Que en el carácter invocado vengo a interponer accion de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Salud, Banco de Drogas, con domicilio en la Av. 9 de julio 1925 de esta Ciudad






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INICIA ACCION DE AMPARO.SOLICITA MEDIDA PRECAUTORIA. HABILITACIÓN DE FERIA JUDICIAL. SEÑALA JUEZ PREVINIENTE.

Señor Juez:

ALEJANDRO NATÓ, Defensor Adjunto a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en la sede de la Defensoría sita en la calle Venezuela 842 de esta Ciudad, donde también lo constituyo a los efectos de este proceso conjuntamente con el letrado que me patrocina, Dr. Eduardo Jorge Monti, To. 10 Fo. 986, a V.S. digo:


I.- REPRESENTACION Y OBJETO:
Que el suscrito desempeña el cargo indicado por designación de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires conforme resolución nro 582 de fecha 12.11.98. (acompaño documentación letra "A").
Que para el caso hipotético de desconocimiento de mi titularidad, solicito desde ya se oficie a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, para su certificación.

Que en el carácter invocado vengo a interponer ACCION DE AMPARO contra el Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Salud, Banco de Drogas, con domicilio en la Av. 9 de julio 1925 de esta Ciudad.

Que esta acción persigue que se obligue a la demandada a entregar en forma inmediata y garantizar la continuidad de la provisión de medicamentos para enfermedades graves de las personas que más adelante se determinan y cuya terapia depende de esas drogas.

Que como más adelante amplío, actúo en cumplimiento de la obligación legal de defender y proteger los derechos e intereses individuales, colectivos y difusos tutelados en la Constitución Nacional, la Constitución de Buenos Aires y las leyes respectivas (Art. 137, 2do. y 3er. párrafo; art. 14, 2do. párrafo, art. 46, Constitución de la Ciudad; arts. 42 y 75 inc. 22/23 Constitución Nacional; art. 23 y conc. Ley 3 de la Legislatura de Buenos Aires)
Que consecuentemente solicitaré se haga lugar a la demanda que se promueve dentro del marco de los arts. 42 y 43 de la Constitución Nacional, 10 y 14 de la Constitución porteña y la Ley 16.986.


II.- LEGITIMACION ACTIVA:
Que la legitimación del suscripto tiene antecedentes institucionales que parten de mi antecesor en el cargo, con claros fundamentos en la Ordenanza 40.831, que creó la entonces Controladuría General Comunal de la que esta Defensoría es continuadora, que señalaba como misión fundamental del Controlador (Ombudsman) -hoy Defensoría del Pueblo de la Ciudad-, la defensa de los derechos e intereses legítimos y difusos de los habitantes (art. 1 y 2).
Que estando ya reconocida esta legitimación para obrar en representación de los intereses colectivos y difusos de afectación a la comunidad, directa o indirectamente involucrada, la reforma constitucional de 1994 en el art. 43, 2da. parte, vino a establecer con relación a la acción de amparo, que: "Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines...". De igual forma el art. 75 inc. 22/23 mejora a la Constitución con tratados internacionales ampliando y ratificando el derecho humano a la salud.

Que más aún, al sancionarse la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires el 1o. de Octubre de 1996, quedó ratificado clara y expresamente en sus arts. 14 y 137, la legitimación procesal por los motivos señalados más arriba.
Que como señalara la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial federal Sala I (“Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Edesur s/ responsabilidad por daños”, 16 de marzo de 2000; La Ley 8.6.2000), “... El constituyente de la Ciudad de Buenos Aires precisó que los derechos cuya protección se le encomienda al Defensor del Pueblo incluye a los individuales -además de los difusos y colectivos- amparados constitucional o legalmente...”, agregando que “De conformidad con este régimen constitucional las funciones fueron otorgadas a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en el art. 2 de la ley 3 previéndose entre sus atribuciones la de promover acciones administrativas y judiciales en todos los fueros... (art. 13 inc. h)... En tales condiciones la competencia y legitimación prevista en el art. 137 de la Constitución de l Buenos Aires resulta aún mayor que la otorgada por el art. 86 de la Constitución nacional al defensor del pueblo de la acción, el que no actúa como abogado privado sino cuando la situación de indefensión del particular es inocultable, restricción que no alcanza al órgano de la Ciudad (Humberto Quiroga Lavié, Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Comentada”, Editorial Rubizal Culzoni, 1996, pag. 382. Ver también “Alicia Oliveira -Defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/ World Trade Me. S.A. s/ aut. adm. actora-otros resuelta por la sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario el 21 de mayo de 2001).

