Que reforma el artículo 35 de la ley federal de competencia económica, a cargo del diputado alejandro sánchez camacho, del grupo parlamentario del prd






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fecha de publicación28.07.2015
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QUE REFORMA EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, A CARGO DEL DIPUTADO ALEJANDRO SÁNCHEZ CAMACHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica, lo anterior al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La normatividad de competencia es un fenómeno relativamente nuevo en los países desarrollados, así como países en vías de desarrollo como México. Incluso, antes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos de América era prácticamente el único país que contaba con una ley de competencia y un organismo encargado de operar la legislación. La mayoría de los países de Europa y Japón toleraron a sus cárteles y monopolios de cierta forma. En la etapa de la posguerra, muchos países avanzados adoptaron leyes de competencia por primera vez. En 1992, sólo tres países de los 24 miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), carecían de leyes de competencia.1

En el caso de México, desde la Constitución de 1857 existe la prohibición de los monopolios. Dicha exclusión fue considerada también, en la Constitución de 1917, a la cual se le agregó la negativa de tolerar prácticas monopólicas con algunas excepciones por considerarse estratégicas para el Estado mexicano.2

Sin embargo, es hasta prácticamente principios de la década de los noventa que comenzó a tomar forma la idea de contar con una legislación que promoviera la competencia, así como un órgano encargado de operar este objetivo. Esto fue posible hasta el 24 de diciembre de 1992, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Competencia Económica y con ella la propia creación de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco).

La ley en comento a través de la Cofeco, tiene tres ejes fundamentales:

1. Sancionar las prácticas monopólicas. Es decir, el órgano regulador en materia de competencia sanciona acuerdos entre competidores, ya sea para fijar precios, para la división de mercados, para restringir la oferta o para la coordinación de posturas en licitaciones o subastas. La Ley referida denomina a estas prácticas monopólicas absolutas. También se sanciona actos de agentes económicos, con poder sustancial, cuyo objeto o efecto sea desplazar o dañar indebidamente a otros agentes económicos, denominadas éstas, prácticas monopólicas relativas.

2. La Ley Federal de Competencia Económica aplica medidas preventivas contra una excesiva concentración en los mercados, y

3. La Cofeco realiza labores de promoción y abogacía de la competencia emitiendo opiniones sobre proyectos de normas y leyes, así como programas y políticas públicas que puedan afectar la competencia.3

En suma, la Ley Federal de Competencia Económica y la Cofeco fueron propuestas para promover la competencia efectiva en el mercado, así como para reducir el ámbito y modo de intervención del Estado en la economía. Sólo una de ellas se cumplió, y por infortunio fue el adelgazamiento del Estado. Aunque el artículo 28 constitucional y la propia ley en comento prohíben las prácticas monopólicas en sus distintas variantes, su implantación no ha sido ejecutada de manera significativa. De hecho, lo inverso ha sido más bien la norma.4

La Ley Federal de Competencia Económica y su aplicación a través de la Cofeco tienen problemas presupuestales, operacionales y judiciales con lo que su penetración para regular las prácticas monopólicas ha sido poco significativa para la competencia nacional.

Sin duda, la batalla de la Cofeco más representativa ha sido con Teléfonos de México (Telmex)5. Y se cita un documento de la Comisión Económica para América Latina (Cepal): "La privatización de la empresa en 1991, ocurrida antes de que se estableciera un marco regulatorio comprensivo y sin ningún tipo de consideraciones de competencia, constituye el clásico ejemplo de cómo la política macroeconómica ‘a la Washington consensus’ es negligente al omitir aspectos microeconómicos. Aparentemente, las autoridades mexicanas priorizaron la maximización de los ingresos por la venta de Telmex como una sola entidad, en vez de licitar varias áreas en forma separada. (…) Si bien los servicios se han ampliado drásticamente desde la privatización, México aún enfrenta los costos de instalación y tarifas más elevadas de los países miembros de la OCDE. En realidad, el proceso de privatización implicó la transformación de monopolio público en un monopolio privado"–fin de la cita.

El poder monopólico de Telmex es inmenso y los números son contundentes: Durante los primeros nueve meses de 2004 la participación de esta empresa en el mercado de telefonía en el número de larga distancia nacional fue de 80 por ciento y en larga distancia internacional de salida fue de 74 por ciento. Si a Telmex la ligamos con la telefonía celular (Telcel), los números no cambian: Con la privatización, Telmex se convirtió de la noche a la mañana en la única empresa capaz de ofrecer el servicio de telefonía móvil en todo territorio nacional. Para 1994, Telcel tenía 53.5 por ciento del mercado; para 1998 tenía el 62 por ciento y para el 2004 ya acaparaba casi el 80 por ciento del mercado de telefonía celular.6

La Cofeco ha venido intentando imponer a Telmex un sin número de veces, sanciones por prácticas monopólicas. Un indicador claro de ello es que el 40 por ciento del valor monetario de multas que la Cofeco ha impuesto durante los 10 primeros años de existencia, han sido directamente a Telmex. Sin embargo, las multas a las que probablemente Telmex se ha hecho acreedora son totalmente ridículas, no sólo porque ha logrado ampararse a través de abogados sumamente especializados en la materia, sino porque la cuantía monetaria de la sanción no repercute en sus altas ventas anuales.

