El concepto de nación y las transformaciones políticas en Iberoamérica (1750-1850)






descargar 43.09 Kb.
títuloEl concepto de nación y las transformaciones políticas en Iberoamérica (1750-1850)
fecha de publicación25.07.2015
tamaño43.09 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Ley > Documentos


El concepto de nación y las transformaciones políticas en Iberoamérica (1750-1850)
Fabio Wasserman

Instituto Ravignani (UBA – Conicet)

Este texto presenta un examen sintético de los diversos significados y usos que tuvo el concepto de nación en Iberoamérica entre 1750 y 1850. Dicho análisis se basa en los aportes de Hans-Joachim König (Nueva Granada/Colombia); Elisa Cárdenas (México); José María Portillo Valdés (España); Isabel Torres Dujisin (Chile); Marcel Velázquez Castro (Perú); Marco Antonio Pamplona (Brasil); Sérgio Campos Matos (Portugal); Veronique Hebrard (Venezuela); Nora Souto y Fabio Wasserman (Río de la Plata/Argentina)1. Dos hipótesis guían este recorrido. La primera es que las inflexiones del concepto y su evolución se vinculan con los cambios que fueron modificando la fisonomía política de las monarquías española y portuguesa cuyo desenlace fue la emergencia en sus dominios de nuevas unidades políticas concebidas como naciones. La segunda es que durante esa centuria, y en particular a partir de la crisis abierta en 1808, nación se fue constituyendo en un “concepto histórico fundamental”, entendiendo como tal a aquel que “en combinación con varias docenas de otros conceptos de similar importancia, dirige e informa por entero el contenido político y social de una lengua”2. Esta centralidad se debió a su capacidad para designar distintos referentes sociales, políticos y territoriales, pero sobre todo al hecho de condensar diversas concepciones sobre la sociedad y el poder político dando cauce además a otras de carácter novedoso.
Usos y significados de nación

A mediados del siglo XVIII la voz nación tenía varias acepciones tanto en portugués como en español. En primer lugar, y tal como la define el Diccionario de la Real Academia en 1734, se usaba para designar la procedencia o el lugar de nacimiento: “La colección de los habitadores en alguna Provincia, País o Reino”. En segundo lugar se la empleaba para designar poblaciones que compartían rasgos físicos o culturales como lengua, religión y costumbres. Este significado, que muchas veces aparecía solapado con el anterior, podía remitir a una amplia gama de referentes, comenzando por su utilización para designar pueblos considerados por su alteridad (bárbaros, gentiles, paganos, idólatras). En América esta acepción sirvió para referirse a determinados grupos étnicos, reforzando así la asociación entre el hecho de haber nacido en un mismo lugar y el de compartir ciertos rasgos. Pero esta idea de nación no siempre expresaba una relación de alteridad para quien la enunciaba. Por un lado, porque también había sido hecha suya por los sectores subalternos como los negros que se agrupaban en naciones identificadas con sus lugares de procedencia en África; o los pueblos indígenas, como lo hizo Tupac Amaru en 1780 al condenar los tributos sufridos por “los fieles vasallos de mi nación” que gravaban también “a las demás naciones”. Por otro lado, porque se consideraba que había naciones europeas reconocibles por poseer rasgos propios como la francesa o alemana, sin que esto importara alteridad alguna, sino más bien la posesión de un “carácter” o “espíritu nacional” que las distinguiría entre sí.

Existía un tercer conjunto de significados que se sitúan en otro plano pues hacen referencia a poblaciones sometidas a un mismo gobierno o unas mismas leyes. Este uso comenzó a cobrar importancia en el siglo XVIII y, por tanto, también se incorporó en algunos diccionarios: “Nome colectivo, que se diz da Gente, que vive em alguma grande região, ou Reino, debaixo do mesmo Senhorio” (Bluteau, 1716); “Nombre colectivo que significa algún pueblo grande, Reino, o Estado. Sujeto a un mismo Príncipe, o Gobierno” (Terreros y Pando, 1786-8). Estas definiciones que acompañaron el proceso de reordenamiento político de la Europa moderna, fueron difundidas por tratadistas del Derecho Natural y de Gentes quienes además enfatizaban el carácter contractual que tenía esta asociación política a la que a veces denominaban Estado. Así, para Vattel, “Las naciones o estados son unos cuerpos políticos, o sociedades de hombres reunidos con el fin de procurar su conservación y ventaja, mediante la unión de sus fuerzas”3. Con lo cual, y contra lo que suelen argüir autores como Hobsbawm, la acepción política de nación antecedió a la Revolución Francesa aunque sin estar asociada a la soberanía popular.

