Tema 34. Gestión del suelo. Actuaciones aisladas; parcelaciones; edificacióN; cesiones de suelo; transferencias y reservas de aprovechamiento. Idea de la ley






descargar 130.37 Kb.
títuloTema 34. Gestión del suelo. Actuaciones aisladas; parcelaciones; edificacióN; cesiones de suelo; transferencias y reservas de aprovechamiento. Idea de la ley
página1/3
fecha de publicación30.05.2015
tamaño130.37 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Ley > Documentos
  1   2   3
TEMA 34.- GESTIÓN DEL SUELO. ACTUACIONES AISLADAS; PARCELACIONES; EDIFICACIÓN; CESIONES DE SUELO; TRANSFERENCIAS Y RESERVAS DE APROVECHAMIENTO. IDEA DE LA LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN.
1.- GESTIÓN DEL SUELO.
Desde un punto de vista amplio o global, TOMÁS RAMÓN FERNÁNDEZ define el urbanismo como “aquella perspectiva global e integradora de todo lo que se refiere a la relación del hombre con el medio en que se desenvuelve y que hace de la tierra, del suelo, su eje operativo”. Desde un punto de vista exclusivamente jurídico, el Tribunal Constitucional define el urbanismo o derecho urbanístico como la disciplina jurídica del hecho social de los asentamientos de población en el espacio físico.
Puede decirse en síntesis que el Derecho Urbanístico tiene por objeto la planificación de la ciudad. Más en concreto, el Derecho Urbanístico abarca los siguientes aspectos:
1. Desde una visión estática, incluye el planeamiento urbanístico (clases de planes, contenido, elaboración, aprobación y efectos) y el régimen urbanístico de la propiedad del suelo (clasificación del suelo y régimen de las distintas clases de suelo; derechos y deberes básicos de los propietarios; valoraciones; régimen de venta forzosa y patrimonio municipal del suelo).
2. Desde una visión dinámica, incluye la gestión urbanística (sistemas de ejecución del planeamiento, actuaciones asistemáticas en suelo urbano y obtención de terrenos dotacionales), y la disciplina urbanística (intervención preventiva del uso del suelo mediante licencias de edificación o parcelaciones y protección de la legalidad urbanística mediante la regulación de las infracciones y sus sanciones).

En el tema anterior del programa se estudia el aspecto estático del urbanismo y en el presente, procede el estudio de su aspecto dinámico, es decir, la gestión y ejecución del Planeamiento. Señala GARCÍA BELLIDO que el urbanismo es sobre todo gestión y ejecución, sin los cuales el Plan se convierte en “un dibujo muerto”.
En términos generales, se puede decir que la gestión urbanística es “aquella función pública que persigue la ejecución del Planeamiento urbanístico, con la colaboración de los particulares, mediante la transformación de la realidad física y jurídica, llevando a cabo la distribución de beneficios y cargas entre éstos y recuperando parcialmente para la comunidad las plusvalías generadas”. En sentido estricto, debe diferenciarse entre los conceptos de gestión y ejecución, ya que, si bien son muy próximos, plantean diferencias:
1. La gestión implica un conjunto de operaciones técnicas y jurídicas destinadas a proporcionar un documento técnico y un título jurídico hábil para permitir la ejecución urbanística.
2. La ejecución es la realización material de las obras públicas necesarias para que un determinado terreno alcance la consideración de solar.
La gestión, por lo tanto, es un concepto más amplio, que requiere medios técnicos y jurídicos muy superiores. A través de la gestión se convierte el suelo urbanizable en urbano, y la ejecución lo convierte en solar.
Como se estudia en el tema anterior, la STC de 20 de marzo de 1997 aclaró que la gestión y ejecución de los instrumentos planificadores es competencia legislativa exclusiva de las Comunidades Autónomas. A ella por tanto, debemos remitirnos, pero podemos distinguir como normativa estatal la Ley del Suelo de 28 de mayo de 2007 (y los preceptos no derogados de las leyes anteriores), el RD 1093/1997 de 4 de julio, de inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística y los Reglamentos de Gestión Urbanística de 25 de agosto de 1978, de Disciplina y de Planeamiento, ambos de 1978, de Reparcelaciones de 1966, RD de creación de sociedades urbanísticas por el Estado, Organismos autónomos y Entidades Locales, de 2 de mayo de 1975.

