“la suspension del decreto por el cual se incrementa el precio en la gasolina y acpm, para el mes de julio del 2008, el cual inicia regir a partir del 1 de julio de 2008”






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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Sala Primera de Decisión
Neiva, julio diez (10) del año dos mil ocho (2008).
MAGISTRADO PONENTE : DR. JOSE MARCELINO TRIANA PERDOMO

CLASE DE ACCION : TUTELA

CLASE DE PROVIDENCIA : SENTENCIA

ACCIONANTE : AMIN VEGA BURGOS

DEMANDADO : MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

EXPEDIENTE NUMERO : 410012331000-2008-00232-00

ACTA DE APROBACION : 064 DE LA FECHA.


  1. LA PETICIÓN


El ciudadano AMIN VEGA BURGOS, acciona en tutela contra el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, para que se le proteja el derecho fundamental a la igualdad, ordenando dar un incremento igualitario para la gasolina y el ACPM.


  1. H E C H O S


Son narrados así por el actor:
El Ministro en entrevista otorgada a noticias RCN el pasado 26 de junio de 2008, sobre el alza del precio de la gasolina y el ACPM manifestó: “LE ESTAMOS SUBIENDO UN POQUITO MAS A LA GASOLINA QUE AL DISCEL, POR QUE (sic) LA GASOLINA LA USA EN SU GRAN MAYORIA LOS VEHÍCULOS PRIVADOS Y LOS TAXIS Y LA MAYORIA DE LOS TAXIS DEL PAIS ESTAN UTLIZANDO GAS NATURAL COMPRIMIDO…” (fl. 2).
Dicha declaración, se hizo realidad con el Decreto que autoriza el aumento en el precio de la gasolina y el ACPM para el mes de julio de este año, razón por la cual, “se me está vulnerando el derecho a la igualdad, ya que es palpable que hay un trato totalmente diferente con los que tenemos un vehículo de servicio Particular y sobre todo Si este funciona con gasolina. Ya que hay un incremento mayor en el combustible de los vehículos que funcionan con gasolina, incremento comparado con el combustible denominado ACPM” (fl. 2).
No hay justificación alguna para que se realice una discriminación entre los propietarios de los vehículos con gasolina con los que usan gas natural comprimido y ACPM: “…La diferencia que marca el señor Ministro es clara y directa, diferencia que hace que tan solo se castigue a un sector, que esta (sic) conformado con los que tenemos un vehículo de servicio particular, castigo que consiste en que tenemos que aportar mas (sic) dinero en la compra de gasolina…” (fl. 3).
Solicitó como medida cautelar se ordene al MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA “LA SUSPENSION DEL DECRETO POR EL CUAL SE INCREMENTA EL PRECIO EN LA GASOLINA Y ACPM, PARA EL MES DE JULIO DEL 2008, EL CUAL INICIA REGIR A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2008” (fl. 3).
III. DERECHOS VULNERADOS
Señala como derecho fundamental conculcado el relativo a la igualdad previsto en el artículo 13 de la Constitución Política.
IV. ADMISION Y TRAMITE
Por auto del 2 de julio de 2008 se dio trámite a la acción de tutela, disponiendo notificar al señor Ministro de Minas y Energía y solicitar información relativa a los hechos motivo del presente trámite.
Así mismo, se denegó la medida cautelar deprecada.
El Ministerio de Minas y Energía, a través de apoderado, contestó la demanda manifestando que se opone a la prosperidad de las pretensiones, por cuanto la acción de tutela no es el mecanismo para solicitar la derogatoria y/o suspensión provisional de decretos y actos administrativos; amén de que tampoco individualiza ni identifica el decreto o acto administrativo que aumenta el precio de la gasolina y el ACPM: “En el presente caso el demandante pretende que mediante acción de tutela se ordene la suspensión de un decreto que no identifica ni individualiza, sin indicar su numero (sic), ni su año. Es evidente, en consecuencia, la improcedencia de la acción tutela en el presente caso, independientemente de las razones aducidas por el accionante en relación con la oposición a la constitución y a la ley del mencionado “Decreto”no identificado por el actor. (…) la acción de tutela por mandato expreso del artículo 6° del decreto 2591 de 1991, es improcedente para cuestionar la legalidad o constitucionalidad de actos de carácter general como del citado “decreto” no identificado por el actor; para efectuar tal análisis los ciudadanos cuentas con diferentes mecanismos procesales, ante la jurisdicción de lo Contencioso administrativo” (fl. 44).

