Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley de aeropuertos, a cargo del diputado cuauhtémoc velasco oliva, del grupo parlamentario de convergencia






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QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AEROPUERTOS, A CARGO DEL DIPUTADO CUAUHTÉMOC VELASCO OLIVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

Los suscritos, en su carácter de diputados federales, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido del Trabajo, del Partido de la Revolución Democrática y de Convergencia, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 3, 4, 6, 6 Bis, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 78 y 81, y se adicionan 3 artículos transitorios de la Ley de Aeropuertos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 20 de diciembre de 1995 fue promulgada la Ley de Aeropuertos vigente, a partir de entonces se han dado cambios estructurales en el otorgamiento de concesiones y la participación de particulares en la construcción, explotación, operación y administración de un número significativo de los aeropuertos que integran la red nacional.

La nueva relación entre el Estado, el concesionario y el usuario de los servicios en los aeropuertos, hace necesario adecuar la legislación vigente a la nueva realidad, atendiendo a la transparencia de cada proceso y al logro de condiciones que contribuyan a la mejora de la infraestructura aeroportuaria y la calidad de estos servicios en el país.

La enorme importancia económica y social que representa para el país la transportación aérea demanda un cambio en la legislación para dotar a este importante segmento de la economía del sustento jurídico que propicie equidad y fortalecimiento en su conjunto.

Es necesario también garantizar el cumplimiento de los títulos de concesión otorgados por el Estado, mediante la creación de una comisión federal de aeropuertos que coadyuve con la autoridad en la vigilancia y supervisión de su cumplimento, al tiempo que apoye las labores relacionadas con la cuantificación y supervisión de la regulación económica de la red aeroportuaria.

La expansión, consolidación y modernización de la red aeroportuaria precisa de una legislación que otorgue seguridad jurídica tanto al inversionista como a los usuarios de los servicios, al tiempo que fortalezca la rectoría del Estado mediante una supervisión eficaz y una regulación transparente y congruente con el resto de las disposiciones legales que rigen al sector de comunicaciones y transportes.

Los cambios sustanciales ocurridos en México en los últimos años han impulsado la transformación paulatina de la infraestructura aeroportuaria, lo cual hace necesario realizar cambios a la legislación vigente, de tal forma que la transformación y fortalecimiento de la red evolucione atendiendo a las crecientes necesidades de los usuarios de los servicios, entendidos estos como pasajeros, aerolíneas y prestadores de servicios, en el marco del estricto cumplimiento con las concesiones otorgadas por el Estado y propiciando el fortalecimiento del sector en su conjunto.

Esta iniciativa recoge los planteamientos y el análisis detallado de iniciativas previamente presentadas en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Esta iniciativa ha sido enriquecida con las aportaciones de diversos agentes del subsector aeronáutico.

Esta iniciativa de reforma se propone alcanzar los siguientes objetivos:

Primero. Promover el desarrollo y fortalecimiento de la red aeroportuaria nacional, atendiendo al cumplimiento de las disposiciones legales que rigen al sector de comunicaciones y transportes y en lo particular a la normatividad del subsector aeronáutico.

La red aeroportuaria del país sujeta a un proceso de reestructuración desde el 9 de febrero de 1998 incentivó la descentralización del sistema de administración aeroportuaria, dotó de mayor autonomía y flexibilidad a la gestión individual de cada aeropuerto y alentó la participación de los sectores locales y regionales.

Ese proceso de reestructuración al sistema aeroportuario originó el concesionamiento de 35 aeropuertos, su transformación a sociedades mercantiles agrupadas en 4 sociedades controladoras, cuyas acciones fueron colocadas a particulares, excepto por el control que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mantiene de la tenencia accionaria del aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Las etapas de reestructuración y descentralización de la administración aeroportuaria, su concesionamiento parcial y la colocación de las acciones a nuevas administraciones, no contempló la reorganización de las entidades gubernamentales para establecer los mecanismos que permitieran vigilar el puntual cumplimiento de las concesiones otorgadas.

A pesar de que todos los concesionarios y permisionarios debieron ajustarse a lo dispuesto en la Ley de Aeropuertos, en lo relativo a la construcción, administración, operación y explotación de aeródromos civiles, así como en la prestación de los servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales, es relevante precisar que a la fecha, la red nacional de aeropuertos opera bajo criterios jurídicos diferentes y mientras unos se mantienen bajo el régimen paraestatal los otros grupos operan bajo esquemas aplicables a concesionarios privados lo que vulnera el principio de generalidad.