De esta manera, los agentes económicos monopólicos u oligopólicos, se han mantenido en esa posición gracias a que al dominar gran parte de los mercados de bienes o servicios, éstos les reditúan grandes ganancias y fortunas. En el caso de Telmex por ejemplo, si se comprobara que incurrió en una práctica monopólica absoluta (fracción IV, del artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica), se le aplicaría una multa máxima de casi 76 millones de pesos; esto representa tan sólo el 0.05 por ciento de sus ingresos por operación en 2005.7 En otras palabras, Telmex puede pagar la sanción mayor de la ley en comento en tan sólo 4 horas de operación en un día.8

Si este ejercicio lo aplicamos para empresas como Coca Cola-FEMSA, Televisa y Maseca y suponiendo que estas empresas incurrieron en prácticas monopólicas absolutas, nuevamente, aplicándoles la fracción IV, del artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica, los resultados son los siguientes: Coca Cola FEMSA pagaría la sanción en 13 horas de operación solamente; Televisa pagaría la multa en tan sólo 20 horas y Maseca pagaría la sanción más alta en sólo 4 días de ventas9.

Como se puede mostrar a través de estos ejercicios "hipotéticos", estas empresas que históricamente han impuesto su poder monopólico u oligopólico no tienen ningún incentivo, a través de las sanciones, para dejar de incurrir en prácticas monopólicas en sus diversas acepciones.

Por lo tanto, el proyecto de decreto que se presenta, tiene como objetivo central fortalecer a la Comisión Federal de Competencia a través de un incremento de las multas como una medida persuasiva. La propuesta pretende que las multas estén determinadas como porcentaje de las ventas anuales obtenidas por el infractor en el ejercicio fiscal anterior al momento de aplicar la sanción. Además, se duplican las multas en casos de falsedad de declaraciones así como a los agentes económicos o individuos que hayan participado, coadyuvado o propiciado prácticas monopólicas en cualquiera de sus variantes.

Se considera que esta reforma le daría una herramienta adicional a la Cofeco para persuadir a los infractores de que las prácticas monopólicas atentan en contra de la economía nacional y se combatirán con firmeza; que es necesario coadyuvar al desarrollo y crecimiento económico a través de una competencia efectiva y no simulada, competencia que beneficie a los consumidores, a los empresarios y al conjunto de los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI, así como el párrafo segundo del artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica, para quedar como sigue:

Artículo 35. La comisión podrá aplicar las siguientes sanciones:

I y II. …

III. Multa hasta por el equivalente a sesenta mil quinientas veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal por haber declarado falsamente o entregado información falsa a la comisión, con independencia de la responsabilidad penal en que se incurra;

IV. Multa hasta por el quince por ciento de las ventas anuales obtenidas por el infractor durante el ejercicio fiscal anterior, por haber incurrido en alguna práctica monopólica absoluta;

V. Multa hasta por el nueve por ciento de las ventas anuales obtenidas por el infractor durante el ejercicio fiscal anterior, por haber incurrido en alguna práctica monopólica relativa;

VI. Multa hasta por el nueve por ciento de las ventas anuales obtenidas por el infractor durante el ejercicio fiscal anterior, por haber incurrido en alguna concentración de las prohibidas por esta ley;

VII. Multa hasta por el cuatro por ciento de las ventas anuales obtenidas por el infractor durante el ejercicio fiscal anterior, por no haber notificado la concentración cuando legalmente debió hacerse;

VIII. Multa hasta por el nueve por ciento de las ventas anuales obtenidas por el infractor durante el ejercicio fiscal anterior, por haber incumplido con las condiciones fijadas por la comisión en términos del artículo 22 de esta ley, sin perjuicio de ordenar la desconcentración;

IX. Multa hasta por el equivalente a sesenta mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, a los individuos que participen directamente en prácticas monopólicas o concentraciones prohibidas, en representación o por cuenta y orden de personas morales;

X. Multa hasta por el equivalente a sesenta mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, a los agentes económicos o a los individuos que hayan coadyuvado, propiciado, inducido o participado en la comisión de prácticas monopólicas, concentración prohibida o demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados en términos de esta ley, y

XI. Multa hasta quince por ciento de las ventas anuales obtenidas por el infractor durante el ejercicio fiscal anterior, por haber incumplido la resolución emitida en términos del artículo 33 Bis 2 de esta ley.

En caso de reincidencia, se podrá imponer una multa hasta por el doble de la que corresponda, o hasta por el veinte por ciento de las ventas anuales obtenidas por el infractor durante el ejercicio fiscal anterior, o hasta por el veinte por ciento del valor de los activos del infractor, cualquiera que resulte más alta.





Transitorios

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:
1) Véase Ávalos, M. (2006) "Condiciones generales de competencia: el caso de México.", en Serie de estudios y perspectivas No. 48, CEPAL, mayo de 2006, México, pp. 7-8.
2) Véase Del Villar, R. y Soto, F. (2005) "Logros y dificultades de la política de competencia económica en México" en ICE No. 821, marzo-abril de 2005, España, p. 107. De acuerdo con la Constitución no constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva a través del banco central, así como en correos, telégrafos, petróleo, petroquímica básica, energía nuclear y electricidad.
3) Del Villar y Soto (2006) op. cit. p. 108.
4) El tratamiento de la Ley Federal de Competencia Económica sobre prácticas monopólicas absolutas y relativas es el espejo de la regla per se de la jurisprudencia de Estados Unidos: aquellas acciones que son por ley automáticamente ilegales no dan lugar a que el agente dominante pueda defender su proceder. Ávalos (2006) op. cit. p. 15.
5) Ibid. p. 60.
6) Tomado de: Del Villar y Soto (2006) op. cit. pp. 115-116.
7) Para verificar los datos duros, véase los Reportes Anuales 2005 de Telmex, Coca-cola FEMSA, Televisa y Maseca que entregaron a la Bolsa Mexicana de Valores y que pueden ser consultados públicamente vía Internet en: http://www.bmv.com.mx
8) Véase cuadro 1.






Diputado Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica)

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