La naturaleza de la actividad urbanística dependerá de modelo urbanístico público o privado adoptado por la legislación correspondiente. En cualquier caso, la Ley del Suelo de 28 de mayo de 2007, atribuye a la actividad urbanística el carácter de función pública, sin perjuicio de fomentar la iniciativa y participación privadas, como se observa en los artículos 3 y 6. Con tales preceptos, se puede afirmar que la función pública urbanística se puede ejecutar de los siguientes modos:
1. De forma directa por la Administración. A esta modalidad de actuación pública corresponden los sistemas de actuación denominados de cooperación y expropiación.
2. De forma indirecta, por los particulares. Y en este caso de actuación privada, atribuyendo esa actividad:
a. Sólo a los propietarios de los terrenos o a algunos de ellos (sistema de compensación).
b. A un tercero, sea o no propietario del suelo (sistema del Agente Urbanizador consagrado en la Ley de 15 de noviembre de 1994, Reguladora de la Actividad Urbanística de la Comunidad Valenciana, reiterada en la Ley Urbanística Valenciana de 30 de diciembre de 2005). El peso del sistema descansa en el Programa de Actuación Integrada, que define y regula las relaciones entre el Agente Urbanizador y la Administración, por un lado, y con los propietarios, por otro. El urbanizador es designado por el Ayuntamiento, entre quienes presenten su proyecto al Programa. El propietario puede optar, bien por abandonar su propiedad recibiendo su valor en dinero o bien, sumarse a la acción urbanizadora a través de Agrupaciones de Interés Urbanístico, que al apoyar el Programa, provoca la adjudicación preferente del mismo). Esta figura del agente urbanizador se ha generalizado, a partir de la legislación valenciana (Castilla La Mancha, Castilla y León, Aragón, Cantabria, Madrid, Murcia, La Rioja, Extremadura).
Finalmente, hay que tener en cuenta, asimismo, la proliferación del fenómeno del urbanismo concertado o convenios urbanísticos: son acuerdos celebrados entre la Administración y los particulares afectados, en orden a lograr un desarrollo ordenado de una determinada actuación urbanística. Tales convenios no son un sistema de ejecución del Planeamiento, ni sustituyen al sistema de ejecución elegido, pero complementan las disposiciones legales y contribuyen a facilitar la gestión, eliminando desde el principio los problemas que puedan surgir. En cualquier caso tales convenios no pueden derogar en beneficio de la Administración ni de los particulares las normas imperativas, ni comprometer las potestades regladas que tiene la Administración (STS 30 de abril de 1979 y 17 de abril de 1990). La tramitación de estos convenios debe ajustarse a criterios de transparencia y publicidad. Estos convenios se regulan en diversas leyes autonómicas (Navarra, Castilla La Mancha, La Rioja, Aragón, Canarias, Madrid).

2.- ACTUACIONES AISLADAS
La LS de 1992 introdujo la distinción entre actuaciones sistemáticas y asistemáticas (o aisladas). Dichos preceptos fueron declarados inconstitucionales por exceder la competencia legislativa del Estado. No obstante, la terminología ha hecho fortuna y hoy se halla presente en la mayoría de las legislaciones autonómicas, siquiera con alguna diferencia en la denominación.
1. Las actuaciones sistemáticas se refieren a la actuación urbanística mediante unidades de ejecución (polígono o unidad de actuación) y a través de los distintos sistemas de actuación (como los de compensación, cooperación y expropiación).
2. Las actuaciones asistemáticas o aisladas:
a. No se producen dentro de un polígono o unidad de actuación, sino sobre fincas aisladas, no comprendidas en ninguna unidad de ejecución, bien por no haberse delimitado éstas y recaer la ejecución sobre fincas independientes, bien por recaer en suelo ya urbano, e incluso con urbanización consolidada. Por ello afecta a una sola parcela y aun solo propietario, o a un grupo reducido de éstos.
b. En cuanto a las operaciones que comprenden, desde el punto de vista jurídico se resuelven en la delimitación estricta del solar edifcable (lo que puede exigir operaciones de parcelación), en que el propietario cumpla el deber de cesión de ciertos terrenos destinados a equipamientos y además puede que sean necesarias transferencias de aprovechamiento urbanístico, como medio para resolver los desequilibrios que pueden existir entre los propietarios.
c. La actividad de la Administración se dirige a la exigencia del cumplimiento de los deberes anteriores y a la concesión de licencias de edificación. Obtenida la licencia, queda legitimado para edificar, terminando el proceso.


3.- PARCELACIONES

1.Concepto y clases.