Que en el caso concreto mi intervención está prevista expresamente en el mandato legal de la Constitución de la Ciudad (art. 137), en especial, atento a la total falta de medios económicos de los pacientes.


III. AFECTADOS:
Que a fin de individualizar las personas afectadas, su ubicación, diagnostico, tratamiento y medicación necesaria aportamos el detalle correspondiente adjuntando la actuación respectiva de cada una de las existentes al momento actual con fotocopia autorizada y el número de identificación de cada una de ellas. Advierto a V.S. que pueden presentarse más casos ante la cesación de entrega de drogas en que ha incurrido el Banco de Drogas.


APELLIDO Y NOMBRE

ACTUACIÓN

DOMICILIO

ENFERMEDAD

TRATAMIENTO

MEDICAMENTOS

Valverde, Cristina

5197/03

Pringles 430 2º Piso Depto “5”







Platino 50 mg. (3 frascos); Placlitoxel 30 mg (3 Frascos); Ondansetron 8 mg. (3 Frascos).

Benavidez, Adriana

5418/03

Bonorino 2260 Piso 3º Depto “B”

Cancer en hígado.

Quimioterapia

Oxalplatino (Amp. 4); S-Fluorourasilo 500 mg. (Ampollas 4); Leucovorina 50 mg. (2 ampollas); Ondansetron 8 mg (Ampollas 3)

Bote, Eduardo Luis

5207/03

Perú 932 Habitación 63

Cancer de Pulmón




Placlitoxel 300 mg. (1 F/A) ; Ondancetron 8 mg. (1 F/A); Cisplatino 50 mg. (3 F/A); Cisplatino 10 mg. (3 F/A)

Bisiacco, María Ofelia

5263/03

Laprida 1929, PB, “A”







Navelbine 50 mg (6 seis); Ondansentron 8 mg. (6 sis)

Cantera, Alicia Adriana

4590/03

Av. Santa Fe 3755 Piso 1º “I”

Cancer de útero

Quimioterapia

Lentotal (6 seis); Cisplatino 50 mg (6 seis).

García, Alberto Emilio

5053/03

Alta Gracia 3457

Cancer de Próstata




Goserelina

Gonzales, Roque

5108/03

Garay 3809

Leucemia




Citarabina 1=28; Mitoxantrona 20 mg.

Roa López, María Magdalena

5080/03

Cabildo 2327 (Portería)







Dexorubicina.

Lavezzolo, Lidia Mónica

3707/03

Hipólito Irigoyen 3336 Piso 2º “E”

Carcinoma Pulmonar




Etoposido 100 mg.; Cisplatino 50 mg; Ondansetron 8 mg.

Gimenez, Abelinio Ramón

4076/03

Castillo 81

Cancer en Testículo Izquierdo

Quimioterapia

Bleomicina Amp. 15 mg. 1=6; Ondansetron amp. 8 mg 1=3; Carboplatino amp. 150 mg. 1=1

Quiroga, Dorys

4512/03

Inclán 3577




Quimioterapia

Ciclofofamida 1 gr. Amp. = 1; Fluorouracilo 500 mg. Amp.= 2; Ondansetron 8 mg. Amp.=1 ; Metotrexato 50 mg amp. = 2.

