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fecha de publicación29.05.2015
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GRUPOS DE EMPRESAS Y RELACIONES LABORALES
Resumen: El autor explica que el grupo de empresas en las relaciones laborales es tan sólo un empleador más, formado por la unión permanente de unidades económicas distintas con el objeto de satisfacer necesidades del mercado mediante la utilización de los diversos recursos materiales y humanos de las empresas que lo componen de forma que aquel objeto del grupo se realiza recibiendo en cualquiera de sus miembros la prestación de los servicios remunerados de los trabajadores.

DESDE EUSKADI

Me refiero sobre todo a los negocios de este pequeño país en el que las actividades industriales, comerciales y de tenencia de bienes se suelen articular –por razones que no voy a tocar-, en distintos tipos de sociedades mercantiles que se relacionan entre sí tanto por vínculos familiares o personales como por la prestación mutua de servicios. También el sector cooperativo y las sociedades laborales típicamente han formado redes con vínculos estables análogos e incluso en nuestro entorno están presentes grupos empresariales de superior nivel, a todos ellos con diversas matizaciones se les pueden aplicar estas consideraciones que pretendo apuntar en este artículo.

LA FACETA DEL DERECHO MERCANTIL

Grupo de empresas o de sociedades es la unión permanente de empresas -conservando cada una su propia personalidad jurídica-, para la adopción de estrategias de negocio en común.

Los lazos entre empresas pueden ser de distintas formas y habrá grupos jerarquizados en distintas medidas y otros paritarios.

En mi opinión el grupo en sí tiene que ser una empresa de empresas, esto es, una unidad económica compleja para satisfacer necesidades del mercado mediante la utilización de los diversos recursos materiales y humanos de las empresas del grupo.

Ninguna norma del ordenamiento jurídico nos ofrece una definición o concreción de lo que debe entenderse por grupo de sociedades.

El Art. 4 de la Ley del Mercado de Valores de 28 de julio de 1988, dice que "se considerarán pertenecientes a un mismo grupo las entidades que constituyen una unidad de decisión, porque alguna de ellas ostente o pueda ostentar directa o indirectamente, el control de las demás, o porque dicho control corresponda a una o varias personas físicas que actúen sistemáticamente en concierto”.

Por su parte, el Art. 42 del Código de Comercio, que regula la presentación de cuentas de los grupos de sociedades, contempla diversos supuestos de relaciones entre sociedades que les obliga a formular cuentas anuales y el informe de gestión consolidados.

Y el Art. 87 de la Ley de Sociedades Anónimas define lo que considera sociedad dominante.

De todos estos preceptos cabe extraer que la base para la presencia de un grupo de sociedades es la existencia de una unidad de decisión.
LA FACETA DEL DERECHO DEL TRABAJO

La legislación laboral, en concreto los Art... 42, 43 y 44 del Estatuto de los Trabajadores, con los criterios judiciales de aplicación de la misma hacen que la responsabilidad de una empresa por deudas laborales de otra se extienda a través de las distintas formas de colaboración entre ellas tanto a las vinculadas por tiempo indefinido –Grupo de Empresas-, como las asociadas por un tiempo con un objetivo concreto –Contratas, subcontratas, Agrupaciones de Interés Económico, Uniones Temporales de Empresas, Agrupación Europea de Interés Económico, contratos de maquila…-.
Nos gustaría poder dar unas líneas claras de distinción entre los supuestos en los que nos encontramos un mero contrato mercantil -por el que una empresa suministra a otra un bien o un servicio-, sin consecuencias de responsabilidad laboral y los supuestos en que se incide en tal responsabilidad, pero la interpretación expansiva que nuestros jueces hacen del concepto de grupo a todo tipo de nexos de colaboración entre empresas –el ejemplo más típico es el contrato de “maquila” entre una empresa que se encuentra en crisis y que pone su capacidad productiva a disposición de otra- hace imposible que podamos hacerlo y menos con la brevedad requerida en nuestra explicación.
Es difícil porque creo que nuestros Magistrados no tienen un concepto único de lo que es un “grupo de empresas” y de cuáles son sus notas.

Tenemos p. Ej. una reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (de 25 de Junio de 2009) que resumidamente establece:

“La cuestión analizada consiste en determinar si se ha de declarar la responsabilidad solidaria de la totalidad de las empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial cuando nos encontramos ante una sociedad dominante en el seno de las mismas.

La Sentencia (de instancia) entiende que a efectos laborales el reconocimiento de la existencia del grupo de empresas debe apoyarse en datos específicos, siendo calificado quien organiza y recibe efectivamente la prestación de servicios, admitiendo que las medidas políticas económicas de colaboración no comportan que varias empresas necesariamente pierdan su independencia y deban ser constituidas como una unidad. Por el contrario, si se trata de configuraciones artificiales de empresas aparentes en sustrato real para eludir sus responsabilidades laborales estaríamos de forma evidente ante una problemática de identificación del empleador correspondiente a esto o estos, la responsabilidad a efectos laborales y también de Seguridad Social.

