La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don José Gabaldón López, Presidente, don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Rafael de






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SENTENCIA 176/1995, caso Makoki

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don José Gabaldón López, Presidente, don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Rafael de Mendizábal Allende, don Julio Diego González Campos, don Carles Viver Pi-Sunyer y don Tomás S. Vives Antón, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 1.421/92, interpuesto por don Damián Carullá Balagué, a quien representa el Procurador de los Tribunales don Francisco de Guinea y Gauna, con asistencia del Letrado don Jordi Perales Class, contra la Sentencia que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó el 11 de mayo de 1992 en procedimiento abreviado seguido por delito de injurias. Han comparecido el Ministerio Fiscal y las Asociaciones «Amical de Mauthausen» y «B'Nai B'Rith de España», la primera representada por el Procurador de los Tribunales don Emilio Alvarez Zancada, bajo la dirección del Abogado don Mateo Seguí, y la otra, por el Procurador don Carlos de Zulueta Cebrián con la asistencia letrada de don Jorge Trías Sagnier, siendo Ponente el Magistrado don Rafael de Mendizábal Allende, quien expresa el parecer de la Sala.
I. Antecedentes

1. Don Damián Carullá Balagué, en escrito presentado el 4 de junio de 1992, interpuso el recurso de amparo de que se hace mérito en el encabezamiento, donde se dice que en 1990 las Asociaciones «Amical de Mauthausen» y «B'Nai B'Rith de España» formularon sendas denuncia y querella contra él y don Felipe Borrallo Rubio, en sus respectivas condiciones de director y editor de las publicaciones de la editorial «Makoki, S.A.», por la comisión de los delitos de injurias graves (art. 458 C.P.) y de escarnio de confesión religiosa (art. 209 C.P.) a consecuencia de la publicación en España del álbum «Hitler=SS», del guionista Gourio y del dibujante Vuillemin, ambos de nacionalidad francesa.

Admitidas la denuncia y la querella a trámite, el Juez de Instrucción núm. 24 de Barcelona acordó el secuestro de la edición y de sus moldes en Auto de 20 de julio de 1990. Una vez conclusa la instrucción, las actuaciones fueron remitidas al Juez de lo Penal núm. 3 de la misma ciudad, que, el 29 de enero de 1992, dictó Sentencia absolutoria. Esta Sentencia fue recurrida en apelación por las antedichas Asociaciones y revocada por otra de la Audiencia Provincial (Sección Tercera) con fecha 11 de mayo del mismo año, en la cual fue condenado el hoy demandante, como autor de un delito de injurias, a las penas de un mes y un día de arresto menor y cien mil pesetas de multa, con dieciséis días de arresto sustitutorio en caso de impago, así como al abono de las costas procesales.

En la demanda de amparo se dice que la creación y publicación del álbum «Hitler=SS» se enmarca en el renacimiento en Europa de ideas y corrientes de claro contenido neonazi y revisionistas de los acontecimientos históricos acaecidos durante la Segunda Guerra Mundial, concretamente de la existencia de un genocidio y de la planificación de un exterminio de las razas consideradas inferiores o subordinadas a la aria, como era, entre otras muchas, la judía. Dado el auge, tanto ideológico como social de tales doctrinas, que no cabe olvidar tuvieron un importante apoyo electoral en Francia, país natal de los autores Vuillemin y Gourio, con el fenómeno Le Pen, aquellos se plantearon la realización de un cómic en el que satirizar y ridiculizar, con el grafismo y el lenguaje que le es propio el fenómeno distorsionador o negador de la existencia de los campos de exterminio nazis, tomando como idea estandarte las frases y escritos del líder de la extrema derecha francesa Le Pen. Cobra por ello todo su sentido la apostilla crítica y satírica contenida en el libro de que «todo parecido con seis millones de personas que jamás han existido es pura coincidencia», frase atribuida precisamente a dicho dirigente político. Por lo tanto, en modo alguno pueden identificarse las expresiones o manifestaciones contenidas en el álbum con la ideología o pensamiento propio de sus autores y de los directores que hayan podido adquirir los derechos de edición de la obra. Esta disociación resulta elemental y básica para la apreciación, en su caso, de la existencia del animus o intencionalidad que pudiera revestir carácter delictivo.

