Procedimientos fiscales. Art. 100 inc b de la ley 11683. Notificaciones. Sobre cerrado conteniendo copia del acta dejado en la puerta de reja de acceso al edificio. Acto procesal inválido de notificación. Nulidad. Derecho de defensa. Garantía de debido proceso






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PROCEDIMIENTOS FISCALES. Art. 100 inc. b) de la ley 11683. Notificaciones. Sobre cerrado conteniendo copia del acta dejado en la puerta de reja de acceso al edificio. Acto procesal inválido de notificación. Nulidad. Derecho de defensa. Garantía de debido proceso
Causa Nº 17.409/2008 - “Aldazabal, Cristian Edgardo (TF 27964-I) c/DGI” – CNACAF – SALA V – 19/02/2009
Respecto de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, ha sostenido el Dr. Juan O. Gauna -quien fuera Procurador General de la Nación- que resulta ineludible, atento lo dispuesto por- la Constitución Nacional en lo atinente al derecho de defensa (art. 18), así como al principio que en el Derecho Administrativo rige -como consecuencia de aquella garantía constitucional- el respeto del derecho a ser oído de la emisión del acto que se refiere a derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados. El incumplimiento por parte de la Administración de esa garantía fundamental "no puede ser saneada a posteriori y en otra instancia", pues al ser requisito "esencial" para la validez del acto al concretar los procedimientos pertinentes -en el caso el debido proceso adjetivo- el acto ha quedado ya fulminado por un vicio esencial. Y es aquí donde debe buscarse el factor- fulminante del acto. Si el vicio es esencial, la nulidad debe reputársela absoluta (Jeze, "Principios generales del Derecho Administrativo"', t., I, p. 80).” (Del voto de la mayoría)

“Para confirmar lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación basta con analizar las particularidades de la causa, concluyendo que dejar un sobre cerrado conteniendo copia del acta en la puerta de reja de acceso al edificio no puede ser admitido como acto procesal válido de notificación (...).” (Del voto de la mayoría)

Dado que la simple posibilidad de que cualquier persona ajena, incluso al domicilio de que se trata, pueda retirarla o desecharla, hace perder la posibilidad siquiera de cumplir el efecto de anuncio o publicidad en el lugar requerido por la norma; extremo cuya verificación ésta exige cuando utiliza el término "fijar en la puerta de su domicilio" (conf. art. 100 inc. b) ley 11.683). En consecuencia, cabe colegir que tal circunstancia implica violentar el derecho de defensa en sede administrativa del contribuyente, al restringir, de tal modo, la garantía constitucional del debido proceso; cuya inobservancia no podría válidamente ser saneada por la existencia de un procedimiento posterior, toda vez que se configura un perjuicio real y concreto en el derecho de la parte que la invoca, al no poder oponer en tiempo oportuno sus defensas validamente.” (Del voto de la mayoría)

“Cabe destacar que las cuestiones de hecho y prueba, son ajenas -por principio- al recurso que autoriza el artículo 86, inciso b), punto segundo de la ley 11.683. En efecto, tal remedio no da acceso -salvo error manifiesto- a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y en cuanto a la conclusión que el Tribunal Fiscal de la Nación hubiese arribado al ponderarla (conf. C. Fed en lo Cont. Adm. Sala II "Quilmes Combustibles S.A.C.I.", sentencia del 25-3-97; Sala IV, "La Rueca Porteña S.A. (T.F. 9861-1) c/ D.G.I." sentencia del 27/10/98; esta Sala in re: "Tognola, María Elisa Ramona (TF 12349-1) c/ DGI", sentencia del 17-5-2000; "SA MOLINOS FENIX (TF 17.290-1) c/ DGI", sentencia del 20-06-06 y Fallos 300:985). En la especie, los agravios del demandado se dirigen a tachar de arbitraria la valoración de la prueba efectuada por el a quo en cuanto sostuvo que el ente recaudador no cumplió con el procedimiento de notificación previsto en el inc. b) del artículo 100 de la ley 11.683.” (Dr. Alemany, según su voto)

