Acoso laboral – Procedencia de la tutela / accion de tutela – Procedente en casos de acoso laboral / acoso laboral – Medios de protección






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ACOSO LABORAL – Procedencia de la tutela / ACCION DE TUTELA – Procedente en casos de acoso laboral / ACOSO LABORAL – Medios de protección
La Corte Constitucional ha establecido que en los casos de acoso laboral, si bien la Ley 1010 de 2006 consagra una serie de medidas encaminadas a prevenir, corregir y sancionar las conductas constitutivas de acoso, violencia y hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo, cuando el acoso tiene lugar en el sector público, la víctima del mismo cuenta tan sólo con la vía disciplinaria para la protección de sus derechos, mecanismo que no sólo es de carácter administrativo y no judicial en los términos del artículo 86 Superior, sino que no resulta ser eficaz para el amparo del derecho fundamental a gozar de un trabajo en condiciones dignas y justas. Dice la Corte que para el caso del sector público, el legislador no previó la puesta en marcha de medidas preventivas, como sí su sucede en el ámbito privado. Que no sólo la vía disciplinaria no es tan rápida como la tutela, sino que, además, por medio de ella, no se puede lograr el traslado del trabajador o, al menos, la imposición de una orden al superior para que cese de inmediato en su conducta. Que, adicionalmente, el mencionado mecanismo no tiene efectos frente a particulares como, por ejemplo, las Aseguradoras de Riesgos Profesionales cuando éstas se nieguen a practicar exámenes médicos para calificar el origen de una enfermedad profesional (estrés laboral). Entonces, al igual que la Corte Constitucional, la Sala estima que para los casos de acoso laboral que se presenten en el sector público, la vía disciplinaria puede no ser un mecanismo efectivo para la protección de los derechos de los trabajadores. Y, por ende, la tutela resulta ser el instrumento idóneo, sin perjuicio, por supuesto, de la responsabilidad disciplinaria que se pueda imputar al sujeto activo de la conducta que sanciona la Ley 1010 de 2006.
FUENTE FORMAL: LEY 1010 DE 2006
NOTA DE RELATORIA: Sobre la procedencia de la tutela en caso de acoso laboral: Corte Constitucional, sentencia T-882 de 2006.
ACOSO LABORAL – Concepto. Modalidades / ACOSO LABORAL – Violación del derecho al trabajo en condiciones dignas
De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1010 de 2006, el acoso laboral es toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado o trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo. El mismo artículo dispone que el acoso laboral puede darse, entre otras, bajo las siguientes modalidades generales: “1. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral. 2. Persecución laboral: toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral. 3. Discriminación laboral: todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. 4. Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. 5. Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador. 6. Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador”. En suma, el acoso laboral puede ser una práctica tristemente presente en los sectores público y privado, en la que, de manera recurrente o sistemática, se ejercen contra un trabajador actos de violencia psicológica, que incluso pueden llegar a ser físicos, encaminados a acabar con su reputación profesional o autoestima, agresiones que, además, pueden generar enfermedades profesionales, en especial, “estrés laboral”, y que en muchos casos inducen al trabajador a renunciar.
FUENTE FORMAL: LEY 1010 DE 2006
NOTA DE RELATORIA: Sobre el acoso laboral: Corte Constitucional, sentencia T-882 de 2006, MP. Humberto Antonio Sierra Porto
ACOSO LABORAL – Desempeño de funciones que no son acordes con la profesión. Violación del derecho al trabajo en condiciones dignas. Omisión en dotación de herramientas de trabajo / ACOSO LABORAL – Persona discapacitada / DISCAPACITADO – Vulneración de la dignidad y la salud por acoso laboral
La Sala considera que existen serios indicios de que la actora, desde el año 2000, año en que ingresó a laborar en el Ministerio de Transporte, ha sido víctima de acoso por parte de sus superiores, situación que no fue controvertida por el Ministerio accionado, pues éste se limitó a decir que la actora contaba con otro medio de defensa judicial, pero no desvirtuó las pruebas aportadas por la demandante. Ahora bien, que la actora es víctima de un constante acoso laboral por parte de sus superiores es prueba el hecho de que ha sido objeto de investigaciones en varios procesos disciplinarios, archivados por falta de pruebas; ha sido trasladada numerosas veces de cargo, algunas por solicitud propia y otras por gestión de sus superiores y, en algunos casos, no le han sido entregadas herramientas de trabajo. Adicionalmente, las funciones que le han sido asignadas no corresponden a la naturaleza del cargo para el que fue incorporada, esto es Profesional Especializado Código 2028, Grado 13. Este es el elemento más fuerte del que se desprende una situación de acoso laboral en este asunto. Así mismo, a la actora le fueron asignadas las funciones de atención al público, incluso telefónicamente, y de avalúo de carros, las que manifiesta no debería desempeñar, la primera porque tiene una discapacidad auditiva del 65% en cada oído y, la segunda, porque esa no es una función para la profesión que ostenta: Abogada. Por esta razón, considera la Sala que el empeño reiterado de parte de sus superiores en el sentido de que la actora absuelva consultas al público vía telefónica es una actitud que desconoce y burla la discapacidad y vulnera la dignidad y la salud de la actora. Para la Sala resulta claro que las funciones que la actora desempeñaba en el Grupo de Información y Asesoría Especializada en materia de Tránsito y Transporte se limitaban a brindar información de acuerdo con los lineamientos fijados por la Oficina Asesora Jurídica y a atender consultas de público, lo que se asemeja más a una labor de otro perfil, por lo que resultan desaprovechadas ampliamente las calidades y la experiencia de la accionante. Se advierte de todo el acervo, que, en efecto, la actora no tiene funciones propias de su formación y experiencia y que ha sido objeto de varias y repetidas conductas que le impiden desarrollarse como profesional en la rama de la Abogacía, o del Derecho. Sin embargo, considera la Sala que la orden dada por el juez de primera instancia resulta insuficiente para detener la violación de los derechos fundamentales de la actora, pues, como se mencionó antes, a folio 383 del expediente de tutela obra una solicitud de la actora, en la que pide que le adecuen un cubículo con las herramientas de trabajo necesarias para desarrollar sus nuevas funciones, lo que permite inferir que la violación del derecho a un trabajo en condiciones dignas persiste, pues de nada sirve que le sean asignadas las funciones jurídicas si la actora no cuenta con los medios para desarrollarlas. En consecuencia, la Sala adicionará el fallo impugnado, en el sentido de ordenar a la entidad accionada que otorgue a la actora todas las herramientas de trabajo necesarias para desarrollar sus nuevas funciones jurídicas asignadas.

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