Acefalía Presidencial: Constitucionalidad Art. 4° Ley 20972 (según Ley 25716). Amparo: Legitimación. Control de constitucionalidad






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Acefalía Presidencial: Constitucionalidad Art. 4° Ley 20972 (según Ley 25716). AMPARO: Legitimación. Control de constitucionalidad

Expte.3613/03 FALLO Nº 3100/2003 - "Monner Sans, Ricardo/promueve acción de amparo" - CNE - 25/03/2003
INTRODUCCION:
"El nuevo Art. 43 de la Constitución Nacional reconoce legitimación para promover la acción de amparo a sujetos potencialmente distintos de los afectados en forma directa por el acto u omisión que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o garantías reconocidos por la Constitución, un tratado o la ley. Pero de esa ampliación constitucional de los sujetos a quienes se reconoce legitimación procesal no se sigue la aptitud para demandar sin que exista cuestión susceptible de instar el ejercicio de la jurisdicción (Fallos 321:1252)."

"La obligatoriedad de determinada jurisprudencia -como la que reviste la de esta Cámara por imperio de los Arts. 6° de la ley N° 19108 y 303 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación- no importa afectación de norma constitucional alguna, ni de los principios en los que aquéllas se sustentan, sea la legalidad, la igualdad, la división de poderes o la independencia judicial; concluyéndose que no se legisla sino que se interpreta; no se agravia la irretroactividad legal; configura una regulación del ejercicio del poder jurisdiccional; no es obligatoria para el particular -su validez es susceptible de revisión al ser aplicado-; se motiva en casos concretos; y se trata de la interpretación y modo de aplicación de una norma."

"Con referencia al eventual perjuicio que le irrogaría la proclamación como presidente de la Nación de un ciudadano que carezca de la condición de funcionario público -cuya posibilidad considera admitida por el Art. 4 de la ley N° 20972, modif. por ley N° 25.716-, ningún argumento válido ha aportado el recurrente para controvertir la decisión que cuestiona, y demostrar que reúne los recaudos mínimos exigidos para la admisibilidad de la acción.-En efecto, no invoca siquiera el derecho o garantía que resultaría afectado por la norma que impugna. De allí, que no pueda dilucidarse si concurre amenaza o riesgo inminente de lesión, restricción o alteración; condiciones éstas necesarias para la procedencia de la acción intentada (cfr. Art. 1° de la ley N° 16986).- No ha demostrado el accionante - entonces- la relación existente entre la norma atacada y el riesgo de que se le ocasione una lesión, que por otra parte no define."

"El presunto interés institucional que subyace en la invocación de su condición de abogado matriculado en el Colegio Público de la Capital Federal no fue traducido, en el caso, en la afectación de un derecho concreto. En esas condiciones, permanecen insatisfechos los recaudos necesarios para habilitar la jurisdicción, ya que el interés institucional insinuado es abstracto e indefinido, de modo que se sitúa fuera de aquellas hipótesis que permiten su tratamiento."

"Las reglas que rigen el control de constitucionalidad en nuestro medio obstan a que este Tribunal pueda invalidar en el sub lite la norma impugnada, en tanto -como se vio- ningún argumento válido ha aportado el recurrente para demostrar que reúne los recaudos mínimos exigidos para la admisibilidad de la acción, la cual -por otra parte, y como consecuencia de ello- no tiene otro objeto que procurar una declaración de ilegitimidad directa cuyos efectos no se limitarían a actos relacionados con un conflicto o controversia concreto, sino que se proyectarían "erga omnes", otorgando a la sentencia el carácter de norma general.- Lo expuesto no implica mantener una concepción estrecha acerca de lo que puede ser un interés tutelable, sino aplicar la conocida exigencia de que las revisiones constitucionales solo pueden tener lugar en el marco de verdaderos "casos" o "causas" en los términos del Art. 116 de la Constitución Nacional, la ley 27 y la invariable jurisprudencia sentada al respecto."



