Libre competencia economica actos contrarios a la libre competencia / actos contrarios a la libre competencia influenciar a empresa para incrementar o






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I-. ANTECEDENTES



I.1-. La sociedad SUCESORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO & CÍA S.A.-CASA LUKER y OTROS, actuando mediante apoderado presentaron demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
1ª: Es nula la Resolución 8231 de 21 de marzo de 2001 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, por la cual se impone una sanción y se prohíbe el ejercicio de una conducta.

2ª: Es nula la Resolución 20229 de 22 de junio de 2001, mediante la cual se resuelve el recurso de reposición, confirmando el anterior acto administrativo.
I.2. La parte demandante fundamenta sus pretensiones en los siguientes hechos:

Que la Superintendencia de Industria y Comercio, invocando dos comunicaciones expedidas por CASA LUKER y dirigidas a MAKRO DE COLOMBIA S.A., específicamente para los eventos de “Makro Mail núm. 18”, suscritas por Ángela María Muñoz, Ejecutiva de Ventas y William Manuel Ospina Zúñiga, Director Nacional de Autoservicios, mediante las cuales se le concede un descuento “no transferible al público” del 7% sobre el aceite vegetal Gourmet de 5.000 c.c. a favor de MAKRO, abrió investigación administrativa en contra de la referida sociedad y de los señores ÁNGELA MARÍA MUÑOZ Y WILLIAM OSPINA, por presunta violación al régimen de prácticas restrictivas de la competencia.
Indica que como resultado de la investigación, la Administración consideró como norma violada el numeral 2 del artículo 48 del Decreto 2153 de 1992, el cual consagra como acto contrario a la libre competencia el influenciar a una empresa para que incremente los precios o desista de su intención de rebajarlos.
Sostiene que tal influencia no existió por cuanto la norma exige un resultado y éste no se produjo, ya que los precios del citado producto no fueron rebajados por parte de MAKRO.
Afirma que no obstante haber desvirtuado con pruebas la no ocurrencia de la conducta, la Superintendencia de Industria y Comercio procedió a sancionar a los actores por vulneración del artículo 48 del Decreto 2153 de 1992.

I.3.- La parte demandante adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:
Que la Administración violó los artículos 48 numeral 2º del Decreto 2153 de 1992; 29 y 83 de la Constitución Política.
Sostiene que del texto del artículo 48 numeral 2º del Decreto 2153 de 1992, se deducen tres elementos: la existencia de dos empresas, la que influencia y la influenciada, el verbo rector influenciar y el objetivo de incrementar los precios o desistir de la intención de rebajarlos.

Afirma que tales elementos no fueron debidamente demostrados en la investigación adelantada por la Superintendencia de Industria y Comercio y no obstante impuso una sanción, violando el debido proceso, el derecho de defensa y el principio de legalidad.

Aduce que la Administración impuso una sanción por la supuesta comisión de una infracción que no existió y no se encuentra prohibida en la ley, por darle al verbo rector una interpretación errónea que no caracteriza su finalidad.

Sostiene que se tuvieron en cuenta unos de los elementos de la norma, eliminando del análisis el presupuesto intencional consagrado en la misma.
Agrega que MAKRO siendo el primer hipermercado del país desde 1998, que está en la posibilidad de demandar aceites de otros oferentes en el mercado, no tenía la potencialidad o posibilidad siquiera de ser influenciado por CASA LUKER, tal como se demostró en las pruebas decretadas de oficio por la parte demandada.
Destaca que la Administración considera que el verbo rector influenciar no requiere la obtención de un resultado, aunque a lo largo de las diferentes Resoluciones proferidas dentro del curso de la investigación, sin justificación alguna varió su posición.

Precisa que la Administración no demostró la intención concreta de MAKRO de rebajar los precios transfiriendo el descuento al público o vendiendo por debajo del costo; y al contrario, lo que se probó en el curso de la investigación es que al momento de la ocurrencia de los hechos los precios de SURTIMAX y ALKOSTO se encontraban por encima de los de MAKRO.
Manifiesta que se violaron los principios de la hermenéutica jurídica, ya que al utilizar la demandada en forma caprichosa el concepto del verbo rector influenciar, omitió dar aplicación correcta a la interpretación de las normas.
Arguye que la Administración omitió dar aplicación a los artículos 25 y 26 del Código Civil para interpretar por vía de doctrina la disposición que presume violada.
Además, que violó el artículo 27 del Código Civil, al darle un sentido oscuro a la disposición presuntamente vulnerada, pretendiendo consultar su espíritu para concluir que el verbo influenciar es de medio y no de resultado.

Igualmente, que el artículo 28 ibídem fue desconocido por la Administración, porque le asignó al verbo una connotación diferente e hizo uso de la expresión “busca influenciar” que no corresponde al precepto legal. Además, el artículo 30 del mismo Código, también fue vulnerado por la demandada.
I.4- La Superintendencia de Industria y Comercio por medio de apoderado contestó la demanda, y para oponerse a las pretensiones de la parte actora adujo, en síntesis, lo siguiente:

Que el elemento “dos empresas independientes” que contiene el numeral 2º del artículo 48 del Decreto 2153 de 1992, es claro en cuanto a que se refiere a la independencia de dos empresas: una que realiza la conducta restrictiva y otra que recibe la influencia de tal conducta, pero que la citada norma no calificó la relación que debía existir entre las dos empresas, ni estableció como requisito, que la empresa influenciada no tuviera otras opciones dentro del mercado. Tampoco exige ningún tipo de concurrencia de voluntades, puesto que los actos anticompetitivos pueden ser desarrollados por cualquier agente económico.
Que del otro elemento “influenciar” de la norma en análisis, es preciso estudiar su alcance. Que a pesar de que el legislador no la define, es evidente que del texto de las cartas suscritas por los señores William Ospina y Ángela Muñoz, se prueba la intención de Casa Luker de evitar que el descuento que le había otorgado a Makro se viera reflejado en el precio por el cual vendía el producto.
Afirma que es claro, que aunque Makro hizo caso omiso de la influencia ejercida por Casa Luker, ésta sí lo influenció para que desistiera de su intención de rebajar los precios del aceite al señalarle que el descuento de un 7% que le otorgaba a Makro, no era transferible al público, ni podía sacarlo por debajo del costo del mismo.
Aduce que una vez analizado el material probatorio, el Superintendente de Industria y Comercio estableció que los señores William Ospina y Ángela Muñoz habían autorizado o permitido que Casa Luker ejecutara la enunciada práctica restrictiva de la competencia.

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