Como podrá advertirse, el hecho de estar sujetas a un mismo gobierno o unas mismas leyes no implicaba que esas poblaciones debieran compartir algún otro atributo para considerarse naciones. En efecto, el sentido político de nación solía circular por carril separado del étnico, pues si bien se admitía que una cierta homogeneidad de la población podía contribuir a la gobernabilidad, el fundamento del poder político reposaba en el derecho divino, en la transmisión dinástica o en la concreción de pactos entre individuos o cuerpos colectivos.
La nación y sus referentes

El concepto de nación era utilizado para distinguir, delimitar o definir conjuntos sociales caracterizados por compartir determinados atributos como lugar de origen, rasgos étnicos, o estar subordinados a un mismo poder. Pero hasta la crisis desencadenada por la intervención napoleónica en la Península Ibérica, esta distinción solía remitir a estados de cosas ya que muy difícilmente hubiera podido plantearse la creación de una nueva nación, aunque su acepción política permitiera hacer especulaciones en ese sentido. De todos modos sus referentes también eran de muy diversa índole y no sólo por tener distintos significados.

En el caso de la Monarquía española, la nación, muchas veces escrita con mayúscula, solía designar a la totalidad de los reinos, provincias y pueblos que le debían obediencia, así como también a su población, con excepción de las castas y, en muchas ocasiones, de los indígenas. Tanto es así que en América los protagonistas de las reacciones provocadas por las reformas borbónicas podían criticar el “mal gobierno” pero no cuestionaban la lealtad al Rey ni el hecho de formar parte de la nación española. Las menciones sin más a la nación a uno y otro lado del Atlántico solían aludir entonces a España entendida como el conjunto de la Monarquía. Sin embargo, también se asumía que en su seno convivían naciones de otra índole: provincias y reinos americanos o peninsulares que se distinguían por su densidad demográfica, social y cultural y por su desarrollo económico, político e institucional. Estos rasgos fueron estilizados por letrados en cuyos escritos cobraron forma representaciones que favorecieron su reconocimiento como naciones. Es el caso de algunos ilustrados peninsulares que como José Cadalso emprendieron desde mediados del setecientos una reflexión sobre la naturaleza de la nación española. Esto los llevó a unificar con ese nombre a las diferentes naciones que coexistían en la Península y, a su vez, a trazar una los llevue as, no indico rsi versiortes, de ponsabilidad. a tems, en formatos my Sociales, dictando capacitacedia hacia las demarcación entre ésta entendida como metrópoli europea y la Corona que era pluricontinental. En ese marco comenzó a asociarse a la nación española con su constitución social y con la existencia de leyes propias que le daban forma. Si bien esto no implicaba el desconocimiento del Rey como legítimo soberano habilitaba la posibilidad, entonces conjetural, de que la nación tuviera algún tipo de representación política. En México se produjo un proceso análogo cuando escritores criollos reaccionaron frente a los prejuicios de los europeos hacia América y sus habitantes. Así, el canónigo Juan José Eguiara y Eguren propuso a mediados del siglo XVIII la creación de una Biblioteca Mexicana para dar cabida a los escritores “de nación mexicana” que incluía también textos indígenas. Precisamente, uno de los elementos que favoreció la consideración de ciertos reinos o provincias como naciones fue el señalamiento de elementos indígenas capaces de singularizarlos tal como lo hicieron algunos jesuitas. Ahora bien, la reivindicación de estas particularidades u otras quizás más significativas como la veneración de la Virgen de Guadalupe en México o la de Santa Rosa en Perú que alentaban lo que algunos autores dieron en llamar “patriotismo criollo”, no implicaba necesariamente una traducción en clave independentista: a fines del siglo XVIII la nación entendida como pueblos sujetos a un mismo gobierno seguía teniendo a la Monarquía como referente. Por eso podía plantearse la existencia de naciones consideradas en clave étnica e incluso territorial o institucional como un Reino que, a su vez, formaban parte de la nación española definida por el hecho de compartir la lealtad a la Corona.

