Informe honorable Cámara de Diputados de la Nación






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6.- Cargo: espuria motivación del voto.-


Por último, en cuanto a los ocultos intereses que habrían motivado a la Corte o al Dr. Moliné O´Connor, no se han precisado cuáles son los hechos concretos que podrían justificar tamaña acusación - naturalmente porque no existen- cuando como se ha visto, todo el procedimiento cumplido ante la Corte se ha ajustado a la más pura doctrina vigente en materia de recurso extraordinario. Si se quieren inferir las oscuras motivaciones de la cifra de $ 400.000.000, ese importe fue determinado por el Ministerio de Economía a principios del año 2003, esto es, con posterioridad a la sentencia dictada el 5 de noviembre de 2002, sin que ese fallo de la Corte haya comprendido en sus alcances elemento alguno que permita llegar a aquella cantidad ni a ninguna otra. Reitero que la irregularidad del procedimiento, ni el monto de lo que pueda adeudarse a Meller, fueron parte de la decisión de la Corte. Me remito también a lo expresado más arriba en los puntos 2 y 7.

7.- Cargo: “...haber legitimado un proceso administrativo fraudulento...”


Se acusa al Dr. Moliné O’Connor de “haber legitimado un proceso administrativo fraudulento”, cargo que demuestra un absoluto desconocimiento de nociones elementales de derecho administrativo.

Por supuesto, de mediar dolo, fraude, etc., el afectado en la causa, sea el Estado, sea el particular, tendrán siempre la vía abierta (dentro del plazo de la prescripción) para cuestionar la cosa juzgada –en ese caso sería írrita- del fallo del Tribunal Arbitral de Obras Públicas, pero en este caso, como uniforme doctrina lo expresa, solamente por la vía judicial de la acción de lesividad, planteada ante el Juzgado Federal competente de primera instancia, en la cual con amplio debate se podrán investigar todos los hechos, incluso la antijuridicidad del procedimiento.

Pero hasta el menos avisado jurista sabe que esta acción es una acción autónoma, y que aún se halla abierta en este caso, porque a la Corte no le fue planteado el fraude en el procedimiento, y menos aún se cuestionó la suma que ENTEL ordenó pagar en 1996: $28.942.839,81. Por consiguiente, el fallo de la Corte no comprende en sus alcances decisión alguna sobre estos temas, que se hallan abiertos a cualquier impugnación judicial.

Obsérvense las cuestiones planteadas ante el Tribunal Arbitral de Obras Públicas y resueltas por éste, y los agravios expresados ante la Corte. En estos el Estado no desenvuelve, de ningún modo y menos con la extensión y autonomía necesarios para habilitar la jurisdicción extraordinaria si mediaba fraude o si las sumas que en 1996 se mandaban pagar estaban mal calculadas, y en tal caso, desarrollando con toda precisión la cita de las fojas y actuaciones que demostrarían el fraude y los errores de cálculo en que se habría incurrido al fijar la deuda, también con cita de las actuaciones que acreditarían los errores matemáticos respectivos, expresando las cifras correctas. Nada de esto hay en el recurso, por lo que incursionar en tales cuestiones, hubiera implicado un exceso de jurisdicción; además, hubiera cerrado definitivamente al Estado la posibilidad de impugnar el acto administrativo (determinación de la suma adeudada, fraude en el procedimiento), con fuerza de cosa juzgada. Lo que no ha pasado, y habilita al Estado a discutir los vicios –hasta hoy supuestos- de la pretensión de Meller, como bien señala la defensa.

Sólo se debatió se había cumplido o no la condición a la que se había subordinado el pago de la suma de $28.942.839,81, según resolución de ENTEL del 1996, el dictamen de dos juristas, que se expidieron en el sentido de que procedía el pago.

Este fue el único ámbito jurisdiccional tanto del Tribunal Arbitral de Obras Públicas como a la Corte Suprema, aún en el caso (inconstitucional) de que le correspondiera intervenir.

Es por ello que (además de no tener jurisdicción, por lo que no podía decidir nada) la Corte no dijo nada al respecto, y por ello, la cosa juzgada no se extiende ni al procedimiento (que se califica de fraudulento) ni a la suma que ENTEL mandó pagar en 1996.

