Informe honorable Cámara de Diputados de la Nación






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2.- Afectar el derecho a la libre expresión y cercenar el derecho a la opinión científica.


También los cargos hablan de libertad académica y libertad de expresión. Creo que una sanción a un juez en modo alguno viola esas libertades, pues no le impiden dar clases, discutir el caso en cuestión en clase o de escribir un artículo sobre ese tema.

Por otra parte, me entero leyendo el descargo del Dr. Moliné que el Dr. Héctor Magariños publicó un artículo en La Ley 1999-D-661 que reproduce esencialmente su dictamen dado al organismo internacional con mucha anterioridad a la sanción y sin que haya originado sumario o penalización alguna. Es evidente que en el ámbito de la divulgación científica, la Corte reconoció a Magariños la más amplia libertad, porque su artículo no mereció reproche alguno. Si lo hubo cuando actuó en un juicio, a requerimiento del tribunal actuante, emitiendo un dictamen utilizado como medida de prueba en actitud claramente violatoria del art. 8°, inc. c), Reglamento para la Justicia Nacional. Si ello es así, no veo como la formulación de cargos pudo enrostrarle al Juez Moliné haber afectado la libertad de expresión o la libertad académica al sancionado. Mas allá de que seguimos con la idea de enjuiciar a los jueces por el contenido de sus decisiones. Mas bien, parece que aquí se confunde la prohibición de emitir opinión en un caso concreto que estaba tramitando contra el Estado Argentino con el derecho de una persona de escribir un artículo sobre un tema jurídico.

3.- Violar la independencia del Poder Judicial amedrentando a un juez a través de una sanción administrativa.


Finalmente se imputa al juez Moline el “violar la independencia del Poder Judicial amedrentando a un juez a través de una sanción administrativa”.

Entiendo que el hecho que se juzgue a un juez de la Corte por una decisión adoptada por la Corte Suprema como cabeza de Poder Judicial es una grave invasión a la independencia de poderes. Lo curioso es que ese es el cargo final que se enrostra al Dr. Moliné, cuando, como vengo expresando, es ésta Comisión de Juicio Político la que viola la independencia del Poder Judicial de la forma, con la finalidad y con el contenido de este juicio político y no lo contrario.

El argumento de los demandantes se autodestruye, porque si la aplicación de una sanción violara la independencia del Poder Judicial, deberían desaparecer todas ellas. Lo decisivo para la legitimidad de una sanción es si existe norma que la establezca una prohibición, y la respuesta es sí, conforme al citado art. 8°, inc. c) del Reglamento para la Justicia Nacional, que establece: “losmagistrados, funcionarios y empleados deberán observar una conducta irreprochable. Especialmente están obligados a: ... c) no evacuar, consultar ni dar asesoramiento en los casos de contienda judicial actual o posible. Lo que sí viola la independencia del Poder Judicial es que se pretenda remover a un juez por su opinión en las sentencias, como quiere la Comisión de Juicio Político en este caso, contra toda la doctrina constitucional, normas internas y tratados internacionales aplicables.

Por otra parte quedo suficientemente claro que el Dr. Magariños actuó con plena libertad cuando se expidió como profesor universitario y doctrinario al publicar un artículo jurídico sobre el mismo tema y que en modo alguno se amedrentó pues se presentó ante el Consejo de la Magistratura para atacar la decisión de la Corte Suprema.

IV.- Causa “Macri”:



Desde el principio no puede pasarse por alto que, no obstante que el fallo en que se sustenta el cargo fue dictado por un tribunal colegiado, sólo se intenta el juicio político contra uno de sus miembros, que ha sido elegido por la Comisión respondiendo vaya a saber a qué fines.

En el procedimiento no fueron incluidos los restantes integrantes de la Corte que firmaron en igual sentido que aquél que hoy es traído a juicio político, ni tampoco los tres jueces de la Cámara Nacional de Casación Penal que por unanimidad dictaron la única sentencia pronunciada en instancia extraordinaria que resolvió sobre el fondo de la materia ventilada en la causa, que fue aquella en la que se dictó auto de sobreseimiento respecto de los encausados y puso así fin a la causa a su respecto.