La insuficiente capacidad de supervisión aceptada y reiterada por el Ejecutivo federal en el curso de estos años, hace impostergable la creación de una comisión federal de aeropuertos como órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con autonomía técnica, operativa, presupuestal y de gestión, con el objeto de vigilar la regulación económica de los aeropuertos concesionados y supervisar el desarrollo eficiente y seguro de la operación de los aeródromos civiles en el país y proteger los intereses de los usuarios.

Segundo. Fortalecer la rectoría del Estado a través del fortalecimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como dependencia reguladora.

Tercero. Reformar los requisitos generales que replanteen los principios para el otorgamiento y adjudicación de concesiones y permisos para la construcción, administración, operación y explotación de los aeródromos civiles, y la aplicación de esquemas de supervisión eficaces que otorguen garantía de su cumplimiento tanto al Estado como a los usuarios de los servicios.

Cuarto. Fortalecer lineamientos para el diseño, aplicación y supervisión de esquemas óptimos de seguridad y vigilancia en los aeródromos civiles, atendiendo a la legislación aplicable.

Quinto. Precisar la responsabilidad del concesionario en la prestación de los servicios, cuando estos sean prestados por terceros designados.

Sexto: Otorgar al Comité de Operación y Horarios la capacidad de emitir resoluciones vinculatorias y no solo recomendaciones, y le permitan extender su participación en la evaluación de las condiciones operativas de los aeródromos, la calidad y los niveles de servicio.

Séptimo. Reconocer el carácter público de toda la información financiera y estadística útil para la elaboración de los programas maestros de desarrollo y la regulación económica, así como garantizar su libre acceso por los usuarios y sus representantes, en los términos de la legislación aplicable.

Octavo. Promover la actividad comercial en los aeródromos civiles, para que ésta contribuya a la disminución de los costos de los servicios para los usuarios, sin detrimento de la capacidad operativa y funcionalidad de cada aeródromo civil.

Las reformas al marco jurídico contenidas en esta iniciativa de reforma de la Ley de Aeropuertos tienen como propósito contribuir en forma congruente con el compromiso de eficiencia y calidad, al tiempo que se otorgan elementos que habrán de coadyuvar con la autoridad aeronáutica en los procesos de perfeccionamiento y regulación de las concesiones aeroportuarias otorgadas, lo que habrá de fortalecer los instrumentos del Estado, necesarios para el desarrollo de una infraestructura aeroportuaria moderna, eficiente y segura.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su conducto sometemos a consideración del honorable Congreso de la Unión iniciativa de reforma.

Único. Se reforman los artículos 2, 3, 4, 6, 6 Bis, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 78 y 81, y se adicionan 3 artículos transitorios de la Ley de Aeropuertos para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por

I. Aeródromo civil. Área definida de tierra o agua adecuada para el despegue, aterrizaje, acuatizaje o movimiento de aeronaves, con instalaciones o servicios mínimos para garantizar la seguridad de su operación. Los aeródromos civiles se clasifican en aeródromos de servicio al público y aeródromos de servicio particular;

II. Aeródromo de servicio al público. Aeródromo civil en el que existe la obligación de prestar servicios aeroportuarios y complementarios de manera general e indiscriminada a los usuarios. Los aeródromos de servicio al público incluyen, en los términos de la presente ley, a los aeropuertos, que son de servicio público y están sujetos a concesión, y a los aeródromos de servicio general, sujetos a permiso;

III. Aeródromo de servicio general. Aeródromo de servicio al público, distinto a los aeropuertos, destinado a la atención de las aeronaves, pasajeros, carga y correo del servicio de transporte aéreo no regular, así como del transporte privado comercial y privado no comercial;

IV. Aeródromo de servicio particular. Aeródromo civil destinado a los propios fines del permisionario, o a los de terceros con quienes libremente contrate;

V. Aeródromo internacional. Aeródromo de servicio al público declarado internacional por el Ejecutivo federal y habilitado, de conformidad con las disposiciones aplicables, con infraestructura, instalaciones y equipos adecuados para atender a las aeronaves, pasajeros, carga y correo del servicio de transporte aéreo internacional, y que cuenta con autoridades competentes;

