Por el cual se aprueba el Programa de Enajenación de parte de las acciones que el Distrito Capital posee en la Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá S. A. E. S. P. Etb






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DECRETO 787 DE 1999

(Noviembre 23)

Modificado por el Decreto Distrital 690 de 2000

Modificado por el Decreto Distrital 928 de 1999

Por el cual se aprueba el Programa de Enajenación de parte de las acciones que el Distrito Capital posee en la Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá S.A. E.S.P. -ETB-

EL ALCALDE MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTÁ

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el artículo 6 de la Ley 226 de 1995, en concordancia con el artículo 17 de la misma Ley, el artículo 38 del Decreto-Ley 1421 de 1993 y los artículos 1 y 2 del Acuerdo 07 de 1998 del Concejo Distrital de Santa Fe de Bogotá, D.C.

CONSIDERANDO:

Que el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, en adelante y para los efectos del presente Decreto el «Distrito Capital», es propietario de un mil setecientas un millones quinientas un mil setecientas diecinueve (1.701.501.719) acciones totalmente suscritas y pagadas emitidas por la Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá S.A. E.S.P., en adelante, «ETB».

Que el artículo 17 de la Ley 226 de 1995 dispone. «Las entidades territoriales y sus descentralizadas, cuando decidan enajenar la participación de que sean titulares, se regirán por las disposiciones de esta Ley, adaptándolas a la organización y condiciones de cada una de éstas y aquéllas. Los concejos Municipales o Distritales o las Asambleas Departamentales, según el caso, autorizarán, en el orden territorial las enajenaciones correspondientes.»

Que el artículo 1 del Acuerdo No. 07 de julio 6 de 1998, en adelante, el «Acuerdo», expedido por el Concejo Distrital de Santa Fe de Bogotá, D.C. ,en adelante, el «Concejo Distrital», autorizó al Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogotá, en adelante, el «Alcalde Mayor», para enajenar a personas jurídicas y naturales, públicas o privadas, parte de las acciones que posea el Distrito Capital en ETB, y autorizó a los representantes legales de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S.A. E.S.P., del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-, del Fondo de Ahorro y Vivienda del Distrito -FAVIDI- y de la Lotería de Bogotá, para enajenar hasta la totalidad de las acciones que cada una de esas entidades posean en ETB.

Que la autorización de enajenación contenida en el Acuerdo es sobre una parte de la totalidad de las acciones que posee el Distrito Capital en ETB.

Que el Acuerdo dispuso que de la parte de las acciones que el Distrito Capital conserve en ETB, el dos por ciento (2%) del total de las mismas serán participación accionaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Que el presente Decreto tiene por objeto aprobar el programa de enajenación de parte de las acciones que posee el Distrito Capital en ETB, correspondientes a un mil seiscientas cincuenta millones cuatrocientas cincuenta y seis mil seiscientas sesenta y ocho (1.650.456.668) acciones ordinarias de las que el Distrito Capital posee en ETB, equivalentes aproximadamente al noventa y seis punto noventa y nueve por ciento (96.99%) del total de las acciones en circulación de la citada sociedad.

Que el Concejo Distrital estableció en el artículo 2 del Acuerdo, que la venta de las acciones se realice en acatamiento del principio de democratización de la propiedad accionaria estatal contenida en el artículo 60 de la Constitución Política, con pleno cumplimiento de los principios, reglas y procedimientos fijados por la Ley 226 de 1995. Dispuso así mismo el Concejo Distrital, que será responsabilidad del Alcalde Mayor, del Presidente y la Junta Directiva de ETB, la adopción plena de medidas para cumplir con las anteriores disposiciones.

Que el Distrito Capital y ETB celebraron el 7 de julio de 1998 un acuerdo interinstitucional modificado los días 14 de mayo y 8 de noviembre de 1999, en adelante, el «Acuerdo lnterinstitucional», en virtud del cual, se le encomendó a ETB adelantar los procedimientos, trámites administrativos y contractuales necesarios para adelantar el proceso de enajenación de las acciones del Distrito Capital en ETB.