Si se sigue esa línea de razonamiento, a nadie debería escapar, lo que en definitiva se pretende es enjuiciar a un miembro de la Corte Suprema, elegido de manera arbitraria como víctima propiciatoria para dejar una vacante en el Alto Tribunal, en base al contenido de su sentencia.

Ello traduce un aspecto de por sí harto peligroso porque atenta contra la autonomía del Poder Judicial de la Nación ya que obrando de tal forma no sólo se amedrenta al resto de los magistrados inferiores con una velada amenaza futura según se pronuncien en sus fallos, sino que a la vez se desnaturaliza el principio republicano de la división de poderes puesto que, de esta manera la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Juicio Político, se auto erige en una suprema instancia revisora de las decisiones judiciales, por encima de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Corresponde analizar de manera puntual los cargos formulados:

1.- Obstruir el debido proceso legal respecto a la tarea de investigación por presunto contrabando llevada a cabo por el Juez Federal de Concepción del Uruguay en los autos “Macri, Francisco y Martínez, Raúl s/ presunto contrabando”.

A poco que se examinen las actuaciones que motivan el cargo no puede sino concluirse en la más absoluta falta de precisión en la formulación técnica del cargo, a la vez que la falsedad de la afirmación en él contenida.

En primer lugar, debe partirse de la premisa de que en los autos de referencia, la Corte Suprema ha dictado un fallo, en ejercicio de atribuciones constitucionales que le son propias, ceñido a los límites del recurso traído a su conocimiento, y se ha expedido con apoyatura en la legislación procesal que entendió aplicable al caso, siguiendo su reiterada línea jurisprudencial.

En la decisión que motiva el cargo nada dijo sobre el fondo, aspecto que fue resuelto por la Cámara Nacional de Casación Penal que, como se dijera, en manera alguna aparejó algún cuestionamiento a sus magistrados.

En ese fallo, dicho tribunal analizó debidamente las constancias de cada una de las causas involucradas, y con el debido desarrollo de las cuestiones que debía resolver, cita de profusa doctrina y jurisprudencia, y exponiendo argumentos sólidos y puntuales, por unanimidad revocó el fallo de la instancia anterior, al que se había arribado por mayoría, ya que uno de los tres jueces de la Cámara de Apelaciones había votado en disidencia. Todas estas cuestiones han sido puntualizadas en el escrito de descargo oportunamente presentado por la asistencia técnica del Dr. Moliné O’Connor.

Ahora bien, cabría pensar, mirando al futuro, que cada vez que culminara algún proceso por sentencia absolutoria, sobreseimiento, o más aún por alguna cuestión de nulidad, y de ello se derivara el apartamiento de los imputados de la posibilidad de continuarse con su juzgamiento, el juez será sometido a juicio político.

Las sentencias se traducen en un juicio de certeza a través del cual se dirime un pleito, o bien se absuelve o se condena a un imputado en una causa penal.

Bien, dicho fallo puede gustarle a algunos y a la vez no conformar a otros. Eso se verá reflejado en las revistas jurídicas, o boletines de esa clase, donde se comentan los fallos a través de opiniones doctrinarias.

En tanto y en cuanto a través de ese fallo no se incurra en delito –el caso que más lo patentiza es el prevaricato, figura contenida en el art. 248 del C. Penal por la que se reprime con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, al funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiera-, aquél será el exclusivo ámbito al que deben circunscribirse las opiniones sobre el fallo: como se dijera, el doctrinario y académico.

La Comisión no puede siquiera juzgar el acierto de una sentencia sin avasallar el ámbito exclusivo y excluyente de otro de los poderes.

