Junta de relaciones laborales de la autoridad del canal de panama. Panamá, dieciocho (18) de octubre de dos mil siete (2007)






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JUNTA DE RELACIONES LABORALES DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA. Panamá, dieciocho (18) de octubre de dos mil siete (2007)-
RESOLUCION No.5/2008
Denuncia por práctica laboral desleal No. PLD-25/07

Presentada por el Panama Area Metal Trades Council

en contra de la Autoridad del Canal de Panamá



  1. FUNDAMENTO LEGAL


La Ley 19 de 11 de junio de 1997, Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá, en su artículo 113, numeral 4, otorga competencia privativa a la Junta de Relaciones Laborales para resolver las denuncias por prácticas laborales desleales.
De conformidad con el artículo 87, numeral 2 del Reglamento de Relaciones Laborales de la Autoridad del Canal de Panamá, una organización sindical puede denunciar prácticas laborales desleales. Por su parte, el artículo 108 de la Ley 19 de 1997 señala taxativamente las acciones que se consideran prácticas laborales desleales por parte de la Autoridad del Canal de Panamá.
El día 15 de junio del año 2007, el señor Oscar Sáenz presentó una denuncia ante la Junta de Relaciones Laborales por práctica laboral desleal en contra de la Autoridad del Canal de Panamá. La misma la fundamenta en el artículo 108, numerales 1 y 8, y por la violación del artículo 94 de la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá.
Recibida la denuncia, la Junta de Relaciones Laborales asignó al Señor Mauro Murillo como miembro ponente para atender esta denuncia conforme al artículo 10 del Acuerdo No.2, por el cual se aprueba el Reglamento de Denuncias por Prácticas Laborales Desleales.



  1. HECHOS DE LA DENUNCIA


En su memorial de denuncia indica el Señor Oscar Sáenz, que el 15 de mayo de 2007, la administración entregó propuesta de despido a los señores Norberto Cooper y Gabriel De la Espada y el 21 de mayo hizo entrega del mismo tipo de propuesta a los señores Isidoro Herrera y Manuel Sanguillén.
Que los elementos que sustentan las propuestas de despido para estos señores están basados en un posible delito que la propia administración denunció ante la Fiscalía de la Provincia de Colón, el 20 de noviembre de 2006, por intermedio del señor Darío Rawlins, Supervisor de Operación Regional de la División de Protección de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Señala el denunciante que en las propuestas de despido se establecen faltas que ponen en peligro la seguridad del personal, los bienes y el tránsito de buques por el Canal; que estas faltas están descritas en el Reglamento de Administración de Personal de la ACP como negligencia y la administración lo denunció usando el elemento doloso que convierte en un posible delito este tipo de actos.
Por todo lo anterior, el denunciante solicita a la ACP que desista de conocer de estos procesos que ya están siendo investigados por las autoridades competentes, a quienes la Constitución, en su artículo 32, les da privativamente la facultad de conocer este tipo de caso.
Así mismo, el denunciante señala que la Ley Orgánica le da a la ACP la facultad de sancionar a un trabajador por haber cometido un delito, sin embargo, no lo faculta para investigarlo, ya que esto recae sobre el Ministerio Público donde reposa el expediente actualmente y que los hechos denunciados constituyen una práctica laboral desleal contemplada en el artículo 108, numerales 1 y 8, por la violación del artículo 94 de la Ley 19 de 1997.
En tal sentido, el denunciante concluye que la administración, al investigar y sancionar actos se niega a cumplir el artículo 94 de la Ley 19 de 1997, al no respetar lo indicado en el Reglamento de Ética y Conducta, así como la Constitución y las leyes de la República de Panamá al investigar y tratar de sancionar los delitos que están consagrados en el Código Penal en los artículos 238, 239 y 241, que la misma denunció ante la Fiscalía de la Provincia de Colón, entendiendo que no era de su competencia.
La parte denunciante señala que las acciones de la administración al proponer la medida adversa interfiere y restringe el derecho de los trabajadores involucrados en esta denuncia, por tanto, solicita que se les aplique debidamente las garantías constitucionales y legales, como lo estipula el Código de Ética y Conducta.
Finalmente, solicita la parte denunciante a la Junta de Relaciones Laborales que lo antes posible ordene a la ACP, suspender el proceso disciplinario en contra de los señores Norberto Cooper, Manuel Sanguillén, Isidoro Herrera y Gabriel De la Espada, por ser este proceso violatorio a la Constitución y a las leyes de la República de Panamá, y que sean declarados como práctica laboral desleal, los hechos denunciados.
Se adjunta como prueba la denuncia ante el Ministerio Público presentada por el señor Darío Rawlins y la propuesta de despido dada a los señores Norberto Cooper, Gabriel De la Espada, Isidoro Herrera y Manuel Sanguillén.



