Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Agente Aduanero XXXXXXXXX






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Transmisión de factura en otro idioma


Sentencia número 076-2008. Tribunal Aduanero Nacional. San José, a las catorce horas con cincuenta minutos del veinticinco de abril del dos mil ocho.
Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Agente Aduanero XXXXXXXXX, contra la resolución RES-DN-2428-2007 del 20 de diciembre de 2007 de la Dirección General de Aduanas.

RESULTANDO



  1. Mediante resolución número RES-DN-1971-2007 del 10 de octubre de 2007, la Dirección General de Aduanas, inicia procedimiento sancionatorio por la presunta comisión de la infracción tributaria aduanera establecida en el artículo 236 inciso 24 de la Ley General de Aduanas, en adelante LGA, sancionable con una multa de quinientos pesos centroamericanos al tipo de cambio vigente al momento del hecho generador, que asciende a ¢519.76, contra la Agente Aduanero XXXXXXXXX, por el supuesto incumplimiento del artículo 317, último párrafo, del Reglamento a la Ley General de Aduanas, en adelante RLGA, puesto que con la declaración aduanera XXXXXXXXX de fecha 11 de enero de 2007, se transmitió la factura comercial en idioma diferente al español y se omitió la transmisión de la respectiva traducción, lo que podría ser violatorio del artículo 236:24 LGA, por cuanto omitió transmitir con la declaración aduanera, uno de los requisitos documentales requeridos por la Ley o sus Reglamentos, para determinar la obligación tributaria. Lo anterior de acuerdo con las recomendaciones vertidas en el Informe Final N° DF-FE-RP-030-2007 del 5 de setiembre de 2007, emitido por la Dirección de Fiscalización.(ver folios 20-27)

  2. Con escrito presentado vía fax el 2 de noviembre de 2007 y en original el 6 de noviembre de 2007, la afectada presenta su descargo señalando que:

  • El tipo de aforo que correspondió a la declaración fue rojo y la Administración dio por aceptados los requisitos adjuntados a la declaración en ese momento y dio el levante correspondiente.

  • El bien jurídico tutelado en la norma corresponde a presentar correctamente y sin errores los requisitos necesarios para la correcta determinación de la obligación tributaria aduanera, objetivo que se cumplió en su totalidad y que por ninguna razón se cuestionó al momento en que el funcionario realizó la revisión de documentos y la mercancía.

  • La omisión involuntaria de la presentación de la traducción de la factura comercial, no causó perjuicio fiscal alguno, por lo cual dicha omisión, por principio de norma no es sancionable. (ver folio 29)




  1. A través de la resolución N°RES-DN-2428-2007 del 20 de diciembre de 2007, la Dirección General de Aduanas dicta el acto final del procedimiento sancionatorio, imponiéndole a la Agente Aduanero XXXXXXXXX, una multa total de quinientos pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional, por el monto de ¢259.880.00, por la infracción estipulada en el artículo 236:24 de la LGA, por haber transmitido la factura comercial en idioma diferente al español y omitir la transmisión de la respectiva traducción, con lo cual incumplió con lo dispuesto por el artículo 317, último párrafo del RLGA. ( ver folios 34-44))




  1. Con escrito recibido 14 de enero de 2008, la afectada presenta recurso de apelación, siendo que con resolución N° Res-DN-177-2008 del 17 de enero de 2008, la Dirección General de Aduanas emplaza a la recurrente a apersonarse ante este Tribunal. (ver folios 46-49)




  1. Mediante escrito presentado en este Tribunal el 19-2-2008, la recurrente se apersona y manifiesta:




  • Que no ignora ni cuestiona la facultades de control y fiscalización del Servicio Nacional de Aduanas, sin embargo las mismas deben ser ejercidas apegadas a los principios de seguridad jurídica y conforme a derecho.




  • Reitera que durante el despacho el funcionario encargado del reconocimiento físico no manifestó en ningún momento que lo declarado y aportado no estuviera conforme o que existiera algún requisito pendiente de aportar para la correcta determinación de la obligación tributaria aduanera, por lo que se presupone que dicho acto fue realizado en estricto apego a la normativa y con los requisitos necesarios.




  • Así las cosas sólo procedería la apertura de un procedimiento ordinario en caso de que a posteriori se determinen nuevos elementos que no fueron objeto de verificación en ese primer acto de aforo y que además puedan extraerse de este errores u omisiones que causen un perjuicio fiscal.