Tampoco puede pasarse por alto que aún cuando se emita un juicio de certeza, en los fallos judiciales siempre se expresa una opinión del magistrado actuante, según su experiencia y conocimientos, en una cuestión por lo general opinable y que puede coincidir o no con la opinión doctrinaria y jurisprudencial predominante. Aún cuando difiriera, el mero hecho de que el fallo se hallara debidamente fundamentado en derecho pone a salvo a quien se expidiera de cualquier juicio político derivado de la opinión vertida.

Por traer algún ejemplo actual, el Dr. Eugenio Zaffaroni –de cuyas dotes de jurista nadie duda- ha visto una y otra vez revocados sus fallos por la Cámara de Alzada, donde exponía puntos de vista notablemente singulares y alejados de cualquier jurisprudencia sobre el caso, y ello no ha motivado ningún juicio político de esta Comisión que por entonces era competente para someterlo a juzgamiento. Bastaría recordar sus solitarias y extremas posturas acerca de los criterios excarcelatorios y de libertad condicional, su descalificación del instituto de la reincidencia no obstante estar expresamente contemplado en el C. Penal y aceptado por la jurisprudencia unánime, etc..

En definitiva, nada se ha obstruido con el fallo firmado por el Dr. Moliné O’Connor, hoy sometido a juzgamiento.

En efecto, la Corte Suprema a través de una opinión mayoritaria desechó un recurso del fiscal, del que ni siquiera se había hecho cargo el procurador general, en base a graves defectos formales, decisivos para su procedencia en la instancia extraordinaria.

Acaso para estar a salvo de un juicio político de esta Comisión debería fallarse aún en contra de la ley aplicable al caso y soslayando cualquier aspecto procesal, por la apertura de un recurso, o bien desechándolo, sólo para concitar el agrado de los señores legisladores.

Ese es el Poder Judicial independiente que se pretende para esta Nación, esa es la vía para la seguridad jurídica que tanto se reclama?. No parece ser así, sino todo lo contrario.
2.- Causar un grave perjuicio al estado Nacional que se vio privado de percibir los debidos tributos aduaneros y/o ejecutar las eventuales multas tributarias penales y/o decomisos.

Es falso que por vía del fallo de la Corte se haya inferido al Estado “..un grave perjuicio al Estado Nacional”. No se causó ninguno.

El pilar fundamental que motivó la conclusión de la causa “Macri”, según la sentencia dictada por la Cámara de Casación, fue que Macri pagó la totalidad de los tributos reclamados por el fisco.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14 de la ley 23.771 aplicable al caso, la acción penal por evasión fiscal se extingue si el imputado satisface íntegramente la pretensión fiscal, esto es la totalidad del impuesto que el fisco entiende se le adeuda, con todos sus accesorios (multas, recargos, etc.).

En el caso, Macri pagó íntegramente el impuesto con todos sus recargos, conforme con la liquidación que practicó la propia Administración Federal de Impuestos (AFIP), de manera unilateral, con lo que se extinguió la acción penal por pago total.

Los Tribunales así lo aceptaron, y en definitiva la Cámara de Casación –no la Corte- resolvió que tal pago total comprendía en sus alcances a la totalidad de las cuestiones investigadas en Capital Federal y en Concepción del Uruguay, por lo que mediaba cosa juzgada incluso respecto del expediente tramitado en esta última jurisdicción.

Sostuvo la Cámara de Casación que se trataba de un hecho único, tipificado como evasión fiscal, y que no mediaba contrabando porque no había mediado afectación del control de las mercaderías ingresadas en el país (no medió ocultación en los términos del código aduanero) , sino la pretensión de obtener, para las mercaderías ostensiblemente ingresadas, un tratamiento fiscal más favorable, lo que configura evasión sin que genere tributos aduaneros.

La Corte, conforme la jurisprudencia que siempre ha seguido en materia de cosa juzgada, desestimó el recurso extraordinario mediante la facultad que le ha conferido este Congreso conforme con el actual texto del artículo 280 del Código Procesal.