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Texto completo
Buenos Aires, 19 de febrero de 2009:

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

Los Señores Jueces de Cámara Dres. Pablo Gallegos Fedriani y Jorge Eduardo Morán dicen:

I.- Que, por decisorio de fs. 136/139, el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió declarar la nulidad de la Resolución N° 31/06 de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mercedes de la AFIP-DGI de fecha 14 de marzo de 2006, por la que se le había imputado responsabilidad solidaria al señor Cristian Edgardo Aldazabal respecto de la deuda determinada de oficio a la firma Alcon S.A., en relación al Impuesto al Valor Agregado, períodos Abril de 2000 a Marzo de 2001 e Impuesto a las Ganancias período 1999 y se le había aplicado la multa prevista en los términos del art. 45 de la ley 11.683 e intereses resarcitorios;; con costas.//-

II. - Que, contra tal decisorio apeló el Fisco Nacional a fs. 141, quien expresó agravios a fs. 144/147, los que fueron contestados por la contraria a fs. 156/159.-

III.- Que, para decidir como lo hizo, expresó el Tribunal Fiscal de la Nación que: " ... en la especie no se ha cumplimentado respecto de la notificación del acto del 30-11-05, que corriera vista al actor de los ajustes y cargo aquí cuestionado, con el procedimiento reglado por el art. 100 inc. b)) de la ley 11.683, que reza: "Las citaciones, notificaciones, intimaciones de pago, serán practicadas en cualquiera de las siguientes formas: ... b) Personalmente, por medio de un empleado de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, quien dejará constancia en acta de la diligencia practicada y del lugar, día y hora en que se efectuó, exigiendo la firma del interesado. Si este no () supiere o no pudiera afirmar, podrá hacerlo, a su ruego, un testigo. Si el destinatario no estuviese o se negare a firmar, dejará igualmente constancia de ello en acta. En días siguientes no feriados, concurrirán al domicilio del interesado, dos (2) funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos para notificarlo, Si tampoco fuera hallado, dejarán resolución o carta que deben entregar en sobre cerrado, a cualquier persona que se hallare en el mismo, haciendo que la persona que lo reciba suscriba el acta.-

Si no hubiere persona dispuesta a recibir la notificación, o si el responsable se negare a firmar, procederán a fijar en la puerta de su domicilio y en sobre cerrado el instrumento de que se hace mención en el párrafo que antecede.-

Las actas labradas por los empleados notificadores harán fe mientras no se demuestre su falsedad". "Dejar un sobre cerrado conteniendo copia del acta en la puerta reja de acceso al edificio" no puede ser equiparado al mandato del legislador que ordena "fijar dicha pieza". En efecto, el diccionario de la lengua española da la siguiente acepción para la voz "fijar": "Hincar, clavar, asegurar un cuerpo en otro" (primera acepción) y, quizás la mas adecuada al caso "Pegar con engrudo o producto similar como en la pared los anuncios y carteles" (segunda acepción...), para que la cédula de notificación quede bien firme y segura en un lugar visible haciendo las veces de anuncio del acto para quienes pasan o ingresan al edificio por el lugar.-

Que, consecuentemente atendiendo a que este Tribunal desde antiguo ha sostenido que la vista dispuesta en los términos del arto 17 de la ley procesal (t.v.) reviste el carácter de requisito fundamental, para un correcto ejercicio del derecho de defensa en juicio, garantía del orden jurídico y cuya inobservancia no podría válidamente ser saneada por la existencia de un procedimiento posterior, por lo que su comunicación ha de ser fehaciente (vide "Gabimar S.A., Sala B, 16-8-94, "Del Norte S.R.L,", Sala B, 19-10-93; "Ingeniero Alonso Crespo S.A.", Sala B del 6-6-02); corresponde declarar la nulidad del acto de determinación aquí apelado, dictado sin haber otorgado al actor la posibilidad efectiva de ejercer ese derecho fundamental. Con costas.,."

