Sala constitucional de la corte suprema de justicia. San José, a las catorce horas y cincuenta y cuatro minutos del veinticuatro de marzo del dos mil diez






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títuloSala constitucional de la corte suprema de justicia. San José, a las catorce horas y cincuenta y cuatro minutos del veinticuatro de marzo del dos mil diez
fecha de publicación28.07.2015
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*100032920007CO*

Exp: 10-003292-0007-CO

Res. Nº 2010005891
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas y cincuenta y cuatro minutos del veinticuatro de marzo del dos mil diez.

   Acción de inconstitucionalidad promovida por Mario Fernando Vargas Zeledón, mayor, casado, agenda aduanero, cédula de identidad número 1-835-647, vecino de Alajuela contra el artículo 242 de la Ley General de Aduanas, número 7557 del veinte de octubre de mil novecientos noventa y cinco.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del cuatro de marzo del dos mil diez, el accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad del artículo 242 de la Ley General de Aduanas, número 7557 del veinte de octubre de mil novecientos noventa y cinco.  Ello por cuanto, aduce que impone una multa única por el monto equivalente al valor aduanero de las mercancías que se importan, con solo mediar una vulneración que cause un perjuicio mayor a cien pesos centroamericanos. Estima que dicha sanción es confiscatoria, violatoria del derecho de propiedad, del principio de igualdad, irrazonable y desproporcionada. Sustenta su alegato en el hecho de que considera que el monto de las multas es sumamente alto en relación con los ingresos que él percibe como agente aduanero. Además, en cuanto a lo dispuesto en el párrafo segundo, señala que el legislador le da el mismo tratamiento y la misma pena a conductas dolosas como las contempladas en los artículos 211 (contrabando) y 214 (defraudación), lo cual transgrede el artículo 33 de la Constitución Política. Como asuntos base refiere que la Aduana Santamaría inició contra él, seis procedimientos sancionatorios con base en lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley General de Aduanas. Estos procedimientos se tramitan con los números de expediente AS-DN-2078-22007, AS-DN-228-2008, AS-DN-2289-2007, AS-DN-2278-2007, AS-DN-2077-2007, AS-DN-5063-2007, se encuentran en la fase de agotamiento de la vía administrativa y en los mismos se invocó la inconstitucionalidad respectiva.

2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta el Magistrado Armijo Sancho; y,

Considerando:

I.- Sobre la admisibilidad. La acción de inconstitucionalidad planteada cumple con los requisitos previstos en los artículos 73 y siguientes de la Ley de Jurisdicción Constitucional. Se dirige contra una disposición de carácter general, susceptible de ser cuestionada mediante esta vía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 inciso a) de dicha Ley. Además, el accionante acredita la existencia de procedimientos administrativos pendientes de resolver, en la fase de agotamiento de la vía administrativa, donde invoca la inconstitucionalidad de la norma impugnada como medio razonable de amparar el derecho o interés que considera lesionado (folios 10 y siguientes del expediente).  

 II.- Objeto de la acción.  El accionante impugna el artículo 242 de la Ley General de Aduanas. Dicha norma señala:

 “Artículo 242. Infracción tributaria aduanera. Constituirá infracción tributaria aduanera y será sancionada con una multa equivalente al valor aduanero de las mercancías, toda acción u omisión que signifique una vulneración del régimen jurídico aduanero que cause un perjuicio fiscal superior a cien pesos centroamericanos y no constituya delito ni infracción administrativa sancionable con suspensión del auxiliar de la función pública aduanera.

Los casos comprendidos en los artículos 211 y 214 de esta Ley, en los cuales el valor aduanero de las mercancías no supere los cinco mil pesos centroamericanos, o su equivalente en moneda nacional, serán considerados infracción tributaria aduanera y se les aplicará una multa equivalente al valor aduanero de las mercancías.

(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8373 de 18 de agosto de 2003).

