Sector Aéreo Plaza Santa Bárbara, 5 7º 28004 Madrid






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Sector Aéreo

Plaza Santa Bárbara, 5 - 7º 28004 - Madrid




EL CONFLICTO DE LOS CONTROLADORES O EL ESPERPENTO NACIONAL DE UN GOBIERNO SIN TALENTO NI TALANTE

El pasado 3 de diciembre toda España se vio sorprendida por el cierre del espacio aéreo decretado por el Gobierno ante la imposibilidad de asegurar la prestación de dicho servicio público debido al PLANTE de los CONTROLADORES AEREOS, quienes sin previo aviso y sin importarles las consecuencias para miles de usuarios, decidieron unilateralmente abandonar sus puestos de trabajo.
Se escenifica así un choque de trenes entre el Gobierno y ese colectivo tratando cada una de las partes de evidenciar sus poderes sin que aparentemente les preocupara las inmediatas consecuencias que tendría tal demostración de fuerza.
Los hechos, sin pretender ser exhaustivos, son los siguientes:


  • Que el 31-12-2004 finalizó la vigencia del I Convenio

  • Que como se reconoce en el preámbulo de la Ley 9/2010 de 14 de abril donde se fijan determinadas condiciones para los controladores civiles de tránsito aéreo

    • Por Convenio Colectivo los controladores tan solo están obligados a realizar 1.200 horas de trabajo

    • La vía negociadora no resulta por sí suficiente para subvenir el cambio

    • Se procede a la modificación transitoria de ciertas condiciones laborales de los controladores

    • Tal modificación transitoria no resulta posible ni en el marco del Convenio Colectivo ni en el marco del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores




  • Que en dicha Ley 9/2010 se dispone que la jornada máxima necesaria es la media de las efectivamente realizadas por los controladores al servicio de AENA durante 2009 (incluido tiempo de descanso durante la jornada y las guardias localizadas y descontando la previsión de 80 horas extras anuales) será de 1.670 horas.

  • Que en base a la habilitación contenida en dicha ley, el Gobierno dicta el Real Decreto 1001/2010 de 5 de agosto donde se desarrollan las previsiones de la ley, estableciéndose en su artículo 5.3 que la Actividad Aeronáutica no supere las 1.670 horas sin perjuicio de las 80 extraordinarias.

  • En la Disposición Anual Única se precisa qué se considera tiempo de trabajo efectivo y qué tiempo de presencia no computable a efectos de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo.

  • Como consecuencia de que los controladores de determinados centros consideran que ya han realizado la jornada máxima, el Gobierno dicta el Real Decreto Ley 13/2010 de 3 de diciembre que en su Disposición Adicional 2ª dispone:

DISPOSICIÓN ADICIONAL 2ª Real Decreto 13/2010 de 3 de diciembre
Disposición adicional segunda. Actividad aeronáutica en el control del tránsito aéreo.
1. Los controladores al servicio de la entidad pública empresarial AENA, así como al servicio del resto de proveedores de servicio de tránsito aéreo, deberán ajustar su tiempo de actividad aeronáutica, descansos y turnos a lo establecido en el Real Decreto 1001/2010, de 5 de agosto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del citado Real Decreto 1001/2010, la actividad aeronáutica anual no excederá de 1.670 horas, sin perjuicio de la posibilidad de ser incrementada con horas extraordinarias hasta un máximo de 80 horas anuales. En el cómputo de este límite anual de actividad aeronáutica no se tendrán en cuenta otras actividades laborales de carácter no aeronáutico, tales como imaginarias y periodos de formación no computables como actividad aeronáutica, permisos sindicales, licencias y ausencias por incapacidad laboral. Estas actividades, al no afectar a los límites de seguridad aeronáutica, se tomarán en consideración exclusivamente a afectos laborales de conformidad con lo establecido en la disposición adicional única del Real Decreto 1001/2010.



  • Finalmente, dado que el colectivo de controladores, en un acto de prepotencia entra al trapo del Gobierno, con las consecuencias por todos conocidas, el Gobierno decreta su militarización mediante la Declaración del Estado de Alarma por Real Decreto 1673/2010 de 4 de diciembre, habiendo manifestado su voluntad de solicitar del Parlamento la posible prórroga.



