Informe honorable Cámara de Diputados de la Nación






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2.- Violaciones a la defensa en juicio.



El juicio político no puede ser confundido con cualquier otro proceso administrativo o judicial. No estamos imponiendo una multa. Se trata nada menos que del juicio a la mas alta magistratura del país. Por ello debemos actuar con cautela, y dentro de los márgenes que la Constitución nos señala para su procedencia. Como expusimos antes, no se puede juzgar a los jueces por el contenido de sus decisiones. Pero además, la forma en que se lo hace debe también ser cuidadosa de las garantías que otorga la Constitución Nacional.

Este proceso ha estado plagado de irregularidades procesales importantes y serias desde el comienzo, y sigue estándolo. Por una parte, al día siguiente en que se notificó al acusado la formulación de los cargos, sus abogados se presentaron en las oficinas de la Comisión y un empleado de la misma les desconoció el poder que el juez Moliné les había otorgado y ni siquiera los reconoció como abogados del mismo, pese a ser un hecho notorio. Tuvieron que volver a la Escribanía a solicitar un nuevo mandato, luego de lo cual pudieron presentarse, por la tarde, ante esta Comisión de Juicio Político.

Realmente siento vergüenza como integrante de esta Comisión por tal actitud, que según expresan los distinguidos letrados, lo fue por instrucción del Presidente de la misma. Ya con eso, los letrados perdieron un día entero, el viernes, y solo pudieron acercarse a la Comisión nuevamente el lunes. Esto tuvo una consecuencia importante pues se achicaban los cuatro días que se le había otorgado para defenderse -ya de por si escasos para la importancia de este juicio- a solo tres días. Estoy solamente hablando de consultar la documentación existente en la Comisión, paso previo para poder conocer y entender de qué se acusaba a su cliente, pues con la lectura de la formulación de cargos uno puede hacerse poca idea de que es lo que realmente se enrostra al juez de la Corte, ya que se trata de sentencias dictadas dentro de las facultades legales del tribunal y suscriptas por una amplia mayoría de jueces, en algunos casos seis de ellos.

Y esto resulta importante, y creo que le asiste razón a la defensa cuando dice, y cito textualmente, que debe “notarse el cuidado que los miembros que declararon la admisibilidad de los cargos y los miembros denunciantes de la Comisión han puesto para eludir la exposición de lo que sucedió en cada uno de los casos. Porque con esa explicación basta para que la gente advierta su sinrazón. Además no dicen en qué consiste lo malo que ven, sino que lo substituyen por calificativos. Por ejemplo, ya el primer cargo es “haber legitimado judicialmente un proceso administrativo fraudulento”. Y eso no es un cargo, porque a menos que entremos en el campo del derecho autoritario, los cargos deben expresar hechos, y después vendrá la calificación...En vez, la transcripta es una frase, en la que no se dice porqué el proceso administrativo es fraudulento. Nos encontramos ante un Juicio Político, fuera de todo marco constitucional y legal, violatorio de las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio, y aniquilador –definitivamente- de la independencia del Poder Judicial”.

En un expediente con cientos de fojas, como sucede en el caso Meller, no puede decirse así nomás que el procedimiento es “fraudulento” sin señalar las piezas y motivos que justifican tan grave acusación. El cargo, como se verá, tiene el vicio de vaguedad en su contenido, que lo invalida por agraviar la defensa en juicio (art. 18 CN).

El pedido de destitución se funda en la voluntad de quienes están disconformes con la opinión vertida por el Dr. Moliné O’Connor – y otros Jueces- en las decisiones adoptadas en el ejercicio de su función jurisdiccional. Por eso debemos tener mucho cuidado en seguir adelante con esta farsa de juicio, pues corremos el riesgo de abrir una brecha insalvable en la división de poderes, en la independencia del Poder Judicial y en el principio –de tradición bicentenario- de inamovilidad de los jueces.

No me parece tampoco apropiado que los Señores Diputados de la Nación, adelanten su opinión por los medios de prensa, cuando la escasa documentación disponible en esta Comisión no les permite, ni por asomo, tener la certidumbre necesaria sobre lo que sucedió en los tres expedientes que son la base de esta acusación.

Incluso, el Presidente de la Comisión; Dr. Falú, ha dicho que los descargos deben probar la inocencia del Juez imputado lo que implica que toda persona es culpable salvo que pruebe lo contrario. La Constitución dice justamente lo contrario. Establece la presunción de inocencia y el sentido de la lógica nos dice que partimos de la presunción y de allí vamos, a través de la prueba –que por ahora no existe en este expediente-, haciéndonos la idea sobre la responsabilidad o no de la persona juzgada.

