dentro del ordenamiento jurídico, actos que no son objeto de control jurisdiccional según el señor Ministro Echeverry y la Directora Administrativa de la Función Pública, diferentes a los contenidos taxativamente en el Código Contencioso Administrativo, premisa que comporta una clara transgresión al orden constitucional y democrático vigente, reviviendo efectos de modelos de Estado déspotas, arbitrarios y totalitaristas en buena hora superados.
Ha sido un gran logro del sistema judicial no solo colombiano, sino, en general de todos los sistemas del derecho comparado, el sometimiento de la Administración al orden normativo y derecho vigente, principio que dio génesis según visos históricos y doctrinales, entre quienes se destacan el alemán Rechtsstaat, luego del Estado de Derecho, que trajo entre otros efectos, el poder enervar o enjuiciar toda actuación a titulo de acción u omisión de las autoridades públicas.
Por tal motivo el Constituyente primario incorporó instrumentos para que la colectividad, cuestione o censure toda actuación no solo que menoscabe derechos subjetivos, sino que, atenten contra el orden normativo superior, que se encuentran regulados para el caso sub-exámine en los artículos 40 y 237 de la Constitución.
De suerte que no es de recibo el sentido gramatical, que se infiere lógicamente del artículo sensurado, que me permito transcribir nuevamente:
ARTÍCULO 13°. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del presente Decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4a de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos”.
Darle vida a tan curiosa como inconstitucional decisión unilateral, comporta una clara afronta constitucional a los artículos 40 y 237 de la Constitución, que contemplan, los instrumentos democráticos para demandar, cuestionar y preservar los efectos juridicos tanto de la Constitución como de la Ley.
Así el artículo demandado mencione un sorporte legal (artículo 10 de la Ley 4 de 1992), para existir en el derecho positivo, esto no es óbice para que las Autoridades se abstengan de violentar disposiciones prevalentes, que irradian de la norma de normas, la Constitución, al contemplar cláusulas, como la descrita, que impide que una decisión con apariencia de legitima, esté exenta del control jurisdiccional promovidos por los administrados.

VI.-PRUEBAS Y SOLICITUD ESPECIAL
Solicito respetuosamente al Consejo de Estado, que antes de realizar un control formal de la acción y verificar sus requisitos de procedibilidad para ser admitida, se oficie al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de obtener la copia autentica del Decreto 0854 de 2012 proferido por el aquel, toda vez que ha sido imposible obtenerlo y anexarlo en la presente acción.
Allego al Despacho copia simple del Decreto 0854 de 2012 demandado.
Ruego a usted Honorable (a) Magistrado (a) se decreten y practiquen las siguientes pruebas, todas estas se predican conducentes, pertinentes y útiles para demostrar la existencia de los hechos consignados, la vulneración al orden normativo superior, y su turno para conceder la totalidad de las pretensiones aquí consignadas:

  1. Se oficie al Ministerio de Hacienda y Crédito Público o a la autoridad competente para que certifique al Despacho la relación de los beneficios salariales y prestacionales anuales, discriminadas mensualmente, con ocasión al cargo, de los siguientes funcionarios: de los Secretarios Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, del Presidente de la República, del Vicepresidente, de los Magistrados de las Altas Cortes, Ministros, Directores Administrativos, el Fiscal General, el Procurador General, el Contralor General. En la ciudad de Bogotá en la Carrera 8 No. 6 C – 38.




  1. Se oficie al Ministerio de Hacienda y Crédito Público o a la autoridad competente para que allegue al Despacho, los soportes, estudios, conceptos, antecedentes, y demás elementos que sustentan la existencia del Decreto 08534 de 2012.




  1. Se oficie a la Presidencia del Senador de la República y de la Cámara de Representantes, para que certifiquen los horarios en los que laboran los Secretarios Generales de esas Corporaciones, con base en la última legislatura, indicando: año, mes, día, hora y duración total de permanencia durante las sesiones. De igual forma se certifique cuantos funcionarios tiene a cargo cada Secretario General, con nombre, cargo, fecha de vinculación y funciones que cumplen, incluyendo los prestadores de servicios. En la ciudad de Bogotá en el Capitolio Nacional Segundo Piso.


VII.-PRETENSIONES

Con base en lo expuesto a lo largo de esta demanda, solicito respetuosamente al Consejo de Estado, lo siguiente:

PRIMERO: Se declaren NULAS las expresiones de los artículos 2°, 5º, 6º, 7º y 13ª del Decreto 0854 de 2012 Por el cual se fija la escala salarial para los empleos públicos del Congreso de la República y se dictan otras disposiciones en materia salarial” subrayados y puestos en negrillas en la presente demanda.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se le ordene a las autoridades que profirieron el Decreto 0854 de 2012, a fijar nuevamente un régimen salarial para los Secretarios Generales de Senado y Cámara de Representantes grado 14, acorde a los principios, valores y reglas de la Constitución Política como la justicia, equidad, igualdad y sostenibilidad fiscal, tomando como base otros lineamientos salariales de altos funcionarios del Estado, que atienda realmente a la intensidad y labor desempeñada.

VIII.- NOTIFICACIONES

Se me puede notificar en la ciudad de Bogotá en la Calle 45 No. 45 -84 Apartamento 704 interior 5, célular 3007785475.

Atentamente,

____________________________

CAMILO ARAQUE BLANCO C.C. No 80.074.414 de Bogotá



1 A propósito del carácter vinculante del preámbulo constitucional sentencia de la Honorable Corte Constitucional C- 477 de 2005 M.P Jaime Córdoba Triviño.

2 Corte Constitucional Sentencia C-914 de 2010 M.P Juan Carlos Henao Pérez.

3 Corte Constitucional Sentencia C-451 de 2005.

4 Sentencia C-573 de 2003 M.P Jaime Córdoba Triviño.

5 Sentencia SU-837 de 2002 M.P Manuel José Cepeda Espinosa.

6 Sentencia Honorable Corte Constitucional C-093 de 2001 M.P Alejandro Martínez Caballero.

7 Sentencia T-018 de 1999 M.P Alfredo Beltrán Sierra.


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