Informe honorable Cámara de Diputados de la Nación






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4.- Dictamen de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales.



No debe llamarnos la atención entonces que la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales –que reúne a algunos de los juristas mas notorios del país- haya declarado con fecha 24 de julio del 2003, es decir, con posterioridad a todo lo que vengo narrando en este dictamen, que “la Corte Suprema de Justicia debe ser el mas estable de los tres poderes de gobierno, pues tiene como función esencial el control de los otros dos, por lo que resulta inadmisible la injerencia del Poder Ejecutivo –invadiendo la competencia del Poder Legislativo- para instar juicios políticos que atentan contra la institución, que debe estar por encima de las causales de remoción que puedan afectar a sus integrantes” y agrega que los juicios políticos “deben sujetarse a las pautas de justicia y prudencia”, algo que, a mi entender agrego, se encuentra ausente en este trámite (lo que sorprende aun mas dado lo poco que hemos recorrido...).
El dictamen de la Academia agrega algo que ya señalé antes: “... que no pueden ser motivo de mal desempeño determinante del juicio que prevé el art. 53 de la Constitución, las sentencias dictadas a favor o en contra de ciertas posiciones doctrinarias o precedentes jurisprudenciales, siempre discutibles según épocas o circunstancias, porque ello afectaría la independencia de los jueces. Además, destaca, que debe resguardarse la afectiva garantía constitucional de la inviolabilidad de la defensa en juicio...”. Y este dictamen termina con una exhortación: se “exhorta al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo que tienen la atribución constitucional de designar los jueces de la Corte Suprema, que eleven sus miras por encima de los intereses partidarios y sectoriales, y así logren que el Alto Tribunal de la República sea el guardián de la Constitución para afianzar el Estado de Derecho como columna vertebral de la seguridad jurídica que hoy nos falta”.

Este juicio político es la gota que colmará el vaso de la inseguridad jurídica en Argentina.

II.- Causa “Meller” Expte. D 3033-03.



Se formulan los siguientes cargos.

  1. Haber legitimado judicialmente un proceso administrativo fraudulento.

  2. Negar al Estado la vía judicial de revisión de una resolución administrativa que ilegítimamente lo perjudica en centenares de millones de pesos, omitiendo el tratamiento de los serios planteos del recurso, las disidencias judiciales y la existencia de proceso penal, lo que hace presumir ante lo manifiesto de las irregularidades y arbitrariedad del caso, que su voto no estuvo motivado por el cumplimiento de su función como juez, sino por otros intereses.

  3. Haber abdicado de manera arbitraria a su responsabilidad de efectuar el control de constitucionalidad en los términos del art. 14 de la ley 48.


Estos tres supuestos “cargos” comprenden una única afirmación, que es el cuestionamiento de la sentencia dictada por la Corte en el caso Meller en alguno de sus aspectos: no abrir el recurso interpuesto por el estado, no atender agravios ni el pensamiento de las disidencias, ni el conocimiento de la existencia de una acción penal; lo demás son meros calificativos acerca de supuestas irregularidades y arbitrariedad del caso, y la conclusión que, como los señores diputados denunciantes no coinciden con la solución a que se arriba, la sentencia está motivada en otros intereses que no son propios de la función judicial.

Por una razón de orden procederé en primer lugar al tratamiento de los cargos individualizados como puntos B) y C) -desbrozando las imputaciones comprendidas confusamente en cada uno-, que se refieren a la negación de la vía judicial, abdicando del efectuar el control de constitucionalidad previsto en el art. 14 de la ley 48. Finalmente, examinaré el cargo formulado en el punto A), que hace al contenido del fallo.

1.- Cargo: “Negar al Estado la vía judicial de revisión de una resolución administrativa...”.


En primer término, debo poner de relieve que los señores diputados denunciantes ignoran el diseño del control de constitucionalidad establecido en nuestra Carta Magna. Parecen creer que la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia es ilimitada, postulado manifiestamente erróneo. La Constitución Nacional establece en el artículo 116 cuál es la competencia de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación; y en el artículo 117, declara que “En estos casos la Corte ejercerá su jurisdicción según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso; pero en todos los casos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia sea parte, la ejercerá originaria y exclusivamente”.Esto significa que la jurisdicción apelada de la Corte depende de las leyes que dicte el Congreso de la Nación; y que si el Congreso excluye la jurisdicción apelada ante la Corte, esta no podrá ejercerla.

Los diputados denunciantes parecerían entender que la Corte es como un ángel vengador, cuya espada flamígera destruye todo lo que se encuentra a su paso. No es así: el recurso extraordinario organiza una jurisdicción excepcional, con muy estrictos recaudos para su admisión, que en la sentencia han sido examinados prolijamente para desestimarlo.

Este es el caso del Tribunal Arbitral de Obras Públicas. El Estado creó este Tribunal Arbitral como una jurisdicción optativa para los particulares, declarando expresamente que sus decisiones son finales, con fuerza de “verdad legal” (anexo II, decreto 1496/91 ).Tanto excluye su régimen toda vía judicial, que al plantearse la necesidad de abrir alguna vía para subsanar errores, el Estado creó un recurso de revisión ante el mismo Tribunal Arbitral (art. 1° decreto 1098/56 y 5° del decreto 3772/64).

