La denominación de “comunidades negras” no implica discriminación de la población afrocolombiana, ni imponía la realización de una consulta previa a estas comunidades de las leyes en las que se incluye






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fecha de publicación30.07.2015
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LA DENOMINACIÓN DE “COMUNIDADES NEGRAS” NO IMPLICA DISCRIMINACIÓN DE LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA, NI IMPONÍA LA REALIZACIÓN DE UNA CONSULTA PREVIA A ESTAS COMUNIDADES DE LAS LEYES EN LAS QUE SE INCLUYE

1. Normas acusadas
En esta oportunidad, se demanda la expresión comunidades negras contenida en la Ley 70 de 1993 “Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política”; la Ley 649 de 2001 “Por la cual se reglamenta el artículo 176 de la Constitución Política”; el Decreto 1332 de 1992, “Por el cual se crea la comisión especial para las comunidades negras, de que trata el artículo transitorio número 55 de la Constitución Política, sobre el reconocimiento de los derechos territoriales y culturales, económicos, políticos y sociales del pueblo negro de Colombia” y se establecen las funciones y atribuciones de la misma”; el Decreto 2374 de 1993 “Por el cual se adiciona el Decreto 2128 de 1992 y se dictan otras disposiciones”.
2. Decisión
Primero.- Declarar EXEQUIBLE, en relación con el cargo de discriminación, la expresión “comunidades negras” contenida en la Ley 70 de 1993 “Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política” y en el Decreto 2374 de 1993, “Por el cual se adiciona el Decreto 2128 de 1992 y se dictan otras disposiciones”.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE, en relación con el cargo de omisión de consulta previa a las comunidades afrocolombianas, la expresión “comunidades negras” contenida en la Ley 70 de 1993 “Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política” y en el Decreto 2374 de 1993, “Por el cual se adiciona el Decreto 2128 de 1992 y se dictan otras disposiciones”.
Tercero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-169 de 2001, en relación con la expresión “comunidades negras” contenida en la Ley 649 de 2001 “Por la cual se reglamenta el artículo 176 de la Constitución Política de Colombia”.
3. Síntesis de los fundamentos
El actor demandó la inconstitucionalidad de la expresión “comunidades negras” contenida en las normas acusadas, porque en su concepto desconoce los artículos 1º, 2º, 4º, 7º, 13, 17, 93 de la Constitución Política. Sin embargo, no especifica en qué forma, la expresión impugnada desconoce cada una de las normas superiores que se considera vulneradas, ya que la inconstitucionalidad se plantea en términos generales, por discriminación y omisión de la realización de una consulta previa a las comunidades afrocolombianas. De un lado, el demandante aduce que la carga negativa de la expresión “comunidades negras” asociada con usos y costumbres heredadas de la época colonial y de la esclavitud se relaciona con el desconocimiento del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta y con el artículo 93 que incluye todos los tratados internacionales ratificados por Colombia en esa materia, que hacen parte del bloque de constitucionalidad. De otro lado, el actor arguye la omisión de la realización de una consulta previa para indagar si la comunidad afrocolombiana considera adecuada la denominación de “negros” o “negras”, lo cual se identifica con el eventual desconocimiento del artículo 2º sobre derecho de participación, e igualmente con el artículo 93 superior. Adicionalmente, la Corte observó que la solicitud de aplicación de los apartes 190 y 193 de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras formas conexas de Intolerancia, realizada en Santiago de Chile en el año 2000, no constituye un cargo. Así mismo, el examen de la Corte se circunscribió a la Ley 70 de 1993 y al Decreto 2374 de 1993, por cuanto sobre la Ley 649 de 2001, se configuraba el fenómeno de cosa juzgada constitucional y el Decreto 1332 de 1992 se encuentra derogado, como quiera que creó una Comisión Especial que debía sesionar hasta el 7 de julio de 1993.
Después de analizar el marco normativo y el contexto histórico en el que se inserta la expresión “comunidades negras”, los antecedentes en la Asamblea Nacional Constituyente, del artículo transitorio 55 de la Constitución y de la utilización de la expresión “comunidades negras” en el ordenamiento jurídico colombiano, los instrumentos internacionales ratificados por Colombia en los que se han reconocido los derechos de las comunidades étnicas, entre las cuales se incluyen las comunidades negras y la jurisprudencia constitucional sobre la materia, el Tribunal concluyó que la inclusión de la expresión “comunidades negras” en la Ley 70 de 1993 y el Decreto 2374 de 1993 no desconoce la Constitución, porque: (i) en el contexto el que se emplea la citada expresión no es excluyente, ni pretende invisibilizar o denigrar a los afrocolombianos; (ii) se trata de una expresión que el legislador extrae de la propia Constitución y específicamente del artículo 55 transitorio; (iii) la expresión “comunidades negras” ha sido apropiada por muchos movimientos y numerosas organizaciones de afrocolombianos como un concepto autodenominatorio y autodefinitorio.
De igual modo, la Corte no advirtió violación del derecho de las comunidades étnicas a la consulta previa, puesto que, si bien se trata de una expresión que tiene que ver con la definición de la identidad de la comunidad afrocolombiana, esta ha sido adoptada por la propia Constitución Política y por los miembros del grupo étnico. Además, observó que la consulta debe realizarse en un momento previo a la radicación del proyecto de ley en el Congreso de la República, para que los resultados del proceso de participación tenga una incidencia real en el contenido de la iniciativa que se somete a su consideración. En el caso concreto, para la época en que se expidieron las normas acusadas, no se había desarrollado aún, la jurisprudencia constitucional en torno de la consulta previa prevista en el Convenio 169 de la OIT, la cual se inició años más tarde.
En consecuencia, la Corporación determinó que los cargos de inconstitucionalidad no estaban llamados a prosperar y, por ende, procedió a declarar exequible la expresión “comunidades negras” contenida en la Ley 70 de 1993 y el Decreto 2374 de 1993, tanto frente el cargo de discriminación como el de omisión de una consulta previa a las comunidades afrocolombianas.
4. Salvamentos de voto parciales y aclaraciones de voto
Los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva salvaron el voto de manera parcial, en cuanto consideraron que el cargo por omisión de la consulta previa a las comunidades afrocolombianas, no cumplía con los requisitos previstos en la ley y precisados por la jurisprudencia para que se pudiera realizar un examen de fondo y proferir una decisión de mérito sobre el mismo. En su concepto, la Corte ha debido inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda.
La magistrada María Victoria Calle Correa anunció la presentación de una aclaración de voto, en relación con las consideraciones que se hacen en relación con la obligatoriedad de la consulta previa a las comunidades étnicas y la naturaleza del vicio de inconstitucionalidad que implica la omisión de esta consulta, la cual, como lo ha señalado de manera reiterada la jurisprudencia de esta Corporación, no es de naturaleza meramente procedimental.
El magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo aclaró el voto, en el sentido de que a su juicio, las razones que sustentan la improcedencia del primer cargo, según las cuales, inequívocamente, se concluyó la inexistencia de discriminación por la inclusión en la ley de las expresiones cuestionadas, alusivas a las comunidades negras, resultan suficientes, consecuentemente, para concluir la carencia de afectación directa que haya ameritado, de conformidad con la línea jurisprudencial vigente, la consulta previa de que trata el Convenio 169 de 1989, aprobado por la Ley 21 de 1991.

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

Presidente

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