En el caso de Portugal, la voz nación era poco utilizada en el siglo XVIII, ya que las elites preferían Reino o Monarquía a veces empleadas como sinónimo de Estado. Además, cuando se usaba nación, ésta abarcaba a la metrópoli y sus territorios ultramarinos, al igual que en Brasil, cuyas elites consideraban que la nación portuguesa era una e indivisible y su referente la Monarquía. La Corona portuguesa, a diferencia de la española, no parecía admitir en su seno comunidades que se consideraran naciones, quizás por su diferente trayectoria como reino único desde hacía siglos. Más aún, la existencia de la nación portuguesa dependía para muchos de la propia Monarquía, tal como lo sostenía Pascoal do Melo Freire en Instituições de Direito Civil Português (1788). Otros autores como Antonio Ribeiro dos Santos procuraban sin embargo distinguir en esos mismos años los derechos del Rey de los de la nación, invocando la existencia de leyes fundamentales proclamadas en las míticas Cortes de Lamego.
La crisis de las monarquías y el advenimiento de la nación como sujeto soberano

Este planteo cobró nuevo sentido cuando la Corte abandona Lisboa a fines de 1807 ante el avance de las tropas francesas y se traslada a Brasil: un año más tarde se exhortaba a los portugueses a resistir la ocupación poniendo en un primer plano a la nación como sujeto dotado de voluntad. Lo mismo sucedió en España cuando comenzó a plantearse que, ante la acefalía provocada por las Abdicaciones de Bayona, la autoridad debía competerle a la nación. De ese modo, lo que hasta entonces era motivo de especulación para algunos escritores ilustrados, comenzó a considerarse como un sujeto con capacidad no sólo para soportar diversos predicados y calificativos sino también para actuar. Esto dio lugar a un acelerado proceso de resignificación conceptual de nación que, en el marco de las revoluciones liberales y de independencia que afectaron a ambas Monarquías, pasó a cobrar una importancia decisiva en el lenguaje político al expresar la posibilidad de erigir nuevas unidades políticas. Un aspecto clave de este proceso, cuyo ritmo e intensidad varió en los diversos espacios, fue su asociación con conceptos como pueblo, territorio, ciudadano, patria y Libertad, pero sobre todo con constitución, soberanía y representación, pues éstos expresaban la necesidad de redefinir sobre nuevos principios los vínculos políticos de los miembros de las comunidades que hasta ese momento formaban parte de las monarquías. Es por eso que si hasta entonces el concepto de nación solía remitir a estados de cosas, su invocación en un marco pactista legitimado por la doctrina de la retroversión de la soberanía se inscribió en un más amplio horizonte de expectativas al expresar la posibilidad de crear nuevas unidades políticas. A grandes rasgos pueden distinguirse dos tendencias, aunque las propuestas concretas solían combinar elementos de una y otra: la de quienes promovían la creación de una nación única e indivisible de carácter abstracto compuesta por individuos (siendo además motivo de disputa la definición de su calidad), y la de quienes consideraban que estaba conformada o debía conformarse por cuerpos colectivos, ya sean estamentos o las comunidades que reasumieron su soberanía ante la acefalía (pueblos, provincias, reinos).

Esto provocó también una diversificación de los marcos territoriales a los que nación podía hacer referencia en un sentido político: desde seguir considerando como tal a la totalidad de los dominios de la Corona, pasando por la Metrópoli, el continente americano, sus virreinatos, reinos, capitanías, provincias, pueblos o la asociación de algunas de estas comunidades. Se entendía además que la organización de las naciones como cuerpo político debía ser sancionada constitucionalmente. Por eso, en las numerosas constituciones promulgadas en Iberoamérica a partir de 1808 se pusieron de relieve diversas concepciones sobre la nación y sus alcances, ya sea de índole territorial (sobre qué espacio ejercer la soberanía), social (qué sectores la componen, cuáles están excluidos, cómo se conciben las relaciones sociales), y políticos (qué derechos y obligaciones tienen sus miembros, cómo se los concibe y se los representa). Esto implicaba fuertes tensiones y conflictos que expresaban distintas visiones e intereses, con la particularidad de que no sólo estaba en juego el acceso al poder sino también su propia definición. Definición en la que de ahí en más ya no podría obviarse el concepto de nación.
Las metrópolis: entre la Monarquía y la Nación

