Derechos que amparan a las personas en situación de dependencia, en su proceso administrativo, para el recocimiento a las prestaciones reguladas en la ley






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ANEXO ÚNICO

DERECHOS QUE AMPARAN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, EN SU PROCESO ADMINISTRATIVO, PARA EL RECOCIMIENTO A LAS PRESTACIONES REGULADAS EN LA LEY 39/2006 DE 14 DE DICIEMBRE DE AUTONOMIA Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

CONSTITUCION ESPAÑOLA

Artículo 43.

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La Ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
LEY 30/92 DE 26 DE NOVIEMBRE, DEL REGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN
Art. 35. Derechos de los ciudadanos
Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los siguientes derechos:

  • A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos.

  • A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.

  • A obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento.

  • A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

  • A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.

  • A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento que se trate, o que ya se encuentren en poder de la Administración actuante.

  • A obtener información y orientación acerca de requisitos acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones y solicitudes que se propongan realizar.

  • El acceso a los registros y archivos de las Administraciones Públicas en los términos previstos en la Constitución y en esta u otras leyes.

  • A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

  • A exigir la responsabilidad de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente.


Art. 139. Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública
Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
Art. 141. Indemnización
Sólo serán indemnizables las lesiones las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

LEY 39/2006 DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
Art. 4. Derechos y obligaciones de las personas en situación de dependencia
1. Las personas en situación de dependencia tendrán derecho, con independencia del lugar del territorio del Estado español donde residan, a acceder, en condiciones de igualdad, a las prestaciones y servicios previstos en esta Ley.
2. Asimismo, las personas en situación de dependencia disfrutarán de todos los derechos establecidos en la legislación vigente, y con carácter especial, de los siguientes:
j) A iniciar las acciones administrativas y jurisdiccionales en defensa del derecho que reconoce la presente Ley en el apartado 1 de este artículo.

k) A la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal
3. Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para promover y garantizar el respeto de los derechos enumerados en el párrafo anterior, sin más limitaciones en su ejercicio que las directamente derivadas de la falta de capacidad de obrar que determina su situación de dependencia.


LEY 7/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Art. 3. Principios de organización y funcionamiento
La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se organiza y actúa con pleno respeto al principio de legalidad y de acuerdo a los que a continuación se mencionan:


2.d) Responsabilidad por la gestión pública.

e) Racionalización y agilidad por los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.

f) Cooperación y coordinación con las otras administraciones públicas.

g) Objetividad y transparencia

Art. 4. Principio de servicio a los ciudadanos
Las relaciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con los ciudadanos se ajustarán a los principios de:


  • Efectividad de sus derechos.

  • Sencillez, claridad y proximidad a los ciudadanos.

  • Participación.

  • Buena fe y confianza legítima.



LEY 3/2003 DE 10 DE ABRIL, DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA
Art. 32. Derechos de los usuarios
2. Expresamente se le reconocen los siguientes derechos:


  • A recibir asistencia sin discriminación

  • A que se le facilite el acceso a cualquier tipo de recurso que sea necesario para conseguir su adecuado desarrollo.

  • A la información integral del sistema de protección social


Art. 51. Infracciones graves
7. Dificultar o impedir, a los usuarios de los servicios, el disfrute de los derechos reconocidos por la normativa vigente.

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