"defensor del pueblo de la provincia de buenos aires c/ sindicato unificado de trabajadores de la educacion de buenos aires y otros s/ amparo"






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"DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ SINDICATO UNIFICADO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE BUENOS AIRES Y OTROS S/ AMPARO" 
 



La Plata, marzo 27 de 2.014.-

I)

Por recibida las presentes actuaciones, y atento que el art. 3 de la Ley Provincial 13.928 (la cual reglamenta el amparo dispuesto por el art. 20 inc.2 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires) establece la unidad de jurisdicción y competencia cuando un mismo asunto se ventile en diferentes magistraturas, a efectos que entienda el que hubiera prevenido; y habiendo el suscripto entendido en los autos caratulados "BIANCO Lucas Alberto c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Amparo" Expediente nro. 89.565, en los que se promovía acción constitucional de amparo a efectos que se asegure el derecho a la educación y se ordene abonar los aumentos salariales reclamados por el sector de trabajadores docentes, y que fuera rechazado con fecha 21/3/2014, resolución que se encuentra debidamente notificada (expediente que tengo a la vista), corresponde asumir la competencia en el caso.

II)

Con carácter preliminar esta magistratura expresa que la temática sometida a la jurisdicción judicial posee múltiples facetas que van más allá de ella y de lo estrictamente planteado en la demanda de amparo, por cuanto se encuentran involucrados intereses diversos, que al ser judicializado sólo y únicamente podrá éste simple administrador de justicia proponer en su decisión un postulado que tienda a la vigencia de la Constitución Nacional, los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la Carta Magna) y las leyes de la Nación y de la provincia, en pos de contribuir a la protección y vigencia de los derechos de todos los habitantes de la Provincia de Buenos Aires.- Al fin y al cabo entre todos, aún con diferentes roles y responsabilidades, debemos construir al desarrollo una sociedad justa que haga realidad aquellos postulados destinados a la promoción del bienestar general y el perfeccionamiento de la condición humana en todas sus facetas.-

No escapa a esta magistratura lo harto sensible de la problemática que se somete a la decisión judicial, no siendo análisis del presente la trascendente labor y función de los docentes en la construcción de una sociedad.-

El caso que nos ocupa posee la afectación de diversos derechos humanos de raigambre constitucional y reconocidos explícitamente por todos los órdenes jurídicos, ya sea la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, así como los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional.-

III)

Que a fs.11/28 se presenta Carlos Eduardo Bonicatto (DNI 8.346.022), Defensor del Pueblo de la Provincia, con el patrocinio letrado del Abogado Fernando Raúl Pantin Colombo (T° XLIV F° 160 CALP), y del Abogado Gabriel Raúl Tubio (T° XLI F° 204 CALP), interponiendo formal acción de amparo con el objeto de garantizar el acceso a la educación de todos los alumnos que concurren a establecimientos educativos dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, ante la omisión en el dictado de clases por las medidas de fuerza por tiempo indeterminado adoptadas por las asociaciones sindicales que se enumeran a continuación: Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, (SUTEBA), Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), Unión de Docentes Argentinos (UDA), Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), y Unión de Docentes Bonaerenses (UDOCBA), en tanto la falta de inicio del ciclo lectivo 2014 en todos los niveles educativos de la citada Dirección.-

Sigue diciendo que interpone la presente acción, con el objeto de que se ordene a las Asociaciones Sindicales antes nombradas, que ajusten el ejercicio constitucional del derecho de huelga, evitando adoptar medidas que vulneren o restrinjan el derecho a la educación, sobre todo el de niños, niñas y adolescentes, con la consecuente incidencia en las familias y la comunidad.-

Plantea que su legitimación encuentra su basamento en el artículo 55 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y alega tener a su cargo la defensa de los derechos individuales y colectivos de los habitantes del Estado Bonaerense.- Cita el artículo 12 de la Ley 13.834 y jurisprudencia sobre el caso.-

En cuanto a la legitimación pasiva, expone que las asociaciones sindicales que nuclean a los docentes de la Dirección General de Cultura y Educación que al día de la presentación judicial y desde el día 5 de marzo de 2014, omiten impartir las clases en los cargos y puestos docentes en que han sido oportunamente nombrados o autorizados por la citada Dirección General.-

En cuanto a los presupuestos de admisibilidad refiere que la omisión en que incurren las asociaciones sindicales de los trabajadores de la citada Dirección desde el 5 de marzo de 2014, pone en riesgo inminente el derecho a la educación de los habitantes de la Provincia que cursan ciclos lectivos.-