Además del mencionado prejuzgamiento, señalo que la concesión de brevísimos plazos para ejercer la defensa, disminuidos al dificultar el acceso a la documentación no se condicen con la garantía constitucional de la defensa en juicio.

Como señalé antes, la defensa del Juez Moliné no encontró en las oficinas de la Comisión, los expedientes judiciales y administrativos en que se basaba la acusación, que conforman mas de 20.000 fojas, y se obligó al Dr. Moliné O’Connor a preparar su defensa en tres días. Lo expuesto llama la atención no sólo por el volumen de la documentación sino por el exiguo plazo que se le concedió para formular el descargo. Yo tampoco, como miembro de esta Comisión ha podido consultar esas actuaciones, y ello me preocupa porque demuestra la falta de prueba y de constancia de las actuaciones en cuestión.

El Sr. Presidente de esta Comisión afirmó públicamente que el plazo era el habitual para cualquier proceso y habló de siete días y hasta de más cantidad en algún reportaje. La verdad es que el Dr. Moliné tuvo solamente tres días hábiles para ejercer su derecho de defensa, cuando el plazo para contestar cualquier demanda judicial es de quince días hábiles, según el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Hasta para contestar un juicio ejecutivo el plazo es de cinco días hábiles, es decir que para examinar un pagaré la ley concede más plazo que el que se otorgó a un juez de la Corte Suprema para realizar su descargo en este procedimiento de la más alta trascendencia constitucional.

Además, ese plazo tan exiguo no es el que habitualmente concede esta Comisión, prueba de ello es que el año pasado, al Dr. Moliné se le confirió traslado por un plazo cinco veces mayor que el actual. Ese abrupto cambio de criterio no solamente afecta el derecho de defensa, sino que abre un abanico de preguntas sin respuesta acerca de los motivos de ese proceder, porque no existe ni una sola razón plausible para reducir el plazo de manera tan significativa y rechazar, sin explicación alguna, el fundado pedido de ampliación que formuló el magistrado.

El trabajo parlamentario serio se realiza sin demoras en lo que nos concierne a los legisladores, pero acortar los plazos para el ejercicio de uno de los derechos constitucionales de mayor relevancia, hasta límites irrisorios, no sólo empaña la regularidad de este proceso, sino que arroja sombras sobre la intencionalidad política de ese arbitrario manejo de los tiempos procesales.
Por otra parte, la formulación de cargos es de una vaguedad tal que agravia la garantía del debido proceso, pues sobre actuaciones de centenares y miles de fojas se acusa de “legitimación de procedimientos fraudulentos”, u oscuros intereses, “u obstrucción de procedimientos”, sin indicar los hechos concretos que configurarían tan graves acusaciones, además de singularizar la acusación a uno sólo de los seis magistrados supremos que firmaron esas decisiones.

Ese aspecto no es extraño para la jurisprudencia de la Corte Suprema, que siempre prestó especial atención a los escasos puntos por los que podría abrirse una vía para la apelación extraordinaria en un procedimiento exclusivamente parlamentario. Dijo en el caso “Nicosia” (Fallos 316:2940) que el Tribunal “ha reconocido la justiciabilidad de los enjuiciamientos cuando se alega que en éstos se ha producido una real violación del derecho de defensa en juicio” (considerando 10). Y aclaró todavía que “del carácter no justiciable de la decisión sobre el fondo del juicio político, no es dable inferir que análoga condición invista todo lo atinente a los recaudos impuestos por la Ley Fundamental para el ejercicio de esa atribución, mayormente cuando, por ser la regla el control judicial ... toda excepción ... exige una interpretación, amén de cuidadosa, restrictiva.” (Considerando 18).

Uno de esos extremos es, precisamente, la falta de definición de los cargos por los que se persigue la remoción del juez. La Corte dejó bien establecido, citando en su apoyo en el transcurso del fallo a los más ilustres constitucionalistas de la Nación y del extranjero, que: “está fuera de toda duda que son los hechos objeto de la acusación y no la calificación que de éstos haga el acusador, lo que determina la materia sometida al juzgador, en el caso el Senado” (considerando 9°)

En la misma sentencia se recordó que Lucio V. López, en 1891, decía que el juicio político es “una acusación solemne y específica... formulada de una manera clara...”. Éste es el defecto que señalo y que afecta severamente el derecho de defensa: los cargos no se han basado en hechos sino en afirmaciones retóricas, en calificativos, en juicios apriorísticos de los que -como lo señaló el Dr. Moliné- no es posible defenderse.