Se puede definir la parcelación como un acto consistente en la división simultánea o sucesiva de un terreno en dos o más lotes (desde el punto de vista notarial se puede decir que comprende las operaciones documentales de segregación y división de fincas, utilizando estos términos en sentido jurídico estricto). Es una operación distinta de la reparcelación, que es objeto de estudio en el tema siguiente, dentro de los proyectos de equidistribución, en cuyo caso tiene el carácter de actuación sistemática.
Se distingue entre parcelaciones rústicas y urbanísticas:
1. La parcelación rústica consiste en la fragmentación simultánea o sucesiva de terrenos destinados a fines agrarios, forestales, ganaderos, cinegéticos u otros vinculados a la utilización racional de los recursos naturales.
2. La parcelación urbanística tiene una finalidad edificatoria, pretende constituir un núcleo de población.
La Ley del Suelo y la generalidad de las legislaciones autonómicas prevén el otorgamiento de licencia como instrumento de control de la legalidad urbanística. Al Ayuntamiento u órgano competente corresponde el control material mientras que al Notario o registrador corresponde un control formal, consistente en incorporar la licencia, apreciar su vigencia y la identidad de la finca. Por ello, la Ley del Suelo vigente dice, en su artículo 17.2:
La división o segregación de una finca para dar lugar a dos o más diferentes sólo es posible si cada una de las resultantes reúne las características exigidas por la legislación aplicable y la ordenación territorial y urbanística. Esta regla es también aplicable a la enajenación, sin división ni segregación, de participaciones indivisas a las que se atribuya el derecho de utilización exclusiva de porción o porciones concretas de la finca, así como a la constitución de asociaciones o sociedades en las que la cualidad de socio incorpore dicho derecho de utilización exclusiva.
En la autorización de escrituras de segregación o división de fincas, los notarios exigirán, para su testimonio, la acreditación documental de la conformidad, aprobación o autorización administrativa a que esté sujeta, en su caso, la división o segregación conforme a la legislación que le sea aplicable. El cumplimiento de este requisito será exigido por los registradores para practicar la correspondiente inscripción.