Adicionalmente manifiesta que la presente acción no se presenta como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y que el demandante cuenta con otros mecanismos de defensa judicial diferentes a la tutela para expresar su inconformidad con los actos que fijan los precios de los combustibles: “Tiene el accionante otros medios de defensa judicial para reclamar ante la jurisdicción contenciosa, Igualmente el actor en la parte inicial de la demanda reprocha la supuesta existencia de actos administrativos presuntamente violatorios del ordenamiento constitucional y legal, y además de forma improcedente solicitó al juez de tutela la suspensión provisional de dichos actos administrativos sin identificarlos ni individualizarlos…” (fl. 43).
Así mismo, manifiesta que contrario a lo esgrimido por el accionante, en el presente caso no se ha vulnerado el derecho a la igualdad: “El señor AMIN VEGA BURGOS no es un transportador de servicio publico (sic), no es un transportador de carga, no tiene un vehículo impulsado por gas natural o ACPM, entonces no se encuentra en una discriminación entre igual y quiere de modo improcedente obtener el trato de sujetos que no se encuentran en las mismas condiciones, por lo tanto no se ha vulnerado el núcleo esencial del derecho a la igualdad” (fl. 46).
Finalmente, expone que las medidas adoptadas por el Ministerio de Minas y Energía se encuentran plenamente justificadas y no obedecen a discriminación alguna, pues ella se busca minimizar los efectos del aumento de los precios internacionales del petróleo sobre la inflación y el sector de transporte y que además, los precios nacionales de los combustibles a nivel de ingreso al productor, pese a los incrementos realizados, están aún por debajo de los costos precios de oportunidad, lo cual quiere decir que se ha generado subsidio.
El actor allegó en audio la entrevista realizada por el canal RCN al Ministro de Minas y Energía.
Por parte el Ministerio del Transporte se allegó copia de los siguientes documentos:
- Resolución N° 18 1027 del 26 de junio de 2008 “Por la cual se definen los valores de referencia de la Gasolina motor y el ACPM, para el cálculo de la sobretasa y los precios del ingreso al productor de los combustibles, para efectos del cálculo del IVA, correspondientes al mes de julio del año 2008” (fls. 58-59).
- Resolución N° 18 1028 del 26 de junio de 2008 “Por la cual se modifica la resolución 8 2438 del 23 de diciembre de 1998 y se establecen disposiciones relacionadas con la estructura de precios de la Gasolina Motor Corriente y Gasolina Motor Corriente Oxigenada” (fls. 60-64).
- Resolución N° 18 1029 del 26 de junio de 2008 “Por la cual se modifica la resolución 8 2439 del 23 de diciembre de 1998 y se establecen disposiciones relacionadas con la estructura de precios del ACPM y de la mezcla del mismo con el biocombustible para uso en motores diesel” (fls. 65-69).
- Resolución N° 18 1030 del 26 de junio de 2008 “Por la cual se establecen las estructuras de precios de la Gasolina Motor Corriente Oxigenada y el ACPM que se distribuyan en el Área Metropolitana de Cúcuta” (fls. 70-73).



