Informe honorable Cámara de Diputados de la Nación






descargar 175.24 Kb.
títuloInforme honorable Cámara de Diputados de la Nación
página3/8
fecha de publicación29.07.2015
tamaño175.24 Kb.
tipoInforme
ley.exam-10.com > Ley > Informe
1   2   3   4   5   6   7   8

3.- Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el juicio político.



La Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictó sentencia en la causa “Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano vs. Perú”, en fecha 31 de enero de 2001, promovida a raíz de una denuncia relativa a la ilegal remoción de tres magistrados del Tribunal Constitucional del país demandado. El caso, lo quiero comentar pues considero que es muy similar a lo que está ocurriendo en estos momentos en el seno de esta Comisión. Para ello recordaré en parte lo que señala la defensa en su escrito de descargo, que me parece muy instructivo para que entendamos a donde nos lleva la postura que impulsa la Presidencia de esta Comisión.

Los jueces habían sido destituidos como culminación de un proceso político de presión y hostigamiento originado en un pronunciamiento judicial adverso al gobierno: justamente los jueces habían fallado en contra de la reelección de Fujimori y ello detonó que los diputados oficialistas decidieran iniciarle un juicio político.

El Tribunal ponderó los argumentos de la Comisión Interamericana, en el sentido de que la independencia de los jueces, amparada por el artículo 8 de la Convención, debía ser valorada en el caso con relación a la posibilidad de los magistrados de dictar decisiones contrarias a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, como así también al carácter en que debe actuar el Congreso como juez en el procedimiento de destitución de los magistrados. Dijo que: “Cualquier acto estatal que afecte esa independencia y autonomía resulta contrario al artículo 8 de la Convención”. Señaló también que “puesto que la inamovilidad de los jueces se encuentra implícitamente garantizada en el artículo 8.1 de la Convención, en caso de que un juez tenga que ser removido, esta decisión debe ser tomada luego de un procedimiento establecido en la Constitución, pues ello, además de evitar la arbitrariedad, garantiza la independencia de los jueces ante los demás poderes del Estado y ante los cambios político -electorales.” Concluyó que en el caso en estudio se dio “una confabulación de los tres poderes públicos” y dijo que:

“El juicio político contemplado en la Constitución peruana no puede emplearse para controlar el ejercicio de la jurisdicción del Tribunal Constitucional, ni para ejercer presión contra sus magistrados, pues ello constituiría, como efectivamente sucedió, una interferencia ilegítima en la función de los jueces, lo que debilitaría el sistema democrático de gobierno.”

Hizo mérito, asimismo, de que el Congreso había violado los criterios de “imparcialidad subjetiva” dado que varios hechos reflejaban que: “la mayoría del Congreso ya tenía una convicción formada respecto al caso”, pues consideró que 40 congresistas, entre ellos varios integrantes de las Comisiones Investigadora y Acusadora, habían tomado partido públicamente acerca del sentido en que debía resolverse la cuestión judicial sometida a decisión de los magistrados, que después fueron destituidos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, destacó que “uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos, es la garantía de independencia de los jueces”. Agregó que: “Esta Corte considera necesario que se garantice la independencia de cualquier Juez en un estado de derecho y, en especial, la del juez constitucional en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos a su conocimiento”.

Finalmente, la Corte concluyó que: “... es evidente que el procedimiento de juicio político al cual fueron sometidos los magistrados destituidos no aseguró a éstos las garantías del debido proceso legal y no se cumplió con el requisito de la imparcialidad del juzgador. Además, la Corte observa que, en las circunstancias del caso concreto, el Poder Legislativo no reunió las condiciones necesarias de independencia e imparcialidad para realizar el juicio político contra los tres magistrados del Tribunal Constitucional.”

Por ello, juzgó que: “el Estado violó el derecho a la protección judicial...consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana”, en virtud de lo cual y del resultado de las restantes cuestiones sujetas a decisión, impuso al Estado una severa sanción pecuniaria, consistente en el pago de los salarios caídos -dos de los magistrados ya habían sido repuestos en sus cargos- y de las sumas fijadas por la Corte en concepto de costas y gastos.

