Informe honorable Cámara de Diputados de la Nación






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DICTAMEN DE MINORIA



Honorable Cámara:
La Comisión de Juicio Político ha considerado los pedidos de promoción de causa formulados por los señores diputados IPARRAGUIRRE Y FALU (3033-D-03); CARRIO Y OTROS (3040-D-03); IPARRAGUIRRE (3062-d-03); GUTIERREZ, Julio Y MIRABILE (2503-D-03); y GUTIERREZ, Julio (2645-D-03); todos ellos solicitando el Juicio Político al Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Doctor EDUARDO MOLINE O’CONNOR, y por las razones que se dan en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN



La Honorable Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
1º- NO HACER LUGAR a los pedidos de Juicio Político contra el Sr. Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Dr. Eduardo MOLINE O’ CONNOR.
2º- Archivar las presentes actuaciones.
Sala de la Comisión, julio 31 de 2003.

Juan Carlos López

Diputado de la Nación

INFORME

Honorable Cámara de Diputados de la Nación:


En mi carácter de miembro de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, paso a informar acerca de las razones que hacen improcedente este pretendido juicio político contra el Señor Ministro de la Corte Suprema Doctor Eduardo MOLINE O’ CONNOR.

1.- Las decisiones judiciales de la Corte Suprema no pueden constituir causal de mal desempeño.



En primer lugar, todo el contenido de este juicio político esta destinado a revisar lo que ha hecho un poder del estado: la acusación se funda en la voluntad de los Poderes Políticos disconformes con la opinión vertida por la Corte Suprema en las decisiones adoptadas. No sólo no existe esta causal de remoción en la Constitución Nacional sino que tampoco existe en ninguno de los países que integran el mundo civilizado.

Esto me lleva a formular dos reflexiones. En primer lugar, que no ha sido el Dr. Moliné O’Connor quien ha dictado los fallos que se mencionan en las imputaciones, sino el Máximo Tribunal de la Nación.

Al decidir arrogarse la posibilidad de revisar e interpretar lo decidido por la Corte Suprema, esta Comisión viola y destruye la necesaria división de poderes transformándose en una cuarta instancia.

Entiendo que para muchos el término “separación de poderes” suene a nada, sobre todo cuando razones de índole político entran a jugar, pero en un país serio que respeta sus Instituciones como los Estados Unidos de Norteamérica, este término es tan importante que hasta existe una Comisión de Separación de Poderes e Independencia Judicial que fue creada por el Estado para bregar por la independencia judicial. He aquí una de sus resoluciones referentes al tema del juicio político que he traducido y cuyo original se encuentra a disposición de todos los Señores Diputados:

Resolución-


Sumario Ejecutivo:
Hay una diferencia entre el criticismo desaforado hacia un juez por tomar una decisión judicial errónea y la amenaza por parte de miembros del Congreso o del Presidente de iniciarle una acción para removerlo por esa decisión. La última es una amenaza política calculada para interferir con la independencia en la toma de decisiones judiciales, objetable desde sus raíces.

Ni el texto de la propia Constitución, ni la intención de los constituyentes, ni doscientos años de precedentes, apoyan el criterio de que es apropiado el juicio político y la remoción de jueces exclusivamente en base a las construcciones o malas construcciones que hagan de la ley en casos aislados.
Recomendación:

El desacuerdo con decisiones particulares de un juez federal no es una base válida para iniciar el proceso de juicio político. Los órganos públicos deben abstenerse de amenazar con iniciar procedimientos de juicio político basándose en la perceptible interpretación o mala interpretación de la ley en fallos concretos.
A pesar de ocasionales llamadas del Congreso a juicio político de jueces en consideración de sus fallos, ningún juez en este país ha sido nunca destituido sobre esa sola base. El artículo III, sección 1ra., que habla de la independencia judicial, ha protegido a los jueces de tales ataques.

Todo esto es tan inapropiado como que un miembro del Congreso amenazare a un juez de juicio político y remoción como consecuencia de un fallo impopular. El juez está equipado con la independencia necesaria para resistir este terrible ataque.

Recomendación:

Los jueces amenazados de juicio político por fallos impopulares no deben ser desviados en el ejercicio de su independencia judicial.