b. Régimen jurídico.
Como dice el artículo 12 de la Ley, todo el suelo se encuentra en situación de suelo rural o urbanizada. Observaremos su régimen según esta clasificación.
a.Suelo rural.
El artículo 20.2 de la Ley de 1998 establecía que en suelo no urbanizable quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas, sin que en ningún caso puedan efectuarse divisiones, segregaciones o fraccionamientos de cualquier tipo en contra de lo dispuesto en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza. La Ley actual ha continuado con esta idea, y así lo reconocen tanto el artículo 13 como la Disposición Adicional 6ª:
a.Dice el artículo 13 que los terrenos que se encuentren en el suelo rural se utilizarán de conformidad con su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites que dispongan las leyes y la ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales. Están prohibidas las parcelaciones urbanísticas de los terrenos en el suelo rural, salvo los que hayan sido incluidos en el ámbito de una actuación de urbanización, en cuyo caso podrán realizarse en ellos usos y obras de carácter provisional que se autoricen (la eficacia de las autorizaciones quedará supeditada a su constancia en el Registro de la Propiedad) o permita la normativa.
1. Parcelación rústica: Se admite, por la remisión a la legislación agraria y forestal, respetando los límites siguientes:
a. Límites materiales derivados de las unidades mínimas de montes (según la Ley de Montes) y de cultivo (que reconoce la Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias de 4 de julio de 1995 en su artículo 23, añadiendo el artículo 24 la nulidad de los actos o negocios, sean o no de origen voluntario, por cuya virtud se produzca la división por debajo de esa medida).
b. Límites formales derivados de la exigencia de la declaración de innecesariedad de licencia. La RDGRN de 18 de noviembre de 2003 ha entendido que ni el Notario ni el Registrador pueden apreciar la validez o no de la licencia: Si el interesado tiene licencia, aunque se incumplan los requisitos de la legislación especial, la licencia es nula, pero esto escapa del control notarial y registral. El acto es nulo, pero como existe una apariencia de legalidad, el Notario podrá autorizar la escritura y el Registrador inscribir.
2. Parcelación urbanística: El artículo 13 las prohíbe, como hemos visto. No obstante, las legislaciones autonómicas han regulado abundantemente los requisitos que ha de reunir una parcelación urbanística en suelo no urbanizable para ser legalmente viable (Canarias, Baleares, Madrid, Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana, Galicia, Asturias). Todas ellas optan por el sistema de licencia previa expedida por el Ayuntamiento correspondiente, y en ocasiones, con la intervención del organismo autonómico competente. Para ello se exige generalmente el previo cambio de calificación del suelo. En caso contrario, el Notario no podrá autorizar la escritura ni el Registrador inscribirla, por defecto insubsanable, no basado en ausencia de licencia sino en imposibilidad de parcelar).
b. La Disposición Adicional 6ª dice que los terrenos forestales incendiados se mantendrán en la situación de suelo rural al menos durante el plazo previsto en el artículo 50 de la Ley de Montes, con las excepciones en ella previstas (30 años). La Administración forestal deberá comunicar al Registro de la Propiedad esta circunstancia, que será inscribible conforme a lo dispuesto por la legislación hipotecaria. Será título para la inscripción la certificación emitida por la Administración forestal, que contendrá los datos catastrales identificadores de la finca o fincas de que se trate y se presentará acompañada del plano topográfico de los terrenos forestales incendiados, a escala apropiada. La constancia de la certificación se hará mediante nota marginal que tendrá duración hasta el vencimiento del plazo a que se refiere el apartado primero. El plano topográfico se archivará conforme a lo previsto por el artículo 51.4 del Reglamento Hipotecario, pudiendo acompañarse copia del mismo en soporte magnético u óptico.
c. El artículo 79 del RD 1093/97 de 4 de julio establece que en caso de división de fincas de suelo no urbanizable, si de la operación resultan parcelas inferiores a la unidad mínima, o incluso si siendo superiores, y por sus circunstancias de descripción, dimensiones, localización o número de fincas resultantes, surgiere la duda sobre el peligro de creación de un núcleo de población, según la legislación urbanística y no se aportare la licencia correspondiente, los Registradores de la Propiedad remitirán copia del título al Ayuntamiento correspondiente. Si el Ayuntamiento comunica al Registrador que del título no se desprende parcelación ilegal, practicará la inscripción, en caso contrario, denegará la inscripción y pondrá nota al margen del asiento de presentación. Si transcurridos 4 meses desde la fecha de la nota puesta al margen del asiento de presentación, no se presentara el documento acreditativo de la incoación de expediente, con efectos de prohibición de disponer, el Registrador practicará la inscripción solicitada.
La RDGRN de 23 de julio de 2005 entendió que este artículo debe interpretarse armonizando la distribución de competencias entre las CCAA (que establecerán qué actos necesitan licencia) y el Estado (que fija en qué casos debe acreditarse la licencia). Por ello dentro del artículo 79 se incluyen todas las situaciones de parcelación ilegal según la normativa autonómica aplicable. La Ley del suelo actual ha recogido, en el artículo 17 visto, algunas que observaban ciertas normas autonómicas (enajenación de partes indivisas, constitución de sociedades o asociaciones), pero no ha reconocido otras (constitución de propiedad horizontal, por ejemplo).
Por último, debemos referirnos a la enajenación de partes indivisas. El artículo 17 las prohibe, en general, en su texto actual, recogiendo una vertiente de parcelación calificada como ilegal por la normativa autonómica. No obstante, tanto la doctrina como la DGRN se había manifestado sobre esta materia, ya que no toda venta de partes indivisas implicaba parcelación ilegal. Lo relevante es que, junto a a enajeción y mediante un derecho de uso, el adquirente reciba el uso y disfrute exclusivo de una parcela, lo que puede dar lugar a dicha ilegalidad, y parece ser ha recogido la Ley del Suelo estatal. Por ello, debemos distinguir varios supuestos:
1.Es nula la asignación de un derecho real (hay fraude de ley, entiende la RDGRN de 26 de junio de 1999). La RDGRN de 5 de junio de 2001 admitió la validez de la operación de venta de la parte indivisa, pero porque se expresa que el derecho que se asigna al uso no tiene eficacia real.
2. El caso más dudoso es el de la venta de parte indivisa en que no se haga referencia al uso. La operación en principio debe ser válida (el artículo 17 exige que se atribuya uso), pero conviene tener presente que si se firma otro documento, inter partes, por la que se distribuye el uso, la operación será nula por simulada, si bien ni el Notario ni el Registrador podrán entrar en ella, ya que escapa de su control. Otra cuestión que validaría la operación es que el derecho de uso exclusivo recaiga sobre una vivienda, siempre que no haya urbanización clandestina (por ejemplo, atribución de una vivienda del agricultor de acuerdo con su finalidad agrícola)
b. Suelo urbanizado.
1. Parcelación rústica: Son posibles las parcelaciones rústicas en suelo urbanizable no transformado, cuando su propietario usa del derecho a disponer de este terreno conforme a su naturaleza rústica, sin promover su transformación urbana ante la Administración. Obviamente no caben parcelaciones rústicas en suelo urbanizable transformado ni en suelo urbano.
2. Parcelación urbanística: El suelo urbanizado es el ámbito propio de las parcelaciones urbanísticas. El principio básico de la legislación urbanística en esta materia es evitar que la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes pueda dar lugar a la constitución de un núcleo de población al margen del planeamiento. Para evitarlo, la normativa urbanística diseña varios controles:

