Informe honorable Cámara de Diputados de la Nación






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III.- Causa “MAGARIÑOS” (Exptes. D-3040-03, D 2503-03 y D-2645-03)


La Comisión de Juicio Político formula el siguiente cargo:

  1. Arrogarse facultades constitucionalmente asignadas al Consejo de la Magistratura al aplicar sanciones disciplinarias a un magistrado judicial.

  2. Afectar el derecho a la libre expresión.

  3. Cercenar el derecho a la opinión científica.

  4. Violar la independencia del Poder Judicial amedrentando a un juez a través de una sanción administrativa.


1.- Arrogarse facultades constitucionalmente asignadas al Consejo de la Magistratura al aplicar sanciones disciplinarias a un magistrado judicial.


Entiendo que el hecho que se juzgue a un juez de la Corte por una decisión adoptada por la Corte Suprema como cabeza de Poder Judicial es una grave invasión a la independencia de poderes. Lo curioso es que ese es el cargo final que se enrostra al Dr. Moliné, cuando, como vengo expresando, es esta Comisión de Juicio Político la que viola la independencia del Poder Judicial de la forma, con la finalidad y con el contenido de este juicio político.

En el caso Magariños, una mayoría de seis miembros de la Corte Suprema impuso una sanción consistente en el descuento por un mes del 30% del sueldo del juez sancionado. La sanción tuvo como fundamento el hecho de que el juez había emitido opinión –a pedido de la Defensoría General- en un caso que se sustanciaba por ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado Nacional era demandado por considerar el actor que éste había violado ciertas garantías.

La mayoría de la Corte Suprema de Justicia, por el voto de los jueces Julio Nazareno, Augusto Belluscio, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O´Connor y Guillermo López –es decir seis jueces-, con la disidencia de los ministros Enrique Petracchi y Gustavo Bossert, dictó la Resolución Nº 59/02.

La minoría, disiente sobre la sanción porque consideró que la conducta del juez Héctor Magariños no es merecedora de reproche administrativo alguno. En su disidencia el Juez Petracchi defiende la actuación de los funcionarios públicos de la Defensoría Oficial que llevaron el caso y la de Magariños, que a su entender, había actuado como Profesor de Derecho y no como Juez.

Hay que notar que incluso la disidencia en el caso “Magariños” entra a analizar el fondo del asunto, esto es, si procedía o no la sanción. Con ello Bossert y Petracchi implícitamente están aceptando que la Corte tiene competencia para juzgar a Magariños. Si incluso el juez disidente en el caso Magariños no formuló planteos sobre competencia alguna es porque implícitamente lo aceptaban, -pues como es sabido la competencia es lo primero que un juez examina antes de adentrarse en la materia del expediente- y lo curioso es que a éstos no se le enrostra nada, sino solo a quienes firmaron por la mayoría.

Este tema es muy técnico y esta reglamentado por acordadas, leyes y resoluciones que paso a explicar seguidamente.

El problema se suscita porque el Consejo tiene competencia disciplinaria por disposición constitucional, pero la Constitución Nacional no dice que esta competencia sea exclusiva de ese órgano. Existen numerosos casos en los que la Constitución Nacional enuncia competencias para un órgano que no implican exclusividad. Tal el caso de la intervención federal, la declaración del estado de sitio y la convocatoria al Congreso para sesiones de prórroga o extraordinarias. En el caso concreto, resulta innecesario que el texto supremo asevere en forma expresa tal facultad respecto de la Corte Suprema, porque ésta las tiene como cabeza del Poder Judicial Federal (art. 108 C.N.).

La Corte Suprema conserva incólume la jefatura del Poder Judicial y esto lo asevera calificada doctrina antes y después de la reforma de la ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura (ver por citar algunos a Bidart Campos, Germán, Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, tomo VI, Ediar, pag. 502 y Gelli, Maria Angélica, Constitución de la Nación Argentina, comentada, La Ley, Pág. 686).