Así las cosas, la condena impuesta infringe el art. 20 de la Constitución, pues la actuación del demandante de amparo se ha limitado única y exclusivamente a decidir la adquisición de los derechos de edición y posterior publicación en nuestro país de los relatos que conforman dicho álbum, sin que por ello en él concurra el necesario animus iniurandi. La decisión de un director de revista de publicar un trabajo ajeno, por discutible o polémico que éste pueda ser, jamás puede abocar a una condena penal por la comisión de un delito de injurias, puesto que ello coarta irreparablemente su libertad ideológica y de expresión en contra de lo previsto en la normativa constitucional. Esa condena, sin analizar las concretas circunstancias y los verdaderos objetivos de su edición, avala que -paralelamente- se prohíba la obra de Salman Rushdie y hace incomprensible que se permita la edición de obras como «Mi lucha» de Hitler. La tesis contenida en la Sentencia recurrida conduce a una rígida y severa autocensura previa o a un previo control administrativo o judicial, a modo de filtro calificador, que expresamente prohíbe el art. 20.2 de la Constitución. Finalmente, los arts. 13 y 15 del Código Penal, cuyo contenido ha matizado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, han sido derogados por la Constitución. No puede condenarse a alguien por el mero hecho de que los autores reales no sean conocidos, no estén domiciliados en España o estén exentos de responsabilidad criminal.

La demanda concluye con la solicitud de que este Tribunal dicte Sentencia en la que, otorgando el amparo solicitado, declare la nulidad de la Sentencia recurrida, reconociendo el derecho del demandante al libre ejercicio de la libertad de expresión y la libre difusión de sus opiniones, ideas y pensamientos y, por lo tanto, a editar el álbum «Hitler=SS», por no revestir el mismo carácter injurioso, vejatorio o de menosprecio para persona o colectividad alguna. También se interesó que, entre tanto, se dejara en suspenso la ejecución de la Sentencia impugnada.

2. La Sección Tercera, en providencia de 16 de noviembre de 1992, decidió poner de manifiesto al Fiscal y al recurrente la posible concurrencia de la causa de inadmisión prevista en el art. 50.1 c) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, consistente en la manifiesta falta de contenido constitucional de la demanda. El traslado fue evacuado mediante sendos escritos presentados el 4 y el 5 de diciembre, respectivamente, y, en providencia de 21 de diciembre, la Sección admitió a trámite la demanda, requiriendo de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial y del Juez de lo Penal núm. 3 de Barcelona la remisión de las actuaciones, con emplazamiento de quienes fueron parte en el proceso para que pudieran comparecer en este de amparo, si les conviniere. En otra providencia simultánea, la Sección acordó también que se formara pieza separada, concediendo al Fiscal y al demandante un plazo de tres días para que pudieran alegar cuanto estimasen oportuno acerca de la suspensión solicitada. Evacuado el trámite por ambas partes mediante sendos escritos presentados el 14 y el 15 de enero de 1993, respectivamente, en el Auto de 25 de enero se dejó en suspenso la Sentencia impugnada por lo que toca al cumplimiento de la pena privativa de libertad.

Las Asociaciones «B'Nai B'Rith de España» y «Amical de Mauthausen» se personaron el 26 de marzo y el 18 de mayo, por lo que se las tuvo por parte en providencia de 4 de noviembre, donde, a la vez, habiendo sido recibidas las actuaciones, se dio vista de ellas, por plazo común de veinte días, a todos los comparecidos en la litis, para alegaciones.

3. La Asociación «Amical de Mauthausen» las evacuó en escrito presentado el 3 de diciembre, donde ratifica la denuncia que en su día presentó, sosteniendo que la publicación del álbum «Hitler=SS» constituye un delito de injurias. No cabe desconocer el principio constitucional de libertad de expresión, pero esta libertad no puede causar agravio de obra o de palabra, ser un hecho o dicho contra toda razón y justicia y amparar la injuria. Por ello solicita que sea dictada Sentencia adecuada a Derecho.