Para desvirtuar el cargo de “legitimar un proceso administrativo fraudulento”, ¿qué debería hacer el juez ? ¿Quién declaró “fraudulento” ese proceso, cuándo y por qué? Huelga decir que nadie lo declaró fraudulento, sino que los Sres. Legisladores tomando inequívoco partido jurídico en el resultado del pleito, reprochan al Dr. Moliné que no haya admitido el recurso de una de las partes y, además, le adjudican la responsabilidad -a él y no a los otros jueces que firmaron la sentencia- de “perjudicar al Estado”, cuando es el propio Estado, por uno de sus ministerios, -y no la Corte- quien ha definido la cifra que debe pagarse, después de la sentencia de la Corte, con la particularidad de que ese Tribunal en modo alguno se pronunció sobre el importe de la deuda ni aportó elementos para determinarla.

Además, se le atribuye una “motivación” a su voto digna de los tribunales de la Edad Media: que no obedeció “al cumplimiento de su función como juez sino por otros intereses”. Allí ya el grado de indefensión y de lesión al derecho constitucional de debido proceso, alcanza un grado difícilmente comprensible en un país civilizado.

¿Cuáles son los “otros intereses”?

¡ Qué grave que un juez del máximo Tribunal de la República vea en peligro su cargo por acusárselo de fundar una sentencia en “otros intereses”...! La sospecha es lanzada sin reparos, sin fundamento alguno y sin mencionar siquiera un hecho que le permita al juez defenderse, desvirtuar la imputación. El universo de “intereses” es inagotable, infinito. Aunque el Dr. Moliné llenara cien páginas enumerando “intereses” y negando haberlos tenido, todavía quedaría la posibilidad de llenar mil páginas con “otros intereses”, porque siempre habrá “otros intereses” distintos de los pensados, o parecidos, o nuevos.

Se trata de una imputación “abierta”, de una de las más nítidas violaciones al debido proceso y al derecho de defensa.

Y esa imputación reposa, simplemente, en la aplicación al caso de la uniforme y tradicional doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema.

El resto de los cargos anticipa la opinión de quienes los formularon: no son imputaciones, son afirmaciones.

Así : “invadir la esfera de competencias...” no admite siquiera una explicación acerca de lo actuado, sino que exige la inicial negación de lo que constituye un criterio previamente formado: que la Corte carece de esas competencias, por eso las “invade”.

Lo mismo puede decirse de “avanzar sobre el derecho a la libre expresión”, “cercenar el derecho a la opinión científica”, etc.

La volatilidad en los cargos retorna con mayor gravedad aún cuando se imputa al juez “obstruir el debido proceso legal”. Debe suponerse que se le reprocha haber dictado sentencia... porque no hay ninguna otra precisión acerca de lo que constituiría la “obstrucción”.

Lamentablemente, debo dar razón al Dr. Moliné cuando afirma que los jueces deberán, de ahora en más, consultar la opinión de los legisladores si quieren continuar en sus cargos. Y lo lamento, porque no es ése el país que diseñaron nuestros constituyentes y el orden constitucional -que con tanto esfuerzo logramos conservar; nuestro gobierno es una república, en la que la que los jueces no legislan y los legisladores no juzgan.

Me llama mucho mas la atención las denuncias iniciadas por los propios miembros de la Comisión de Juicio Político que tienen prohibido la iniciación autónoma del procedimiento de remoción porque está vedado que actúe de oficio, con el agravante de que los mismos denunciantes son instructores y votan sobre la procedencia de sus propias denuncias.

Esto que describo es lo mismo que un juez de instrucción haga una denuncia, luego realice el requerimiento de instrucción y de la vuelta al escritorio para volver a sentarse en el lugar del juez y decida el procesamiento y dicte la sentencia en el mismo caso. Pero además de firmar todos estos actos de su puño y letra, los adelanta de palabra a los medios. La garantía de imparcialidad se esfuma detrás de una formalidad ¿Qué le queda a la defensa frente a estos actos?

Lo expuesto se confirma con la intervención de diputados que desde antes de llegar el momento de resolver sobre si procede o no la destitución, han expresado que la remoción debe concretarse en el más rápido plazo posible.

Ya se ha juzgado a Moliné O´Connor de palabra y por los medios por los miembros de la Comisión de Juicio Político, quienes adelantan sus opiniones en su contra incluso antes de que se supieran los cargos, los descargos y las explicaciones y pruebas de este juicio.