El primer lugar donde esto se hizo evidente fue en la España peninsular. Como advirtió Francois-Xavier Guerra, si al principio de los levantamientos contra Napoleón se interpelaba a las provincias y reinos que protagonizaban la insurrección y proclamaban Juntas, el desarrollo del proceso, y en especial la guerra, favoreció la difusión de una concepción unitaria de la nación. Ésta se generalizó tras el fracaso de la Junta Central cuando se impuso el llamado a Cortes para darle expresión institucional. Claro que esto podía interpretarse de diverso modo. Para Jovellanos la nación no era soberana, por lo que el llamado debía ceñirse a promover una colaboración entre ésta y el Rey. Discutía así con quienes argüían que la nación tenía derecho a constituirse según su voluntad y necesidades, que son quienes se imponen en septiembre de 1810 cuando las Cortes decretan que en ellas reside la soberanía nacional. Esta posición es reafirmada por la Constitución sancionada en Cádiz en 1812 donde se declara que la nación es libre e independiente y que en ella reside esencialmente la soberanía, si bien se titula Constitución Política de la Monarquía española, quizás para preservar su carácter pluricontinental. Además, en vez de comenzar proclamando derechos individuales, lo hace definiendo a la Nación española como “la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”, es decir, los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas. Ahora bien, más allá de la importancia que tuvo esta concepción de la nación como sujeto soberano, debe advertirse que la misma fue combatida tras la restauración de Fernando VII en 1814 y que sólo sería retomada durante el trienio liberal (1820-3).

Tanto la experiencia gaditana como la revolución liberal de 1820 tuvieron una gran influencia en Portugal. Sin embargo fue otra su trayectoria política, producto sobre todo del traslado de la Corte a Río de Janeiro que, entre otras cuestiones, motivó que la Monarquía se reorganizara en 1815 como Reino Unido de Portugal, Brasil y los Algarves. Durante esos años, autores como Hipólito da Costa, redactor del Correio Brasiliense publicado en Londres, propiciaban que Brasil fuera el centro del Imperio concebido como una nación. Otros, entre ellos periodistas liberales como Joao Bernardo da Rocha Loureiro, instaban a la Corte a volver a Lisboa para que Portugal recuperara su lugar central en el Imperio. A su vez había quienes promovían concentrarse en la Metrópoli y cortar vínculos con Brasil. La discusi­ón sobre estas alternativas, que implicaban diversos referentes para la nación y para los vínculos entre sus partes, cobró mayor intensidad durante el período liberal conocido como vintismo (1820-23). En 1821 se reúnen en Lisboa las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación Portuguesa que al año siguiente proclaman una Constitución estipulando que la Nación Portuguesa es la unión de todos los portugueses de ambos hemisferios, que la soberanía reside esencialmente en la nación de la que proviene la autoridad del Rey y que ésta es indivisible e inalienable. En la prensa el concepto de nación también pasa ahora a un primer plano a la vez que disminuye el de Reino salvo en los escritos de los realistas contrarrevolucionarios. Pero no sólo se concibe a la nación como un sujeto que encarna la voluntad general: también se la hace depositaria de atributos morales, virtudes e intereses ligados a la felicidad y la prosperidad. Tras esta breve experiencia que concluye con la independencia de Brasil y el afianzamiento del poder regio al regresar la Corte a Lisboa, el concepto de Reino vuelve a cobrar fuerza en los documentos públicos en detrimento de nación.
América: de colonias a nación

El llamado a Cortes hecho en Portugal en 1820 alentó la creación de juntas en sus dominios americanos que se sumaron al constitucionalismo, en algunos casos en acuerdo con los gobiernos locales y en otros en el marco de revoluciones que los desplazaron. Estos movimientos expresaban la debilidad de los lazos entre las provincias lusoamericanas y la vinculación más firme que tenían algunas de ellas con Portugal. Esto fue cambiando paulatinamente a partir de 1822 cuando se profundiza el proceso de separación que culmina con la creación del Imperio de Brasil consagrado en la Constitución de 1824, cuya legitimidad estuvo dada más por la continuidad dinástica que por considerarse expresión de una nación preexistente, aunque esta última concepción fue cobrando forma y ganando terreno durante los años siguientes. Debe advertirse sin embargo que los localismos y su versión más extrema expresada en movimientos separatistas siguieron afectando la concepción de una unidad nacional brasilera.

