Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Agente Aduanero XXXXXXXXX






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títuloConoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Agente Aduanero XXXXXXXXX
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Por régimen aduanero4, debemos entender las diversas destinaciones a que pueden ser sometidas las mercancías En otras palabras, someter una mercancía a un régimen aduanero, significa escoger, optar o decidir lo que se quiere hacer con ellas, o sea, su destino, obviamente dentro de las diferentes alternativas que la legislación consagra y siempre que lo haga la persona que esté legalmente facultada para disponer de ellas, cumpliendo con las formalidades y requisitos establecidos. Así, la normativa ofrece diversas destinaciones aduaneras, de naturaleza diferente, dependiendo del objetivo o la intención que se tenga al haber traído las mercancías al país, es decir, según sea el uso que se desee hacer de las mismas, destinaciones que están establecidas por los artículos 67 del CAUCA y 110 de la LGA.
Como parte del procedimiento, tenemos que en primer término y como requisito sine qua non, para la destinación o sometimiento de las mercancías a cualquier régimen, debe presentarse una declaración aduanera,5 que constituye, o más bien, representa o demuestra la voluntad libremente manifestada del consignatario de someter sus mercancías a un régimen aduanero determinado. En efecto, es precisamente en la declaración aduanera, en donde el consignatario, en el caso de la importación, hace la escogencia, entre las diversas opciones que le ofrece la legislación, del destino de sus mercancías, aceptando en consecuencia las obligaciones que el régimen le impone. Es decir, es en la declaración aduanera en donde se materializa la escogencia del consignatario de las mercancías, o como señala el RECAUCA, “Toda mercancía, para ser destinada a un régimen aduanero, deberá estar amparada en una declaración “ art. 80
De lo expuesto se concluye con toda claridad que el tema de la declaración aduanera, está estrechamente ligado con el de los regímenes aduaneros, precisamente porque aquella es el medio que se utiliza y el único que legalmente pueden aceptar las autoridades aduaneras, para la escogencia o sometimiento de las mercancías a un régimen. En otras palabras, siempre que la legislación aduanera se refiere a la declaración aduanera, lo hace dentro del contexto de un régimen aduanero, es decir, siempre que hablemos de declaraciones aduaneras, implica que existe un régimen aduanero al que están sometidas o van a ser sometidas las mercancías.
Partiendo de ello, la primera conclusión que aflora, es que para poder aplicar la norma que venimos comentando, necesariamente debemos estar ante el sometimiento de las mercancías a un régimen.
En ese sentido entonces, se comete dicha infracción, si omitimos presentar o transmitir con la declaración a un régimen aduanero determinado, los requisitos documentales o la información señalada.
Así las cosas, resulta claro que en el presente caso, estamos ante el sometimiento de las mercancías al régimen de importación definitiva, en razón de lo cual no existen problemas de tipicidad en este sentido.


-El Sujeto que comete la infracción sea el declarante del régimen: Si revisamos la norma, se desprende del encabezado del artículo, que el sujeto que puede cometer la infracción, es decir, la persona que puede cometer esta infracción no debe tener una condición especial previamente determinada por el legislador, es decir, no requiere necesariamente ser agente aduanero u otro auxiliar de la función pública, sino que cualquier persona que adecue su conducta a lo establecido por la norma puede convertirse en sujeto activo de esta infracción.
Sin embargo, dicha conclusión tan general no resulta aplicable en la especie, porque esa disposición de alcance general de la norma, resulta modificada por lo que específicamente exige el inciso 24 del citado artículo 236, que exige claramente que el sujeto que puede cometer esa infracción lo será aquel que legalmente esté facultado para declarar un régimen aduanero, en los términos previstos por la legislación para cada régimen aduanero, es decir, deberá ser cualquier persona física o jurídica, auxiliar o no , pero que tenga la condición de declarante.
Sobre el particular debemos señalar que el CAUCA, dispone que el declarante: “es la persona que efectúa o en nombre de la cual se efectúa una declaración de mercancías…”.
Por su parte el artículo 543 del RLGA, sobre este tema, dispone en el inciso e), que:

Declarante: Es la persona que efectúa o en nombre de la cual se efectúa una declaración de mercancías. Para efectos de este reglamento, se entenderá como declarante el importador o consignatario, en el caso de la importación de mercancías; exportador o consignante, en el caso de la exportación de mercancías y los auxiliares de la función pública aduanera que actúan a nombre propio o en representación de terceros ante el Servicio Nacional de Aduanas. En el caso de los auxiliares de la función pública aduanera que actúan en representación de terceros, las disposiciones dirigidas al declarante se entenderán realizadas hacia el auxiliar y al tercero que representa. En el caso de ingreso de las mercancías al territorio aduanero nacional y en el régimen de tránsito, se entenderá como declarante al auxiliar que tiene la facultad de declarar el ingreso y/o tránsito aduanero.