Es mas, en resguardo del carácter supremo del tribunal, en el debate parlamentario de la ley 24.937 se decidió suprimir de su artículo 1° del proyecto de ley la frase referida al ejercicio “exclusivo y excluyente” de la competencia atribuida por el art. 114 de la Constitución nacional al Consejo de la Magistratura. Si leen el artículo primero, esas palabras ya no están. El miembro informante del despacho de la mayoría, senador Yoma (como veremos mas adelante, es importante que sea este senador quien sostiene esto), justificó la supresión en la necesidad de “preservar el equilibrio de los poderes del Estado, la función jurisdiccional de la Corte misma como cabeza del Poder Judicial de la Nación (...pues...) de ninguna manera el constituyente quiso cambiar esa realidad de derecho”. Coincidiendo con ese criterio, el Senador Villarroel sostuvo que del mismo proyecto de ley surgían facultades que no eran exclusivas ni excluyentes del Consejo, por ejemplo, las disciplinarias (Antecedentes Parlamentarios, año 1998, No. 3, La Ley, Buenos Aires, 1998, Pág. 444, No. 22 y Pág. 469, no 118, respectivamente).

Es decir, como concluye Gelli, el propio congreso, al reglamentar las competencias constitucionales del Consejo, desechó calificarlas de exclusivas (Gelli, ob cit, Pág. 686).

Entonces, si este Congreso así lo consideró, pues ello surge del texto de la ley y del debate parlamentario no podemos sostener lo contrario. Estamos en directa contradicción con nuestras propias palabras y la finalidad legislativa.

Añado que la ley 24.937 expresamente y sobreabundantemente al asignarle facultades de superintendencia a la Corte en su artículo 30 señala: “[...] Las facultades concernientes a la superintendencia general sobre los distintos órganos judiciales continuarán siendo ejercidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las cámaras nacionales de apelación, según lo dispuesto en las normas legales y reglamentarias vigentes”.

Y por último, la misma ley que venimos citando le asigna a la Corte Suprema de Justicia de la Nación competencia recursiva respecto de las sanciones disciplinarias. Recientemente, el Consejo de la Magistratura sancionó al Juez Nespral y éste apeló por avocación a la Corte Suprema. Se trata de un claro ejemplo de las potestades que tiene la Corte Suprema para revisar lo decidido por el Consejo de la Magistratura. De allí fácilmente se deduce que quien tiene competencias recursivas y originarias puede sancionar al juez.

Explica la defensa que la existencia de zonas grises para delimitar el ámbito del poder disciplinario de la Corte y del Consejo de la Magistratura determinó, el 17 de noviembre de 1998, por el voto de todos los ministros de la Corte, la emisión de la Acordada N° 52/98. En su punto 4° estableció: “Que la aplicación de sanciones motivadas por hechos acaecidos después de la instalación del Consejo de la Magistratura corresponde, en cambio, a las facultades concurrentes de los mencionados tribunales y de dicho Consejo, por lo que las actuaciones destinadas a la investigación de faltas cometidas por los magistrados podrán tramitarse indistintamente ante aquellos y éste” (Fallos C.S. 321:2673). La Acordada fue firmada por todos los jueces de la Corte, cosa que subrayo nuevamente porque ello demuestra que en esto no existían diferencias ni opiniones encontradas.

Entonces agrego yo, si existen ciertas zonas grises en esta materia ¿podemos nosotros entonces terciar en estas diferencias y decidir por uno o por otro? Creo que no podemos hacerlo sin invadir claramente esferas reservadas a otro poder.

Ahora bien, la Corte consideró que las facultades disciplinarias del Consejo de la Magistratura eran concurrentes con las suyas. Y ello se corroboró cuando el Consejo de la Magistratura emitió la Resolución N° 123/99, en la cual destacó: “Que de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la ley 24.937, es competencia de este Consejo de la Magistratura la aplicación de sanciones disciplinarias a los magistrados. Sin embargo, dicha competencia no se extiende a las sanciones que, de acuerdo con lo dispuesto por los respectivos ordenamientos procesales, pueden aplicar los tribunales superiores a los jueces, cuando se trata de facultades anexas al ejercicio de la función jurisdiccional, y no de atribuciones de superintendencia, que tienen por objeto dirigir los procesos y mantener el buen orden y decoro en los juicios…”. Añadió que, “En tales condiciones, y no obstante lo expuesto en relación a los límites impuestos legalmente a las facultades disciplinarias previstas en el artículo 14 de la ley 24.937, corresponde remitir estas actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dado el conflicto suscitado entre los tribunales federales…., sobre los cuales ejerce funciones de superintendencia general con fundamento en la más eficiente administración del servicio de justicia”.