La doctrina jurisprudencial aplicable al caso, ha considerado que deben concurrir una serie de requisitos para que exista tal grupo empresarial, ya que de no concurrir de forma suficiente y relevante cualquiera de los que son elementales, no cabría hablar de una responsabilidad solidaria, ni podría conformar un grupo por el solo hecho, por ejemplo, de estar ligadas por vínculos de dirección, de organización o de participación accionarial, que podrían ser frecuentes en la realidad socioeconómica actual y en las exigencias de estrategias de mercados, que originan situaciones puntuales o temporales de agrupaciones de empresas que por ello no pierden su personalidad jurídica propia y que independiente de las demás que integran o conforman el grupo.

Con todo entiende este Tribunal que de entre esos criterios jurisprudenciales establecidos para determinada posible configuración ilícita (sic) del grupo de empresas, y por ende, la responsabilidad solidaria de todas ellas frente a los trabajadores de cualquiera de las entidades que configuran el grupo, formando una realidad única y de unidad empresarial podrían resumirse las siguientes: la existencia de una plantilla única que se produce cuando las sociedades pertenecientes al grupo se benefician de la prestación laboral indiferenciada de trabajadores formalmente adscritos a la plantilla de una de ellas, pero que prestan servicios de forma alternativa para varias; cuando existe caja única o un patrimonio social confundido que tiene lugar al utilizar indiferentemente los activos o se hacen pagos indistintos del pasivo; cuando se produce una apariencia externa unitaria actuando en el mercado de una manera conjunta que induzca a confusión de terceros que contratan con las empresas del grupo”.
Y que viene a contradecir aparentemente criterios anteriores como los que recogemos de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 11 de diciembre de 1996, al respecto:


    1. Que lo que caracteriza fundamental pero no exclusivamente la existencia de un grupo de empresas son notas tales como la relación vertical de dominación de una empresa respecto de la otra o de las demás del grupo, un sistema unitario de dirección y la prestación de servicios por los trabajadores de forma indistinta y común, sea a la vez o de forma sucesiva (con cita de SSTS 3 mayo 1990, 6 marzo 1991 y 30 junio 1993.




    1. Que no obstante la licitud del hecho de que una empresa aparezca integrada en un grupo, ello no es obstáculo, para que en determinados supuestos, puedan los Tribunales penetrar en el sustrato personal de dichas entidades, levantando su «velo» para proteger los derechos de quienes de otro modo se verían perjudicados.




    1. Que a estos fenómenos de pluralidad de empresarios integrados en un grupo les corresponde una responsabilidad de tipo solidario, no sólo por el artículo 1137 del Código Civil referido a la mancomunidad general y solidaridad sólo cuando la obligación lo determine sino también por el propio artículo 1731 del Código Civil referido al mandato.


Como dice la STS 12 julio 1988, es doctrina de la Sala que: «cuando diversas sociedades convergen en un fin común, aunque por razones prácticas de operatividad mantengan cada una su personalidad jurídica propia ha de entenderse que la realidad muestra una empresa nacida del agrupamiento de aquéllas y, como consecuencia se impone el principio de solidaridad que se fundamenta en el de la realidad consistente en buscar dicha realidad auténtica más allá de los formulismos y formalidades jurídicas, con lo que se evita pueda pesar sobre el productor contratado el oneroso deber de indagación de interioridades negociables subyacentes que para nada le atañen y, que por supuesto, suelen ser muy difíciles de descubrir, y ello, en aras de la seguridad jurídica y del principio de que quien crea una apariencia verosímil está obligado frente a los que de buena fe aceptan esa apariencia como realidad, a fin de no fomentar la posible aparición de empresas ficticias que carezcan de las mínimas garantías de responsabilidad dejando a los trabajadores indefensos.
En conclusión, añadimos nosotros, que hay un afán de hacer justicia al trabajador perjudicado con independencia de los sofisticados instrumentos jurídicos que recogen las relaciones ínter empresariales mediante la aplicación de la responsabilidad en solidaridad, solidaridad que se va consagrando como nota esencial de la responsabilidad en la relación de trabajo.
Sobre la base de lo expuesto: Si una sociedad forma parte de un grupo de sociedades, la cuestión esencial a efectos de determinar la posible extensión de la responsabilidad en el pago de las cantidades salariales –y vinculadas como las derivadas de seguridad social-, de uno de los trabajadores de otra sociedad integrante del mismo grupo, consistirá en determinar quién es el empresario -si la sociedad que posee esa cualidad formalmente o todo el grupo de sociedades en el que se integra por cuanto que no existe precepto alguno que, si fuese sólo la primera, obligue a los restantes componentes de éste a responder solidarios de las obligaciones contraídas por aquélla.
Pregunta que recibe la primera clave para su respuesta en el Art. 1.2 del Estatuto de los Trabajadores, en donde se define al empresario como la persona física o jurídica, o la comunidad de bienes, que reciba la prestación de los servicios efectuados por otra en forma personal, voluntaria, remunerada y dentro de su ámbito de organización y dirección.