IV.- Que, se agravia la recurrente al entender que el TFN realiza una interpretación arbitraria del art. 100 inc. b) de la ley ritual, desconociendo las circunstancias obrantes en la causa.-

Sostiene que el Tribunal Administrativo se equivoca al decidir que no se ha cumplimentado, respecto de la notificación del acto de fecha 30-11-05, con el procedimiento reglado en el art. 100 inc. b) de la ley 11.683 que corriera vista de los ajustes y cargos cuestionados; dado que dos funcionarios de la AFIP-DGI concurren en dos oportunidades y, en la segunda de ellas, proceden a dejar un sobre cerrado conteniendo copia del acta de primera vista. las resoluciones de vista y sumario, en la puerta de reja de acceso al edificio de ese domicilio.-

Por lo que cumplidos los requisitos establecidos en la norma citada, se efectuó correctamente la notificación.-

Asimismo expresa que las actas labradas por los empleados notificadores harán fe mientras no se demuestre su falsedad, dado que las mismas tienen carácter de instrumento público.-

Puntualiza además que no puede responsabilizarse a su mandante del hecho que el contribuyente no haya recibido la notificación, cuando la misma fue realizada en el domicilio por él constituido.-

Se agravia de lo sostenido por el sentenciante al entender que se habría violado el derecho de defensa del contribuyente, dado que si no se anotició de la vista corrida, no fue por culpa del Fisco sino por su propia negligencia al olvidar notificar su cambio de domicilio.-

V.- Que, la notificación es un acto procedimental consistente en llevar a conocimiento del contribuyente o responsable un acta de comprobación, requerimiento o en su caso, una resolución administrativa.-

Como tal, la doctrina administrativa sostiene que teniendo en cuenta que la notificación constituye además una condición jurídica que hace a la eficacia del acto -y no forma parte de él- reviste una doble importancia pues, por un lado, constituye un requisito ineludible que torna al acto eficaz, y por el otro, actúa como presupuesto para que trascurran los plazos de impugnación del acto notificado (conf. HUTCHINSON, Tomás, "Ley Nacional de Procedimiento Administrativo Comentada", T 1, pago 228.y ss).-

Por otra parte, es dable señalar que la jurisprudencia ha sostenido que el carácter fehaciente del acta de notificación labrada en el marco del art. 100 inc. b) de la ley 11683 - to 1998 - acredita el hecho de haberse puesto el sobre cerrado conteniendo copia de la resolución en el domicilio constituido por el contribuyente, mas no acredita que el destinatario de la comunicación la haya recibido, y ninguna disposición de la ley autoriza a dar por decaído el derecho de un contribuyente por el transcurso de un plazo del que no ha podido enterarse, por encontrarse en pugna con el derecho de defensa en juicio (Conf. CN Penal Económico, Sala A, "Bonigno SA s/ Amparo" 31/03/2000. )

VI.- Que las notificaciones, como actos procesales de transmisión atañen al derecho de defensa, contemplado en el art. 18 de la Constitución Nacional. De allí su importancia indiscutible, aunque no tengan como acertadamente enseña Eisner, "las resonancias de las grandes instituciones del proceso".-

Al derivar del principio de bilateralidad de la audiencia de raigambre constitucional, la notificación constituye una exigencia del contradictorio, sin la cual se afectaría el debido proceso y la igualdad de las partes entre otras garantías (conf. Luiso, Diritto processuale civile, t.l, pág. 220. Betti, Diritto processuale civile, pág. 170, citado por Gelsi Bidart, Cuestiones de la organización procesal, pago 506).-

Este acto de comunicación por excelencia marca el inicio de la relación procesal y la existencia misma de las decisiones judiciales.-

La fórmula "audiatur et altera pars" (óigase a la otra parte) es la base de la regla general del derecho procesal que establece que "nadie puede ser condenado sin ser oído". Y para oír a las partes, explica Jofré, es necesario notificarlas.-

La palabra notificación proviene de la voz "notificare", derivada de "notus" ("conocido") y de "facere" ("hacer"), es decir significa "hacer conocer" (ver Maurino, Alberto Luis, "Notificaciones procesales" Pág. 1 y 2, 2da. Edición, Astrea)