NUESTRAS CONSIDERACIONES

1º.- El Gobierno está en la obligación de asegurar el adecuado funcionamiento del tráfico aéreo (*).
(*) En este sentido, la responsabilidad del mal funcionamiento de un servicio público esencial es atribuible al Gobierno sin perjuicio de la depuración de las conductas individuales en los órdenes disciplinario, civil o penal que pudieran producirse en el entorno de AENA.
2º.- Pero tal pretensión no puede ser “a cualquier precio” y menos retorciendo la letra y el espíritu de la ley.
3º.- Resulta evidente tal y como se reconoce en el preámbulo de la ley 9/2010 que las modificaciones introducidas vulneran el convenio colectivo, lo que deja en mal lugar el derecho a la Negociación Colectiva establecida en la Constitución. El autoritarismo de la medida recuerdan tiempos que considerábamos superados. Ni el Gobierno, que debe ser especialmente cuidadoso en el respeto a la ley, ni los controladores, están POR ENCIMA DE LA LEY en un Estado de Derecho.
4º.- Condenar la campaña de espolear los bajos instintos de la opinión pública, pretendiendo que en base al lógico cabreo, se justifiquen los errores cometidos por la Administración, localizándose exclusivamente en los cometidos por los controladores. En este desiderátum ha habido periodistas que han solicitado la eliminación – general - del derecho de huelga.
5º.- En el mismo sentido y como ya se apuntaba en la editorial de algún periódico, el propio presidente del Gobierno admitió en su comparecencia parlamentaria que el decreto de militarización estaba aprobado desde el viernes por la mañana, con lo que cabe deducir que las supuestas aclaraciones contenidas en la disposición adicional 2ª del R.D.L. 13/2010 de 3 de diciembre precipitarían el conflicto. ¿Dónde está el talante?
6º.- La falta de sensibilidad social que se deriva de las medidas adoptadas, ponen en cuestión, no solo el valor de la negociación colectiva, sino los propios derechos recogidos en la ley y que se pretenden desconocer para un colectivo concreto al grito de “privilegiados”, para justificar una medida que solo encubre la imprevisión del Gobierno cuando dictó el RD 1001/2010 de 5 de agosto. ¿Qué es eso de que en la jornada no computan las bajas laborales por incapacidad transitoria (enfermedad), licencias (maternidad, etc.) o permisos sindicales? ¿Es que resulta plausible construir un gueto donde no se aplican las leyes que rigen para el resto de los trabajadores? ¿Y quién garantiza que no se extenderán al resto de los sectores?. Porque el valor de las promesas de este Gobierno es nulo y menos desde que se cayó del caballo el pasado mes de mayo. Ya está bien de hacer el trabajo sucio ya sea a los nacionalistas o a los poderes económicos.
7º.- Rechazar la instrumentación del Ejército para resolver conflictos sociales. El papel constitucional de esta Institución es otro mucho más importante.
8º.- Finalmente mostrar nuestra preocupación por la declaración del Estado de Alarma y por ende la limitación de derechos constitucionales que se pueden derivar de tal declaración.
a.- Porque tal Declaración, por primera vez desde la Constitución de 1978, evidencia una deriva autoritaria, fruto de la debilidad de un Gobierno incapaz de resolver la crisis económica en la que se halla España.
b.- Porque la misma, solo puede avalarse desde un retorcimiento de la letra de la Ley Orgánica 4/1981 pues que sepamos, ni existía catástrofe, ni crisis sanitaria, ni situación de desabastecimiento.
c.- Porque como señalan prestigiosos juristas, del Estado de Alarma no puede derivarse la militarización de un colectivo, para lo que se requeriría la Declaración del Estado de Sitio.
En definitiva, quien predica pero no practica, no edifica. Este Gobierno que parece haber perdido el norte no puede pretender “matar moscas a cañonazos” so pretexto de la actuación prepotente del colectivo de controladores, cuando en el día a día evidencia su debilidad ante los poderes económicos, aunque en cierta manera logra su objetivo, porque al final no hemos hablado de la supresión del subsidio de 426 Euros a los desempleados de larga duración, cuando cientos de miles de nuestros compatriotas finalizan el cobro del subsidio de desempleo el próximo año.







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