No hay que olvidar, de otra parte, un segundo dato trascendente, como es que la existencia del grupo, en cuanto tal, no se determina por la presencia de lazos entre los socios o accionistas de las diversas sociedades, ni siquiera por un común administrador, sino por la sujeción a un poder único –por muy difuso que éste sea-, de decisión (cualquiera que sea su forma), que actúa como tal, según se deduce del Art. 16.5 de la Ley de Procedimiento Laboral, en consonancia con lo dispuesto en el Art. 42 del Código de Comercio y Art. 87 de la Ley de Sociedades Anónimas. Estos vínculos serán la base usual de la que surja esa dirección unificada o coordinada, pero no cabe hablar de grupo si ésta no se llegara a dar.
Pues bien, para que la condición de empresario recaiga en todo el grupo se precisa no sólo ese poder de decisión común, sino que además, incida en el ámbito de las relaciones laborales, de tal forma que el receptor de los servicios sea el grupo y no la sociedad. La legitimación de la sociedad como núcleo de imputación de derechos y obligaciones, derivada de la atribución de personalidad jurídica propia, se evapora cuando, quienes la rigen de hecho, actúan en forma que desconoce esa misma imputación, con repercusión en las relaciones laborales adscritas a la misma de manera formal. No cabe que, en esas circunstancias, quien ha desconocido los límites de la personalidad diferenciada pretenda valerse de ellos para acotar sus responsabilidades a un área que ha sido el primero en eludir cuando le resultaba de su interés. Vale, por tanto, la regla de la distinta personalidad, pero sólo si quien la detenta o invoca se atiene a ella. La actuación con vara de medir de doble rasero -personalidad para dar, grupo para recibir- no se atiene a los cánones que imperan en nuestro ordenamiento jurídico, revelando una actuación constitutiva de fraude de ley en el uso de la personalidad jurídica, que obliga a los órganos judiciales a aplicar la regla que se quiso evitar (Art. 6.4 del Código Civil).
Da igual ya cómo se produzca esa incidencia en el terreno de las relaciones laborales. Habrá veces en que será porque los servicios que prestan los trabajadores quedan sujetos a órdenes directas ajenas a la sociedad a la que están adscritos. En otras, porque realicen sus trabajos sin distinción alguna para los diferentes titulares, con confusión de plantillas. También, porque exista una confusión o trasvase patrimonial entre ellas con apariencia externa de unidad, que produzca o influya en la situación de crisis que afecte a alguna de las empresas o merme las garantías de cobro de las deudas contraídas con sus trabajadores. No hay que descartar, tampoco, los supuestos en los que las distintas sociedades se constituyen con fines elusivos de las responsabilidades empresariales (sociedades pantalla, etc.) o con utilización abusiva de la personalidad jurídica en perjuicio de los trabajadores.
Efecto de esa atribución de la cualidad de empresario a todo el grupo será la imputación de la responsabilidad derivada de las relaciones laborales a cuantos lo compongan, que les incumbirá en forma solidaria y con independencia de que sea sólo uno de ellos quien figure como empresario: esto es, compartiéndola todos de cara a los trabajadores afectados.
Cuanto antecede tiene su respaldo jurídico en la doctrina del Tribunal Supremo en Sentencias de 30 enero, 4 y 9 mayo y 24 septiembre 1990, 31 enero y 6 y 22 marzo 1991 y 30 junio 1993.
LA POSIBLE BUSQUEDA DE UN CONCEPTO JURIDICO
Un concepto comprensivo de lo anterior, válido para el Derecho Laboral, sería el siguiente:
El grupo de empresas es un empleador formado por la unión permanente de dos o más unidades económicas para satisfacer necesidades del mercado mediante la utilización de los diversos recursos materiales y humanos de las empresas que lo componen de forma que aquel objeto del grupo se realiza recibiendo en cualquiera de sus miembros la prestación de los servicios remunerados de los trabajadores.
NOTAS

Las notas de este concepto:

La unidad del grupo que se traduce esencialmente en la llamada unidad de dirección o administración o gobierno de todo el grupo de empresas o de sociedades.

La duración indefinida del grupo que lo distingue de las uniones temporales con las que prácticamente tiene las demás notas en común.

El objeto empresarial común del grupo así constituido

La subordinación inmediata de las empresas componentes a la unidad de dirección para el fin común.

La subordinación mediata de los recursos humanos de cada empresa componente a esa misma unidad.
LOS INDICIOS DE SU EXISTENCIA

No forman parte de sus notas pero pueden ser indicativos de su existencia los siguientes elementos de forma alternativa o acumulativa:

Plantilla única o confusión de plantillas o prestaciones indiferenciadas.

Caja única o patrimonio social confundido.

Apariencia externa unitaria.

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