La primera tarea de la teoría general del delito es dar un concepto de delito, que contenga todas las características comunes que debe tener un hecho para ser






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CAPÍTULO I
1. El concepto de Delito

La primera tarea de la teoría general del delito es dar un concepto de delito, que contenga todas las características comunes que debe tener un hecho para ser considerado como delito, y ser sancionado con una pena. Para esto se debe partir del derecho penal positivo.

Desde el punto de vista jurídico, delito es toda conducta que el legislador sanciona con una pena. Esto es consecuencia del principio nullum crimen sine lege, que rige el derecho penal moderno. Este principio impide considerar delito a toda conducta que no caiga en los marcos de la ley penal. Este concepto que se da es formal, y nada dice sobre los elementos que debe tener esa conducta para ser castigada por la ley penal. Las definiciones que dan algunos códigos, tienen elementos que el legislador exige para considerar una acción u omisión como delito o falta, por lo que ya no son simples definiciones formales de delito.
El legislador ha querido destacar en esas definiciones caracteres que le han parecido relevantes, en orden a la consideración de un hecho como delito, que debe tratarse de una acción u omisión, deben ser dolosas o culposas y penadas por la ley. Corresponde al jurista, a la ciencia del derecho penal, elaborar ese concepto del delito, en el que están presentes todas las características generales comunes a todos los delitos en particular.
2. Elementos y estructura del concepto de delito

El concepto de delito responde a una doble perspectiva que se presenta como un juicio de desvalor que recae sobre un hecho, y como un juicio de desvalor que se hace sobre el autor de ese hecho. Al primero se le llama injusto o antijuricidad, que es la desaprobación del acto; al segundo se le llama culpabilidad, que es la atribución de dicho acto a su autor. En estas dos categorías se han ido distribuyendo los diversos componentes del delito. En la primera, antijuricidad, se incluye la acción u omisión, medios y formas en que se realiza, objetos y sujetos, relación causal y psicológica entre ellas y el resultado. En la culpabilidad, las facultades psíquicas del autor, conocimiento por parte del autor de su carácter prohibido de su hacer y la no exigibilidad de un comportamiento distinto. Ambas categorías tienen una vertiente negativa.
Esta distinción sistemática, tiene también un valor práctico, por ejemplo, para imponer una medida de seguridad es suficiente la comisión del hecho prohibido, antijurídico, aunque su autor no sea culpable, sin embargo, para imponer una pena es necesario que exista la culpabilidad, además de que el hecho sea antijurídico. No hay culpabilidad sin antijuricidad, aunque sí hay antijuricidad sin culpabilidad.
Pero no todo hecho antijurídico realizado por un autor culpable es delito. De toda la gama de acciones antijurídicas que se cometen, el legislador ha seleccionado una parte de ellas y las ha conminado con una pena por medio de su descripción en la ley penal. Este proceso se llama tipicidad, que es la adecuación de una hecho cometido a la descripción que se hacen en la ley, también es una consecuencia del principio de legalidad.
Normalmente la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad son las características comunes a todo delito. El punto de partida es la tipicidad, pues sólo el hecho descrito en el tipo legal puede servir de base a posteriores valoraciones. Sigue después la indagación sobre la antijuricidad, la comprobación de si el hecho típico cometido es o no conforma a derecho.
Con la constatación positiva de estos elementos, se puede decir existe delito y su autor puede ser castigado con la pena que se asigne en cada caso concreto el delito en la ley. En algunos casos se exige para poder calificar un hecho como delito la presencia de algunos elementos adicionales. En algunos casos se habla de penalidad, que a veces se considera esta categoría un elemento perteneciente a la teoría general del delito.
Se puede definir al delito como la acción u omisión típica, antijurídica, culpable y punible. Esta definición tiene carácter secuencial, ya que el peso de la imputación va aumentando a medida que se pasa de una categoría a otra, teniendo que tratarse en cada categoría los problemas que son propios de la misma.