La omisión en el dictado de clases que por el presente se pretende hacer cesar; es lesiva, arbitraria e ilegal, ya que se contrapone con los derechos enunciados en los artículos 5, 14 y 75 inciso 19, y 22 de la Constitución Nacional; 35, 198 y 200 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículo 12 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 12 inciso 4° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).-

Agrega que no existen otros procedimientos ordinarios administrativos o judiciales, que permitan obtener en forma inminente la protección de los derechos supranacionales y constitucionales que en este caso se encuentran vulnerados.-

Plantea que la inexistencia de supuestos excluyentes en los términos del artículo 2 de la ley 13.928, toda vez que la acción no es interpuesta contra una resolución judicial y no trata sobre temática relativa a la libertad individual.-

En cuanto al plazo expone que la acción se interpone en plazo oportuno, pues la omisión importa una interrupción del servicio público de educación, dado que desde el 5 de marzo de 2014 las clases no han sido impartidas.-

En relación a los hechos, el mismo amparista señala la existencia de un conflicto laboral y salarial entre las asociaciones sindicales que agrupan a la mayoría de los docentes y al Estado Provincial por otra, lo que afecta consecuentemente a todos los alumnos de las Escuelas de ese distrito y asimismo a sus núcleos familiares.-

Que el conflicto tuvo su génesis con anterioridad a la fecha signada por la Provincia para el inicio del ciclo lectivo 2014, generando que las clases no comenzaran el día previsto, 5 de marzo del corriente y perdurando hasta la actualidad.- Agrega que durante el tiempo transcurrido se realizaron negociaciones colectivas, entendiéndose que era la herramienta más eficaz en la búsqueda de conciliar intereses y generar consensos.-

Ante la falta de acuerdo, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria para garantizar la paz social, y el inicio de las clases, sin perjuicio de mostrarse abierto a la continuidad del dialogo.- La misma no fue acatada por la representación sindical, continuando con la medida adoptada, por tiempo indeterminado.-

Sigue diciendo, que fijó su posición públicamente a través de los medios de comunicación instando a profundizar la negociación y reclamando la efectiva vigencia del derecho a la educación.-

Posteriormente, por resolución (dictada por el propio Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires) N° 20/14 del 18 de marzo de 2014, resolvió convocar a los Sindicatos a una mesa de diálogo para el día jueves 20 de marzo de 2014 a las 10.00 hs. en la sede de su público despacho.- En la reunión realizada, con la presencia de todas las partes, se acordó reunir en forma inmediata a la Comisión Técnica Salarial, sin embargo, a pesar de los esfuerzos de las partes involucradas, no se logró el consenso esperado, fracasando la posibilidad de acuerdo.- Lo que motivó la presentación de esta acción de amparo.-

Considera el Defensor del Pueblo que ello no implica que haya cesado la instancia paritaria abierta por el Gobierno, la que permanece en ese estado, aun encontrándose vigente la conciliación obligatoria, no acatada por las asociaciones sindicales.-

Remarca la desigualdad generada entre los alumnos que concurren a establecimientos educativos privados, que sí han comenzado las clases y aquellos que asisten a establecimientos educativos públicos, por lo que considera violentado el principio de igualdad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional y artículo 11 de la Constitución Provincial.-

Alega que el caso que nos ocupa, enfrenta el ejercicio del derecho a la educación con el de huelga, y en dicho confronte se advierte que es de público y notorio conocimiento que se ha prolongado el conflicto entre el sector gremial y el Estado Provincial, con medidas de acción directa que impiden el inicio lectivo 2014 y en consecuencia, el dictado regular de clases en los establecimientos.-

Cita jurisprudencia que considera aplicable al caso, y como colofón requiere que se ordene al Estado Provincial, que a través del Ministerio de Trabajo, establezca la continuidad de la paritaria docente, siendo ese el marco adecuado para debatir y resolver los puntos en conflicto, y asimismo se ordene a las asociaciones gremiales que procedan al inmediato levantamiento de la medida de fuerza, dando inicio al ciclo lectivo y evitando cualquier tipo de medida, que altere derechos de terceros ajenos al conflicto, sin perjuicio de canalizar sus reclamos en el espacio de las paritarias.-

Posteriormente, enumera los derechos que pretende amparar, tales como los que se encuentran en los artículos 5, 14, y 75 inciso 19 y 22 de la Constitución Nacional, el artículo 35, 198, 200 de la Constitución Provincial, el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 12 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, y el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el artículo 12 inciso 4) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Funda en derecho. Ofrece prueba y solicita se dicte una medida cautelar innovativa genérica en los términos de los arts. 195 y 232 del CPCC y el art. 9 de la ley N° 13.928 (modificada por la ley N° 14.192).-