Va de suyo que si el Estado hubiera entendido que el recurso extraordinario podía interponerse contra las decisiones del Tribunal Arbitral de Obras Públicas, ese recurso de revisión sería innecesario. Al crear el recurso de revisión ante el mismo tribunal, el Estado confirma el criterio de irrevisibilidad judicial de sus decisiones. Adviértase que al establecer el recurso de revisión, pudo el Estado allí legislar la habilitación del recurso extraordinario ante la Corte, en lugar o además del recurso de revisión, y no lo hizo, confirmando de este modo la conclusión del ejercicio de la jurisdicción dentro del ámbito del Tribunal Arbitral de Obras Públicas.

Tras el examen del marco normativo reseñado, creo que el meollo de la cuestión radica en que los señores diputados entiendan la doctrina que tradicionalmente ha sostenido la Corte Suprema en torno a la irrevisibilidad de los laudos del Tribunal Arbitral de Obras Públicas. Una vez comprendida dicha posición jurídica les resultará muy difícil, por no decir imposible, justificar las cargos formulados.

Tal como se explica en la defensa, la Corte Suprema ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca de la naturaleza de las decisiones de este tribunal arbitral y la revisibilidad o irrevisibilidad judicial de ellas. Así, en los pronunciamientos que van desde el año 1957 hasta el presente, se mantuvo como regla un criterio constante e inalterable relativo a la improcedencia de recurso judicial alguno, incluso el recurso extraordinario, contra los laudos que emanan del Tribunal Arbitral de Obras Públicas. Ello así, no sólo respecto del Estado Nacional (cfr. precedente “Pirelli”, Fallos: 322:298), sino también frente a recursos deducidos por particulares (cfr. “Juan Di Nitto”, Fallos: 308:116; “Servente y Magliola”, Fallos: 252:109).

A los efectos de comprender la doctrina en la materia, basta consultar las sentencias de la Corte Suprema: “Amelcom” (Fallos: 239:357) , “Servente y Magliola” (Fallos: 252:109; del 12 de marzo de 1962); “Empresa Tomagra y Sastre S.A.” (sentencia del 11 de junio de 1962); “Kimbaum Ferrobeton S.A. de Construcciones” (Fallos: 261: 27, sentencia del 19 de febrero de 1965); “Juan Di Nitto” (Fallos: 308:116, sentencia del 13 de febrero de 1986); “Pirelli Cables c/ Empresa Nacional de Telecomunicaciones” (Fallos: 322:298, sentencia del 9 de marzo de 1999) - decisión adoptada unánimemente por la totalidad de los magistrados que por entonces integraban la Corte (Dres. Julio S. Nazareno, Eduardo Moliné O´Connor, Carlos S. Fayt, Augusto Cesar Belluscio, Enrique Santiago Petracchi, Antonio Boggiano, Guillermo A. F. López, Gustavo A. Bossert y Adolfo Roberto Vázquez), “Aion S.A.I.C. y A. y Natelco c/ Empresa Nacional de Telecomunicaciones” (sentencia del 29 de agosto de 2000), también adoptada por la totalidad de los miembros del más Alto Tribunal, y “TECSEL Sociedad Anónima s/ apelación expediente Tribunal Arbitral de Obras Públicas N° 2308/98” (sentencia del 29 de agosto de 2000).

Con independencia de que los señores diputados estén de acuerdo o no con el criterio de la Corte, que el Dr. Moliné O´Connor no hizo más que respetar en su voto, aquél encuentra fundamento en la naturaleza del Tribunal Arbitral de Obras Públicas. Se trata de un verdadero “tribunal” integrado por tres miembros: dos designados directamente por el Poder Ejecutivo y el restante nombrado por las empresas contratistas. Es decir, que en la conformación del mismo el Estado tiene una participación mayoritaria, el procedimiento se sigue según las reglas que el propio Estado también estableció, entre las cuales, cabe destacar que el laudo arbitral a dictarse constituye la decisión final de la controversia.

En otros términos, el Estado creó el Tribunal, lo dotó de una mayoría estatal en su composición (dos miembros del estado, uno del particular), dando al particular afectado la opción para que el conflicto con el Estado lo dirima el Tribunal Arbitral con carácter final: esto es, el Estado consiente la intervención con carácter definitivo del Tribunal que él mismo creó, bajo la condición de que el particular se someta a su jurisdicción.

Considero que la jurisprudencia de la Corte en la materia es más que clara: las decisiones del Tribunal Arbitral de Obras Públicas no son susceptibles de revisión por el Alto Tribunal. Los cargos formulados conducen a que me pregunte: ¿Habrán comprendido los señores diputados esta doctrina? Ello porque, si se parte del principio de la irrevisiblidad, no se entiende cómo los diputados pueden imputarle al Dr. Moliné O´Connor haber “legitimado un proceso administrativo fraudulento” o haber denegado al Estado la vía de revisión judicial de una “resolución administrativa” y/o de un “proceso administrativo”. Nada se pudo legitimar cuando no se analizó el fondo de la cuestión. Nada se pudo negar al Estado cuando el Estado carecía de la vía de revisión que solicitaba.