Que el programa de enajenación contenido en el presente Decreto, se diseñó con base en estudios técnicos, a través de instituciones idóneas privadas, contratadas para el efecto, programa que contiene, de acuerdo con el avalúo técnico financiero preparado, un precio de venta de tales acciones.

Que del diseño del programa de enajenación a que hace referencia el presente Decreto se envió copia a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento del parágrafo del artículo 7 de la Ley 226 de 1995.

Que por conducto de la Secretaría de Hacienda del Distrito Capital, del Presidente y la Junta Directiva de ETB, se presentó a consideración del Consejo de Gobierno del Distrito Capital, en adelante, el «Consejo de Gobierno» el programa de enajenación de las acciones de propiedad del Distrito Capital en ETB.

Que el Consejo de Gobierno, en sesión del día 22 de noviembre de 1999, emitió concepto favorable sobre el programa de enajenación de las citadas acciones, el cual incluye el precio por acción para la venta de las mismas.

Que el programa de enajenación, junto con el concepto favorable del Consejo de Gobierno, fue remitido al Alcalde Mayor y al Secretario de Hacienda, en adelante el «Gobierno Distrital» para su aprobación.

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 60 de la Constitución Política y en la Ley 226 de 1995, en el programa de enajenación se otorgan condiciones especiales a los trabajadores, pensionados, entidades solidarias y organizaciones de trabajadores y extrabajadores y se consagran condiciones especiales para que aquellos puedan acceder a la propiedad de las acciones que se ofrezcan en venta.

Que el artículo 2 de la Ley 226 de 1995 establece que la Ley 80 de 1993 no es aplicable a los procesos de enajenación accionaria.

Que el artículo 14 de la Ley 226 de 1995 establece: «El programa de enajenación, que para cada caso expida el gobierno, dispondrá las medidas correspondientes para evitar conductas que atenten contra los principios generales de esta Ley.»

Que el artículo 5 de la Ley 226 de 1995 establece que: «Cuando se enajene la Propiedad accionaria de una entidad que preste servicios de interés público se tomarán las medidas necesarias para garantizar la continuidad en la prestación del servicio.»

Que el artículo 5.1 de la Ley 142 de 1994 establece que es competencia de los municipios asegurar que se presten a sus habitantes de manera eficiente, entre otros, el servicio domiciliario de telefonía pública básica conmutada por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto.

Que la Corte Constitucional, por medio de Sentencia C-037 de 1994, con ponencia del doctor Antonio Barrera Carbonell, manifestó: «No es concebible que un proceso de venta de la propiedad accionaria, pueda, a su vez, dar lugar a una peligrosa concentración de dicha propiedad, que justamente combate el proceso de democratización, o propiciar incluso manejos o conductas inadecuadas y abusivas, contrarias al espíritu de la norma, por los empleados de la empresa o de las organizaciones solidarias, como sería el de actuar como testaferros, tras un fin simplemente especulativo o de obtener un enriquecimiento sin causa a costa del patrimonio estatal y a favor de personas o grupos con poder económico, interesados en adquirir las acciones.»

«Consecuente con lo anterior, y para evitar que el proceso de democratización accionaria sufra las desviaciones apuntadas, la administración, con arreglo a la Ley, está habilitada de los poderes necesarios, para imponer limitaciones razonables y justificadas a la negociación accionaria, que naturalmente conduzcan a impedir la presencia de dichas desviaciones y a evitar que se desconozca la voluntad del constituyente.»