La medida solicitada, tiene por objeto que se ordene a las asociaciones sindicales demandadas el cumplimiento inmediato y urgente del dictado de clases en todos los niveles, mediante el cese de las medidas de fuerza actualmente en curso. Expone desde su perspectiva la verosimilitud del derecho invocado, remarca el peligro en la demora, analiza que la medida solicitada no afecta el interés público y efectúa una análisis de la procedencia de la medida cautelar requerida.- Ofrece como contracautela la caución juratoria.- Conjuntamente hace reserva del Caso Federal, y solicita se le otorgue el Beneficio de Litigar sin Gastos.-

IV)

A fs. 29 el Juzgado Contencioso Administrativo N° 3 de La Plata, tiene por recibida la causa en Mesa de Entradas por encontrarse de turno de conformidad a lo dispuesto por el artículo 22 de la Ac. 3674/13 de la Suprema Corte Bonaerense; tuvo por presentado al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, concedió el Beneficio de Litigar sin Gastos; ordenó dar traslado de la acción promovida, considerando que cumplía con los recaudos exigidos por el artículo 6 de la ley N°13.928 y pasar las actuaciones para resolver la medida cautelar.-

V)

A fs. 30 el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, amplía su demanda aclarando que la acción de amparo incoada es extensiva al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires al sólo efecto que se garantice la continuidad de las negociaciones paritarias.- Y solicita que la notificación de la medida cautelar se disponga en forma simultánea oficiando a la Directora General de Cultura y Educación, Dra. Nora De Lucia, y por los medios gráficos, de radiodifusión y televisión.-

Consecuentemente a fs. 32 se tuvo por ampliada la demanda, y se ordenó dar traslado al Estado Provincial de la solicitud y de la ampliación de la misma, en la persona del señor Fiscal de Estado.-

En el resolutorio de fs. 33/39 el magistrado interviniente en la excepción, resolvió con carácter de medida precautelar, ordenar al señor Gobernador de la Provincia que por intermedio de los Ministerios respectivos establezca la continuidad de las negociaciones paritarias con los gremios codemandados, a la que deberán concurrir obligatoriamente las partes en conflicto.-

Asimismo le ordena adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar la efectiva prestación del servicio educativo y el inicio del ciclo lectivo, en forma inmediata, como así también el no descontar a los docentes los días de huelga transcurridos, cualquiera sea su consideración jurídica -paro, suspensión de la relación laboral, presentismo, etc.-, hasta el agotamiento de la negociación y conciliación colectiva.-

La medida precautelar contiene además una orden a los sindicatos demandados para que procedan al cese inmediato de la huelga en curso mientras dure la negociación paritaria. Todo ello hasta que se expide el magistrado que resulte competente.-

Por otro lado exhorta al señor Gobernador y la Honorable Legislatura de la Provincia a la pronta implementación del Organismo imparcial al que se refiere el artículo 39 inciso 4° de la Constitución de la Provincia.-

A fs. 52 el Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires, se presentó y consintió la medida precautelar.-

VI)

El defensor del Pueblo y la legitimación procesal: La presente acción de amparo ha sido promovida por el Abog. Carlos Bonicatto en su condición de Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, según documental de fs. 5/6.-

La figura del Defensor del Pueblo en la Provincia de Buenos Aires, es consecuencia de la innovación realizada por el constituyente de 1994 que siguiendo la tendencia del Estado Federal (art. 86 C.N.) y del Constitucionalismo Provincial (arts.124 Constitución de Córdoba, 139 Constitución de Corrientes, 215 Constitución de Entre Ríos, 153 Constitución de Formosa, 144 Constitución de La Rioja, 265 Constitución de Neuquén, 167 Constitución de Río Negro, 150 Constitución de San Juan, 136 Constitución de Santiago del Estero, 81 Constitución de Tucumán, 137 Estatuto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y otras tantas por creadas vía de ley provincial) lo incorpora al derecho público local como una figura de control y de defensa de derechos humanos e intereses individuales y colectivos de los habitantes.-