Tal vez los señores diputados que hoy suscriben el dictamen mayoritario se hayan visto influenciados por la disidencia del Dr. Petracchi que caracteriza al Tribunal Arbitral de Obras Públicas como un tribunal administrativo cuyas decisiones están sujetas a control judicial suficiente. Sin embargo, con el respeto que merecen las opiniones de todos los miembros de la Corte, dicho criterio es el que justamente se aparta de la antigua y constante jurisprudencia del Alto Tribunal, según lo expuesto precedentemente, a la vez que olvida las notorias diferencias que hay entre un tribunal arbitral y un tribunal administrativo, decisivas en materia de revisión judicial. Por lo demás, y tal como se explica en el descargo, aun en la hipótesis de considerar al Tribunal Arbitral de Obras Públicas como un tribunal administrativo, el voto de del Dr. Moliné O´Connor no contradice la doctrina de la Corte Suprema en la materia.

Se explica en la defensa que “en el leading case ´Fernández Arias´, el Alto Tribunal admitió la validez de los actos dictados por organismos administrativos con facultades jurisdiccionales, en tanto los mismos queden sujetos a control judicial suficiente. El examen del precedente judicial no seria adecuado al presente análisis, si no se trajera a colación lo resuelto en el citado considerando 19) del fallo, en relación al sentido y alcance que debe conferirse a la expresión control judicial suficiente utilizada por la Corte”.

Expresa en tal sentido el fallo que: “…control judicial suficiente quiere decir: a) reconocimiento a los litigantes del derecho a interponer recurso ante los jueces ordinarios; b) negación a los tribunales administrativos de la potestad de dictar resoluciones finales en cuanto a los hechos y el derecho controvertidos, con excepción de los supuestos en que, existiendo opción legal, los interesados hubieren elegido la vía administrativa, privándose voluntariamente de la judicial (doctrina de Fallos:205:17; 245:351) …”.

El descargo explica claramente que “la cuestión central y determinante radica en que la existencia de una opción legal para el interesado resulta decisiva en la interpretación que debe realizarse acerca del carácter de resolución final que se predica respecto de las decisiones arbitrales”. Agrega que del “análisis del régimen jurídico de funcionamiento del Tribunal Arbitral de Obras Públicas, su jurisdicción es siempre voluntaria para los particulares y su competencia se habilita exclusivamente a instancia de una opción solamente deferida a favor de aquellos, por lo que el régimen cumple en tal sentido con el requisito de conferir una opción legal para que sus decisiones adquieran el carácter de resoluciones finales. En el supuesto del Estado, la opción la efectuó al crear el tribunal arbitral por lo cual el posterior cuestionamiento a la decisión que finalmente adopte el Tribunal Arbitral de Obras Públicas pondría en evidencia una contradicción ´con los propios actos´, lo cual, según reiterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es causa suficiente para desestimar tal pretensión”.

Los párrafos que he creído conveniente transcribir demuestran que la defensa se apoya en razones objetivas que sólo pueden ser ignoradas mediante una interpretación maliciosa sobre los verdaderos alcances de la decisión de la Corte que el Dr. Moliné O´Connor contribuyó a adoptar con su voto en el denominado caso “Meller”.

Además, no podemos ignorar que la creación del Tribunal Arbitral de Obras Públicas constituyó una decisión de tipo “político” del Estado Nacional. Sin entrar a considerar aquí sobre la bondades o inconveniencias de tal decisión, lo cierto es que no se puede hacer recaer en los jueces de la Corte Suprema responsabilidad alguna por las consecuencias disvaliosas –si las hubiera- del sistema en cuya creación y funcionamiento éstos resultan absolutamente ajenos. Claramente expresado: el Estado crea un tribunal por razones de oportunidad, mérito y conveniencia y decide que sus decisiones sean finales e irrevisables; pero cuando no está de acuerdo con una de ellas, desconociendo la imposibilidad que él mismo estableció, pretende burlar esa prohibición y, al ser esto advertido por la Corte, termina acusando a los jueces que así resolvieron, nada menos que intentando destituirlos de sus cargos. Señores Diputados: ¿no seríamos nosotros, los representantes del pueblo, lo que en su momento deberíamos haber revisado las normas que impedían que los fallos del Tribunal Arbitral de Obras Públicas fuesen controlados por los tribunales de justicia en lugar de acusar ahora a los jueces que no hicieron más que acatar el sistema creado manteniéndose dentro de la órbita de su jurisdicción?

Creo oportuno agregar, que la doctrina de la irrevisibilidad judicial de las decisiones de los tribunales arbitrales -sobre los cuales medió voluntario sometimiento-, dada su índole definitiva, fue repetidamente aplicada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación también en ámbitos ajenos al del Tribunal Arbitral de Obras Públicas, tal como se desprende del reciente fallo dictado por el Alto Tribunal en la causa “Galinger, Carlos Alberto y otro c/ Estado Nacional y otro”, pronunciamiento del 15 de julio de 2003.
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