Se desprende de lo expuesto, que el auxiliar de la función pública puede ser el declarante del régimen, como lo es en este caso, el agente aduanero Lo anterior, se ve complementado por lo dispuesto por los artículos 16 CAUCA, 17 RECAUCA, 37, 86 y 111 LGA, 239 y 314 del RLGA, que regulan la participación obligatoria del agente aduanero en el régimen de importación definitiva Así las cosas, el sujeto activo de la infracción lo sería quien figure como declarante en la respectiva declaración, en los términos supra expuestos, siendo que en el presente caso, tenemos que la sra XXXXXXXXX fue la agente aduanera quien en nombre de su cliente realizó el despacho de las mercancías (declarante), y es ella quien en el momento en que transmitió la declaración a través del sistema Tic@, omitió transmitir el requisito documental establecido por el artículo 317, último párrafo del RLGA, a saber, la traducción al idioma español de la factura comercial, estando en consecuencia demostrado que fue ella el sujeto activo de la infracción.


-Momento en que se puede cometer la infracción del artículo 236:24:

Estrechamente vinculado con el tema expuesto en el acápite anterior, está la discusión sobre el momento en que se puede cometer la infracción que la DGA atribuye a la recurrente.
En efecto, si como se ha sostenido, la infracción de comentario se relaciona necesariamente con una declaración a un régimen aduanero, y la anomalía, la acción o verbo que se tipifica como infractora del régimen aduanero, lo es la “omisión” de presentar o de transmitir con la declaración, cualquiera de los requisitos o la información señalada, de ello se sigue que los momentos en que podría cometerse la infracción serían:


  1. Cuando se presenta la declaración aduanera para solicitar el régimen, si conforme con los procedimientos resultase necesario, presentar físicamente la declaración a la aduana; cuando en tal situación se omita lo indicado por la norma;




  1. O bien, cuando utilizado medios electrónicos, según los procedimientos establecidos, se transmita vía electrónica la declaración al sistema informático del Servicio Aduanero, con las omisiones señaladas, supuesto este último, que aplica en el presente caso, porque la anomalía que se atribuye es precisamente la omisión cometida al momento de la transmisión al Tic@ de la respectiva declaración aduanera.


Adecuación de la conducta al tipo infraccional: Establecido lo anterior analicemos si los hechos del presente caso, se ajustan a lo dispuesto por la norma, sin realizar en este apartado ningún juicio de reprochabilidad o no de la conducta
En esa línea cuando contrastamos los hechos se desprende con claridad meridiana, que en el caso concreto, el supuesto que resulta aplicable es el primero , en la medida en que quede demostrado que en efecto se omitió transmitir con la declaración aduanera, uno de los requisitos documentales requeridos por la Ley o sus Reglamentos, concretamente, la traducción al español de la factura comercial, hecho que está demostrado en expediente, no sólo porque no consta dentro de los documentos que sustentan la declaración aduanera, dicho documento, sino también porque la misma recurrente en sus manifestaciones, acepta que no se presentó, pero que ello no fue óbice para la correcta determinación de la obligación tributaria, y que con la documentación aportada el funcionario pudo realizar el aforo, además, que durante el despacho tampoco se le requirió el mismo. Por otra parte tal y como de manera acertada lo expone el A Quo, según la normativa aduanera, el documento de referencia sí constituye una exigencia que necesariamente debe cumplirse, cuando la factura se presente en un idioma diverso al español, de tal suerte, que en efecto se configura la infracción atribuida en el tanto sí se omitió presentar dicho requisito documental. Partiendo de lo anterior, debemos entonces indicar que lleva razón la DGA al imponer la sanción porque la normativa citada por la DGA es clara en el sentido de que existe un deber de transmitir la declaración aduanera con la traducción de la factura comercial cuando esté en un idioma diferente del español. Así las cosas considera este Colegio, que en el presente caso, no existen problemas de tipicidad, pues la infracción atribuida a la recurrente está clara y expresamente tipificada como infracción en el artículo 236 inciso 24.