Narro Sevillano, Betty Irene

4372/03

Cobo 1250

Cancer




Arimidex 1 g = 1

Leon, Yolanda Gilda

674/03

Alberti 1154




Quimioterapia

Doxorubicina 95; Ondansetron; Docetaxel 125.

Vaccari, Delia

3637/03

Carabobo 1340 “PB”




Quimioterapia

Ciclofofamida 1gr. 1 amp= 1; Doxorubicina 50 mg.; Ondansetron 8 mg; Adriamicina.

Baus, Gustavo Osvaldo

5199/03

Pinzón 1575 Piso 7º “B”

Linfoma no hotkin tipo B de alto grado. Estado 4

Internado

Estuposido 100 mg. x 4; Citalabina 100 mg. x 4; Metilpreonisona 500 mg. x 4; Cisplatino 50 mg. x 40; Ondacetrón 8 mg. x 4; Figastrín 300 mg./ día x 5 ampollas x 2 cajas



APELLIDO Y NOMBRE

ACTUAC.

DOMIC.

TEEL.

ENFERMEDAD

MEDICAMENTOS


Seoane, Alfredo

3731/03

Pte. Illia 2373 (San Martín)

4755-0162

Htal. Pirovano

Casodex 50 mg.

Peralta, Ramona

3733/03

Ugarte 4016 (Munrro)

4762-0882 (vecino)

Htal. Fernandez

Ondansetron 8 mg. (3 trs); Doxorubicina 50 mg ; Fosfamida 1 gr ; Dacarbazina 200 mg.

Lescano, María Margarita

4213/03

Cnel Montt 6746 (Laferrere)

4626-8443

Cancer de mamas con metástasis ósea.

Htal. Álvarez

Pamidronato 90 ampollas.

Maidana, María Inés

4784/03

Los Studs 1415 (Longchamps)

4297-1401

Htal. Fernandez

Ciclofofamida 350 mg.; Deltizona B 40 mg.; Vincristina 1,4 mg., Doxorubicina 35 mg.; Ondansetron 8 mg.

Geréz, Elizabet

5120/03

O´higgins 188 (José León Suárez)

4720-6490

Htal. Fernández

Ondansetron 8 mg.; Fluororracilo , Adriamicina 50 mg; Ciclofofamida 1 mg.

Pérez Rodrígues, María Teresita

5249/03

Mitre 438 (Monte Grande)

4296-3257 (hermano Miguel)

HIV.

Htal. Ángel Roffo

Ciclofofamida 1 mg; Vincristina 1 mg; Doxorubicina 50 mg; Ondansetron 8 mg.

Leonhart, María Elsa

5373/03

Limay 4273 (Morón)

4697-4262

Htal. Fernández

Doxorubicina 50 mg.; Ondansetron; Docetaxel.

Bher, Roberto

5200/03

Antequera y José Marti 2017 (Merlo)

0220-489-6130

Htal. Maria Curié

Oxaliplatino; Leucovorina; Fluorouracilo; Ondansetron.