3. Clasificación de los delitos

Para saber cuando se está ante un delito o falta hay que ver la pena que en el preceptor penal correspondiente se le asigne, esto es una consideración abstracta. Esta distinción entre delito y falta es cuantitativa. Es una cuestión de política legislativa el que el hecho se considere delito o falta. Normalmente las faltas suelen ser delitos en miniatura, y no difieren mucho de los delitos.
La distinción entre delito y falta tiene consecuencias de orden material y de orden procesal.
Desde el punto de vista terminológico, se suele emplear la expresión delito en general como equivalente a infracción criminal, comprendiendo también las faltas. Otras veces se utilizan expresiones como “hecho punible”, “acción punible”, etc. Estos términos son equivalentes, pero es más común el de delito, salvo que se aluda concretamente a alguna particularidad de las faltas.
Cuando se habla de delito, se refiere normalmente a la acción u omisión típica, antijurídica, culpable y punible; pero otras veces solo se refiere al hecho típico descrito en la ley como delito, sin prejuzgar todavía si es antijurídico o culpable.
CAPÍTULO II

1. El comportamiento humano como base de la teoría del delito

La norma jurídica penal pretende la regulación de conductas humanas y tiene por base la conducta humana que pretende regular. Por lo que tiene que partir de la conducta humana como aparece en la realidad, la norma selecciona una parte de estos comportamientos que valora negativamente y conmina con una pena. El derecho penal es un derecho penal de acto y no de autor, ya que solo la conducta humana traducida en actos externos puede ser calificados de delito y motivar una reacción penal.
La distinción entre derecho penal de acto y derecho penal de autor es una cuestión sistemática, y fundamentalmente política e ideológica. Solo el derecho penal basado en el acto cometido puede ser controlado y limitado democráticamente.

El derecho penal de autor se basa en cualidades de la persona de las que no es responsable, y no pueden precisarse con toda nitidez en los tipos penales.
El derecho penal de autor no permite limitar el poder punitivo del Estado y favorece una concepción totalitaria del mismo.
De la concepción del derecho penal como derecho penal de acto, se deduce que no pueden constituir nunca delito ni el pensamiento, ni las ideas. Tampoco los actos de los animales, ni los sucesos causales como los fenómenos de la naturaleza.
2. Formas de comportamiento humano penalmente relevantes

La conducta humana se manifiesta en el mundo externos en actos positivo y en omisiones. Ambas formas de comportamiento son relevantes para el derecho penal. Sobre ambas realidades ontológicas se construye el concepto de delito con la adición de elementos fundamentales que lo caracterizan. La acción y la omisión cumplen la función de elementos básicos de la teoría del delito. La realidad ontológica del comportamiento humano solo adquiere relevancia jurídico penal en la medida en que coincida con el correspondiente tipo.
Igualmente se emplean términos como “hecho”, “acto”, “comportamiento”, etc. que incluyen acción y omisión, sin que se equiparen ambos conceptos que siguen siendo realidades distintas y con distinto significado. La acción positiva es la forma de comportamiento humana más importante en derecho penal, sirviendo de referencia a la omisión.
3. La acción en sentido estricto

Se llama acción todo comportamiento dependiente de la voluntad humana. Solo el acto voluntario puede ser penalmente relevante. La voluntad implica una finalidad. La acción es ejercicio de actividad final.
La dirección final de la acción se realiza en dos fases: una externa, otra interna.

  • fase interna: sucede en el pensamiento del autor, se propone anticipadamente la realización de un fin. Para llevar a cabo este fin selecciona los medios necesarios, y tiene que considerar los efectos concomitantes que van unidos a los medios elegidos y a la consecución del fin que se propone. La consideración de estos efectos puede hacer que el autor vuelva a plantearse la realización del fin, y rechace algunos medios seleccionados para su realización. Pero una vez los admita seguro, esos efectos perteneces a la acción.

  • fase externa: una vez propuesto el fin, seleccionados los medios para su realización y ponderados los efectos conmitantes, al autor procede a su realización en el mundo externo. Y conforme a un plan procura alcanzar la meta propuesta.


La valoración penal puede recaer sobre cualquiera de estas fases de la acción, una vez que se ha realizado en el mundo externo.
La base del derecho penal es el fin de esa acción lo que le interesa, pero igualmente los medios elegidos o los efectos concomitantes.
4. La polémica sobre el concepto de acción

El concepto de acción es de la teoría final de la acción, formulada por el alemán Hans Welzel. Ésta surgió para superar la teoría causal de la acción, de Von Liszt y Mezger. Para esta teoría, la acción es conducta humana voluntaria, pero prescinde del contenido de la voluntad, del fin. Lo importante para establecer el concepto de acción es que el sujeto haya actuado voluntariamente. Lo que el sujeto haya querido es irrelevante y solo interesa en el marco de la culpabilidad. La teoría causal reduce el concepto de acción a un proceso causal prescindiendo por completo de la vertiente te de la finalidad. La realidad de las acciones humanas son procesos causales dirigidos a un fin.