Lo anteriormente señalado no queda desvirtuado con el alegato de la interesada en el sentido de que el tipo de aforo que correspondió a la declaración fue rojo y la Administración dio por aceptados los requisitos adjuntados a la declaración en ese momento y dio el levante correspondiente, reiterando que durante el despacho el funcionario no manifestó en ningún momento que lo declarado y aportado no estuviera conforme o que existiera algún requisito pendiente de aportar para la correcta determinación de la obligación tributaria aduanera, por lo que se presupone que dicho acto fue realizado en estricto apego a la normativa y con los requisitos necesarios y que por ello sólo procedería la apertura de un procedimiento ordinario en caso de que a posteriori se determinen nuevos elementos que no fueron objeto de verificación en ese primer acto de aforo y que además puedan extraerse de este errores u omisiones que causen un perjuicio fiscal.
En tal sentido debe recordarse a la recurrente que tanto la legislación comunitaria como la nacional, le dan a las autoridades aduaneras, la posibilidad de realizar no sólo la verificación de lo declarado durante el despacho, sino que también podrá hacerlo a posteriori, sin que el ejercicio de uno u otro control sea excluyente entre sí, como textualmente lo señala el artículo 59 del CAUCA, que indica:

Artículo 59       Selectividad y aleatoriedad de la verificación

 

La declaración autodeterminada, será sometida a un proceso selectivo y aleatorio que determine si  corresponde  efectuar la verificación inmediata de lo declarado.  Dicha verificación no limita las facultades de fiscalización posterior a cargo de la autoridad aduanera.

En igual sentido ver artículos 22, 23 y 59 de la Ley General de Aduanas, de los cuales se desprende que sólo cuando la determinación de uno o varios elementos de la obligación tributaria aduanera, se haya realizado de manera definitiva a través de un procedimiento ordinario, no podrá ser modificada, salvo caso de delito. Disposiciones éstas que de manera clara y contundente desvirtúan el planteamiento de la recurrente, y las cuales se ve este Tribunal obligado a aplicar en virtud del principio de legalidad regulado por los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública.

Alega también la afectada que el bien jurídico tutelado en la norma corresponde a presentar correctamente y sin errores los requisitos necesarios para la correcta determinación de la obligación tributaria aduanera, objetivo que se cumplió en su totalidad y que por ninguna razón se cuestionó al momento en que el funcionario realizó la revisión de documentos y la mercancía. Agrega que tomó todas las previsiones del caso para realizar una correcta determinación de la obligación tributaria aduanera, consignando en la declaración aduanera los datos necesarios para tal efecto y adjuntando los documentos exigidos por la norma, y que incluso adjuntó un documento firmado por el importador con instrucciones para realizar el trámite en aduana, donde procede con la traducción al idioma español de la factura comercial N°2200, documento que fue constatado por el funcionario aduanero que efectuó la revisión inmediata y que fue suficiente para entender el contenido de la factura comercial. Y que por ello el motivo en este caso está viciado porque el bien jurídico tutelado corresponde a presentar correctamente y sin errores los requisitos necesarios para la correcta determinación de la obligación tributaria aduanera, objeto que se cumplió en su totalidad y que por ninguna razón ha sido cuestionada hasta el momento por parte de la autoridad aduanera y que en este caso la omisión de presentar la traducción de la factura, no generó perjuicio fiscal, lo contrario no tendría sentido y vendría en detrimento de los principios de razonabilidad, lesividad y proporcionalidad que rigen la materia sancionatoria.
Estima el Colegiado que no lleva razón la recurrente porque según lo expuesto supra, recordemos que la norma sanciona dos situaciones:
1-Omitir la presentación o transmisión de requisitos documentales,
2- Omitir la presentación o la transmisión de la información requerida por esta Ley o sus Reglamentos, para determinar la obligación tributaria aduanera o demostrar el cumplimiento de otros requisitos reguladores del ingreso.
Siendo que en este caso, el supuesto que resulta aplicable es el primero de ellos, “la omisión de los requisitos documentales”, sin que en este caso, la norma exija ninguna otra condición, es decir, la existencia de perjuicio fiscal, o bien, que el documento sea necesario a efecto de determinación de la obligación tributaria aduanera, aunque indudablemente en este caso, si reviste importancia a efectos de dicha determinación.