a. Regulación del concepto de parcela urbana mínima: Venía contemplado en el artículo 258.1 del TR de 1992, pero fue declarado inconstitucional en 1997. Son las distintas CCAA las que ahora establecen los requisitos de indivisibilidad, teniendo en cuenta que en todo caso será indivisible la parcela determinada como mínima en cada planeamiento.
b. Obligación de Notarios y Registradores de:
1. Hacer constar en la descripción de las fincas su cualidad de indivisibles, en su caso. Viene impuesta para los Notarios por el artículo 258.2 del TR de 1992 (vigente tras las leyes de 1998 y 2007). Para los Registradores, el artículo 81 del RD 1093/1997 establece que la cualidad de indivisible de la parcela se hace constar por nota al margen de la última inscripción de dominio vigente.
2. Exigir, para poder autorizar e inscribir, respectivamente, escrituras de división de terrenos, que se acredite (y testimonie en la escritura) el otorgamiento de la licencia o declaración municipal de innecesariedad, según el artículo 259.3 del TR de 1992, (vigente tras las leyes de 1998 y 2007) y el artículo 78 del RD 1093/1997.
4.-EDIFICACIÓN
El propietario de una finca tiene entre las facultades del dominio, el hacer suyo lo que la finca adquiere por accesión: el supuesto más importante es el del ejercicio del ius edificandi, en cuyo caso se modifica la estructura de la finca, y ello se puede hacer constar en el Registro por medio de la declaración de obra nueva. Para ROCA SASTRE, la declaración de obra nueva es aquella manifestación del propietario de una finca inscrita, consignada en escritura, en la que se hace constar estar en construcción o haberse terminado determinada edificación, mejora, o plantación.
La finalidad de la declaración de obra nueva no es adquirir la propiedad de la edificación (que, como dijimos, se adquiere por accesión), sino concordar la realidad jurídica registral y extraregistral, tanto originarias (se inscribe el solar pero no la edificación) como sobrevenidas (si al inscribir el solar no existía la edificación).
La regulación de la declaración de obra nueva de edificaciones se encuentra en la Ley y Reglamento Hipotecarios (artículos 206 y 208 de la Ley y 308 del Reglamento), en los artículos 45 a 55 del RD 1093/1997 de 4 de julio, en el artículo 19 de la Ley del Suelo de 28 de mayo de 2007 y el artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación de 5 de noviembre de 1999.
Según la RDGRN de 6 de julio de 2005, para inmatricular una vivienda, se debe partir de la fecha de la edificación: Si es anterior a la Ley de 1990, basta con acreditar (por cualquier medio según RDGRN de 17 de junio de 1993) que su construcción es efectivamente anterior (ya que ésta fue, en su artículo 25.2, la primera norma que exigió a notarios y registradores la exigencia de licencia para autorizar e inscribir escrituras de declaraciones de obra nueva). Si es posterior a la Ley de 1990, se debe:
a. Justificar que no cabe respecto de la misma dictar medidas de restablecimiento de tal legalidad. Concretamente, dicen los artículos 52 y 54 RD 1093/1997 que podrán inscribirse por el Registrador de la Propiedad las declaraciones de obra nueva correspondientes a edificaciones terminadas en las que concurran los siguientes requisitos:
1. Que se pruebe por certificación del Catastro o del Ayuntamiento, por certificación técnica o por acta notarial, la terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con el título.