Así surge su recepción constitucional en el art. 55 de la Carta Magna bonaerense y es reglamentado por la Ley Provincial 13.834 que en su art. 12 dispone como ámbito de actuación: "El Defensor del Pueblo desempeñará sus funciones con plena autonomía funcional y política, y autarquía financiera, encontrándose legitimado activamente para promover acciones administrativas y judiciales para el cumplimiento de su cometido. No está sujeto a mandato imperativo alguno, ni recibirá instrucciones de ninguna autoridad. Puede iniciar y proseguir de oficio o a petición de interesado cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los hechos u omisiones de la Administración Pública, fuerzas de seguridad, entes descentralizados o empresas del Estado que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente de sus funciones. Pudiendo supervisar la eficacia de los servicios públicos que tenga a su cargo la Provincia o sus empresas concesionarias".-

Su ámbito de actuación está circunscrito a los hechos u omisiones de la Administración Pública, fuerzas de seguridad, entes descentralizados o empresas del Estado así como supervisar los servicios públicos que tenga a su cargo la Provincia o sus empresas concesionarias.-

La ley dice que tendrá legitimación activa para promover las acciones administrativas y judiciales para el cumplimiento de su cometido.-

¿Y cuál es su cometido?, como ya expresáramos anteriormente su actuación es de control y defensa frente al ejercicio ilegítimo, irregular, defectuoso o abusivo de la Administración Pública, y sus entes centralizados o descentralizados.-

Si observamos los debates legislativos en momentos que se analizó y sancionó la Ley reglamentaria de la figura del "Defensor del Pueblo", (diario de Sesiones del H. Senado Bonaerense realizada en fecha 8 de mayo de 2.008, pág. 212 y sgtes.) al fundamentar el proyecto el Senador Ravale sostuvo "… partiendo de la base del esquema clásico del Ombudsman parlamentario, se adoptaron las experiencias ajenas, y se conformó el ombudsman criollo, con funciones de defensa y protección de los derechos humanos y de control del ejercicio del poder en sus facetas pública y privada. Por la necesidad de asegurar el ejercicio pleno de esas funciones, algunas normas constitucionales le han asignado legitimación procesal amplia, superando incluso la del Defensor del Pueblo de España; ello implica la posibilidad de impugnar judicialmente comportamientos estatales y aún actos de particulares que violaren derechos fundamentales…".-

Resulta claro que el Defensor del Pueblo fue creado para controlar los defectos, irregularidades y ejercicios abusivos de la administración y al mismo tiempo de defensa en sede administrativo o judicial de los derechos individuales y colectivos de todos los habitantes de la Provincia de Buenos Aires.-

Si tenemos en consideración que el contexto del conflicto se circunscribe al ámbito del sistema educativo público de la Provincia de Buenos Aires, con afectación de diversos derechos vinculados a la relación de empleo público docente y a los beneficiarios de esa actividad (alumnos, padres de alumnos y la sociedad en su conjunto), no escapa la situación al análisis de los derechos involucrados sin dejar de tener en cuenta que estamos frente a actividad pública estatal caracterizada por ser un servicio.- Ya el art. 200 de la Constitución Bonaerense sostiene que "La prestación del servicio educativo, se realizará a través del sistema educativo provincial…" pudiendo ser prestado por establecimiento estatales o privados.-

Así como ha quedado marcada la pretensión de derechos por los que reclama el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires en sus presentaciones de fs. 11/28 y 30/31, está reclamando por el derecho a la educación y formación que tienen todos los niños, niñas y adolescentes, que colisionando con otros derechos también constitucionales (derecho a la justa retribución, derecho de huelga, etc.) deben ser interpretados en cuanto a su existencia, alcance y obligaciones de quienes deben respetarlos de manera que coexistan.-

No estamos en presencia de un amparo particular y en los carriles clásicos de la acción constitucional de amparo.-

Aquí, el amparo no sólo está dirigido contra los sindicatos que agrupan a docentes del sistema educativo de la Provincia de Buenos Aires sino también contra la administración (Poder Ejecutivo y Dirección General de Cultura y Educación) a efectos de garantizar la continuidad de las paritarias y como responsable de garantizar la educación de los habitantes.- Estas dos partes (Sindicatos y Poder Ejecutivo) son los sujetos pasivos del amparo por los derechos que reclama el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.-

Y entendiendo que se procura amparo para garantizar el derecho a la educación, de acuerdo a lo estipulado por el constituyente provincial en su art. 55 (… defensa de los derechos e intereses individuales y colectivos de los habitantes…) tratándose de un derecho individual pero reconocido ampliamente como un derecho humano esencial y que al mismo tiempo reviste la condición de un derecho de pluralidad de titulares –ya que todos y cada uno de los habitantes son titulares del derecho- y también la sociedad como sujeto colectivo, por lo que estimo que se encuentra legitimado activamente el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires para promover la presente acción de amparo.-
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