Sostener que el criterio registrado en los fallos puede constituir mal desempeño de sus funciones, destruye en sus bases el principio de separación de los poderes; y convierte al Congreso en una especie de supertribunal, árbitro final de las contiendas judiciales, que impondría su jurisprudencia mediante la inhabilitación de los jueces que no siguieran su dictado.”
Por tratarse de un tribunal colegiado, las decisiones de la Corte Suprema sólo pueden ser adoptadas con el voto coincidente de, por lo menos, cinco de los jueces que lo integran. La inamovilidad de los jueces mientras dure su buena conducta (artículo 110 de la Constitución Nacional), es la garantía de la independencia de los jueces y de la vigencia del sistema republicano de gobierno.

Estas sentencias no sólo fueron firmadas por el Juez que esta Comisión acusa, sino por cinco jueces mas. ¿Porqué entonces se ha decidido juzgar sólo a Moliné? ¿Qué pasó con los otros jueces? ¿Cómo justificamos esta desigualdad? Si se removiese al Juez Moliné O’Connor por Magariños, Macri o Meller, habría cosa juzgada respecto de los Doctores Belluscio, López, Vázquez, y Boggiano. ¿Cómo se explica esto?
Se explica de esta manera:
La propia Comisión de Juicio Político en varios de sus proyectos de resolución acusatorios contra el Doctor Moliné O’Connor declara (y cito uno de ellos): “Está claro que no le corresponde al Congreso la revisión jurisdiccional de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, conmoviendo su autoridad de cosa juzgada y arrogándose el ejercicio que no le compete de una función judicial final, pero atento que según la constitución Nacional corresponde a la Cámara de Diputados acusar... es evidente que el exámen de las sentencias de la Corte es una atribución del Poder Legislativo cuando sea posible advertir o se desprenda del exámen de dichos fallos un mal desempeño o la posible comisión de un delito...”
Como nuestra Constitución no es clara en cuanto a qué Constituye causal de mal desempeño, ciertos Diputados arrogándose un poder doctrinario que no tienen (y que es contrario a la verdadera doctrina judicial y profesional) cometen la ABERRACIÓN de considerar que de un fallo pueda desprenderse una conducta. Si así fuera, la Corte como órgano no podría existir y tendría que estar cometiendo mal desempeño cada vez que el Congreso lo estime (porque no es un juez el que toma la decisión sino por lo menos cinco).

NO IMPORTA CUAN POLÍTICA NI CUAN CRITICABLE PUEDA SER LA INTERPRETACIÓN QUE REALIZA LA CORTE. ES SIEMPRE UNA INTERPRETACIÓN Y ES LA ULTIMA Y DEFINITIVA MIENTRAS EL FALLO NO VIOLE MANIFIESTAMENTE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES.

Los Estados Unidos de Norteamérica (y volvemos a ellos porque nuestra Constitución ha tomado de la Constitución norteamericana la institución del Juicio Político) tienen una Constitución que tampoco prevé en forma clara qué constituye causal de juicio político.

Su doctrina, empero, junto con su jurisprudencia y su historia han sido muy claras.

En su libro “Grandes investigaciones: El histórico juicio político al Juez de la Suprema Corte Samuel Chase y al Presidente Andrew Johnson (Editorial Morrow, 1992)”, el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América William Rehnquist, explica: “La Constitución emplea un lenguaje ambiguo respecto a exactamente cuán independiente la justicia federal debe ser. El artículo III más que referirse a un ejercicio de por vida para los jueces, dice que los mismos deberán servir mientras dure su buena conducta, y de acuerdo al artículo II los órganos del Poder Ejecutivo y Judicial pueden ser removidos en Juicio Político por motivos de “traición, soborno y otros altos crímenes y delitos menores”.

“Aquí se suscita un problema interpretativo. El término altos crímenes y delitos menores fue lo suficientemente amorfo para dejar abierta la posibilidad de que un juez federal pueda ser removido de su cargo no sólo por una conducta criminal sino por las decisiones de sus fallos que aparecen como flagrantemente malas”.

