Informe honorable Cámara de Diputados de la Nación






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2.- Cargo: “...ilegítimo perjuicio en centenares de millones de pesos...”


En lo que hace al presunto perjuicio al Estado “en centenares de millones de pesos”, del que se acusa al Dr. Moliné de haber contribuido a causar, entiendo que nos encontramos ante una nueva falsedad y un absoluto desconocimiento de lo que sucedió en el caso. Me pregunto: ¿se tratará de un mero desconocimiento o estamos en presencia de una acusación formulada de mala fe?

En el recurso extraordinario planteado ante la Corte, por parte del ENTEL (e.l.) no se vertió cuestionamiento alguno vinculado con el monto debido. El monto del asunto no fue sometido a decisión del Tribunal Arbitral de Obras Públicas; por consiguiente, ese tema no fue resuelto por éste, ni por supuesto, pudo estar comprendido en el recurso ante la Corte. Tampoco la supuesta irregularidad de procedimiento. Ello impedía a la Corte Suprema pronunciarse sobre esos temas. Al haber sido eso así, ¿pretenden los diputados que un tribunal de justicia –en el caso el máximo de la República- se expida sobre cuestiones que no le fueron propuestas?

Lo que no dicen los acusadores, omisión que nuevamente genera dudas acerca de su motivación, es que fue el Ministerio de Economía el que, después de dictado el fallo de la Corte, del 5 de noviembre de 2002, elevó el importe fijado por ENTEL (e.l.) en 1996 de $28.942.839,81 a más de $115.000.000 a principios del año 2003, y más adelante, convino pagar la deuda en bonos de consolidación a valor de mercado, procedimiento que llevó la deuda a prácticamente 400.000.000 en bonos.

3.- Cargo: “…omitir el tratamiento de los serios planteos del recurso…”


Por otra parte, tampoco se entiende cuáles son “los serios planteos del recurso”, por cuanto como hemos visto, no median agravios respecto de las sumas que acreditarían un perjuicio (ya vimos que fueron fijadas con posterioridad al fallo), respecto de lo único que podría decirse es que se encuentran fuera del ámbito de la jurisdicción apelada, puesto que se refieren a cuestiones no planteadas ante el Tribunal Arbitral, ni se entiende cuáles son las irregularidades manifiestas y arbitrariedad del caso, no sólo porque no se las demuestra, sino como se ha señalado, la Administración debería declarar la nulidad de la Resolución 146/96 para que se pudiera resolver en el futuro sobre el tema, cosa que hasta la fecha no ha hecho, lo que evidentemente no es responsabilidad de la Corte o del Dr. Moliné O’Connor.

4.- Cargo: “...omitir.... las disidencias judiciales...”


También se reprocha al juez Moliné O’Connor omitir “las disidencias judiciales”. En primer lugar, la expresión constituye una nueva manifestación de la ligereza y falta de seriedad de las acusaciones. Me pregunto ¿qué son las disidencias judiciales? Mas, si el supuesto cargo alude a las opiniones vertidas en los votos minoritarios, la existencia de disidencias traduce –como en todo pronunciamiento de un tribunal colegiado- la pluralidad de enfoques y soluciones posibles, sin perjuicio de lo cual, la postura adoptada por la mayoría del Tribunal es la que se ajusta estrictamente a la doctrina mantenida durante más de 50 años.

5.- Cargo “...omitir... la existencia del proceso penal...”


En cuanto a la supuesta omisión en ponderar la existencia de una causa penal, cabe señalar en primer lugar que ni siquiera se individualiza las actuaciones a las cuales se refiere el pretendido reproche. En esas condiciones, sólo cabe tener en cuenta las constancias existentes en el expediente tramitado ante la Corte Suprema que podrían guardar vinculación con la existencia de algún proceso en sede penal: a) solicitud del Fiscal Adjunto de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 8, Dr. Jorge Dahl Rocha, dirigida “en causa N° 9618/01 de trámite por ante esta Fiscalía”, a los efectos de solicitar la remisión de copias certificadas “de la integridad de los expedientes administrativos N° 8946/96 y 10.711/96 del registro de la ex empresa de telecomunicaciones ENTEL”; b) oficio del Fiscal Dr. Dahl Rocha, por el devuelve los expedientes requeridos; c) oficio del titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 8, Dr. Gerardo R. Di Masi, dirigido en la causa N° 9618/01, caratulada ´N.N s/ abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, solicitando la remisión de expediente 8946/96; d) nuevo oficio del Dr. Di Masi con el objeto de que informe si la Corte ha dictado resolución en el recurso de queja , y que, en caso de haberlo hecho, se remita copia certificada del pronunciamiento.

Como se sostuvo en el descargo del Dr. Moliné O’Connor, y se ha verificado en esta sede, esas eran las únicas constancias que existían en la causa en trámite ante la Corte Suprema al momento de dictarse el fallo cuestionado. Ellas no justificaban la adopción de medida alguna por parte del Tribunal Supremo, ya que, si en actuaciones penales, en otras instancias judiciales, se encontraba en estudio alguna cuestión sobre responsabilidad de funcionarios, no era en el marco de un recurso de queja improcedente, interpuesto por denegación de un recurso extraordinario presentado en forma extemporánea, la vía pertinente para resolver de un modo distinto, apartándose así de la legislación y jurisprudencia que cabía aplicar en el caso concreto.
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