Tanto es así, que el Estado Nacional, haciendo uso de las facultades impugnatorias de que disponía, interpuso la excepción de falsedad de la ejecutoria ante la pretensión de Meller de cobrar la suma que fue determinada por el Ministerio de Economía con posterioridad al fallo de la Corte Suprema (ver escrito de fs. 178/207, causa “Meller S.A. – Meller Comunicaciones S.A.- UTE c/ PEN-Ley 25.561 Dto. 1570/01 214/02 (Caja Valores) s/ proceso de conocimiento – ley 25.561”, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso administrativo Federal N° 2, Secretaría N° 3, planteo que se encuentra a consideración de su titular).

Nada se ha legitimado porque la decisión de la Corte no tiene efectos de cosa juzgada sobre la regularidad del procedimiento como ha quedado clarísimamente demostrado, y los vicios, si existen, podrán ser materia de demanda, prueba y sentencia por vía de la acción de lesividad, o por la vía de la excepción de falsedad de la ejecutoria en la ejecución del laudo arbitral, donde Meller la intenta.

Lo expuesto demuestra precisamente que ni la Corte, ni el Dr. Moliné O´Connor, han legitimado procedimiento alguno, ni tolerado el pago de ningún monto con sus decisiones. Si ha mediado alguna irregularidad en el procedimiento o en la fijación de la suma a que se alude en el cargo, ésta ha sido establecida en el Ministerio de Economía, luego de la sentencia de la Corte, sin que esta contenga elemento alguno que brinde fundamento al importe enorme acerca del cual se quiere imputar responsabilidad a la Corte o al Dr. Moliné O´Connor. Mal podía expedirse la Corte sobre un importe que fue fijado con posterioridad a su fallo (la suma de “centenares de millones”, inexistente en ese entonces).

Como corolario final, resultan ilustrativas las palabras recordadas por un constitucionalista (Dr. Alberto Bianchi) en el diario “la Nación” del 24 de Julio de 2003: “Dadme seis líneas escritas por el más honesto de los hombres y encontraré algo en ellas para colgarlo” (Richelieu).

Los cargos formulados con relación a la causa “Meller”, evidencian una vez más, lo arbitrario de todo este pretendido “procedimiento de juicio político”. Se trata de falsas acusaciones respecto del contenido del voto que emitió el Dr. Moliné O´Connor en fecha 5 de noviembre de 2002, junto con el ministro Guillermo López, en los autos caratulados “Meller Comunicaciones S.A. UTE c/ Empresa Nacional de Telecomunicaciones”.

Esos cargos demuestran, a la vez, y lo que es más grave, la intención de la mayoría de los diputados de interferir en la órbita del Poder Judicial aprobando o desaprobando sus fallos, lo que, en nuestro sistema constitucional resulta absolutamente inaceptable. Ello, debido a que lo que se encuentra en juego no es si uno, dos o más magistrados de la Corte Suprema deben continuar en la magistratura. Está en juego mucho más que eso, pues si el Congreso de la Nación acusa y juzga a los jueces por el contenido de sus fallos, se habrá consagrado una práctica muy peligrosa capaz de repetirse en cualquier momento y contra cualquier juez. Como lo he dicho precedentemente, los cargos fundados en el caso “Meller” se asientan en falsedades.

A esta altura resulta manifiesto que este juicio no es más que un hostigamiento y persecución personal al Dr. Moliné O´Connor. Pero, lo que aún resulta más grave es que parece que los señores diputados se encuentran empeñados en degradar las instituciones, propósito para el cual es un claro ejemplo este juicio político.

La piedra fundamental sobre la que se asienta la independencia de los jueces: el ejercicio de las augustas funciones que les confiere la Constitución -en exclusividad- implica la más plena libertad, salvo dolo comprobado para emitir sus opiniones en aquellos casos sometidos a su conocimiento.

Sostener que el criterio registrado en el fallo puede constituir mal desempeño de sus funciones, destruye en sus bases el principio de separación de los poderes; y convierte al Congreso en una especie de supertribunal, árbitro final de las contiendas judiciales, que impondría su jurisprudencia mediante la inhabilitación de los jueces que no siguieran su dictado.

Naturalmente que un caso complejo, como es el caso Meller, no se puede estudiar en horas, como ha pretendido hacerlo esta Comisión, por lo que es razonable que se hayan cometido graves errores que sólo el apresuramiento justifica. Pero nada justifica el apuro cuando se trata de la remoción de los integrantes del más Alto Tribunal de la República, incurriendo en gravísimos errores de hecho y de derecho que llevan a una acusación totalmente desprovista de fundamento

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