Estima que dicha sanción es irrazonable, desproporcionada, confiscatoria, violatoria del derecho de propiedad y del principio de igualdad. Aduce que se establece una “multa única” equivalente al valor aduanero de las mercancías que se importan, por el solo hecho de que se produzca una vulneración que cause un perjuicio mayor a cien pesos centroamericanos. Considera que el monto de las multas es sumamente alto en relación con los ingresos que percibe como agente aduanero. Además, en cuanto a lo dispuesto en el párrafo segundo, alega que se infringe el principio de igualdad, porque el legislador le da el mismo tratamiento y prevé la misma pena a conductas dolosas como las contempladas en los artículos 211 (contrabando) y 214 (defraudación).

            III.- Potestad sancionatoria de la Administración. Doctrinaria y jurisprudencialmente se ha reconocido la existencia de un ius puniendi estatal que se justifica en la necesidad de tutelar bienes jurídicos de importancia para la colectividad. De esa potestad genérica del Estado derivan tanto la potestad sancionatoria administrativa como la sancionatoria penal. En cuanto a la potestad sancionatoria de la Administración, presupuesto básico para la legitimidad de la norma que se impugna, esta Sala ha señalado:

"El primer cuestionamiento de este aparte, obedece a la añeja discusión sobre si la Administración pública puede aplicar normas punitivas, discrepancia que hace mucho tiempo fue superada en el propio Derecho Administrativo, a saber, la legitimidad constitucional de la potestad sancionadora de la Administración, por lo demás, vigente en diversos sectores de nuestro ordenamiento. En efecto, la facultad legal -contenida en este caso por el artículo 65 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Proyecto)- que permita a la Administración el conocimiento y juzgamiento de las infracciones administrativas, no invade el campo de la función jurisdiccional, ni tampoco el ejercicio de ésta, pues existen sustanciales diferencias entre las facultades administrativas y las jurisdiccionales, sin que pueda afirmarse que en el caso de examen las normas cuestionadas irrespetan tales diferencias."(Sentencia 1995-03929 de las quince horas veinticuatro minutos del dieciocho de julio de mil novecientos noventa y cinco) Este Tribunal ha afirmado que la satisfacción de intereses comunes en una sociedad, requiere de una Administración Pública eficaz, y esa eficacia depende en gran medida de su poder, otorgado en parte, para proteger la lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos que la sociedad estima como fundamentales. Es la potestad sancionadora el instrumento a través del cual se busca proteger estos intereses. En los Estados democráticos, se estima que ese poder punitivo es y debe ser la última ratio, lo que obliga a un uso prudente y racional del sistema sancionador. De esta forma se acepta que no sólo el Estado no puede pretender resolver todos los problemas de los ciudadanos y de la sociedad en general a través de la sanción, sino que tampoco puede tener poderes ilimitados para hacerlo. En ese sentido se habla del principio de utilidad, que exige la relevancia del bien jurídico tutelado y la idoneidad del medio para tutelar ese bien jurídico. Toda prohibición sin estos elementos se considera injustificada e ineficaz. La potestad sancionadora no es pues, un fin en sí misma, sino un medio para hacer más eficaz el ejercicio de otras potestades que el ordenamiento atribuye a la Administración para satisfacer intereses generales. (Sentencia 2000-08191 de las quince horas tres minutos del trece de setiembre del dos mil) […] En cuanto a los principios aplicables al régimen sancionatorio administrativo, se ha establecido que éstos tienden a asimilarse a los que rigen en el Derecho Penal, pues, ambos son manifestaciones del poder punitivo del Estado e implican la restricción o privación de derechos, con la finalidad de tutelar ciertos intereses. Tanto las normas sancionatorias administrativas como las penales poseen una estructura y funcionamiento similar: la verificación de la conducta prevista produce como consecuencia jurídica una sanción. El Derecho de la Constitución impone límites al derecho sancionador, que deben ser observados tanto en sede penal como en la administrativa; ciertamente, en este último caso con determinados matices que se originan en la diversa naturaleza de ambos: "Como reiteradamente ya ha señalado esta Sala, al menos a nivel de principios, no puede desconocerse una tendencia asimilativa de las sanciones administrativas a las penales, como una defensa frente a la tendencia de liberar -en sede administrativa- al poder punitivo del Estado de las garantías propias del sistema penal. Siendo innegable que las sanciones administrativas ostentan naturaleza punitiva, resulta de obligada observancia, al menos en sus líneas fundamentales, el esquema de garantías procesales y de defensa que nutre el principio del debido proceso, asentado principalmente en el artículo 39 de la Constitución Política, pero que a su vez se acompaña de las garantías que ofrecen los artículos 35, 36, 37, 38, 40 y 42 también constitucionales. Así, ya esta Sala ha señalado que "todas esas normas jurídicas, derivadas de la Constitución Política como modelo ideológico, persiguen ni más ni menos que la realización del fin fundamental de justicia que es el mayor de los principios que tutela un Estado de Derecho, en la que se incluyen reglas -principios generales- que tienen plena vigencia y aplicabilidad a los procedimientos administrativos de todo órgano de la Administración, se reitera, pues, los principios que de ella se extraen son de estricto acatamiento por las autoridades encargadas de realizar cualquier procedimiento administrativo que tenga por objeto o produzca un resultado sancionador."(resolución N° 1484-96) "...las diferencias procedimentales existentes entre las sanciones aplicables a infracciones y a delitos, no pueden conducir a ignorar en el ámbito del procedimiento administrativo las garantías de los ciudadanos, en efecto, los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos matices, al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado."(resolución N° 3929-95). Así, la tendencia inequívoca de este Tribunal ha sido pronunciarse a favor de la aplicación, aunque ciertamente con variaciones, de los principios rectores del orden penal al derecho administrativo sancionador, de manera que resultan de aplicación a las infracciones administrativas mutatis mutandis los principios de legalidad, tipicidad y culpabilidad propios de los delitos."