T



EXTO COMPLETO



Buenos Aires, 25 de marzo de 2003.//-

Y VISTOS:

Los autos "Monner Sans, Ricardo s/promueve acción de amparo" (Expte. 3613/03)), venidos del juzgado federal electoral de Capital Federal en virtud del recurso de apelación deducido a fs. 134/135, contra la resolución de fs. 111/122 vta., obrando el dictamen del señor fiscal actuante en la instancia a fs. 185/191, y

CONSIDERANDO:

1º) Que a fs. 111/122 vta. la señora juez federal con competencia electoral del distrito Capital Federal rechaza por falta de legitimación activa la acción de amparo deducida por el doctor Monner Sans. Mediante ella, se cuestionaba la constitucionalidad del artículo 4° de la ley de acefalía presidencial N° 20.972 (modif. por la ley N° 25.716) -en cuanto dispone que "en caso de existir Presidente y Vicepresidente de la Nación electos, éstos asumirán los cargos acéfalos"- sobre la base de que resulta contrario al artículo 88 de la Constitución Nacional, por consagrar la posibilidad de que asuma la Presidencia de la Nación vacante quien no es funcionario público.- La sentencia se sustenta en que el actor no () demostró que los agravios que invoca tengan la suficiente concreción e inmediatez exigida para procurar el proceso. Hace mérito, el a quo, del carácter obligatorio que reviste lo resuelto por este Tribunal in-re "Salvatierra" -Fallo N° 3060/2002 CNE- (cf. Art. 6° de la ley N° 19.108) y concluye que el accionante no dio cumplimiento a la exigencia de acreditar el perjuicio que le provoca la norma que impugna. Refiere que aquél "sólo se limita a aseverar que la modificación del Art. 4 de la ley de acefalía lo afecta directamente [...] interrogando [...] si con ello se lo está obligando a ser instigador de ataques constitucionales o promotor de un delito [...] cuando [...] en su escrito inicial también manifiesta que podría darse el caso de que el candidato elegido que deba cubrir la vacancia, en atención a la norma cuestionada, fuera funcionario público". Circunstancia ésta -añade- que de producirse en los hechos, y según se desprende de las argumentaciones del demandante, no violaría el artículo 88 de la Constitución Nacional.- Finalmente, transcribe lo expuesto en el citado Fallo N° 3060/2002, según lo cual "el contenido de una causa de inconstitucionalidad no puede ser la sola declaración de la ineficacia jurídica de normas legales o reglamentarias preexistentes. Se requiere, además, que como consecuencia de ella se llegue a dictar sentencia [...] esto es, que reconozca a favor del actor un derecho concreto a cuya efectividad obstaban las normas impugnadas".-Concluye, entonces, que ello le impide "analizar y dictar sentencia sobre la existencia o no de inconstitucionalidad de una norma en forma genérica, es decir, cuando, como en el caso de autos, y siempre siguiendo el criterio del Superior, no se ha verificado la afectación concreta de un derecho que la Constitución Nacional garantiza al actor".-Esta decisión es apelada a fs. 134/135 por el accionante, quien expresa agravios a fs. 136/143;; y a fs. 147 por el señor apoderado del H. Senado de la Nación en cuanto a la imposición de las costas del proceso.-Considera la actora que la resolución es nula por no haberse asegurado la intervención del Ministerio Público en la instancia de grado. Asimismo, refiere que existe una "autocontradicción" al haberse dado trámite a su demanda, para rechazarla luego por falta de legitimación.-Sostiene, en tal sentido, que de entendérselo no legitimado el a quo debió rechazar in limine su planteo.- Por otra parte, cuestiona la validez constitucional del artículo 6° de la ley N° 19.108 y del artículo 303 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sobre la base de que al consagrarse como obligatoria para todos los jueces del fuero la interpretación de una norma se invade la esfera de actuación del Poder Legislativo.-Añade que ello cercena la libertad de criterio del juez de primera instancia, "congela" el desarrollo del derecho y, en definitiva, afecta la garantía de la doble instancia judicial.- En cuanto a su legitimación, explica que "si se mantiene la validez de estas normas, ocurre que estoy obligado a concurrir a votar -bajo amenaza de sanción- respecto de comicios convocados de manera anticonstitucional" (cfr. fs. 140) y se pregunta: "¿cómo puede no entenderse el agravio que me produce el quedar obligado a ir a votar en una elección donde quien pueda resultar electo tenga -por mandato de la ley- un lapso mayor de ejercicio del Poder Ejecutivo al que establece el Art. 90 de la Constitución Nacional?" (cfr. fs. 141).