La clara intencionalidad se evidencia no solo en esta Comisión, sino también fuera de ella. Me sorprendió leer al Senador Yoma, transcripto en el escrito de la defensa, cuando sostuvo en el debate ocurrido el 1° de julio de 2003, cuando el Juez Moliné ya estaba siendo acusado, que “…no se nos puede escapar y creo que este es un buen momento para resolver este tema ¿Por qué? Porque es público y notorio, es manifiesto, que este tema está siendo motivo de análisis en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, con lo cual es mejor resolverlo cuando no tiene nombre y apellido a cuando lo tiene. Sobre un magistrado que está siendo sometido por este tema que el Consejo debe resolverlo o no. ¿Por qué digo esto? Porque si se resuelve por lo que sostienen Cornejo y Caviglione, evidentemente, uno de los principales elementos que está analizando el otro poder del Estado se cae. Esto es así. Creo que es necesario resolverlo. Si este Consejo tiene o no facultades disciplinarias, si las ejerce o son compartidas con la Corte Suprema […] además ya estamos próximos a que haya un receso –por la feria judicial-, con lo cual lo mas seguro es que esto puede llegar a pasar” (Consejo de la Magistratura, Plenario, versión estenográfica de la reunión del 1° de julio de 2003, pág. 46).

Las dos reflexiones que formulan los abogados del Juez acusado son tajantes (i) La premura en resolverlo estaba ligada a una clara intención política y (ii) está claro –como señalaré mas adelante- que para los miembros del Consejo de la Magistratura el “tema” de Magariños “no estaba resuelto”. Esta fue la primera vez que el Consejo de la Magistratura se pronunciaba en forma tan tajante, pero está claro que ello origina un conflicto dentro del poder judicial al que el Legislativo es totalmente ajeno y que por ello mucho menos puede ser fundamento de acusación en un juicio político.

Estas actuaciones constituyen, como el año pasado, un juicio a la Corte, no a un solo Juez, pues al cuestionarse las sentencias, se cuestiona a la institución. Un Juez de la Corte no puede dictar una sentencia: para que haya sentencia, se necesitan cinco firmas, previa deliberación de los nueve miembros.

Según el derecho vigente, no es posible remover a un juez de la nación por disentir con las decisiones finales que esta ha adoptado: ni la Constitución, ni la ley, ni los tratados internacionales, ni la jurisprudencia permiten que se remueva a los jueces simplemente porque no se comparta el contenido de sus decisiones. En este punto no existe disidencia en ninguna legislación del mundo civilizado (Jurisprudencia norteamericana, francesa y Argentina: Fallos 323-JE-18 y ley 24.937, art. 14 Apartado B). Estamos desconociendo el texto que nosotros mismos hemos puesto en el art. 14 de la ley 24.937: “Queda asegurada la garantía de independencia de los jueces en materia del contenido de las sentencias.”

Cabe recordar también, como señala el descargo, Los Principios Básicos de las Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura, una de cuyas normas sostiene “La independencia de cualquier juez supone que cuente con un adecuado proceso de nombramiento, con una duración establecida en el cargo y con una garantía contra presiones externas”.

Me parece que no respetamos estos principios al impulsar un juicio político basado en el contenido de las sentencias del Poder Judicial. Está claro que podemos disentir con las decisiones, pero no podemos por ello remover al juez sin mas, como si se tratara de un funcionario meramente administrativo. Nuevamente, consideramos que se afecta la independencia del juez pues no se cuenta con una duración establecida en el cargo y con una garantía contra presiones externas: esta claro que busca remover a jueces cuyos dictámenes se consideran inconvenientes.

Para finalizar quisiera advertir a la mayoría que en virtud de lo que hoy se resuelve se corre un grave peligro. Apartarse de la doctrina universal que impide juzgar a un juez por el contenido de sus decisiones, importaría un severo retroceso para la ubicación de la República Argentina en el concierto mundial de naciones, comprometiéndola, inclusive, en el cumplimiento de tratados internacionales que a partir de 1994 tienen jerarquía constitucional. Y en América Latina, cuyos países han reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ello importaría desconocer su jurisprudencia, a la cual nuestra Corte Suprema le ha reconocido carácter vinculante.

El Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 8, “Garantías Judiciales”, establece que toda persona tiene derecho a ser oída por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, hipótesis que sería conceptualmente imposible de alcanzar si los jueces pudiesen ser destituidos por el contenido de sus sentencias.

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