Para el causalismo la finalidad debe ser objeto de valoración en el ámbito de la culpabilidad. El legislador cuando describe una conducta de tipo penal, describe un proceso causal en la medida que se deriva de la realización de una acción final humana. Luego se añaden y valoran otros datos que caracterizan la acción en el caso concreto o que determinan la culpabilidad del autor. Pero solo a partir de la acción final que sirve de presupuesto a toda valoración y reacción jurídico penal. El legislador cuando tipifica las acciones prohibidas lo hace pensando en la acción como un proceso causal regido por la voluntad dirigida a un fin. La teoría final de la acción tiene cada vez más partidarios. El postulado del que parte esta teoría es la vinculación del legislador a las estructuras ontológicas que no puede modificar. Lo que al penalista interesa es la acción típica, que se desprende de las leyes, que definen los delitos, que es una acción final. Sin recurrir a la finalidad, voluntad, no se puede distinguir la acción humana de matar a otro de la muerte producida por un rayo. Para distinguir las acciones humanas unas de otras hay que recurrir a la finalidad, ya que sólo ésta puede dar sentido a ese proceso causal. Hay que recurrir desde el principio, para tipificar la acción, a determinados elementos subjetivos que exige la ley.
Para superar la polémica entre teoría final y teoría causal, hay una tercera que es la teoría social de la acción, para la cual tiene relevancia social el comportamiento humano. Solo atendiendo al contenido de la voluntad del autor se puede determinar el sentido social de la acción, por lo que esta teoría es excesivamente ambigua, y es un dato prejurídico que no interesa directamente al jurista.
5. Sujeto de la acción: actuación en nombre de otro

Solo la persona humana puede ser sujeto de una acción penalmente relevante.
Las personas jurídicas no pueden ser sujetos de acción penalmente relevante. Desde el punto de vista penal, la capacidad de acción, de culpabilidad y de pena exige la presencia de una voluntad, que no existe en la persona jurídica. El derecho penal, ante los abusos que se producen a través de la persona jurídica, castiga a las personas físicas individuales que cometen tales abusos.
En algunos casos no es posible castigar a las personas físicas que actúan en nombre de las personas jurídicas, porque algunos delitos exigen cualidades personales, que no se dan en las personas físicas sino en las jurídicas. Para evitar esto, el legislador puede o sancionar expresamente en los tipos delictivos donde más se den estos casos a las personas físicas que actúan en nombre de las jurídicas, o crear un precepto general que permita esta sanción en todos los casos donde ocurran problemas de este tipo.
6. Ausencia de acción

EL derecho penal se ocupa solo de acciones voluntarias, por lo que no habrá acción penalmente relevante cuando falte la voluntad. Esto sucede en tres casos:

  1. Fuerza irresistible: es un acto de fuerza proveniente del exterior que actúa materialmente sobre el agente. Desde el punto de vista cuantitativo, la fuerza ha de ser absoluta, de forma que no deje ninguna opción al que la sufre. La fuerza ha de provenir del exterior, de una tercera persona o de fuerzas naturales. En la práctica, la fuerza irresistible carece de importancia, raras veces en los delitos de acción, pero es importante en los delitos de omisión. La consecuencia principal de esto es que el que violenta, empleando fuerza irresistible contra un tercero, responde como autor directo del delito cometido, y el que actúe u omita violentado por la fuerza irresistible no responde, y su actuación u omisión es irrelevante penalmente.

  2. Movimientos reflejos: pueden ser como convulsiones epilépticas o los movimientos instintivos de defensa, no constituyen acción, ya que el movimiento no está en estos casos controlado por la voluntad. El estímulo del mundo exterior es percibido por los centros sensores, que lo transmiten, sin intervención de la voluntad, directamente a los centros motores.

  3. Estados de inconsciencia: pueden ser como el sueño, sonambulismo, embriaguez letárgica, etc. En estos casos los actos que se realizan no dependen de la voluntad y no pueden considerarse acciones penalmente relevantes. Aunque pueden ser penalmente relevantes, si el sujeto se ha colocado voluntariamente en dicho estado para delinquir o llega a ese estado por negligencia.