-A fs. 147 y vta. expresa agravios el señor apoderado del H. Senado de la Nación. Manifiesta que al no haberse emitido pronunciamiento respecto de la imposición de costas, debe entenderse que lo ha sido en el orden causado. Se agravia de ello, y solicita que se impongan a la contraria, por aplicación del artículo 14 de la ley N° 19.108.- A fs. 161/163 el doctor Monner Sans contesta agravios, sosteniendo que el memorial no reúne los requisitos previstos en el Art. 265 C.P.C.C.N. para ser considerado como eficaz expresión de agravios y que la acción por él deducida no fue rechazada por no asistirle razón sobre el fondo de la cuestión planteada.-A fs. 164/170 el señor representante del Estado Nacional contesta los agravios vertidos por la actora.- En primer término, sostiene que el recurso debe ser declarado desierto pues el memorial que lo sostiene no presenta una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el accionante considera equivocadas.- En relación a la falta de intervención del señor fiscal electoral refiere que de la propia sentencia surge lo contrario, y que de todos modos no cabría declarar la nulidad de la resolución recurrida pues el apelante no expresó en qué lo agravia la omisión que invoca.- Respecto de la oportunidad procesal para resolver acerca de la legitimación activa, explica que si bien el a quo estaba facultado para rechazar "in limine" la acción deducida, el no haberlo hecho no lo inhibe de decidirlo con posterioridad.-Por otra parte, y en cuanto a la obligatoriedad de los fallos plenarios, manifiesta que la fijación de la doctrina legal no impide al juez de primera instancia emitir juicio sobre los hechos alegados, y su adecuación al derecho aplicable, por lo que no existe menoscabo alguno de la doble instancia.- Añade que resulta indudable que la interpretación de las leyes es facultad del Poder Judicial, y que carece de todo acierto el argumento de que la obligatoriedad de determinadas interpretaciones invada la esfera del Poder Legislativo.- Sobre este punto alega que "mucho más invasivo [...] resultaría que, a instancias de un amparista que carece de legitimación activa, se dictara una sentencia favorable a sus pretensiones [...] que, por su efecto erga omnes, vendría a significar una verdadera modificación de la ley por parte del Poder Judicial" (cf. fs. 167).- En torno a la legitimación del accionante, expresa que "si bien en forma genérica y abstracta todos podemos velar por la supremacía de la Constitución y el Estado de Derecho [...] debe cumplirse con los distintos requisitos que el orden vigente establece para poder acudir en defensa de nuestros derechos ante el Poder Judicial en busca de tutela efectiva" (cf. fs. 167 vta.).-Sostiene que el fin perseguido por aquél demuestra claramente su falta de legitimación, puesto que persigue "lo que a su criterio es la supremacía constitucional, sin considerar que el efecto erga omnes que tendría la eventual sentencia que hiciere lugar a su pretensión, colisiona con el principio de división de poderes" (cf. fs. 167 vta.).- A fs. 171/173 y fs. 174/180 vta. obran las contestaciones de agravios de los señores representantes de la H. Cámara de Diputados de la Nación y del H. Senado de la Nación, respectivamente, quienes se expresan en similares términos a los expuestos.- Añade, el primero, que el recurrente omite criticar los fundamentos del Fallo N° 3060/2002 CNE, que el a quo hace suyos. En particular, los relativos a la improcedencia de declarar en forma general y directa la inconstitucionalidad de normas o actos de otros poderes, y a la necesidad de demostrar la existencia de un interés especial, directo o sustancial. Sostiene, al respecto, que "lejos está de cumplir tales exigencias [con] las preguntas que [...] se hace a sí mismo", y que más allá de esas "dudas intelectuales [...] lo cierto es que [...] dentro del gran número de electores que integra el padrón nacional, sólo él excita la jurisdicción basado en esos pensamientos" (cf. fs. 172 vta.).- A fs. 185/191 obra el dictamen del Ministerio Público, según el cual corresponde confirmar la sentencia apelada.-Por lo demás, considera que no existe impedimento constitucional alguno -expreso o implícito- para que, en caso de acefalía, asuman el presidente y vicepresidente electos -de haberlos- en los términos del Art. 4 de la ley de acefalía.-