VI. Aeropuerto. Aeródromo civil de servicio público, que cuenta con las instalaciones y servicios adecuados para la recepción y despacho de aeronaves, pasajeros, carga y correo del servicio de transporte aéreo regular, del no regular, así como del transporte privado comercial y privado no comercial. Únicamente los aeródromos civiles que tengan el carácter de aeropuerto podrán prestar servicio a las aeronaves de transporte aéreo regular;

VII. Administrador aeroportuario. Persona física designada por el concesionario o permisionario de un aeródromo civil, que tendrá a su cargo la coordinación de las actividades de administración y operación que se realicen dentro de éste;

VIII. Concesionario. Persona moral, titular de una concesión para administrar, operar, explotar y, en su caso, construir aeropuertos, que otorgue la Secretaría en términos de lo dispuesto por la presente ley y su reglamento;

IX. Permisionario. Persona física o moral, titular de un permiso para administrar, operar, explotar y, en su caso, construir aeródromos civiles distintos a los aeropuertos, que otorgue la Secretaría en términos de lo dispuesto por la presente ley y su reglamento;

X. Secretaría. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

XI. Servicios. Comprenden los aeroportuarios, complementarios y comerciales;

XII. Zona de protección. Espacio aéreo de dimensiones definidas, destinado a proteger los procedimientos de aproximación y salida de las aeronaves en los aeródromos civiles;

XIII. Comisión. La Comisión Federal de Aeropuertos;

XIV. La Junta de Gobierno o la Junta. A la Junta de Gobierno de la Comisión; y

XV. Presidente. Presidente de la Comisión.

Artículo 3. Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con la construcción, administración, operación y explotación de aeródromos civiles.

Corresponderá a los tribunales federales conocer de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley, sin perjuicio de que aquéllas que surjan entre particulares puedan someterse a arbitraje, de conformidad con las disposiciones aplicables.

En todo caso, las autoridades que conozcan de las controversias proveerán lo necesario para que no se interrumpa la prestación del servicio público de aeropuertos.

Los establecimientos de servicios comerciales a que se refiere el artículo 48 de la presente ley no deberán interferir con la operación del aeródromo, ni con la operación de los concesionarios, permisionarios u operadores del servicio de transporte aéreo.

Artículo 4. Los aeródromos civiles se rigen por lo previsto en la presente Ley, por los tratados internacionales y, a falta de disposición expresa, se aplicará:

I. La Ley de Vías Generales de Comunicación;
II. La Ley General de Bienes Nacionales;

III. La Ley de Aviación Civil;
IV. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

V. La Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

VI. Los Códigos de Comercio, Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la república en materia federal, y Federal de Procedimientos Civiles;

VII. La Ley Federal de Competencia Económica; y
VIII. La Ley de Seguridad Nacional.

Articulo 6. La secretaría como autoridad aeroportuaria tendrá las siguientes atribuciones, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la administración pública federal:

I. Planear, formular y establecer las políticas y programas para el desarrollo del sistema aeroportuario nacional, promoviendo la competencia y desarrollo de prestadores de servicios de acuerdo a las necesidades del país, así como propiciar la adecuada operación de la aviación civil, contando con la resolución favorable de la Comisión Federal de Aeropuertos;

II. Construir, administrar, operar y explotar aeródromos civiles y prestar los servicios, cuando así lo requiera el interés público;

III. Otorgar concesiones y permisos, así como autorizaciones en los términos de esta ley, verificar su cumplimiento y resolver, en su caso, su modificación, terminación o revocación, contando con la resolución favorable de la Comisión Federal de Aeropuertos y la opinión de la Comisión Federal de Competencia;

IV. Establecer las reglas de tránsito aéreo y las bases generales para la fijación de horarios de aterrizaje y despegue y las prioridades de turno de las aeronaves;

V. Fijar las bases para la prestación eficiente, competitiva y no discriminatoria de los servicios, así como las condiciones mínimas de operación con las que deberán contar los aeródromos civiles según su naturaleza y categorías, conforme a los parámetros fijados por la Comisión Federal de Aeropuertos;

VI. Establecer las normas oficiales mexicanas de seguridad en los aeródromos civiles y vigilar su cumplimiento;

VII. Disponer el cierre parcial o total de aeródromos civiles, cuando no reúnan las condiciones de seguridad para las operaciones aéreas;
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