4. A su vez, la Asociación «B'Nai B'Rith de España» formuló sus alegaciones el 4 de diciembre afirmando que en la demanda de amparo se plantea un conflicto entre las libertades reconocidas por el art. 20 de la Constitución, en concreto, la libertad de expresión garantizada en el apartado 1 d) -sic- y otros derechos y bienes jurídicamente protegidos, como es el del honor, inherente a la dignidad de las personas que sufrieron los horrores en los campos de exterminio del nacionalsocialismo durante la Segunda Guerra Mundial. A este propósito debe destacarse un defecto formal en la demanda de amparo, ya que no contiene razonamiento alguno que ponga en relación la libertad de expresión con la Sentencia recurrida ni sobre las circunstancias por las que ésta restringe el ejercicio de la libertad de expresión, fuera de la invocación genérica y sesgada de la doctrina del Tribunal Constitucional. La fundamentación jurídica de la demanda se centra en la perspectiva penal de los arts. 13 y 15 en relación con los 457 y siguientes del Código Penal. En cuanto al fondo, debe coincidirse con la Sentencia recurrida, en la que, tras un preciso y razonado estudio del libreto denominado «Hitler=SS», se declara que el secuestro de la publicación «no puede confundirse con una limitación al derecho a expresar libremente opiniones», ya que no puede ampararse en el ejercicio del mismo el relato con expresiones irrespetuosas, hirientes y groseras del exterminio en los campos de concentración nazis. Consecuentemente, procede denegar el amparo solicitado.

5. El Fiscal, en escrito presentado el 10 de diciembre, solicitó también la desestimación del amparo. La falta de consistencia de la alegada derogación del art. 15 del Código Penal se pone de manifiesto en la propia demanda, según la cual el recurrente decidió la adquisición de los derechos de edición y posterior publicación en nuestro país del cómic litigioso. Si los autores de éste no residen en España, la acción penal debe dirigirse contra el director de la publicación, posibilidad que este Tribunal ha consagrado en su STC 336/1993. Tampoco debe prosperar la quiebra del art. 20.2 de la Constitución, pues no existe en autos censura previa alguna, como se deduce de la doctrina sentada en la STC 171/1990. En cuanto a la vulneración del art. 20.1 de la Constitución, se invocan las libertades de expresión, creación artística e información, sin individualizar cuál de ellas es la concretamente ejercitada. Incluso se alude incidentalmente a la libertad ideológica del art. 16.1, aunque no se alegue formalmente. En cualquier caso, tales libertades poseen un valor preferente siempre que se ejerciten dentro del ámbito constitucionalmente protegido. Ahora bien, si se ha transgredido dicho ámbito, carecen de carácter de límite expreso al derecho al honor y será éste el que deba prevalecer.

Este Tribunal se ha pronunciado también respecto a la licitud constitucional de la libertad ideológica, de expresión e información cuando contengan manifestaciones xenófobas en su STC 214/1991. De acuerdo con la doctrina contenida en la misma, no debe caber duda alguna de la realidad del ataque al honor del pueblo judío y de todos sus integrantes que sufrieron los horrores de los campos de concentración, quienes, sin duda, como los miembros de las Asociaciones denunciante y querellante, se sintieron vejados con la publicación del cómic de autos. Si existe, pues, un ataque al honor y su manifestación no se encuentra amparada por las libertades del art. 20.1 de la Constitución, puesto que no se ha hecho uso legítimo de las mismas, hay que concluir que la ponderación efectuada por los órganos jurisdiccionales es adecuada a los parámetros constitucionales y debe ser confirmada.

El resto de las alegaciones afectan a cuestiones de legalidad ordinaria. En efecto, la subsunción de los hechos en la norma penal, la valoración del animus iniurandi y la exclusión justificadora del animus iocandi son temas que pertenecen en exclusiva a los Tribunales de la jurisdicción ordinaria, por imperativo de lo dispuesto en el art. 117.3 de la Constitución. En definitiva, existe una resolución fundada en Derecho que aplica unos valores de los bienes jurídicos «honor» y «libertad de expresión» que se atienen a los parámetros constitucionales y que efectúa una adecuada ponderación entre los mismos.

6. El demandante de amparo dejó transcurrir el plazo abierto para alegaciones sin formularlas.

7. Mediante providencia de 7 de diciembre de 1995, se señaló para deliberación y fallo de la presente Sentencia el día 11 del mismo mes.

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