“El caso Chase, de 1805, realmente resolvió esta cuestión, dándoles a los jueces federales la certeza de que sus actos judiciales (sus fallos) no serían nunca una base sobre las que se los pueda remover de sus cargos por juicio político”.

Rehnquist concluye más firmemente aún diciendo que “no interesa cuán enojados o frustrados estén los miembros de cualquiera de las otras dos ramas del poder por la acción de la Corte Suprema, la remoción de los miembros individuales de la Corte debido a su filosofía judicial no es permisible”.

“Así –afirma- todas las condenas por juicio político desde el juicio Chase han sido exclusivamente por conducta criminal

Rehnquist concluye diciendo: “Este juicio y el precedente que sentó, representaron una victoria para la separación de poderes que los constituyentes implantaron en la Constitución”.

“Creo que de haber sido condenado Chase las cosas habrían sido muy diferentes en este país. Se habría considerado permisible el juicio político y la remoción de un juez por estar profundamente en desacuerdo con sus decisiones judiciales o su conducta en el estrado. Y seguramente los condenas por juicio político habrían sido más que las siete que se registran en nuestros doscientos años de historia”.
Específicamente, en cuanto a la Corte se refiere, NUNCA en la historia de los Estados Unidos, un juez de la Suprema Corte ha sido removido por juicio político. El único caso de acusación fue el de Chase por razones puramente políticas, porque se levantó públicamente contra Jefferson y el partido republicano. Su absolución en 1805 constituyó un efectivo punto final en el uso del juicio político para remover jueces por razones políticas”.
El profesor de Derecho y Política Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad del Noroeste EUA, Martín Redish, nos dice:

“...el poder del juicio político debe ser interpretado de forma tal que excluya la posibilidad de represalia contra decisiones judiciales. El argumento más fuerte que avala esta afirmación son dos siglos de experiencia que restringen la posibilidad de enjuiciar políticamente a los casos de conducta objetivamente criminal...”
El Secretario de Estado de los EEUU de América durante el gobierno del Presidente Kennedy, nos dice:

“Si la decisión de la Corte Suprema dependiese para su ejecución de la futura ratificación del Secretario de Estado o del Congreso, tal decisión no sería más que un certificado de opinión y en ningún sentido una decisión judicial. El Congreso, por lo tanto, no puede erigirse como Cámara de Apelación del Supremo Tribunal...”
Mientras más uno lee las acusaciones y los cargos, más uno se convence de que existe una intencionalidad política detrás de este ataque y un agravio a las garantías básicas de independencia del Poder Judicial que van a causar hondas heridas en las instituciones de la República.

La protección de las libertades de los ciudadanos reposa en un sistema que garantiza la independencia de los jueces contra el abuso del poder por parte del Estado; y esa garantía es ilusoria, si los jueces pueden ser destituidos por las sentencias que dicten en ejercicio de su función.

A partir de ahora, desaparecerá la independencia del Poder Judicial de nuestro régimen constitucional: los jueces quedarán a merced de esta Comisión de Juicio Político. Y sólo seguirán siendo jueces aquellos que se avengan a aplicar la jurisprudencia que no los exponga a remoción, esto es, los que coincidan con el criterio del Poder Político.

La única jurisprudencia vigente será la decidan los legisladores y los jueces que no la compartan se verán en peligro de ser removidos. Quiero señala que existen muchos antecedentes donde el juicio político ha sido rechazado por considerar que el contenido de las decisiones de los tribunales judiciales no puede ser debatido en estos estrados legislativos. No existe ningún precedente que sostenga la contrario.

Si seguimos adelante con este juicio, estamos contrariando la pauta del artículo 14 de la ley 24.937. Este mismo Congreso al aprobar la ley de reglamentación del Consejo de la Magistratura, dispuso en el artículo14 de la ley 24.937: “Queda asegurada la garantía de independencia de los jueces en materia del contenido de las sentencias.”.- A pesar de tan claro texto legal, y de que en nuestro derecho, el último y más importante intérprete del sentido de los textos constitucionales es la Corte Suprema de Justicia de la Nación –como claramente señala la defensa-, iniciamos un procedimiento de juicio político donde violamos esa ley. Yo no pienso ser partícipe de tamaña ilegalidad.-

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