2°) Que en primer término, y en cuanto a la alegada nulidad de la resolución apelada por falta de previo dictamen "sustantivo" del procurador fiscal, ésta no puede prosperar, toda vez que tal omisión ha sido suplida con la notificación al referido funcionario de la resolución apelada (cfr. fs. 122 vta.). Por lo demás, se debe señalar que versando la nulidad impetrada sobre un aspecto procesal anterior al dictado de la resolución atacada, el referido planteo debió canalizarse mediante el correspondiente incidente de nulidad, pues los actos, omisiones o irregularidades que precedieron al dictado de la sentencia sólo son impugnables mediante dicha vía y ante el mismo juez que emite la decisión (CNCiv., SALA D, noviembre 19-981 -Pardo, Carlos A. c.Abojer, Raimundo F. y otra, LA LEY, 1982-C, 270; C1ºCC Bahía Blanca, SALA I, marzo 2-982 - De la Fuente, Osvaldo c.Moreno, Carlos) DJBA, 123-343; CNCiv., Sala D, marzo 19-981 -E., L.J. c.E., E.B. LA LEY, 1981-C, 653 (35.908-S), entre muchos otros)(cf. Fallo N° 1744/94 CNE). Más allá de ello, y tal como se adelantó, lo cierto es que la nulidad planteada resulta también sustancialmente inadmisible. En efecto, tiene establecido la jurisprudencia que aun cuando la intervención del agente fiscal de primer grado fuera obligatoria, tal omisión se encontraría subsanada con la vista conferida al Ministerio Público en segundo grado, oportunidad en la cual puede purgarse, de existir, cualquier deficiencia ritual (conf. Fallos CNE 371/87, 373/87, 1739/94, 1744/94 y doctrina y jurisprudencia allí citadas), siendo por otra parte que la nulidad impetrada no escapa a la regla general de acreditar el perjuicio causado por la omisión (conf. Fallos CNE 371/87 y 1739/94). Una solución distinta importaría declarar la nulidad por la nulidad misma, toda vez que no se advierte en el caso que la omisión señalada haya afectado el derecho de defensa de la recurrente, quien apeló el decisorio en cuestión, expresando con total amplitud sus agravios respecto de lo allí resuelto (fallos cits.).-

3°) Que lo dicho en último término basta también para desestimar la nulidad pretendida sobre la base de que la señora juez no rechazó in limine su presentación de inicio, sino que dispuso darle trámite, no obstante lo cual en la sentencia la declara improcedente.- De todos modos, nada le impedía al a quo resolver como lo hizo, en la sentencia definitiva, el punto atinente a la legitimación activa, pues para ello estaba habilitado -inclusive a falta de planteo de parte- a pesar de no haberlo resuelto liminarmente (Rivas, Adolfo A., "El Amparo", Ed. La Rocca, 1990, p. 274). En efecto, "el hecho de haber pasado la etapa del rechazo in limine, no impide que al evaluar los autos en el momento de dictarse sentencia, se reexaminen todos los supuestos de inadmisibilidad (manifiestos o no). La ley 16.986 no excluye [...] tal evaluación" (Sagües, Néstor Pedro, "Acción de amparo", Ed. Astrea, Bs. As. 1995, p. 454).- Entonces, "aparte de que el a quo ha estado facultado para resolver libremente la procedencia de la acción, no obstante haberle dado trámite, la existencia de tal agravio puede ser reparada por el tribunal, al entender en la apelación" (C.Fed. Mendoza, octubre 6-967, Fallo N° 59.156 in re "Sayanca. Inca P. y otros"; LL, 128- 642).-
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