IV. ANTECEDENTES:
Que originalmente la Constitución Nacional de 1853/60 no mencionaba en sus disposiciones el derecho a la salud. Sólo podía ser considerado como un derecho implícito acogido en el art. 33 del mencionado cuerpo legal.
Que la reforma de 1949 se estableció para los trabajadores (art. 37 inc. 5) el "Derecho a la preservación de la salud.- entendiéndose por tal que: El cuidado de la salud física y moral de los individuos debe ser una preocupación primordial y constante de la sociedad, a la que corresponde velar par a que el régimen de trabajo reúna los requisitos adecuados de higiene y seguridad, no exceda las posibilidades normales del esfuerzo y posibilite la debida oportunidad de recuperación por el reposo.
Que la Constitución de 1949 también consagraba para los ancianos el "Derecho a la asistencia" entendiendo que " Todo anciano tiene derecho a su protección integral por cuenta y cargo de su familia. En caso de desamparo, corresponde al Estado proveer a dicha protección, ya sea en forma directa o por intermedio de los institutos y fundaciones creadas o que se crearen con ese fin, sin perjuicio de la subrogación del Estado o de dichos institutos, para demandar a los familiares remisos y solventes los aportes correspondientes". Asimismo consagraba el derecho al cuidado de la salud física y moral de este grupo etáreo. Sin embargo, estas disposiciones fueron anuladas con el conjunto de la Constitución de dicha época.
Que la reforma de 1957 no hizo mención específica en el art. 14 bis del derecho a la salud por lo que se retornó a la situación preexistente a 1949.
Que a partir de la Convención Constituyente de 1994 se produjo un cambio sustancial en lo que atañe a la protección del derecho a la salud delos habitantes de la República Argentina. En primer lugar, la incorporación de una larga serie de pactos internacionales en materia de Derechos Humanos al texto de la Ley Fundamental (art. 75 inc. 22 C.N.) determinó su reconocimiento explícito. En segundo lugar, este reconocimiento vino acompañado por el trazado, por supuesto a grandes rasgos, de un verdadero programa sanitario con rango o jerarquía constitucional del que no pueden apartarse ni el legislador ni la administración. Este programa constitucional establece con claridad como deben ser encaradas las enfermedades epidémicas y endémicas y organizados los servicios de modo tal de asegurar a las personas un trato equitativo en condiciones de igualdad. En tercer lugar, el reconocimiento constitucional de los derechos del usuario –en este caso del servicio de salud- (art. 42 C.N.) y el establecimiento de garantías para su ejercicio (art. 43 y 75 inc. 23 C.N.) determinó la existencia de una serie de mecanismos muy precisos para hacer posible el acceso en condiciones de igualdad a los servicios de salud.

Que basta la lectura de los referidos instrumentos internacionales para advertir los alcances que tiene este derecho en el orden jurídico argentino.
Que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes el Hombre establece en el art. IX el "Derecho a la Preservación de la salud y al bienestar”.
Que la Declaración Universal de Derechos Humanos determina (art. 25, entre otros)el derecho a la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en el art. 12 “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” y expresamente la obligación de asegurar “La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas” y “La creación en condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad".
Que la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial determina en el art. 5 punto IV “El derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios sociales”.
Que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer establece en el art. 12, la atención médica igualitaria entre hombres y mujeres.
Que asimismo el art. 75 inc. 23 C.N. establece la obligación de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Ley Fundamental y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.
Que así lo dicho se integra con las normas específicas relativas a los servicios de salud y se derivan y se subordinan a las garantías constitucionales expresas (art. 42 y 43 de la CN y 46 y conc. de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires).
Que además, en el caso puntual, la Ley 23.611 en su artículo 6º establece que “ El instituto Nacional de Oncología tendrá en su jurisdicción el Banco Nacional de Drogas Antineoplásicas, en que organizará un programa de asistencia terapéutico-farmacológico, que ponga a disposición de los diversos sistemas asistenciales contemplados en esta ley los fármacos de usos reconocidos aceptados internacionalmente para el tratamiento de las enfermedades oncológicas y sus complicaciones.
Que por último, reitero los fundamentos expuestos en la resolución número 4052/03 del 16/07/03 que abarca a las distintas presentaciones efectuadas a la fecha.