  • Que tomó todas las previsiones del caso para realizar una correcta determinación de la obligación tributaria aduanera, consignando en la declaración aduanera los datos necesarios para tal efecto y adjuntando los documentos exigidos por la norma. Es así como dentro de los documentos adjuntados al DUA, está un documento firmado por el importador con instrucciones para realizar el trámite en aduana, donde procede con la traducción al idioma español de la factura comercial N°2200 (indica que adjunta copia del documento y que remite las imágenes que constan en archivo digital del DUA respectivo), documento que fue constatado por el funcionario aduanero que efectuó la revisión inmediata y que fue suficiente para entender el contenido de la factura comercial.

  • Al haberse ejercido la potestad de revisión inmediata sólo podrán revisarse aquellos elementos que no fueron revisados en ese momento.




  • El motivo en este caso está viciado porque el bien jurídico tutelado corresponde a presentar correctamente y sin errores los requisitos necesarios para la correcta determinación de la obligación tributaria aduanera, objeto que se cumplió en su totalidad y que por ninguna razón ha sido cuestionada hasta el momento por parte de la autoridad aduanera. Alega que en ese sentido ha sido reiterada la posición de este Tribunal (sentencia 122-2004), en el sentido de que deben verificarse si se dan los elementos que constituyen la infracción, y que en este caso la omisión de presentar la traducción de la factura, no generó perjuicio fiscal, lo contrario no tendría sentido y vendría en detrimento de los principios de razonabilidad, lesividad y proporcionalidad que rigen la materia sancionatoria.




  • Finalmente solicita audiencia oral y privada para conclusiones y referirse a la prueba ofrecida



  1. En las presentes diligencias se han observado las prescripciones legales en la tramitación del presente recurso de apelación.



Redacta la Licenciada Contreras Briceño; y,

CONSIDERANDO



  1. Objeto de la litis: Se discute la imposición por parte de la Dirección General de Aduanas de una multa de quinientos pesos centroamericanos al tipo de cambio vigente al momento del hecho generador, que asciende a ¢519.76 a la Agente Aduanero XXXXXXXXX, por el supuesto incumplimiento del artículo 317, último párrafo, RLGA, puesto que con la declaración aduanera XXXXXXXXX de fecha 11 de enero de 2007, se transmitió la factura comercial en idioma diferente al español y se omitió la transmisión de la respectiva traducción, lo que es violatorio del artículo 236:24 LGA, por cuanto omitió transmitir con la declaración aduanera, uno de los requisitos documentales requeridos por la Ley o sus Reglamentos, para determinar la obligación tributaria.




  1. Admisibilidad del recurso de apelación: Que previo a cualquier otra consideración, se avoca este órgano al estudio de la admisibilidad del presente recurso de apelación. En tal sentido dispone el artículo 204 de la LGA que contra el acto final dictado por la Dirección General de Aduanas, caben los recursos de reconsideración y apelación para ante el Tribunal Aduanero Nacional, siendo potestativo usar ambos recursos ordinarios o sólo uno de ellos, los cuales deben interponerse dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación del acto impugnado, condicionando la admisibilidad a dos requisitos procesales, sea en cuanto al tiempo que dispone el interesado para interponerlo y además el relativo a la capacidad procesal de las partes que intervienen en expediente. En el caso bajo estudio el proceso sancionatorio se dirige directamente contra la agente aduanero XXXXXXXXX, en su condición de persona física y es ella quien personalmente interviene en autos, siendo en consecuencia la persona legitimada para recurrir por ser la afectada con el procedimiento, cumpliéndose en la especie con el presupuesto procesal de legitimación. Además según consta en expediente, el acto lesivo que le impone la multa se le notificó a la interesada el 10 de enero de 2008 y el recurso se apelación se interpuso el 14-1-2008, dentro del plazo de los tres días hábiles establecidos al efecto. En razón de ello, tiene este Tribunal por admitido el recurso de apelación para su estudio.




  1. Sobre el fondo: En el caso concreto, la sanción impuesta al recurrente, se fundamentó en el artículo 236:24 LGA, que dispone:


"Artículo 236.- Multa de quinientos pesos centroamericanos.

Será sancionada con multa de quinientos pesos centroamericanos, o su equivalente en moneda nacional, la persona física o jurídica, auxiliar o no de la función pública aduanera que:
24. Omita presentar o transmitir, con la declaración aduanera, cualquiera de los requisitos documentales o la información requerida por esta Ley o sus Reglamentos, para determinar la obligación tributaria aduanera o demostrar el cumplimiento de otros requisitos reguladores del ingreso de mercancías al territorio aduanero o su salida de él." (el resaltado es nuestro).