(Sentencia 2000-08193 de las quince horas cinco minutos del trece de setiembre del dos mil)

IV.- Constitucionalidad de la norma impugnada. En el ámbito del derecho administrativo sancionador, ciertamente resultan de aplicación los principios de razonabilidad y proporcionalidad de la sanción. El accionante alega que la sanción prevista en la norma impugnada es irrazonable, desproporcionada, confiscatoria y violatoria de los derechos de propiedad e igualdad. No obstante, a juicio de esta Sala no lleva razón el accionante. El legislador tiene la competencia para crear los tipos penales e infracciones administrativas que estime necesarios para tutelar los bienes jurídicos considerados valiosos para la sociedad. La norma dispone que constituirá infracción tributaria aduanera, toda acción u omisión que signifique una vulneración del régimen jurídico aduanero que cause un perjuicio superior a cien pesos centroamericanos. De una lectura del texto se infiere que no se establece una sanción única para la conducta tipificada, sino que el monto de la misma dependerá del valor aduanero de las mercancías. La circunstancia de que las multas resulten altas en relación con los ingresos percibidos por el accionante –hecho que por lo demás no ha sido acreditado- no involucra un problema de constitucionalidad. La norma tampoco lesiona el principio de igualdad, porque la multa a pagar es proporcional al valor aduanero establecido, lo cual descarta la aseveración de que se otorga el mismo tratamiento a situaciones desiguales. Así las cosas, no encuentra la Sala razones para estimar la acción, por lo que procede rechazarla por el fondo.

Por tanto:

Se rechaza por el fondo la acción.

      

Gilbert Armijo S.

Presidente a.i.

            Luis Paulino Mora M.                                                                         Fernando Cruz C.

            Fernando Castillo V.                                                                           Roxana Salazar C.

            Doris Arias M.                                                                        Luis Humberto Barahona D.
  

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