Que por su parte la Sección Primera del Consejo de Estado en Sentencia de diciembre 16 de 1994, con ponencia del doctor Ernesto Rafael Ariza, Expediente No. 2781 manifestó: «Finalmente, en lo tocante a los artículos 11 del Decreto No. 2049 de 1993 y 14 del Decreto No. 2290 del mismo año cabe tener en cuenta que el espíritu del artículo 60 de la Constitución Política, no conduce a impedir que para la adquisición de las acciones y derechos se establezcan mecanismos que garanticen el pago de los mismos así como que efectivamente éstos queden en poder de los destinatarios preferenciales que realmente hicieron la oferta de compra y nó en otras personas. Por esta razón prever líneas de crédito que garanticen préstamos para la compra de acciones o ser cautelosos respecto de la demostración del patrimonio con que cuenta el adquirente para responder por las obligaciones contraídas, lejos de desconocer el mandato constitucional contribuye al cabal cumplimiento de su finalidad».

Que así mismo, la Sección Primera del Consejo de Estado en Sentencia de febrero 10 de 1995, con ponencia del doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, Expediente No. 2919, al pronunciarse sobre el Decreto No. 814 de 1994, manifestó: «Las limitaciones que se establecen en su ordinal 1° literal a) para la adquisición de acciones por parte de las personas naturales obligadas a presentar declaración de renta hasta por un monto superior a tras veces el valor del patrimonio bruto y para las no obligadas a ello hasta por un monto máximo igual a tres veces los ingresos que figuren en el último certificado de ingresos y retenciones que acredite, al igual que la determinación del número máximo de acciones que puede adquirir las personas naturales a que se refiere el artículo 3 ordinal 1° del Decreto acusado, no constituyen una violación del artículo 60 de la Carta Política, toda vez que ellas tienden a lograr la efectiva democratización de la propiedad accionaria, impidiendo así posibles abusos de los beneficiarios del tratamiento preferencial ante la eventualidad de que terceras personas se apropien de tales beneficios utilizando a Ios titulares de los derechos de preferencia.»

Que en la misma Sentencia citada en el considerando anterior, manifestó el Consejo de Estado: «De Igual manera, si el cometido del artículo 60 de la Constitución Política es el de democratizar la titularidad de las acciones en las empresas que el Estado tenga participación y pretenda enajenar, de no preverse las mencionadas limitaciones y aquellas de que da cuenta el ordinal 1° literal b) del acto bajo análisis, podría darse el caso de que unos pocos tuviesen acceso a la propiedad enajenada, lo cual si contravendría dicho cometido.»

Que la Sección Primera del Consejo de Estado en Sentencia de agosto 16 de 1995, con ponencia del doctor Yesid Rojas Serrano, Expediente No. 2958, al pronunciarse sobre el Decreto No. 814 de 1994, manifestó: «Por último, la Sala encuentra que la limitación impuesta en el numeral 1° literal b) del artículo 6 del Decreto 814 de 1994, tiene su razón de ser en la finalidad misma del artículo 60 de la Carta Política, cual es el de democratizar la propiedad accionaria estatal, permitiendo con dicho límite que un mayor número de los beneficiarios preferenciales pueden acceder a ella.»

Que la Ley 508 de 1999, «Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo para los años de 1999 - 2002», establece en su artículo 130 que para asegurar la finalidad perseguida por el artículo 60 de la Constitución Política en la venta a los trabajadores y al sector solidario se establecerán límites en función del patrimonio u otros indicadores financieros con el fin de evitar conductas que atenten contra dicha finalidad.

Ver Concepto de la Secretaría General 36359 de 2001  , Ver la Sentencia del Tribunal Administrativo de C/marca. 482 de 2001 (Exp. 2000-482) , Ver la Resolución Distrital 352 de 2002

DECRETA:

ARTÍCULO 1.- Aprobación del Programa de Enajenación.- Apruébase el programa de enajenación (en adelante, el «Programa de Enajenación»), contenido en los artículos siguientes del presente Decreto, de un mil seiscientas cincuenta millones cuatrocientas cincuenta y seis mil seiscientas sesenta y ocho (1.650.456.668) acciones ordinarias de las que el Distrito Capital posee en ETB, equivalentes aproximadamente al noventa y seis punto noventa y nueve por ciento (96.99%) del total de las acciones en circulación de la citada sociedad.