Respecto de la nulidad de la notificación es importante señalar que la ley se preocupa por rodear a este acto procesal de formalidades específicas, con la finalidad exclusiva de brindar una adecuada protección al derecho de defensa; la omisión de estos requisitos legales puede originar su invalidez. Dentro de una clasificación de los vicios de la notificación, encontramos a "la forma", que se refiere a los defectos en el diligenciamiento o trámite de ella. Los códigos de procedimiento contienen normas que sancionan con nulidad las violaciones o contravenciones a las formalidades de la notificación, salvo que ésta haya logrado su fin idóneo.-

En ese orden de ideas, el art. 149, párrafo 1°, del C.P.C.C.N. dispone: "Será nula la notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los artículos anteriores siempre que la irregularidad fuere grave e impidiere al interesado cumplir oportunamente los actos procesales vinculados a la resolución que se notifica".-

VII.- Que, las declaraciones derechos y garantías no son, como puede creerse, simples fórmulas teóricas; cada uno de los artículos y cláusulas que las contienen poseen fuerza obligatoria para los individuos, para las autoridades y para toda la Nación. Los jueces deben aplicarlas en plenitud de su sentido, sin alterar o debilitar con vagas interpretaciones o ambigüedades la expresa significación de su texto. La defensa personal constituye el patrimonio inalterable que hace de cada hombre, ciudadano o no, un ser libre e independiente dentro de la Nación Argentina (conf. Fallos 239:471, citado por Linares Quintana, "Tratado de interpretación constitucional", p. 391). La garantía del debido proceso exige que ningún justiciable pueda ser privado de un derecho sin que se cumpla un procedimiento regular fijado por ley.-

Por otra parte, respecto de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, ha sostenido el Dr. Juan O. Gauna -quien fuera Procurador General de la Nación- que resulta ineludible, atento lo dispuesto por- la Constitución Nacional en lo atinente al derecho de defensa (art. 18), así como al principio que en el Derecho Administrativo rige -como consecuencia de aquella garantía constitucional- el respeto del derecho a ser oído de la emisión del acto que se refiere a derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados. El incumplimiento por parte de la Administración de esa garantía fundamental "no puede ser saneada a posteriori y en otra instancia", pues al ser requisito "esencial" para la validez del acto al concretar los procedimientos pertinentes -en el caso el debido proceso adjetivo- el acto ha quedado ya fulminado por un vicio esencial. Y es aquí donde debe buscarse el factor- fulminante del acto. Si el vicio es esencial, la nulidad debe reputársela absoluta (Jeze, "Principios generales del Derecho Administrativo"', t., I, p. 80).-

Así, nuestro más alto tribunal tiene sentado que inobservancia de requisitos de forma impuestos por principios vinculados al orden público administrativo (garantía de los administrados) es causa de nulidad del acto emitido con tal defecto (Fallos 306:38).-

Las mentadas garantías ofrecen un doble aspecto: a) para el particular o administrado, que por esa vía ve respetados sus derechos esenciales, ya que el arbitrio de la Administración Pública queda constreñido a desenvolverse dentro de determinados límites y respetar 1m; requisitos pertinentes; b) para el interés público, ya que, como bien se dijo, las "formas" constituyen una garantía automática de la regularidad o legalidad de la actividad administrativa (Marienhoff, Miguel S., "Tratado de Derecho Administrativo", 1. II , ps. 308/309).-

Consecuentemente, es dable inferir que la vulneración de la garantía del debido proceso en sede administrativa excede el interés de la parte afectada y se proyecta sobre el de la comunidad pues, como se tiene visto, dicha prerrogativa constitucional se exhibe como factor exponencial de la seguridad jurídica; todo lo cual conduce a que el acto que adolece del mentado defecto, debe reputárselo como alcanzado por un vicio esencial insusceptible de ser enmendado por la ulterior ocurrencia a la sede judicial; en cuyo ámbito no resulta pertinente exigir a quien resultó afectado, que articule y demuestre las defensas de las que se vio privado en la oportunidad debida ... " (Conf. CNACAF Sala I in re: "Empresa de Transportes Especiales S.A. /TF 14932-1 c./ Dirección General Impositiva" sentencia del 25/02/2000).-