En el caso de los dominios americanos de la Monarquía española, la crisis provocada por la acefalía dio lugar a un proceso en el cual se introdujo una cesura significativa al comenzar a considerarse que la nación entendida como cuerpo político soberano podía ser América, alguno de sus virreinatos, reinos, provincias, pueblos o la asociación de algunas de estas comunidades. Este proceso se insinúa en las reacciones que suscitó la Proclama de enero de 1809 en la que la Junta Central concede que los dominios americanos no son colonias sino “una parte esencial e integrante de la monarquía española”, para luego desdibujar este reconocimiento al otorgarles una representación exigua en las Cortes. Esto motivó respuestas airadas, como la Representación escrita por Camilo Torres en la que el Cabildo de Santa Fé advierte que América y España tienen los mismos derechos pues constituyen partes esenciales de la Monarquía e integran una única nación. Este distanciamiento se agudizó al año siguiente cuando se produce la disolución de la Junta Central y se crea un Consejo de Regencia. En varias ciudades de América se desplazan a las autoridades y se erigen Juntas de gobierno alegando el estado de acefalía que justifica la reasunción de la soberanía por parte de los pueblos. El Consejo desconoce a estas juntas que, a su vez, y en su gran mayoría, también lo desconocen. Resulta importante tener presente los deslizamientos conceptuales producidos en ese breve lapso, y que las guerras tornaron irreversibles, pues fue en esas circunstancias cuando comenzó a cobrar cuerpo la posibilidad de constituir naciones soberanas e independientes. Desde luego que para quienes mantenían su lealtad a la metrópoli la nación seguía siendo España entendida como el conjunto de la Monarquía. Pero la afirmación de la pertenencia de América a la nación española no implicaba necesariamente una relación de sujeción colonial. También permitía reclamar igualdad de derechos, pero ahora bajo la cobertura del constitucionalismo gaditano.

En cuanto a la posibilidad de constituir una nación americana, si bien tuvo expresiones tempranas como la federación propuesta desde Londres por Francisco Miranda, recién cobró consistencia en el marco de la crisis que dio lugar al proceso independentista. De hecho, buena parte de la dirigencia criolla consideraba que su Nación era América. Sin embargo, las propuestas que se hicieron para constituir un cuerpo político continental no prosperaron. Como advertía Mariano Moreno, Secretario de la Junta de Buenos Aires, era un proyecto inviable por razones materiales pero también injustificado, pues faltando el Rey no hay razones para que sus dominios deban permanecer unidos. Fueron otros por tanto los marcos en los que se definieron las nuevas unidades políticas concebidas como naciones, si bien la idea de una nación americana gozaría de una larga vida en el discurso de los criollos.

Las discusiones en torno a esos marcos y al carácter que debía tener la nación acompañaron el proceso de erección de las Juntas y de los gobiernos que surgen tras ellas que, sin embargo, no proclaman necesariamente la independencia. Mientras que se sostiene la fidelidad al Monarca, se realizan pronunciamientos ambiguos en relación a su pertenencia a la nación española. Así, y a días de creada, la Junta Suprema de Caracas le señala al Consejo de Regencia que “Es muy fácil equivocar el sentido de nuestros procedimientos y dar a una conmoción producida solamente por la lealtad y por el sentimiento de nuestros derechos, el carácter de una insurrección antinacional”4. Dichos “procedimientos” incluían la elección de diputados que integraron una representación nacional de los pueblos de Venezuela. Esta representación, si bien expresaba a una comunidad con un gobierno propio, no implicaba una identidad nacional venezolana ni tampoco se oponía a una “concurrencia a las cortes generales de la nación entera, siempre que se convoquen con aquella justicia y equidad, de que es acreedora la América”5.