Por consiguiente, al abonarse íntegramente el impuesto con todos los accesorios previstos por la ley, conforme con la liquidación total practicada por el propio fisco, no ha mediado ni ha podido mediar perjuicio alguno para el Estado, contrariamente a lo que sostienen ligeramente los acusadores.

Tanto es así, en el sentido de que no hubo ni hay perjuicio fiscal, que el Fisco no se ha constituido como parte querellante, lo que acredita plenamente que no se siente perjudicado ni en una moneda.

Tampoco puede pasarse por alto una circunstancia que reviste una trascendental importancia: Macri estaba sometido a juzgamiento, en una causa que se hallaba en una etapa embrionaria. No mediaba sentencia, y el imputado estaba amparado por principio de inocencia, expresamente recogido por nuestra Constitución nacional y los tratados y pactos internacionales por ella recogidos. Por lo tanto, a esa altura de los procedimientos mal podía anticiparse que sería condenado y que además debería abonar al estado alguna suma por algún concepto derivado de una eventual condena.

Muy por el contrario, a esa altura, y de acuerdo con lo resuelto por la Cámara Nacional de Casación Penal nada debía pagar por los hechos materia de la causa ya que, como se dijera, había abonado de manera íntegra la pretensión que, de forma unilateral e incuestionable para la parte, había estipulado el representante del fisco.

De tal manera, el presente cargo, sólo aparece inspirado en una desafortunada expresión de algún integrante de la Comisión que no se detuvo en una detenida lectura de las actuaciones, o bien en una mera expresión de voluntarismo sobre algún pretendido resultado del juicio que de manera alguna podía inferirse a esa altura del procedimiento, y soslayando además que pago de lo debido había determinado la extinción de la pretensión fiscal a través de un fallo pasado en autoridad de cosa juzgada.



3.- Forzar la interpretación del principio de cosa juzgada, ya que no existía entre las causas identidad en los hechos, ni en los bienes jurídicos involucrados, ni en las pretensiones punitivas, requisitos para aplicar el aludido principio, beneficiando a un grupo económico.

Parece obvio volver a decir que la Corte no se pronunció sobre el fondo, esto es la existencia o no de la cosa juzgada.

Sí en cambio lo hizo la Cámara Nacional de Casación Penal, a través de un pronunciamiento por el cual se resuelve la cuestión en favor de Macri y Martínez.

En el fallo se analizó la cosa juzgada como garantía esencial y pilar sobre el que se asienta la seguridad jurídica.

Así fue que, partiendo de la separación de la causa originaria en tres fragmentos –uno de los cuales fue aquella causa que hoy genera el cargo-, mediante un serio y meduloso análisis –basta con leer la sentencia con detenimiento para así entenderlo con absoluta claridad-, se determinó la coexistencia de las tres identidades que llevan a la aplicación del principio ne bis in idem,.

Se concluyó entonces en que, efectivamente, en la causa por la que se pretendía continuar la investigación –aquella tramitada ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y en la que la defensa planteó la excepción de cosa juzgada que culminó en el fallo de la Corte que hoy pretende cuestionarse-, se investigaba el mismo hecho por el que mediaba una resolución liberatoria pasada en autoridad de cosa juzgada, pero que erróneamente se lo consideraba como otro diferente por la mera circunstancia de que, ahora, se lo pretendía encuadrar en otra figura legal, soslayando de manera indebida que el análisis debía ceñirse, de manera exclusiva y excluyente, al objeto procesal concreto, esto es, el acontecimiento histórico efectivamente sucedido, apreciado desde su materialidad.