La trascripción de este caso me convence cada vez más de que la Comisión de Juicio Político está actuando violando las reglas mas elementales del juicio justo: plazos brevísimos, negativa de acceso a las constancias del expediente, negativa a otorgar una prórroga, escasas constancias en las que se basa su acusación, invasión de poderes, abuso de su función, adelanto de opinión, singularización de una sola persona (cuando son hechos realizados por un tribunal colegiado), vaguedad de la acusación e intento de revisar sentencias con fundamentos serios, y en algunos casos, con jurisprudencia que las respalda por más de medio siglo. Y sobre el fondo, la imposibilidad de revisar las sentencias del mas Alto Tribunal del país es el agravio mas grave a la división de poderes que tiene la Constitución.

Pero además recuerdo que la Corte Suprema de Justicia jamás se apartó de esos principios y destacó en numerosos fallos que no podrá lograrse una administración imparcial de justicia si los jueces carecen de plena libertad de deliberación y decisión en los casos que se someten a su conocimiento y si se viesen sometidos al riesgo de ser removidos por el solo hecho de que las consideraciones vertidas en sus sentencias pudieran ser objetables (Fallos 274:415). También es doctrina constante que el eventual error judicial en materia opinable, no puede determinar el enjuiciamiento del magistrado (Fallos 271:175), pues si cada juez se hallase sujeto al temor de responder patrimonialmente por la más mínima equivocación, sólo un mendigo o un tonto aceptaría desempeñar ese cargo (“Miller v. Hope”, House of Lords, April 1, 1824) según los casos citados por la propia defensa del Juez Moliné O´Connor.

Tal como reseña el escrito de la defensa, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Estados Unidos de Norteamérica, ha señalado:

“Es un principio general de fundamental importancia de toda administración de justicia que un funcionario judicial, cuando ejerce las facultades que le han sido conferidas, tenga libertad para actuar de acuerdo con sus propias convicciones, sin miedo a sufrir consecuencias personales” (“Bradley v. Fischer”, 80 U.S. 13 Wall. 335-1871).

Y es también la doctrina que hemos sostenido en el Congreso de la Nación. Reiteradamente se viene diciendo que no le corresponde interferir en la órbita del Poder Judicial, aprobando o desaprobando sus sentencias (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de 1899, págs. 828/829; dictamen de la Comisión de Juicio Político de rechazo in limine en los expedientes acumulados 3531-D-92, 3745-D-92 y 158-P-92).

Asimismo, esta Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, tiene resuelto que “no corresponde que el Parlamento interfiera en la órbita del Poder Judicial aprobando o desaprobando sus fallos, y ésa ha sido la doctrina que tradicionalmente ha seguido el Congreso...Sostener que el criterio registrado en los fallos puede constituir mal desempeño de sus funciones, destruye en sus bases el principio de separación de los poderes; y convierte al Congreso en una especie de supertribunal, árbitro final de las contiendas judiciales, que impondría su jurisprudencia mediante la inhabilitación de los jueces que no siguieran su dictado...Desaparecería así el control de constitucionalidad de las normas emanadas del Parlamento; no sólo por la enorme presión que significa en el ánimo del juez pensar en alzarse frente a la ley dictada por el órgano que tiene en sus manos removerlo, sino porque el Congreso podría destituirlo de inmediato, conservando como jueces sólo a aquellos que no declararan la inconstitucionalidad de sus leyes” (Labor Legislativa-Comisión de Juicio Político- año 1998, pág. 711 y siguientes).

Estas decisiones deben ser respetadas, pues como ya expresé antes, no podemos juzgar a los jueces del mas Alto Tribunal de la Nación como si fuésemos una cuarta instancia.