  1. POSICIÓN DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ (ACP)


Como parte denunciada, la ACP, por intermedio de la licenciada Aixa M. González, Gerente Ejecutiva Encargada de la División de Relaciones Laborales, señala que la ACP tiene la facultad privativa de aplicar disciplina a sus trabajadores según las disposiciones legales del régimen laboral especial, tales como el artículo 90 y artículo 100, numeral 2 de la Ley Orgánica; artículo 13 del Reglamento de Relaciones Laborales de la ACP; artículo 157 del Reglamento de Administración de Personal de la ACP y la sección 8.01 (a) de la Convención Colectiva de la Unidad de Trabajadores No-Profesionales.
Que estas disposiciones legales anteriormente descritas, establecen plenamente la responsabilidad de la administración de aplicar disciplina a los trabajadores que incurren en conductas o desempeño que no cumpla con los estándares establecidos por la ACP. Por tales razones sostiene que no ha incurrido en ningún tipo de violación al proponer medidas adversas a los trabajadores Norberto Cooper, Gabriel De la Espada, Isidoro Herrera y Manuel Sanguillén.
Agrega que actualmente se encuentra surtiendo el proceso disciplinario a estos trabajadores, en fiel cumplimiento de lo pactado en la Convención Colectiva de los Trabajadores No Profesionales, artículo 8, contentivo del tema de las Medidas Adversas. Se ha seguido el debido proceso, respetando el derecho de los trabajadores, realizando una investigación exhaustiva, separada e independiente del trámite que surte en la esfera penal, y la misma se sustenta en faltas administrativas comprobadas que ameritan una sanción.
También la ACP considera que como el accionar disciplinario no impide que surta el trámite legal necesario, si las acciones cometidas por estos trabajadores se tipifican como delitos en el ordenamiento jurídico panameño, la denuncia presentada por el señor Rawlins en representación de la ACP para que surta la investigación por parte del Ministerio Público por las acciones cometidas por los trabajadores, era lo correspondiente. La ACP reconoce que el señor Rawlins actuó conforme a su responsabilidad de servidor público, que en el ejercicio de sus funciones, conforme al artículo 1996 del Código Judicial, debe denunciar la comisión de un delito ante autoridad competente.
Expresa la ACP que la responsabilidad civil o penal que pueda resultar de un hecho para los trabajadores que se aparten de los estándares de conducta o desempeño, no excluye la aplicación de sanciones administrativas por la ACP a dichos trabajadores como resultado del mismo hecho, tal como lo establece la Ley Orgánica de la ACP en su artículo 90.
La licenciada González señala que la ACP ha cumplido cabalmente con sus responsabilidades y derechos; que la denuncia del señor Oscar Sáenz, representante sindical, parece ser una táctica dilatoria del proceso disciplinario llevado a cabo por la administración en contra de los trabajadores involucrados en este proceso, ya que la misma, a su juicio, no tiene fundamento alguno y busca vincular dos procesos, el administrativo de la ACP y el Penal del Ministerio Público, estableciendo erróneamente que uno de ellos impide el desarrollo del otro, por tanto, esta afirmación del señor Sáenz es contraria a lo que expresa el artículo 90 de la Ley Orgánica de la ACP.
Por todo lo anteriormente expresado, la licenciada Aixa González exhorta a la Junta de Relaciones Laborales desestime de plano esta denuncia por práctica laboral desleal.



  1. ANALISIS Y OPINIÓN DE LA JUNTA


Al examinar las piezas procesales que integran el expediente del presente caso, observamos que la denuncia se fundamenta en la presunta comisión de una práctica laboral desleal por parte de la Autoridad del Canal de Panamá por la violación del artículo 94 de la Ley 19 de 1997, orgánica de la ACP, situación que considera el denunciante constituyen las causales 1 y 8 del artículo de la Ley Orgánica es decir por:


  1. Interferir, restringir coaccionar a un trabajador en el ejercicio de cualquier derecho que le corresponda, de conformidad con las disposiciones de la presente sección.