Así, a través de del procedimiento de “supresión mental”, el tribunal confrontó los hechos por los que se dictara auto de sobreseimiento ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 y ante el Juzgado en lo Penal Económico N° 6, y determinó que los hechos comprendidos en tales sentencias abarcaban la operatoria total llevada a cabo por los imputados Macri y Martínez durante los años 1992 y 1993 relativa a la importación de automóviles, así como también que quedaban comprendidas tanto las finalidades de carácter tributario cuanto aquellas de carácter aduanero que se les imputaban y que, consecuentemente, los hechos que aparecían como objeto procesal en la causa del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay no eran más que una porción de ese factum total, que aparece como un hecho complejo, aunque único, constitutivo de un delito continuado y de un concurso aparente, que fuera sobreseído en su totalidad, de lo que se deriva la más absoluta imposibilidad de que “... sus diversos fragmentos pudieran ser nuevamente juzgados, puesto que irremediablemente a todos les ha caído el peso de la cosa juzgada ... bajo la lupa del derecho tributario tanto como del aduanero...” (Considerando VI del fallo aludido).

Entonces se dijo en el fallo que el hecho endilgado a los inculpados Macri y Martínez constituía un único hecho que se insertaba en las previsiones de las leyes penales en juego a título de concurso ideal (art. 54 del C. Penal) y no, por el contrario a título de concurso real (art. 55 del C. Penal).

Siendo así, debió haber sido juzgado íntegra y completamente por los tribunales en lo penal económico de esta ciudad, quienes gozan de competencia específica para ello, tanto tributaria como aduanera, para agotar así la investigación de ese único evento en todo su espectro jurídico penal, ante los cuales tampoco podría haberse llevado una persecución derivada de una diferente imputación –atendiendo a un distinto encuadre jurídico- originada en un mismo y único hecho, apreciado en el sentido de su materialidad, resultando irrelevante la circunstancia de por cuál de las aduanas ingresaron los automóviles al país.

También se descartó otro de los elementos tenidos en cuenta por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná: la mera circunstancia de que aparecieran nuevos involucrados en las maniobras en nada enervaba la cosa juzgada respecto de aquellos por los que se dictara sobreseimiento, sino que el único efecto de ello es que a estos nuevos no los alcanzaría.

Finalmente, y con el fin de agotar el serio y meduloso análisis desarrollado en el fallo de la Cámara de Casación, aún cuando ya se había anticipado la existencia de cosa juzgada, se analizó si –de todos modos- aquellos hechos ya juzgados podrían encuadrarse en alguna de las figuras del contrabando.

También cualquier eventual inclusión en esos tipos legales atendiendo a que no toda declaración aduanera falsa se convierte en el delito de contrabando en tanto mediante ella no se afecten las funciones que integran el tipo penal de la figura base (artículo 863 del Código Aduanero). En efecto, sólo constituyen tal delito aquellas estrictamente inherentes a la función específica de las Aduanas que la ley intenta proteger. De tal modo, aún cuando no hubieran sido auténticas las declaraciones realizadas en el “despacho de confianza”, que debe ser veraz, ello no supone que por sí que se castigue el hecho a título de delito de contrabando en tanto con tal acción no se produjo efecto aduanero alguno, teniendo la maniobra endilgada a Macri y Martínez, en su completitividad, tan sólo incidencia sobre el pago del anticipo del Impuesto a las Ganancias y el pago del Impuesto al Valor Agregado; no de impuestos aduaneros.

Como consecuencia de ello, y no señalándose luego de una profusa investigación otras falsedades o simulaciones, ni el uso de vías no habilitadas o desviaciones de ruta, certificados de importación con beneficios arancelarios falaces, ocultación o disimulación de mercadería, autorizaciones especiales, licencias arancelarias espurias, u otras acciones que impidieran o dificultaran el control de las aduanas, el tribunal entendió que la resolución materia del recurso casatorio “... configura una clara vulneración de la garantía del ‘ne bis in idem’...”, e hizo lugar al recurso de la especialidad, revocó el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, provincia de Entre Ríos, y sobreseyó a Francisco Macri y a Raúl Martínez por el hecho que se les imputaba.