También me preocupa la imagen que este juicio proyecta en el exterior. La Comisión de Juicio Político Argentina ha seleccionado tres sentencias de la Corte Suprema para fundar el pedido de remoción: “Macri”, “Magariños”, “Meller”. En esta última, en “Meller”, la Corte, con apoyo en antigua jurisprudencia, declaró que la decisión de un Tribunal Arbitral no es revisable por vía de recurso judicial, y que su resolución es final, con autoridad de cosa juzgada. Los contratos de las empresas españolas, titulares de empresas privatizadas, tienen todas una cláusula que somete a arbitraje las diferencias que surjan entre el inversor con el Estado Argentino.

La iniciativa de promover juicio político a un Juez de la Corte porque admitió que la actuación del Tribunal Arbitral en “Meller” tiene carácter final, de cosa juzgada, sin revisión judicial (como claramente marca la ley) indica que los cinco jueces que siguieron ese criterio serán removidos, y sustituidos por quienes sostengan que la Corte Argentina puede revisar las sentencias (laudos) arbitrales. Con el agravante que los jueces argentinos sabrán, que si su decisión no satisface a los poderes políticos, podrán ser removidos por el contenido de su sentencia, lo que compromete, fatalmente, su independencia.

Casualmente, no debe llamar la atención entonces la decisión del gobierno de revisar las privatizaciones. Se sostiene como argumento que hay varios incumplimientos con la legislación vigente y con los compromisos de inversión y en eso se basa la decisión del Gobierno argentino de revisar los contratos de  empresas y servicios privatizados en los años 90. El proceso de venta comenzó en 1989 y en 10 años el Estado transfirió al sector privado, entre  otras, las empresas de gas, petróleo, telecomunicaciones, electricidad, provisión de agua y  servicios sanitarios, ferrocarriles y trenes subterráneos, aeropuertos y terminales portuarias con fuertes inversiones europeas. Esta renegociación esta relacionada con la devaluación ocurrida en febrero de 2002 y las cláusulas de aumento de tarifas que amparaban a las empresas de servicios públicos por índices internacionales o precio dólar, conflicto que indudablemente se quiere sustraer a la decisión del tribunal arbitral que debe zanjar la contienda según lo convenido oportunamente en los contratos de privatización. No debe extrañar que como consecuencia de sus últimas políticas económicas (default, pesificación , incumplimientos contractuales, etc) nuestro país acumula frente al CIADI –el organismo del Banco Mundial encargado de resolver disputas sobre inversiones- una gran cantidad de demandas por parte de empresas multinacionales. Es mas, del listado del 2003, dos tercios de las demandas iniciadas son contra Argentina (13 de 21). A su vez, un tercio de los casos pendientes a ser resueltos por el CIADI son contra Argentina (20 de 56). Y, en la última semana, luego del breve “desayuno” en España del Presidente Kirchner con empresarios españoles, cuatro nuevos casos se presentaron contra Argentina (de esto informó claramente La Nación el día 28 de julio de 2003 en su primera plana).-

1   2   3   4   5   6   7   8

similar:

Informe honorable Cámara de Diputados de la Nación iconB. 903, L. XL. “Bussi, Antonio Domingo c/ en. (Congreso de la Nación...

Informe honorable Cámara de Diputados de la Nación iconExigimos el juicio político a Cristina Fernández de Kirchner Por...

Informe honorable Cámara de Diputados de la Nación iconExigimos el juicio político a Cristina Fernández de Kirchner Por...

Informe honorable Cámara de Diputados de la Nación iconExigimos el juicio político a Cristina Fernández de Kirchner Por...

Informe honorable Cámara de Diputados de la Nación iconHonorable Cámara de Diputados

Informe honorable Cámara de Diputados de la Nación iconHonorable Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos

Informe honorable Cámara de Diputados de la Nación iconEl honorable senado y la camara de diputados sancionan con fuerza de

Informe honorable Cámara de Diputados de la Nación iconCámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXII legislatura

Informe honorable Cámara de Diputados de la Nación iconH. Cámara de Diputados de la Nación

Informe honorable Cámara de Diputados de la Nación iconH. Cámara de Diputados de la Nación






© 2015
contactos
ley.exam-10.com