Como bien explicó la defensa, “La Resolución N° 123/99 del Consejo de la Magistratura, la Acordada N° 52/98 y el carácter de intérprete final de la Constitución que reviste, en forma excluyente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las actuaciones ventiladas en el caso “Magariños” son válidas y ajustadas a derecho, sin que puedan ser cuestionadas ni evaluadas por un órgano, como lo es el legislativo, que está desprovisto de aquella potestad interpretativa. Por otra parte, y cualquiera que sea la competencia que se le atribuya al Consejo de la Magistratura sobre esta materia, sus sanciones disciplinarias siempre pueden ser revisadas por la Corte Suprema de Justicia”.

Y sigue diciendo la defensa

“Cabe destacar que, en diversas oportunidades, la Corte Suprema de Justicia ejerció su potestad disciplinaria respecto de magistrados judiciales: Resolución 26/99 del 30 de junio de 1999 en el caso “Urso, Jorge Alejandro s/ presentación”; Resolución 51/99 del 19 de octubre de 1999 en el caso “Intervención dispuesta en Exptes. 27/99, 98/99 y 139/99 S.G. del C.M.”; Resolución 1/00 del 3 de febrero de 2000 en el caso “Cámara Nacional de Apelación en lo Civil s/ relevamiento en Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 43”; Resolución 31/00 del 25 de abril de 2000 en el caso “Cámara Nacional de Casación Penal s/ eleva actuaciones”; Resolución 33/00 del 4 de mayo de 2000 en el caso “Justicia Nacional del Trabajo s/ relevamiento”; Resolución 21/01 del 3 de abril de 2001 en el caso “Leoni de Capozzi, Gladys Nilda s/ avocación (apercibimiento)”; y Resolución N° 36/02 del 21 de mayo de 2002 en el caso “Actuación por publicación en carta de lectores en diario Clarín de fecha 25/8/98” y S. 10-24700/98, “Robbio, Mario s/ Avocación – causa N° 737”, del 21-12-99 (Fallos C.S. 322-3289), entre otros. En todas estas resoluciones, la Corte Suprema de Justicia entendió que estaba habilitada para ejercer las facultades disciplinarias concurrentes con aquellas atribuidas por el constituyente al Consejo de la Magistratura que, por otra parte, admitió la existencia de esa situación al dictar la Resolución 123/99”.

Me pregunto si los miembros de la comisión de juicio político han leído todas estas decisiones de la Corte, y si las han comparado con la presente, y qué conclusiones pueden sacar al respecto. ¿qué pasó con todos estos años, que nada se hizo al respecto? ¿cómo es posible que un buen día todos se preocupen por el funcionamiento de cuestiones internas del Poder Judicial, sobre distribución de competencias entre dos órganos supremos del poder judicial?

Un buen día, hace menos de un mes, el propio Consejo de la Magistratura (que había reconocido la existencia de facultades concurrentes), con una nueva composición, decidió lo contrario con fecha 1° de julio de 2003.

Esta nueva interpretación efectuada por el Consejo, que es posterior al pronunciamiento de la Corte, estuvo dirigida con una claro fin político y carece de todo valor administrativo o jurisprudencial. Es que me cuesta entender cómo el Consejo de la Magistratura decidió por mayoría, el 1° de julio de 2003, que el Dr. Magariños no cometió falta alguna y que la Corte no tiene atribuciones para aplicar sanciones disciplinarias a los jueces en los términos del art. 114 de la Constitución Nacional cuando todas las decisiones anteriores eran contrarias a su parecer.

Quiero aclarar que dictaminaron en disidencia los consejeros jueces Dres. Abel Cornejo y Bindo Caviglione Fraga.

Mi estupor se transforma en comprensión cuando leo el debate, transcripto parcialmente por la defensa del Juez Moliné. Allí es posible leer que “el Senador Yoma sostuvo en el debate ocurrido el 1° de julio de 2003, cuando mi representado ya estaba siendo acusado, que “…no se nos puede escapar y creo que este es un buen momento para resolver este tema ¿Por qué? Porque es público y notorio, es manifiesto, que este tema está siendo motivo de análisis en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, con lo cual es mejor resolverlo cuando no tiene nombre y apellido a cuando lo tiene. Sobre un magistrado que está siendo sometido por este tema que el Consejo debe resolverlo o no. ¿Por qué digo esto? Porque si se resuelve por lo que sostienen Cornejo y Caviglione, evidentemente, uno de los principales elementos que está analizando el otro poder del Estado se cae. Esto es así. Creo que es necesario resolverlo. Si este Consejo tiene o no facultades disciplinarias, si las ejerce o son compartidas con la Corte Suprema […] además ya estamos próximos a que haya un receso –por la feria judicial-, con lo cual lo mas seguro es que esto puede llegar a pasar” (Consejo de la Magistratura, Plenario, versión estenográfica de la reunión del 1° de julio de 2003, pág. 46)”.