Todas estos contundentes argumentos no han sido desvirtuados por el cargo formulado, que se limita a una afirmación dogmática, que no deriva de análisis alguno y se traduce en una inversión de la carga de la prueba, esto es, que quien aparece como sujeto pasivo del cargo debería demostrar no sólo su inocencia sino además el acierto de una resolución que no se ataca en sus fundamentos y respecto de la cual no ha tenido oportunidad de pronunciarse siquiera como juez en ejercicio de su función habitual, habida cuenta de los defectos formales de que adolecía el recurso extraordinario intentado por la fiscalía.

La Corte, dictó el fallo en el que hoy se fundamenta el cargo dirigido al Dr. Moliné O’Connor, a través de un acto funcional, ceñido a la competencia acotada del recurso, y siguiendo la línea tradicional de los precedentes en la materia.

El pronunciamiento se limitó a desestimar la queja mediante la fórmula contemplada en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, declarando así que el tema que se pretendía traer a conocimiento de la Corte mediante un recurso de hecho no era de su competencia por no existir cuestión federal alguna ni mediar arbitrariedad en el pronunciamiento cuestionado, en el que se decidían cuestiones de hecho y de derecho común, mediante un fallo que, más allá de su acierto o error –sobre el cual no correspondía avanzar- resolvía las cuestiones con fundamentos suficientes de tal naturaleza.

En resumen, la Corte declaró simplemente que no se reunían los recaudos para abrir la vía del recurso extraordinario del artículo 14 de la ley 48, y dejó subsistente el fundadísimo fallo de la Cámara de Casación, que ha merecido el elogio de la doctrina por su acierto.

Se desvirtúa, también, el demagógico argumento del perjuicio causado al fisco, porque está perfectamente acreditado que el contribuyente satisfizo la totalidad de la pretensión fiscal, y abonó la suma que liquidó la AFIP como correspondiente al impuesto adeudado más intereses, recargos, etc., sin que quedara pendiente importe alguno, desde que no se constituyó en parte querellante, como dice la defensa.

CONCLUSION



La propia Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, el pasado 24 de julio emitió un comunicado que fue recogido por la totalidad de los medios de difusión.

En él se ponía de manifiesto que el presente juicio debía “... sujetarse a las pautas de justicia y prudencia...”, y que no debía incluirse en la causal de remoción por mal desempeño cualquier circunstancia derivada de alguna opinión de los magistrados en causas judiciales, aún cuando pudiera contradecir alguna opinión doctrinaria o precedente jurisprudencial ya que fundamentar en cargo a partir de tales extremos, que resultan resultar discutibles, implica afectar la independencia de los jueces”.

Esta debe ser la declaración de esta Comisión: que no deben prosperar los cargos, porque resulta inconstitucional desplazar a los jueces de sus funciones por el contenido de las sentencias al afectar el principio de la separación de los poderes; sin perjuicio de haber establecido en la exposición precedente el ajuste de las sentencias cuestionadas a la Constitución y a la ley, como un ejercicio académico impropio del juicio político.
Dijo el historiador David Rock: “La falta de una verdadera conciencia institucional representa el más terrible de los enemigos que este país debe aún afrontar y vencer. La Argentina se ha equipado con los mejores instrumentos jurídicos y legales del mundo moderno y democrático, pero los ha adoptado sólo en su forma, y permanecerán vacíos de contenido hasta tanto no queden enraizados en el corazón de sus habitantes. Sólo cuando esto último suceda, sólo cuando finalmente se comprenda la fuerza de la Constitución y la inviolabilidad de las Instituciones por ella creadas, esta conciencia será la sangre que corra por las venas de estos preceptos hoy avasallados, dando al mundo garantía de una Nación...”

Y esto habrá de suceder porque no hay nada que no llegue con el tiempo.

Hasta entonces habrá que seguir nadando en un mar de injusticias y humillaciones.

Hasta entonces habrá que seguir resguardando incansablemente los derechos frente a quienes reiteradamente los desconocen y los violan.

Hasta entonces.

Sabiendo que la historia y la verdad jamás han callado. Sabiendo que la historia y la verdad jamás callarán.


Juan Carlos López
Diputado de la Nación



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