Natalia Fernández Casado






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fecha de publicación26.07.2015
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Natalia Fernández Casado

Archivera – Asociación de Archiveros de Castilla y León

El acceso a la información pública constituye uno de los pilares de una Administración transparente, eficaz y moderna.
Frente al resto de países de su ámbito, España carece de una ley que regule el acceso a la información pública. En el panorama español pueden encontrarse varias leyes que aluden en su articulado al acceso a la información, pero ninguna que se dedique en exclusiva a ello. La normativa vigente establece derechos y límites, pero lo hace de forma dispersa y confusa, creando confusión tanto en el ciudadano, que no conoce sus derechos, como en el funcionario que custodia los documentos, que no tienen claros sus deberes.

El artículo 105b de la Constitución, declara que la ley regulará el acceso a los ciudadanos a los archivos y registros, y establece como límites la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de delitos y la intimidad de las personas. Una sentencia del Tribunal Supremo de 1979 interpretó dicho precepto como de “carácter programático”, precisando para su plena aplicación una ley de desarrollo, que aún no ha llegado.
La ley de acceso a la información pública habrá de resolver la consulta de los documentos de la Administración atendiendo a varios puntos de vista. Por una parte, el del ciudadano que pretende acceder a la información pública, a la vez que confía en la protección de sus datos personales. Por otra, el del funcionario obligado a proteger los documentos de la Administración, a guardar sigilo y a decidir sobre la accesibilidad.

La Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español desarrolla las limitaciones apuntadas en la Constitución y establece plazos de acceso a la información.
En su artículo 57 declara la libertad de acceso al patrimonio documental siempre que el procedimiento administrativo del expediente se haya concluido, que se considere materia clasificada según la Ley de Secretos Oficiales, y que no entrañe riesgos para la seguridad y defensa del Estado o permita la averiguación de delitos.
Ante la denegación del acceso, cabe la posibilidad de solicitar autorización motivada, a la que responderá el custodio de la documentación o quien declarase la materia como secreta o reservada, si fuera el caso. Es, por tanto, el ciudadano quien ha de justificar su interés y no la Administración quien motive la exclusión de la información.
Por otra parte, este artículo establece plazos para la consulta de documentos que contengan datos personales que afecten a la seguridad, al honor, la intimidad y la imagen, condicionando su acceso al consentimiento expreso del afectado, a que hayan transcurrido 25 años desde su muerte, si es conocida, o que se cumplan 50 años desde la fecha de creación del documento.
De hecho, uno de los principales escollos para consultar información, es la preservación de la intimidad, protegida por la Ley Orgánica 1/1982. Se entiende que el núcleo duro de la intimidad lo constituyen los datos sobre la ideología, religión o creencias, origen racial y étnico, social o circunstancias de nacimiento de su titular, datos sobre salud y vida sexual, datos referentes al estado civil y filiación, etc. Pero definir sus límites es una tarea compleja y delicada, por tratarse de un concepto amplio e indefinido. Dejar esta decisión en manos del funcionario o del archivero deja el campo abierto a la subjetividad y la arbitrariedad, y, ante la duda, la tendencia es decir no.
Por otra parte, la intimidad tampoco es un derecho absoluto. El Tribunal Constitucional en sentencia 172/90 de 5 de noviembre determina que el criterio para determinar la legitimidad o ilegitimidad de las intromisiones en la intimidad de las personas no es el de la veracidad, sino exclusivamente el de la relevancia pública del hecho divulgado, es decir, que su comunicación a la opinión pública resulte necesaria en función del interés público del asunto. Por tanto, en cada caso deberá procederse a determinar ese interés.
Además el artículo 62 de la ley de patrimonio da al archivero la posibilidad de denegar el acceso a los documentos por razones de conservación, lo que supone una importante baza para los profesionales poco aperturistas.
Al margen de la Ley de Patrimonio, que suele afectar a los documentos y archivos históricos, para conocer las condiciones en que los ciudadanos acceden a la información de la Administración, hay que centrarse en la Ley 30/1992 de Procedimiento Administrativo. Una ley tachada de conservadora y restrictiva, que dota a la Administración de gran capacidad para limitar el acceso a la información, que no establece procedimientos para el ejercicio de ese derecho, ni da al ciudadano la posibilidad de acudir a instancias administrativas superiores, en caso de ser denegado, tan sólo a los tribunales contencioso-administrativos.

La ley establece en su artículo 35 el principio de publicidad y audiencia de los documentos administrativos, declarando el derecho de los ciudadanos a acceder a los registros y archivos de las Administraciones Públicas. Y reconoce el derecho de los interesados a conocer los procedimientos administrativos que les afecten, en cualquier momento de la tramitación, a diferencia de los ciudadanos en general, que sólo podrán consultar los documentos, una vez finalizado el procedimiento administrativo.

El artículo 37 desarrolla los límites apuntados en el artículo 105b de la Constitución y en el artículo 57 de la Ley de Patrimonio. Limita el acceso a documentos que contengan información sobre las actuaciones del Gobierno del Estado o de las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias constitucionales no sujetas a Derecho Administrativo; los que contengan información sobre la Defensa Nacional o la Seguridad del Estado; los tramitados para la investigación de los delitos cuando pudiera ponerse en peligro la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén realizando; los relativos a las materias protegidas por el secreto comercial o industrial, y los referentes a actuaciones administrativas derivadas de la política monetaria. Respecto al acceso a datos de carácter nominativo, que no incluyan datos sobre la intimidad de las personas, se reconoce el acceso a terceros que acrediten un interés legítimo y directo. Además, se añade la cláusula genérica de denegación de acceso cuando prevalezcan razones de interés público, por intereses de terceros más dignos de protección o cuando así lo disponga una ley, siempre mediante resolución motivada.

A este marco legislativo general, lleno de vacíos e imprecisiones, hay que añadir muchas otras normativas que afectan a los documentos de las Administraciones Públicas, según el archivo en que se custodien, la materia que gestionen, el Ministerio del que dependan o el territorio donde se encuentren. Se trata de normativas específicas sobre asuntos como la sanidad, el medio ambiente, los registros, el notariado, etc. O disposiciones propias de archivos judiciales, militares, ministeriales… además de leyes autonómicas. Éstas establecen sus propios requisitos para el acceso, que no siempre concuerdan con las leyes estatales. Por ejemplo, la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León, duplica los plazos para acceder a la documentación con datos de carácter personal.

Ante la actual perspectiva de que se aprueben nuevas leyes de archivos, de memoria histórica, de la sociedad de la información, etc., que enmarañen aún más el panorama, se hace imprescindible reivindicar una normativa clara, tanto para el ciudadano como para el funcionario, que haga posible a ambas partes conocer sus derechos y deberes. En definitiva que la consulta de la información de las Administraciones Públicas no venga dada por la voluntad del funcionario o por la insistencia del ciudadano, sino sea un derecho real, que se pueda ejercer por medio de un procedimiento normalizado.

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