-Sanción: Respecto al tema de la pena o sanción impuesta, resulta claro que el legislador, en forma clara y expresa sancionó con una multa de quinientos pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional, al agente aduanero, que adecue su comportamiento a las acciones u omisiones previstas por la norma, no existiendo en la especie ningún vicio en cuanto a tipicidad se refiere, ni en cuanto al establecimiento del tipo de cambio utilizado para la conversión de la moneda, que fue establecido por el A Quo.

III-Principio de Culpabilidad: Resta por analizar si en la especie puede demostrarse que la actuación del recurrente supone dolo, culpa o negligencia en la acción sancionable. Es decir, nos corresponde ahora el análisis de responsabilidad subjetiva del infractor para determinar si es responsable y, por lo tanto, se le a de imputar la conducta sancionada.
Descartamos la existencia del dolo o la intencionalidad en la acción anómala del recurrente, por no existir ninguna evidencia en ese sentido. Sin embargo, recordemos que como uno de los matices del Derecho Sancionador Administrativo, figura precisamente el poder sancionar cuando se demuestra una acción u omisión culposa, es decir, no se requiere para el ejercicio de la potestad punitiva en sede administrativa demostrar una actuación dolosa, sino que las acciones podrán ser atribuidas a título culposo. En ese sentido resulta categórico nuestro Código de Normas y Procedimientos Tributarios que en su artículo 71 dispone:
ARTÍCULO 71.- Elemento subjetivo en las infracciones administrativas Las infracciones administrativas son sancionables, incluso a título de mera negligencia en la atención del deber de cuidado que ha de observarse en el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios.”

(Así reformado por el artículo 2º de la ley No.7900 de 3 de agosto de 1999)
Así considera este Colegio que la infracción en el presente caso, se puede imputar a título de culpa, en el tanto no es aceptable que el agente aduanero sabiendo que debía realizar dicha transmisión no lo haya hecho, de tal suerte, que el haber omitido la transmisión del documento, cuando correspondía hacerlo, efectivamente configura una violación del ordenamiento jurídico.

Como ha señalado este Tribunal, la culpabilidad presupone la existencia de la imputabilidad o sea la condición del infractor que lo hace capaz de actuar culpablemente ya sea con dolo o culpa. Se fundamenta en el principio de que no hay pena sin culpa, debiéndose demostrar en cada caso el elemento subjetivo, esto es, que el recurrente efectivamente omitió el cumplimiento de la obligación y que no existe una causa eximente de responsabilidad, es decir que no argumenta ninguna justificación que permita establecer que no tiene culpa alguna o no le es reprochable la conducta, pues no dependía de su actuación los hechos atribuidos.6
En efecto, en el caso concreto la culpa resulta evidente o notoria en el tanto el agente aduanero como profesional y asesor en materia de aduanas y comercio exterior, además de su función de coadyuvancia con la Administración según ha señalado la Sala Constitucional, no puede desconocer sus obligaciones como tales, siendo esencial dentro de ellas, el que se aporte(vía electrónica), la traducción de la factura cuando la misma se presente en un idioma distinto del español, máxime que tal información sin duda alguna es determinante para que la autoridad aduanera en ejercicio de controles inmediatos o a posteriori verifique los valores reportados y en su caso tome las acciones pertinentes. Precisamente sobre la relevancia de la función llamada a cumplir el agente aduanero, como auxiliar de las autoridades aduaneras, la Sala Constitucional se pronunció, manifestando que:
...No se trata del ejercicio de cualquier actividad comercial o empresarial sino que se refiere a una labor de coadyuvancia con los órganos de la Administración Pública en la gestión pública aduanera y que se les ha delegado por parte del Estado en razón del cumplimiento de una serie de requisitos previos que así lo permiten...” (Véase voto N° 2002-00843 del 30 de enero del 2002).
Así las cosas, estima este Colegio que la agente recurrente no tuvo la debida diligencia al momento de transmitir la declaración con la respectiva documentación exigible, vulnerando el régimen aduanero, por lo que siendo la falta de diligencia, una de las formas en que se manifiesta la culpa, según ha señalado la doctrina y ha sostenido este Tribunal en las sentencias supra citadas, es criterio de este Organo, que está correcta la imposición de la sanción a la recurrente.

Por innecesario no se concede la audiencia solicitada.
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