  1. CONSIDERACIONES DE LA SALA


Indica el artículo 86 de la Constitución Política que toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquiera autoridad pública.
Dispone además que esta acción solo procederá cuando el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en catalogar a la acción de tutela como subsidiaria y residual, esto es, que no se ha instituido para suplantar los procedimientos ordinarios, ni para invadir la órbita de competencia de otras jurisdicciones y, por dicha razón, se torna improcedente cuando el afectado tenga a su disposición otro mecanismo de defensa judicial para la protección de su derecho fundamental violado o amenazado, a menos que se intente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En ese sentido la H. Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992, replicada en fallo T-047/071, afirmó:
En otros términos, la acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por carencia de previsiones normativas específicas, el afectado queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable entendido éste último como aquél que tan sólo puede resarcirse en su integridad mediante el pago de una indemnización (artículo 6º del Decreto 2591 de 1991).
Así, pues, la tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece -con la excepción dicha- la acción ordinaria”.
Del mismo modo ha dicho que la tutela no es el mecanismo más adecuado para controvertir actos administrativos, indicando a manera de conclusión2:
De la presente regulación la Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.”
En el presente caso el accionante, censura el acto administrativo que entró a regir a partir del día 1 del presente mes -no lo identifica ni individualiza-, en virtud del cual se incrementa el precio de gasolina y ACPM, porque a su juicio, se está dando un trato discriminatorio entre los propietarios de vehículos de servicio particular y los de servicio público, “…ya que hay un mayor incremento en el combustible de los vehículos que funcionan con gasolina, incremento comparado con el combustible denominado ACPM” (fl. 7).
Como puede observarse, el señor Amín Vega Burgos acude a la garantía constitucional para solicitar de manera tácita la anulación de los actos administrativos que aumentan el precio de la gasolina y el ACPM, actos que aunque el accionante no identifica, la Sala infiere que se hace referencia a los que fijan los precios de combustible, entre ellos, el Decreto 1870 del 29 de mayo de 2008 y las Resoluciones Nos. 18 1027, 18 1028 y 18 1029 del 26 de junio de 2008, de los cuales se advierte sin ninguna dificultad, que constituyen actos nacionales de carácter general, abstracto o impersonal, lo que hace improcedente por ése solo hecho la tutela del derecho fundamental invocado, por así establecerlo el artículo 6° numeral 5. del Decreto 2591 de 1991, que enlista como causal de improcedencia de la tutela : “cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.”
Por consiguiente, de conformidad con los parámetros señalados por la jurisprudencia atrás mencionada, la tutela deprecada en este caso no es procedente y así se resolverá ante la existencia de otros medios judiciales expeditos para reclamar contra los actos administrativos cuestionados y ante el hecho cierto de que no se invocó como mecanismo transitorio, pues sobre el punto nada se manifestó por parte del actor, ni se demostró la existencia de un perjuicio irremediable de las características jurídicas explicadas por la H. Corte Constitucional:

En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable3”.
Adicionalmente, es preciso resaltar que el derecho a la igualdad, preconizado por el artículo 13 de la Carta Política, no plantea una igualdad matemática, sino una igualdad real, que busca un trato igual a las personas que se encuentran bajo unas mismas condiciones, y que justifica un trato diferente sólo cuando se encuentran bajo distintas condiciones3.
Y como en el sub lite, la solicitud de protección del derecho a la igualdad, no se está predicando entre iguales, pues tal como lo sostuvo el apoderado del Ministerio de Minas y Energía en la contestación de la demanda, el actor “no es un transportador de servicio público, ni de carga, no tiene vehículo impulsado por gas natural o ACPM” (fl. 46), no puede exigir el mismo trato dado a los que presentan condiciones diferentes.
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Primera de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A :
Primero. Denegar por improcedente la acción de tutela incoada por el señor AMIN VEGA BURGOS contra el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA.
Segundo. Notificar la presente decisión a las partes personalmente o por el medio más expedito.
Tercero. Si esta providencia no fuere impugnada, se dispone remitir el expediente a la H. Corte Constitución para su eventual revisión.
Cópiese y notifíquese.


JOSE MARCELINO TRIANA PERDOMO RAMIRO APONTE PINO

Magistrado Magistrado


JORGE AUGUSTO CORREDOR RODRÍGUEZ

Magistrado


1 Magistrado Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

2 Sentencia T-514 de 2003, M. P.: Eduardo Montealegre Lynett.

3 sentencia T-1316 de 2001.

3 Sentencia T-018 de 1999. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.


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