2. Que dicha fecha sea anterior al plazo previsto por la legislación aplicable para la prescripción de la infracción en que hubiera podido incurrir el edificante (normalmente 4 años, aunque en aplicación de la LOE, para la edificaciones realizadas después de 6 de mayo de 2000 habrá que atender al transcurso de 10 años, no por el cauce de la prescripción, sino por el de la exigencia del seguro decenal).
3. Que no conste del Registro la práctica de anotación preventiva por incoación de expediente de disciplina urbanística sobre la finca que haya sido objeto de edificación.
b. Justificar que se ajusta a la legalidad urbanística, concretamente, al artículo 19 de la Ley del Suelo de 2007, que regula la declaración de obra nueva terminada y obra nueva en construcción, precepto que, por su complejidad, analizamos más detalladamente.
1. Según la RDGRN de 13 de mayo de 1987, es necesario matizar si la obra está terminada, en construcción o proyectada, ya que el régimen es distinto, como se deriva del artículo 19 de la Ley del Suelo, que dice que:
1. Para autorizar escrituras de declaración de obra nueva en construcción, los notarios exigirán, para su testimonio, la aportación del acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que requiera la obra según la legislación de ordenación territorial y urbanística, así como certificación expedida por técnico competente y acreditativa del ajuste de la descripción de la obra al proyecto que haya sido objeto de dicho acto administrativo.
Tratándose de escrituras de declaración de obra nueva terminada, exigirán, además de la certificación expedida por técnico competente acreditativa de la finalización de ésta conforme a la descripción del proyecto, la acreditación documental del cumplimiento de todos los requisitos impuestos por la legislación reguladora de la edificación para la entrega de ésta a sus usuarios y el otorgamiento, expreso o por silencio administrativo, de las autorizaciones administrativas que prevea la legislación de ordenación territorial y urbanística.
2. Para practicar las correspondientes inscripciones de las escrituras de declaración de obra nueva, los registradores exigirán el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado anterior.
2. Del texto del artículo 19 se pueden colegir tres grandes exigencias sustantivas (y una formal: la acreditación documental de su cumplimiento al Notario para su constancia en la escritura), para la declaración de obra nueva terminada.
  1   2   3

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

Tema 34. Gestión del suelo. Actuaciones aisladas; parcelaciones; edificacióN; cesiones de suelo; transferencias y reservas de aprovechamiento. Idea de la ley iconTema 33. Urbanismo: principios esenciales. Legislación urbanística...

Tema 34. Gestión del suelo. Actuaciones aisladas; parcelaciones; edificacióN; cesiones de suelo; transferencias y reservas de aprovechamiento. Idea de la ley iconEl mercado del suelo: patrimonios públicos de suelo

Tema 34. Gestión del suelo. Actuaciones aisladas; parcelaciones; edificacióN; cesiones de suelo; transferencias y reservas de aprovechamiento. Idea de la ley iconUsos del suelo competencia. Reglamentación / uso de las vias competencia....

Tema 34. Gestión del suelo. Actuaciones aisladas; parcelaciones; edificacióN; cesiones de suelo; transferencias y reservas de aprovechamiento. Idea de la ley iconModificaciones a la ley del suelo estatal 6/1998 de 13 de abril

Tema 34. Gestión del suelo. Actuaciones aisladas; parcelaciones; edificacióN; cesiones de suelo; transferencias y reservas de aprovechamiento. Idea de la ley iconNota Preliminar $1- ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del...

Tema 34. Gestión del suelo. Actuaciones aisladas; parcelaciones; edificacióN; cesiones de suelo; transferencias y reservas de aprovechamiento. Idea de la ley iconLa imperiosa necesidad de promover el desarrollo sustentable de nuestra...

Tema 34. Gestión del suelo. Actuaciones aisladas; parcelaciones; edificacióN; cesiones de suelo; transferencias y reservas de aprovechamiento. Idea de la ley icon1. 2 Composición del suelo; fase sólida, líquida y gaseosa

Tema 34. Gestión del suelo. Actuaciones aisladas; parcelaciones; edificacióN; cesiones de suelo; transferencias y reservas de aprovechamiento. Idea de la ley icon1. 2 Composición del suelo; fase sólida, líquida y gaseosa

Tema 34. Gestión del suelo. Actuaciones aisladas; parcelaciones; edificacióN; cesiones de suelo; transferencias y reservas de aprovechamiento. Idea de la ley iconRecursos que produce el suelo

Tema 34. Gestión del suelo. Actuaciones aisladas; parcelaciones; edificacióN; cesiones de suelo; transferencias y reservas de aprovechamiento. Idea de la ley iconResumen: edificacióN
...






© 2015
contactos
ley.exam-10.com