Recuerdo que este mismo Senador, como miembro informante en el debate parlamentario de la ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura sostuvo justamente lo contrario –lo he citado mas arriba-, es decir, que la Corte sigue siendo la cabeza del Poder Judicial y por ende, del mismo debate parlamentario surge que tiene facultades concurrentes con el Consejo, y que las facultades del Consejo no son excluyentes, incluso en temas sancionatorios. En ello concurre importante doctrina constitucional.

Me queda claro, luego de leer el debate, que para los miembros del Consejo de la Magistratura el “tema no estaba resuelto”. Esta fue la primera vez que el Consejo de la Magistratura se pronunciaba en forma tan tajante, pero está claro que ello –vuelvo a mi tesis principal- origina un conflicto interno de poderes al que el Legislativo es totalmente ajeno y que por ello mucho menos puede ser fundamento de acusación en un juicio político.

Además hay que resaltar que las consideraciones del Consejo se basaron en la disidencia de los Dres. Petracchi y Bossert en la Resolución 26/99 de la Corte Suprema. Son sólo disidencias, y el Consejo no puede desconocer una decisión de la Corte ya que no puede avocarse como órgano inferior que es, a lo que resolvió la Corte Suprema como órgano superior.

Estas disidencias demuestran que la cuestión era opinable, incluso en la mente de los propios magistrados disidentes que primero firmaron una cosa y luego otra (Petracchi y Bossert en la Acordada mencionada aceptan la posibilidad de facultades concurrentes).

Nótese que ni siquiera la minoría en la resolución de sanción a Magariños cuestiona la competencia de la Corte Suprema (como vimos, la acepta implícitamente al sostener la improcedencia de sancionar a Magariños por lo que había hecho). He podido leer además en el descargo del Dr. Moliné que ni siquiera el mismo Magariños la cuestionó inicialmente en el expediente sancionatorio de la Corte (lo hizo después, tardíamente, ante el Concejo de la Magistratura y como veremos provocando una decisión del Consejo no exenta de intereses políticos). Pero ahora el Consejo sorpresivamente da vueltas sobre sus propios pasos y sostiene lo contrario ¿es una casualidad que justo esta sea uno de los motivos del juicio político?: NO.

Entonces con esta decisión, nosotros nos estamos arrogando facultades de revisión de lo decidido por la Corte, que es una sanción a un magistrado, ni siquiera una sentencia judicial, pues allí la Corte actúa como cabeza del Poder Judicial y ejerce sus potestades o facultades internas. No se trata de una cuestión opinable, era así porque ni siquiera los ministros disidentes lo cuestionaron.
Me parece claro que en este caso, no podemos entrometernos en algo interno del Poder Judicial, que incluso se trata de un conflicto interno a ese poder, pues si se lee la Constitución se podrá apreciar que nuestra carta magna, en la segunda parte, al hablar de Autoridades de la Nación contiene cuatro secciones (para el Poder ejecutivo, el legislativo, el Judicial y el Ministerio Público) y dentro del Poder Judicial existen dos capítulos: uno referido a la naturaleza y duración y otro referido a sus atribuciones. Pero dentro de la sección tercera la Constitución de 1994 se refiere tanto a la Corte Suprema como al Consejo de la Magistratura. Esta claro, con solo leer el índice de la Constitución que ambos integran el Poder Judicial y que por ende lo que sucede entre estos dos entes es un claro conflicto interno, ajeno al Poder Legislativo y mucho mas a esta Comisión de Juicio Político.

Digo esto con solo leer el índice de la Constitución y su estructura en partes, secciones y capítulos. Nosotros, como Poder Legislativo no nos corresponde entrometernos en semejante conflicto interpretativo de facultades. Entrar al mismo y tomar partido por alguno de los dos órganos es una clara lesión a la independencia de poderes, mas aun cuando se lo usa como causal para el juicio político.

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