V. HECHOS FUNDANTES DE LA ACCIÓN.
Que teniendo en cuenta lo expuesto supra urgencia de mantener la continuidad de la medicación en tratamientos oncológicos impostergables cuya omisión puede llevar a la muerte de los afectados, la Defensoría por mi intermedio emitió la recomendación señalada, número 4052/03 del 16/07/2003, exhortan do al Ministro de Salud de la Nación a que arbitre las medidas necesarias para dar cumplimiento a la entrega de medicamentos.
Que no ha habido respuesta a la fecha, debiendo destacar la indiferencia de los funcionarios responsables que llevan a someter a un paciente grave a la desconsideración que entraña la negativa tácita al pedido de la medicación, lo que constituye por si mismo una violación de los derechos humanos básicos. Además de afectar el derecho a la salud que debe ser protegido por toda autoridad ( Art. 42 de la Constitución Nacional), atenta contra la dignidad humana someter a una persona socialmente desvalida cuya única esperanza de aliviarse de una penosísima enfermedad (cáncer y dolencias irreversibles) se desvanece injustamente.
VI. AMPARO. JUEZ PREVINIENTE.
Que conforme al art. 1º de la Ley 16.986 existe una omisión grave de la autoridad pública que en forma actual lesiona el derecho a la salud de las personas individualizadas en el presente, a quienes represento en mi función fundamental de defensa de los derechos fundamentales básicos, como lo es el derecho a la salud. Todo ello hace viable el acogimiento de esta acción de amparo.
Que habiendo prevenido la Jueza de este fuero, Maria José Sarmiento, autos: “Pintarelli, Liliana c/ Ministerio de Salud s/ Amparo Ley 16.986” Expte Nº 18.890/03, conforme al art. 4 in fine de la Ley 16.986, deberá acumularse esta acción a esos actuados (arts. 88 y 188 CPCC), ello sin perjuicio de decretar previamente la medida cautelar que se solicita, atento la urgencia del caso.


VII. MEDIDA CAUTELAR
Que conforme se decidió en la causa mencionada (Pintarelli, Liliana c/ Ministerio de Salud s/ Amparo Ley 16.986) corresponde aqui dictar también igual medida cautelar previa y autosatisfactiva, ordenando la provisión inmediata de medicamentos a los afectados señalados por parte de la demandada y por intermedio del banco de drogas.
Que a tal fin me remito a los fundamentos de la Jueza María José Sarmiento, abalando esta Defensoría la verosimilitud del derecho que surge de las actuaciones individualizadas, existiendo el evidente peligro en la demora que surge “ in re ipsa” de la falta de entrega de medicamentos. (Art. 199 y conc. CPCC; Sala II CCAF: “ Bachicochi Rojas, Juan”, del 6/10/92; “Irurzun” , del 23/2/82; entre muchos otros, citados por la magistrada).
Que sin perjuicio del alto criterio de V.S., acompaño en forma separada fotocopia de la resolución de la Jueza Maria José Sarmiento (Letra “C”) cuyos argumentos suscribo, a sus efectos.

VIII. PRUEBA

DOCUMENTAL
Acompaño fotocopias autorizadas de las actuaciones detalladas en el punto III.

IX. HABILITACIÓN DE FERIA



Que atento a los arts. 152, 153 y conc., y tratándose de decretar medidas urgentes cuya demora afectaría directamente la continuidad del tratamiento oncológico der los pacientes afectados, solicito se habilite la feria judicial en curso proveyendo de manera urgente la medida cautelar, sin perjuicio de remitir oportunamente estos autos a la jueza previniente.

X. PETITORIO
Que por lo expuesto a V.S. solicito:

1) Me tenga por presentado en el carácter invocado, por parte y con el domicilio constituido;
2) De a la presente el trámite previsto en la ley 16.986, corriendo oportunamente traslado a la demandada por el término previsto en el art. 8 de la citada ley, previa intervención de la jueza previniente;
3) Tenga presente la prueba ofrecida.
4) Dicte la medida cautelar solicitada ordenando la entrega de los medicamentos solicitados.
5) Disponga la habilitación de la feria judicial pedida;
6) Oportunamente haga lugar al amparo condenando a la demandada a la entrega y garantía de provisión de medicamentos para la continuidad del tratamiento de las personas afectadas denunciadas en el punto III.
7) Dejo constancia que faculto a mi letrado patrocinante Dr. Eduardo Monti y autorizo a los Dres. Mario Fernando Ganora y/o Valeria Mena y/o Duilio Ferlat y/o Sres. Fernando Milhomme y Diego J.D.Console a consultar el expediente, retirar documentación y cualquier otro trámite.
PROVEER DE CONFORMIDAD

SERÁ JUSTICIA.




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