VIII.- Que, para confirmar lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación basta con analizar las particularidades de la causa, concluyendo que dejar un sobre cerrado conteniendo copia del acta en la puerta de reja de acceso al edificio no puede ser admitido como acto procesal válido de notificación (ver fs. 55, 56 Y vta., 78 y 79 de las actuaciones administrativas y fs.36/37 de estos autos).-

Ello es así, dado que la simple posibilidad de que cualquier persona ajena, incluso al domicilio de que se trata, pueda retirarla o desecharla, hace perder la posibilidad siquiera de cumplir el efecto de anuncio o publicidad en el lugar requerido por la norma; extremo cuya verificación ésta exige cuando utiliza el término "fijar en la puerta de su domicilio" (conf. ario 100 inc. b) ley 11.683).-

En consecuencia, cabe colegir que tal circunstancia implica violentar el derecho de defensa en sede administrativa del contribuyente, al restringir, de tal modo, la garantía constitucional del debido proceso; cuya inobservancia no podría válidamente ser saneada por la existencia de un procedimiento posterior, toda vez que se configura un perjuicio real y concreto en el derecho de la parte que la invoca, al no poder oponer en tiempo oportuno sus defensas validamente.-

IX.- Que, por otro lado, los demás agravios formulados por la recurrente no logran conmover la decisión adoptada por el Tribunal Fiscal y por ende, no resultan suficientes para rebatir lo resuelto por éste respecto de la nulidad de la notificación de que se trata, ya que se limitan de un modo genérico, sin explicar de manera concreta y circunstanciada, la existencia de arbitrariedad en el decisorio recurrido.-

Ello así, resulta manifiesto -en el caso de autos- el avasalla miento del. derecho de defensa y la violación de la garantía constitucional del debido proceso.-

Por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde rechazar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional y, por ende, confirmar el decisorio de fs. 136/139; con costas a la recurrente vencida (arg. art. 68 del CPCCN).-

El Señor Juez de Cámara Dr. Jorge F. Alemany dice:

Que, cabe destacar que las cuestiones de hecho y prueba, son ajenas -por principio- al recurso que autoriza el artículo 86, inciso b), punto segundo de la ley 11.683. En efecto, tal remedio no da acceso -salvo error manifiesto- a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y en cuanto a la conclusión que el Tribunal Fiscal de la Nación hubiese arribado al ponderarla (conf. C.Fed en lo Cont. Adm. Sala II "Quilmes Combustibles S.A.C.I.", sentencia del 25-3-97; Sala IV, "La Rueca Porteña S.A. (T.F. 9861-1) cl D.G.I." sentencia del 27/10/98; esta Sala in re: "Tognola, María Elisa Ramona (TF 12349-1) c/ DGI", sentencia del 17-5-2000; "SA MOLINOS FENIX (TF 17.290-1) cl DGI", sentencia del 20-06-06 y Fallos 300:985). En la especie, los agravios del demandado se dirigen a tachar de arbitraria la valoración de la prueba efectuada por el a quo en cuanto sostuvo que el ente recaudador no cumplió con el procedimiento de notificación previsto en el inc. b) del artículo 100 de la ley 11.683.-

En tales condiciones toda vez que no se advierte en la resolución apelada, arbitrariedad, ilegalidad o irrazonabilidad ni el recurrente aporta elementos suficientes para desvirtuar la solución arribada por el a qua, corresponde coincidir con los fundamentos esbozados por el Tribunal Fiscal de la Nación.-

Por ello, se resuelve desestimar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional, con costas (art. 68 del C.P.C.C.N.).-

Por ello, SE RESUELVE: rechazar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional y, por ende, confirmar el decisorio de fs: 136/139;;; con costas a la recurrente vencida (arg. arto 68 del CPCCN).-

Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

Fdo.: Dr. Pablo Gallegos Fedriani – Dr. Jorge Federico Alemany – Dr. Jorge Eduardo Morán – Dr. Mariano Beltrán Tozzi, prosecretario de cámara interino.//-

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