  2. No obedecer o negarse a cumplir cualquier disposición de esta sección.


El artículo 94 de la Ley Orgánica establece:
Las relaciones laborales de la Autoridad del Canal de Panamá se regirán por lo dispuesto en la presente Ley, los reglamentos y las convenciones colectivas. Las disposiciones de la presente sección deben interpretarse considerando la necesidad de que la Autoridad, como administradora del servicio, sea eficaz y eficiente.
Según se infiere de las alegaciones de la parte denunciante, la Ley Orgánica le da a la administración facultad de sancionar a un trabajador por haber cometido un delito, sin embargo, no la faculta para investigarlo, lo cual recae sobre el Ministerio Público, donde reposa el expediente actualmente. (cfr. folio 2).
Todo lo anterior guarda relación con el hecho que la Autoridad del Canal efectuó una propuesta de despido a los señores Norberto Cooper, Gabriel de la Espada, Isidoro Herrera y Manuel Sanguillén, cuyo sustento descansa en la denuncia que la Autoridad del Canal de Panamá presentó ante el Ministerio Público.
Así las cosas, la Junta pasa a analizar si constituye o no, una práctica laboral desleal por parte de la Autoridad del Canal de Panamá, el dar curso a un proceso de naturaleza disciplinaria y al mismo tiempo denunciar ante las autoridades competentes un hecho que pueda constituir un delito.
Con tal propósito debemos examinar las normas aplicables al asunto que se denuncia, en tal sentido, encontramos que el artículo 80 de la Ley Orgánica de la ACP señala que:
“la administración de la Autoridad aplicará las medidas disciplinarias en forma progresiva, de manera que se le permita al infractor enmendar su conducta, salvo en el caso de una falta grave que amerite despido.” En su párrafo final, el artículo en mención señala que “la aplicación de la sanción se hará sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal del infractor proveniente del mismo hecho.” (Énfasis de la Junta)
Sin tener que ahondar en aspectos de interpretación de la norma a juicio de la Junta, el artículo 90 de la Ley Orgánica de la ACP es claro, en cuanto a la facultad de administración de la ACP para sancionar a trabajadores(as) que incurran en conductas que no cumplan con los estándares establecidos por la ACP y que por ende, contravengan su normativa. Obviamente, para aplicar medidas disciplinarias, la administración debe investigar, probar los hechos y cumplir con el debido proceso disciplinario que se amerite y de acuerdo a lo pactado para tales efectos en la Convención Colectiva correspondiente.
También es claro para la Junta que el proceso disciplinario es un proceso de naturaleza meramente administrativa, que no es impedimento para que surta el trámite legal pertinente, si los actos cometidos por los trabajadores(as) pueden al mismo tiempo ser tipificados como delitos en el ordenamiento jurídico panameño. “La aplicación de las sanciones se hará sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal del infractor proveniente del mismo hecho.” (Artículo 90 de la Ley Orgánica de la ACP).
En este orden de ideas, también es importante mencionar que el artículo 1 de la Ley Orgánica señala que: “la Autoridad del Canal de Panamá es una persona jurídica autónoma de derecho público, constituida y organizada conforme a los términos previstos por la Constitución Política y esta Ley”, por tanto, se infiere que todo el personal que labora en la ACP es un servidor público y, como tal, está obligado por ley a denunciar cualquier acto que atente contra los intereses de la ACP ante la Autoridad competente.
Así las cosas observa la Junta que, las pruebas que la parte denunciante aporta al expediente demuestran claramente dos procesos diferentes: la denuncia por el presunto delito de hurto ante el Ministerio Público-Policía Técnica Judicial de Panamá; Agencia de Colón (cfr. folios 5-8 del expediente), presentada por el señor Darío Rawlins en representación de la ACP, y por otro lado, tenemos la nota HRLA-2007-180, con fecha de 7 de mayo de 2007, donde se notifica la propuesta de destitución de la ACP al señor Norberto L. Cooper por poner en peligro la seguridad del personal, los bienes y el tránsito de buques por el canal, al remover cables eléctricos de aterrizaje, ubicado en el túnel Oeste de las Esclusas de Gatún (cfr. folios 9-13), dando así inicio al proceso administrativo para la acción disciplinaria en función de lo que establece la Convención Colectiva de los trabajadores No Profesionales para tal efecto, y el Reglamento de Administración de Personal de la ACP. Son dos procesos compatibles con los señalamientos del artículo 90 de la Ley Orgánica de la ACP.
Por todas las consideraciones antes expuestas, para la Junta de Relaciones Laborales en el presente proceso, y en base a las pruebas que constan en el expediente, no se evidencia indicios de la comisión de una práctica laboral desleal por parte de la Autoridad del Canal de Panamá, por lo cual en virtud de sus facultades legales y reglamentarias,
RESUELVE
NO ADMITIR la presente denuncia por práctica laboral desleal por falta de méritos.
Fundamento Legal: Artículo 94 y artículo 108, numerales 1 y 8 de la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá.
Notifíquese,


______________________

Mauro Murillo

Miembro ponente


_____________________ __________________

Aura Elena Ferrer Rita Mariela Pérez T.

Miembro Miembro


_____________________

Vasco Torres De León

Miembro

_______________________

Magdalena Carrera Ledezma

Secretaria Judicial


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