La ruptura no hizo más que pronunciarse ante la insistencia de la dirigencia peninsular en considerar que América debía ocupar un lugar subordinado en la nación española, sobre todo tras el retorno al trono de Fernando VII en 1814. De ahí que diversas representaciones de pueblos declararan su independencia expresando así su voluntad de dejar atrás el pasado colonial para constituirse en naciones soberanas. Pero no alcanzaba con esgrimir el derecho a constituirse en nación declarando la independencia: también debía mostrarse capacidad para ejercer esa voluntad soberana. Es por ello que se sostenía la necesidad de organizar una representación nacional e instituciones que garantizaran los derechos de la nación y los de sus miembros y, a la vez, la de evidenciar la existencia de una suerte de base material sobre la cual éstas pudieran erigirse: territorio, población y recursos.

Consideraciones de esta índole que apuntaban a destacar los atributos de la nación fueron cada vez más habituales sin que esto implicara que se confundiera su definición en clave étnica y como cuerpo político soberano. Es que durante décadas siguió prevaleciendo la idea según la cual la nación debía ser expresión de la voluntad de sus asociados, tal como lo sostenía Andrés Bello en su Derecho de Gentes publicado en 1832 en Chile. En dicho texto, que gozó de una gran difusión en Hispanoamérica hasta avanzado el siglo XIX aunque con el más moderno título de Principios de Derecho Internacional, Bello señala que “Nación o Estado es una sociedad de hombres que tiene por objeto la conservación y felicidad de los asociados; que se gobierna por las leyes positivas emanadas de ella misma y es dueña de una porción de su territorio”6.

Dado que la nación se constituía por la voluntad de sus miembros, ésta bien podía ser una entidad novedosa, hecho que en ocasiones se hizo explícito desde su mismo nombre como Bolivia. Ahora bien, en el caso de reinos o provincias que durante el período colonial se reconocían como naciones, también podía legitimarse la erección de un poder político planteando alguna forma de continuidad histórica. Si bien era habitual sostener que las independencias habían puesto fin a la opresión sufrida por una genérica nación americana, también podía plantearse una idea más acotada como en México, cuya Acta de Independencia sostiene que “La nación mexicana, que por trescientos años ni ha tenido voluntad, ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido”7.
El momento constitucional

Según alegaban sus dirigentes, México o Perú eran naciones que se independizaban para poner fin a la opresión colonial. Pero para poder ser realmente consideradas como naciones requerían de instituciones políticas que las representaran y, por tanto, debían poner en marcha un proceso constitucional. En esto el concepto de nación resultó decisivo pues facilitó transitar la paradoja de tener que constituir un sujeto en cuyo nombre se estaba actuando y sobre el que resultaba difícil establecer si era o no preexistente. En buena medida esto fue posible por su carácter polisémico, pues a la vez que hacía referencia a una población que habita un territorio o posee rasgos en común, también podía hacerlo al hecho de estar sujeta a un mismo gobierno y leyes.

El examen de las constituciones y de los debates constitucionales tiene además el interés de permitir indagar las diversas ideas sobre el orden social y político que podía expresar el concepto de nación. La Constitución peruana sancionada en 1823 proclama que “Todas las provincias del Perú reunidas en un solo cuerpo forman la Nación Peruana”. Pero la Constitución Vitalicia de 1826 afirma que “La Nación Peruana es la reunión de todos los Peruanos”. Se trata de dos concepciones diversas, si bien no necesariamente antagónicas, sobre qué es la nación y qué sujetos la componen. En un caso, cuerpos colectivos como las provincias; en el otro, individuos. Pero incluso dentro de estas opciones también podían plantearse alternativas e incluso mezclas entre una y otra. En el primer caso, esos cuerpos colectivos podían ser estamentos. Y en el segundo, individuos pero considerados de otro modo: la Constitución Política de 1828 declara que “La Nación Peruana es la asociación política de todos los ciudadanos del Perú”. Definición que cobra sentido cuando se advierte que la mayor parte de los peruanos no reunían esa condición.
Hacia un nuevo concepto de nación

A partir de la década de 1830, y en el marco de procesos de cambio social, político y cultural, el concepto de nación comenzó a sufrir algunas mutaciones significativas. La más importante de ellas estuvo vinculada a la difusión del principio de las nacionalidades que constituyó una nueva forma de legitimar a los Estados al considerárselos expresión política de una nacionalidad distinguible por una serie de rasgos idiosincrásicos (lengua, religión, historia, etc.).

