Primera parte capitulo I declaraciones derechos y garantias






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PRIMERA PARTE


CAPITULO I

DECLARACIONES DERECHOS Y GARANTIAS




Artículo 30 (Reforma constitucional).- La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuará sino por una Convención convocada al efecto.-



Indice:

  1. Introducción.

  2. Valor del art. 30: naturaleza jurídica.

  3. Elaboración, fuente y ubicación.

  4. Sistema de Reforma argentino.

  5. Práctica histórica: análisis crítico.

  6. Control de constitucionalidad.

  7. Conclusiones.



ANTECEDENTES: Constitución de 1819 (arts. 80 a 84); Constitución de 1826 (art. 182 a 186)


FUENTES: Proyecto de Alberdi (arts. 37, 38, 39 y 60); Constitución de 1853 (arts. 30 y 51).

CONCORDANCIAS: Pacto de San José de Flores (11/11/1859), Leyes 230 y 234 de 1860 de la Confederación; Leyes 171 y 172 de 1866; Ley 3507 de 1898; Decreto 3838/57; Ley 24.309 de 1993 y 24.430 de 1995.

1. INTRODUCCION:

Los preceptos constitucionales que regulan el procedimiento de reforma cumplen un papel central en la dogmática constitucional, al punto que Pedro de Vega llega a expresar que “del mismo modo que no se concibe una teoría de la Constitución que no tome como centro de referencia las cuestiones básicas que la reforma suscita, tampoco se concebiría una teoría adecuada de la reforma en la que no se plantease el significado jurídico y político del propio concepto de Constitución”1. Bástenos aquí con señalar la importancia capital de estas peculiares normas procesales2. En este comentario vamos a circunscribirnos al procedimiento de reforma, es decir, a la dimensión procesal a través de la cual tiene lugar el dictado de normas constitucionales. El procedimiento de Reforma Constitucional (en adelante, RC) constituye la fuente formal del derecho constitucional, pues sólo podemos identificar como normas constitucionales aquéllas surgidas del procedimiento de elaboración de estas normas previsto por la propia Constitución.

2. VALOR DEL ARTICULO 30. Naturaleza jurídica.

La Constitución es el único texto jurídico de derecho interno que prevé su propio mecanismo de modificación. Todos los demás textos legales encuentran su fuente de derecho en una instancia jurídica superior, v.g. la elaboración de las leyes se halla regulada con precisión por un nivel superior: la Constitución respectiva. Esta es una de las singularidades de la materia constitucional.

Esto nos lleva a indagar sobre la naturaleza jurídica de las normas que regulan el procedimiento de revisión constitucional ¿qué sentido tiene prever un procedimiento de revisión de normas del mismo nivel jurídico? ¿quién es el sujeto destinatario de estas normas?. ¿cuál es la razón de ser de su inclusión en una Constitución?. La RC cumple una función polivalente que resulta necesario destacar:

1. En primer lugar, con la Constitución se establece el principio de jerarquía normativa dentro de un ordenamiento jurídico. Rige el principio lex superior derogat inferiori. Este principio no opera a nivel constitucional porque no existe norma superior a la Constitución que le fije desde arriba la mecánica de modificación de las normas constitucionales. En el ámbito constitucional sólo rige el principio lex posterior derogat anteriori. Con aparición la Constitución se funda el principio de jerarquía normativa dentro de todo ordenamiento jurídico que opera según el principio lex superior derogat inferiori. El procedimiento de revisión cumple una función jurídica de primer orden, pues permite diferenciar las normas constitucionales de las normas jurídicas inferiores. Las normas elaboradas conforme al procedimiento de reforma son por antonomasia jurídicamente superiores a todas las demás disposiciones normativas que –más allá de su contenido material-- por el sólo hecho de provenir de un sistema de fuentes de grado inferior son de rango menor y no pueden contradecir el contenido de aquéllas. En resumen, un elemento formal: el proceso de revisión constitucional, confiere a la norma así elaborada, más allá de su contenido material, un valor superlativo. La consecuencia jurídica es evidente: la norma inferior que no se adecue al contenido material o a las condiciones formales fijadas por la Constitución es jurídicamente inválida. Este valor crucial de la norma de RC fue puesto de relieve y resaltado en el leading case Marbury vs. Madison, que se sirvió de ella para fundar –nada más y nada menos— que el control jurisdiccional de constitucionalidad de las leyes3. De este modo la cláusula de reforma se levanta como límite a la potestad legislativa del Congreso que no obstante ser el sujeto autor la fuente de derecho más relevante: la Ley, sin embargo, ésta debe estar supeditada a los contenidos formales y materiales establecidos por la Constitución. Sin entrar a profundizar las enormes implicancias jurídicas derivadas de la presencia de normas sobre reforma constitucional, podemos afirmar que éstas constituyen uno de los fundamentos jurídico-formales sobre el que se asienta la supremacía constitucional, elemento central y definitorio de lo constitucional. Sin supremacía constitucional no puede haber Estado Constitucional4.

2. Entonces ¿quiénes son los destinatarios de esas normas de reforma constitucional?. Mientras que resulta claro que el Congreso es el destinatario de las disposiciones referidas al Poder Legislativo, así como el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial respecto de las suyas. Sin embargo la cláusula de reforma no tiene un sujeto destinatario manifiesto. No basta con responder que se alude al Poder Constituyente, por ser ésta una idea abstracta, debemos encontrar al sujeto histórico-concreto destinatario de estas normas: éste es una futura “generación” constituyente. En efecto, las normas de reforma están dirigidas a una futura generación constituyente como sujeto histórico-temporal concreto que hará uso de ellas cuando considere necesario un cambio constitucional5. En suma, si profundizamos en la naturaleza jurídica de la norma de reforma concluimos que en realidad se trata de una “norma de oferta” que una generación constituyente histórica determinada (la que ha redactado la Constitución y establecido el procedimiento de revisión) dirige a una futura generación constituyente, quien podrá asumir el procedimiento preestablecido por una generación anterior6.

3. Debemos, finalmente preguntarnos por qué una generación constituyente posterior debería aceptar el procedimiento de reforma dispuesto por una anterior. Básicamente, existen tres razones por las que una nueva generación constituyente se vería predispuesta a aceptar la oferta de procedimiento: en primer lugar, por una razón práctica ya que resuelve el inconveniente de tener que ponerse de acuerdo sobre el procedimiento para dictar nuevas normas constitucionales, lo que siempre es motivo de graves disensos y dificultades por intereses contrapuestos (en todos los procesos de establecimiento ab initio de un Estado Constitucional, la discusión sobre el proceso a seguir fue motivo de dolores de cabeza, disputas y malestares). Cuando en una Constitución está previsto el procedimiento de reforma este problema se halla resuelto. También hay una segunda razón de importancia jurídica superlativa: el respeto del procedimiento previsto aporta un valor trascendental al Estado Constitucional: brinda “continuidad jurídica” al sistema constitucional, y con ello previsibilidad y seguridad jurídicas. Pero, además, la tercera y mas sustancial razón, es que detrás de este beneficio se sostiene un valor político esencial: la continuidad democrática del Estado. En efecto, el procedimiento de reforma guarda, en términos generales, solidaridad política con el sistema democrático. No hay Estado Constitucional que no sea democrático, por tanto, respetar el procedimiento de reforma no sólo aporta seguridad jurídica sino continuidad democrática, y éste es un valor central del sistema político porque hace a la legitimidad democrática del Estado. Sobre estas premisas de teoría constitucional expuestas podemos pasar a ocuparnos del artículo 30 de la Constitución Nacional.
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