ARTÍCULO 2.- Enajenación de las acciones. La enajenación de las acciones de que trata el artículo anterior será efectuada en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1 del Acuerdo, conforme a las reglas, condiciones y procedimientos previstos en la Ley 226 de 1995, en el artículo 130 de la Ley 508 de 1999, en las normas contenidas en el presente Decreto y en las disposiciones establecidas en el reglamento de enajenación y adjudicación que se expida para cada una de las fases, de conformidad con el artículo 20 del presente Decreto.

PARÁGRAFO: La enajenación de que trata el presente Decreto será efectuada por el Distrito Capital a través de ETB con fundamento en el Acuerdo Interinstitucional.

ARTÍCULO 3.- Fases del Programa de Enajenación.- El Programa de Enajenación de las acciones se desarrollará en las siguientes fases:

a) Primera Fase: En desarrollo de la Primera Fase (en adelante, la «Primera Fase») se hará oferta pública a precio fijo de la totalidad de las acciones indicadas en el artículo 1 del presente Decreto a los destinatarios de las condiciones especiales de que trata el artículo 3 de la Ley 226 de 1995, (a quienes para efectos del presente Decreto se denominarán el «Sector Solidario»). Son integrantes del Sector Solidario en forma exclusiva: (i) los trabajadores activos y pensionados de ETB y de COLVATEL S.A. E.S.P.; (ii) los extrabajadores de ETB y de COLVATEL S.A. E.S.P., siempre y cuando no hayan sido desvinculados con justa causa por parte del patrono; (iii) las asociaciones de empleados o exempleados de ETB; (iv) los sindicatos colombianos de trabajadores; (v) las federaciones colombianas de sindicatos de trabajadores y confederaciones colombianas de sindicatos de trabajadores; (vi) los fondos colombianos de empleados; (vii) los fondos mutuos de inversión colombianos; (viii) los fondos de cesantías y de pensiones colombianos; y (ix) las entidades cooperativas colombianas definidas por la legislación cooperativa.

Para los efectos del Programa de Enajenación que se aprueba por medio del presente Decreto, se entienden como colombianas las entidades u organizaciones que estén constituidas y organizadas conforme a la ley colombiana.

b) Segunda Fase: En desarrollo de la segunda fase (en adelante, la «Segunda Fase») y con el objeto de garantizar la continuidad en la prestación del servicio a cargo de ETB, se invitará a personas que reúnan las condiciones que se establezcan en el reglamento de enajenación y adjudicación que se expida para la Segunda Fase, conforme al artículo 16 del presente Decreto, a participar en el proceso de enajenación de una parte o de la totalidad de las acciones que no sean adquiridas por el Sector Solidario en la Primera Fase, según lo determine el reglamento de enajenación y adjudicación que se expida para la Segunda Fase.

La Segunda Fase se entenderá agotada en el momento en que se produzca una adjudicación, o en el evento en que el Alcalde Mayor así lo determine.

c) Tercera Fase: En desarrollo de la tercera fase (en adelante, la «Tercera Fase») y en el evento en que una vez surtidas la Primera y Segunda Fase antes mencionadas, quedare por adjudicar un remanente de acciones de las que trata el artículo 1 del presente Decreto, y siempre y cuando así lo disponga el Alcalde Mayor, se podrán ofrecer dichas acciones en enajenación, para lo cual procederá a expedir un decreto complementario al presente Programa de Enajenación y el correspondiente reglamento de enajenación y adjudicación. En este caso, la implementación de la Tercera Fase deberá iniciarse dentro de los treinta y seis (36) meses siguientes a la terminación de la Segunda Fase, los cuales podrán prorrogarse por medio de decreto que expida el Alcalde Mayor.
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