CAPÍTULO III

1. Acción y resultado

Al realizarse en el exterior la acción siempre modifica algo, produciendo un resultado. Pero este resultado ya no es parte integrante de la acción. La distinción entre acción, como simple manifestación de voluntad, y resultado, como consecuencia externa derivada de la manifestación de la voluntad, tiene gran importancia para el derecho penal. Por ejemplo, el legislador castiga en algunos casos la simple manifestación de voluntad, y en otros además el resultado derivado de ella. En este último caso se exige una relación de causalidad entre la acción y el resultado. Puede que el resultado no se produzca y que la acción sólo sea punible a título de tentativa. Para determinar la antijuricidad del hecho se distingue entre el desvalor de la acción y el desvalor de resultado. EN la teoría del concurse se diferencia según que el resultado haya sido producido con una o varias acciones según o una acción haya producido varios resultados.
2. Relación de causalidad e imputación objetiva

En los delitos de resultado entre acción y resultado debe darse una relación de causalidad, una relación que permita, la imputación del resultado producido al autor de la conducta que lo ha causado. La relación de causalidad entre acción y resultado y la imputación objetiva de resultado al autor de la acción que lo ha causado son el presupuesto mínimo para exigir una responsabilidad en los delitos de resultado por el resultado producido.
Para resolver casos complicados se han elaborado diversas teorías. Entre las dos más importantes están: la de la equivalencia de las condiciones, y la de la causación adecuada. Para la primera, es causa toda condición de un resultado concreto que, suprimida mentalmente, daría lugar a que ese resultado no se produjese. Para esta teoría todas las condiciones del resultado son equivalentes.
Para la teoría de la adecuación, sólo aquella condición que generalmente es adecuada para producir el resultado es causa en sentido jurídico. Una acción será adecuada para producir un resultado cuando una persona normal, hubiere podido prever, que en circunstancias normales, tal resultado se produciría inevitablemente. Previsibilidad objetiva y diligencia debida son los dos criterios que sirven para precisar cuándo una acción es adecuada para producir un resultado. Desde el punto de vista causal ontológico o naturalista, toda condición es causa de un resultado en sentido natural o lógico.
Desde el punto de vista jurídico, esta casualidad natural deber ser limitada con ayuda de criterios jurídicos, de forma que el problema casual se convierte en un problema casual se convierte en jurídico al incluir dentro de la categoría del injusto o antijuricidad típica.
Recientemente en la doctrina se han propuesto otros criterios que sirven de base a la imputación objetiva, tanto de delito doloso como de imprudente. Entre estos se encuentra el del incremento del riesgo y el del fin de protección a la norma.
Con el primero se pueden resolver casos en los que el resultado se hubiera producido igualmente aunque el autor hubiera actuado con la diligencia debida. El segundo sirve para seleccionar casos en los que, aunque el autor ha creado o incrementado un riesgo que se transforma en un resultado dañoso, no procede imputar este resultado si no se produce dentro del ámbito de protección de la norma. Los casos a los que afecta ese problema son diversos y complejos.

El problema se plantea generalmente en delitos imprudentes que determina la producción de un resultado a veces completamente distinto y contrario al pretendido por su causante. En el delito doloso, el sujeto hace todo lo que puede por producir el resultado que pretende. Si a pesar de ellos no se produce, habrá tentativa o frustración; y lo mismo sucede cuando el resultado se produce, pero de un modo completamente anómalo e imprevisible.
Otro criterio es el de causalidad natural: que es la acción causal cuando el resultado producido es su consecuencia natural. Para saber cuándo es consecuencia natural, se distingue entre condiciones preexistentes, simultáneas y sobrevenidas a la lesión. Las últimas excluyen la causalidad si se origina por un accidente extraño que no tiene relación con el hecho cometido por el agente. Fuera de estos casos se afirma la causalidad si a la muerte contribuyen condiciones concomitantes y preexistentes. Este criterio no limita en exceso la causalidad. Lo grave de esta práctica jurisprudencial es que confunde el plano causal ontológico y el plano causal jurídicamente relevante. En el ámbito jurídico únicamente puede ser importante éste, por lo que sólo con criterios jurídicos como Previsibilidad objetiva, diligencia debida, incremento del riesgo y fin de protección de la norma; se puede determinar con seguridad el ámbito de lo jurídicamente relevante, para después proceder a comprobar si se dan los demás elementos de la teoría general del delito que fundamentan la responsabilidad penal.
Actualmente el problema, de tipo de injusto del delito imprudente, son sólo aquellos resultados delictivos que sean atribuibles a culpa o imprudencia de su causante pueden dar lugar a responsabilidad penal. Los casos más complicados de imputación objetiva de un resultado deben tratarse como problemas de esta forma de imputación típica: la imprudencia. Si ni siquiera se da éste, habrá caso fortuito y el resultado no podrá ser imputado penalmente.


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