Analicemos la norma y lo actuado en el presente caso, considerando la función de este Colegiado de ser un órgano contralor de la legalidad de las actuaciones del Servicio Nacional de Aduanas, y partiendo de que por la materia que trata el presente caso, que consiste en el ejercicio de la potestad represiva del Estado y del castigo impuesto a la recurrente, el análisis de legalidad y tipicidad debe ser estricto, según las garantías propias del Derecho Penal aplicable al caso, como lo ha sostenido y reiterado este órgano desde sus inicios1, sin que sea posible legalmente que esta materia sea ejercida bajo criterios de oportunidad o conveniencia por parte de la Administración Aduanera.
En línea con ello, recordemos que el principio de legalidad o nullum crimen, nulla poena sine lege, determina la conocida reserva de ley en materia sancionatoria, según la cual únicamente en virtud de la ley se puede afectar la esfera jurídica de los administrados, creando sanciones o infracciones.

Por su parte el principio de tipicidad, derivación directa del principio de legalidad, requiere que las infracciones administrativas y las sanciones correspondientes se encuentren claramente definidas por la ley. Al respecto, la Sala Constitucional ha manifestado que la exigencia de predeterminación normativa de las infracciones y las sanciones correspondientes se proyecta sobre "…la tipificación de las conductas como tales, y también respecto de su graduación y escala de sanciones, de modo que el conjunto de normas aplicables permita predecir, con suficiente certeza, el tipo y el grado de sanción susceptible de ser impuesta al administrado" (Voto No. 8193-00). 2

El principio de culpabilidad, como complemento de los anteriores, supone dolo, culpa o negligencia en la acción sancionable. Se supera, entonces, la concepción anterior según la cual la responsabilidad administrativa es de carácter objetiva y que, por ende, no requería culpa o dolo en la infracción para la imposición de la sanción correspondiente. Por el contrario, para referirse al ámbito de la responsabilidad subjetiva el infractor ha de ser responsable y, por lo tanto, se le ha de imputar la conducta sancionada (Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo, II, CIVITAS, Madrid, 1998, 173-174).3
Dentro del marco expuesto, analicemos entonces el fondo del caso, para determinar si en el presente se respetaron los principios señalados, al momento de imponer la sanción, y si resulta en consecuencia procedente, la multa impuesta
I-En este caso no existe quebranto del principio de legalidad en la medida de que es la ley la que establece la norma sancionadora, cuyo alcance desentrañamos más adelante.

II-En cuando al principio de tipicidad y que deriva del anterior, debemos determinar si el tipo infraccional regulado, es claro y preciso, puesto que como ha señalado la jurisprudencia constitucional, “Los tipos penales deben estar estructurados básicamente como una proposición condicional, que consta de un presupuesto (descripción de la conducta) y una consecuencia (pena), en la primera debe necesariamente indicarse, al menos, quién es el sujeto activo, pues en los delitos propios reúne determinadas condiciones (carácter de nacional, empleado público, etc.) y cual es la acción constitutiva de la infracción (verbo activo), sin estos dos elementos básicos (existen otros accesorios que pueden o no estar presentes en la descripción típica del hecho) puede asegurarse de que no existe tipo penal.” (voto 0778-95).
Respecto de dicho principio deben analizarse los siguientes elementos:
-Descripción de la Conducta-Verbo Activo: Para la aplicación de la norma citada debemos revisar cuáles son los presupuestos básicos para su aplicación :
Indica la norma supra citada que la infracción se comete cuando:



presentar


SE OMITA: con la declaración aduanera:

transmitir



b) la información requerida por la ley o sus reglamentos, para determinar la obligación tributaria aduanera o demostrar el cumplimiento de otros requisitos reguladores del ingreso de mercancías al territorio aduanero o su salida de él.




a) cualquiera de los requisitos documentales



Lo anterior implica necesariamente que:
-Debe existir una declaración aduanera a un régimen: Un elemento básico para el correcto entendimiento y aplicación de esta norma, que debemos analizar, es el tema de la “declaración aduanera”, a fin de determinar el verdadero alcance de lo que significa que se “omita presentar o transmitir con la declaración aduanera”, lo cual nos obliga a revisar las regulaciones de los procedimientos aduaneros vigentes.
A tales efectos, iniciaremos indicando que conforme con la normativa aduanera vigente, las mercancías extranjeras que arriban al territorio aduanero, una vez que han cumplido el trámite y formalidades para ser consideradas como oficial y legalmente ingresadas y recibidas por parte de las autoridades aduaneras, deben ser destinadas o sometidas a un régimen aduanero procedente, por parte de quien tenga derecho a disponer de dichas mercancías.
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