En ese marco comenzó a cobrar mayor peso la consideración del carácter nacional como factor de distinción al asociarse con valores, instituciones y modos de vida locales. Esta nota distintiva se expresaba cada vez más a través de la voz nacionalidad, que si bien tenía un significado algo difuso, indicaba una progresiva tendencia a aunar una identidad colectiva de carácter político y cultural cifrada en el concepto de nación. En esto resultó decisivo una vez más el accionar de publicistas que elaboraron obras en las que esas identidades cobraron forma, destacándose la impronta romántica que incitaba a expresar los rasgos singulares de la nación en textos literarios e históricos. Desde luego que en esto hubo diferencias importantes, producto de los diversos contenidos que podían asignarse a cada historia nacional. Pero esto no afectó el hecho que la historia fuera asociándose cada vez más con el concepto de nación, creando así condiciones favorables para que ésta fuera asumiendo un carácter esencial y trascendente.

Cabe advertir sin embargo que hasta la segunda mitad del siglo XIX siguió prevaleciendo la noción pactista de nación cuya legitimidad radica en el libre consentimiento de sus miembros. En efecto, la concepción que tendía a fundir el sentido étnico y político recién terminaría de cuajar años más tarde al consolidarse los Estados nacionales que buscaron legitimarse en el principio de las nacionalidades y, por tanto, propiciaron una reinterpretación del pasado a través de la creación y difusión de historias nacionales capaces de postular la existencia desde hacía siglos de nacionalidades correspondientes a esos Estados.

1 Una versión más extensa del análisis comparativo y los aportes de cada autor serán publicados en Javier Fernández Sebastián (dir.) Diccionario político y social del mundo iberoamericano. Conceptos políticos en la era de las revoluciones, 1750-1850, Vol I., Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2009.

2 Reinhart Koselleck, “Historia de los conceptos y conceptos de historia” en Ayer 53/2004 (1), p. 35.

3 Emmer du Vattel, Le droit de gens ou principes de la loi naturelle apliques a la conduite et aux affaires des nations et des souveaines, Leyden, 1758. Cit. en Chiaramonte, Nación y estado en Iberoamérica. Los lenguajes políticos en tiempos de las independencias, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2004, p. 34.

4 “A la Regencia de España, 3 de mayo de 1810” en Actas del 19 de Abril, Caracas, 1960, p. 99.

5 Gazeta de Caracas, 27/VII/1810.

6 Andrés Bello, Principios de Derecho Internacional, Valparaíso, 1854, p. 31.

7 Colección de las leyes fundamentales que han regido en la República Mexicana y de los planes que han tenido el miso carácter, desde el año de 1821, hasta el de 1856, México, Imprenta de Ignacio Cumplido, p. 13 [1821].


Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

El concepto de nación y las transformaciones políticas en Iberoamérica (1750-1850) icon1750 se iniciaron una serie de transformaciones

El concepto de nación y las transformaciones políticas en Iberoamérica (1750-1850) iconEntre viejos y nuevos sentidos: “pueblo” y “pueblos” en el mundo...

El concepto de nación y las transformaciones políticas en Iberoamérica (1750-1850) iconTema 3 las transformaciones politicas: liberalismo y nacionalismo

El concepto de nación y las transformaciones políticas en Iberoamérica (1750-1850) iconTransformaciones políticas del mundo contemporáneo

El concepto de nación y las transformaciones políticas en Iberoamérica (1750-1850) iconTransformaciones políticas: origen de los estados contemporáneos

El concepto de nación y las transformaciones políticas en Iberoamérica (1750-1850) iconCambio violento en las instituciones políticas, económicas o sociales de una nación

El concepto de nación y las transformaciones políticas en Iberoamérica (1750-1850) iconLibrodot Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850 Karl Marx

El concepto de nación y las transformaciones políticas en Iberoamérica (1750-1850) iconResumen: Las políticas públicas, han representado en el campo de...

El concepto de nación y las transformaciones políticas en Iberoamérica (1750-1850) iconResumen a partir de la noción de que las representaciones sociales...

El concepto de nación y las transformaciones políticas en Iberoamérica (1750-1850) iconEl krausismo en Iberoamérica






© 2015
contactos
ley.exam-10.com